LA “GALLARDONIZACIÓN” DE LA JUSTICIA.

Gallardón

El actual Ministro de Justicia, don Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez, pasará sin duda alguna a la historia como uno de los peores titulares de dicha cartera, y eso que entiendo que era muy pero que muy difícil superar las hazañas del inefable don Mariano Fernández Bermejo, de infausto recuerdo. Por cierto, no sé si será una casualidad o una observación sin duda alguna fruto de la malevolencia natural de quien suscribe, pero es curioso que esos dos personajes, ejemplo de lo que no debe ser quien ex lege ostenta la condición de Notario mayor del Reino y que tan enfangada han dejado la cartera, son ambos integrantes del Cuerpo de Fiscales.

Es evidente que la Justicia ha abandonado este país tiempo ha, si es que alguna vez llegó a morar en él. Pero las reformas legislativas emprendidas por el nefasto exalcalde de Madrid ha perpetrado han hecho que, si la noble matrona portadora de la balanza y la espada tuviera pensado regresar se lo piense dos veces. Y no es que la Administración de Justicia (expresión ésta a la que para ser absolutamente realistas sobran las dos últimas palabras) no precisase de una profunda reforma que afectase al nervio del sistema. Todos los operadores jurídicos (jueces, secretarios, fiscales, abogados, cuerpos auxiliares) venían clamando por una profundísima revisión que eliminase las disfunciones y agilizase el servicio público. Nadie lo dudaba. Pero el señor Gallardón ha obrado de la misma manera que don Manuel Azaña: aprovechar la necesidad de reformas para ofender innecesariamente a determinados colectivos, con la única diferencia entre ambos que si el señor Azaña únicamente se enfrentó a dos, el señor Gallardón ha logrado en un hecho sin precedentes aunar a todo el colectivo de operadores jurídicos en su contra. Veamos cuales son algunas de las barbaridades perpetradas por este auténtico peligro público que, cual el conocidísimo rey de los hunos, ha logrado que por donde pase no vuelva a crecer la hierba:

1.- Ley 10/2012 de 10 de noviembre tasas judiciales. Con este peligrosísimo instrumento gravemente atentatorio al principio de defensa y tutela judicial efectiva el inefable ministro-fiscal ha pretendido reducir el volumen de pleitos actuando desde el origen, es decir, mediante el uso de un instrumento tributario con una finalidad clara y manifiestamente coactiva. El señor Ministro pretendió hacer un lavado de cara mediante el Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero, que dejó la situación prácticamente igual pero que sirvió de coartada a la Defensora del Pueblo (institución esta cuya utilidad es prácticamente nula y cuya supresión debiera ya plantearse seriamente) para no interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Un ejemplo práctico del alcance de la modificación operada por el Real Decreto Ley 3/2012: si un ciudadano pretende impugnar una sentencia civil de cuantía 6000 euros, la tasa a abonar por el ciudadano anteriormente era de 830 euros, mientras que actualmente sería de 806. Esto ha valido a la señora Soledad Becerril para no interponer el recurso de inconstitucionalidad. A ello se une el hecho (probablemente desconocido para el señor Gallardón que en su vida debió pisar un juzgado) que si el recurrente en apelación logra ver estimado su recurso la sentencia en cuestión no contendrá pronunciamiento sobre costas, con lo cual habrá perdido el importe de la tasa…….a no ser que reclame la responsabilidad patrimonial del Estado por anormal funcionamiento de la Justicia. ¿Meditó el señor ministro estas circunstancias antes de elaborar dicha norma legal?

2.- Supresión de los jueces sustitutos. Evidentemente el régimen de jueces sustitutos necesitaba igualmente una reforma en profundidad. No es de recibo que un sustituto se encuentre hoy en un juzgado civil, mañana en un laboral, pasado en uno de violencia, a la semana en un contencioso y al mes siguiente en un mercantil. El señor Gallardón ha pretendido con su reforma que sean los propios jueces quienes se sustituyan entre ellos. Bien, eso tendría un pase si la ausencia del juez a quien ha de suplirse es mínima (uno, dos o tres días) y en el juzgado no hay vistas. Pero, ¿Qué ocurre si hay vistas? ¿El juez titular de un juzgado debe de celebrar las vistas de otro juzgado, sumando a sus asuntos los de otro órgano judicial? Más carga de trabajo que implicará menos tiempo para estudiar el asunto que implicará, por mucho que el juez se esfuerce, en una reducción de la calidad de las sentencias (es evidente que por mucho esfuerzo y profesionalidad que ponga el juez a la hora de estudiar un asunto la calidad de la resolución no será la misma si en vez de una hora sólo puede dedicarle diez minutos). A lo anterior añadimos otra circunstancia adicional. ¿Qué ocurre en aquéllos lugares donde únicamente existe un órgano jurisdiccional de un orden concreto? Me explico. Pongamos el caso de Gijón, donde existe un único juzgado de lo Contencioso-Administrativo y un único de Mercantil, ambas jurisdicciones especializadas. ¿Quién sustituye a esos magistrados? Al del orden mercantil todavía puede sustituirle uno de primera instancia, pero ¿quién sustituye al magistrado de lo contencioso? ¿Un juez laboral? ¿Uno civil?

3.- Desjudicialización de asuntos. El señor Gallardón se ha empeñado en reducir competencias de los juzgados a fin de depositarla en otras instancias. Así, por ejemplo, las separaciones y disoluciones matrimoniales pretende atribuirlas a los Notarios, y la llevanza del Registro Civil encomendarla a los Registradores de la Propiedad. Ni éstos desean tales atribuciones ni aquéllos las otras, pero el señor ministro, impasible el ademán, sigue en sus trece empeñado en sostenella y no enmendalla. Con ello el ciudadano a quien ya se esquilma lo suficiente vía impuestos, tasas y similares verá que para determinados servicios actualmente gratuítos se exigirá a partir de ahora un desembolso económico.

4.- Proyecto de “Código Procesal Penal”. En la página web del Ministerio de Justicia ha aparecido el borrador de Código Procesal Penal que en principio sustituirá a la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa norma es una auténtica bomba de relojería, al atribuir la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal. Esto, que en sí mismo no sería un hecho preocupante, en nuestro país sí que lo es. Porque dados los rígidos criterios jerárquicos que imperan en el funcionamiento y actuar del Ministerio Público la necesaria imparcialidad se verá notablemente cercenada. El juez es independiente en su actuar y no está sometido a criterios jerárquicos, pero el Ministerio fiscal no. Y la actuación del Ministerio público en los últimos años no es para ser muy optimista en cuanto a su objetividad, y me remito a los últimos acontecimientos que se encuentran en mente de todos.

5.- Modernización de la Administración de Justicia. Una Administración de Justicia ágil, eficaz y moderna, con el uso de medios telemáticos permitiría aligerar la tramitación ordinaria de los asuntos. Pero parece que eso al actual titular de la cartera no le interesa. Es mejor tener a los jueces y magistrados en condiciones decimonónicas, casi sin medios, y poner la zanahoria de la modernización para ver si los ciudadanos pican el anzuelo.

En definitiva, que con el ambicioso paquete de reformas emprendido por este moderno Atila de la Justicia, no nos encontramos ante una “Administración de Justicia”, sino ante una “Justicia Gallardonita”, es decir, ante una Administración de Justicia por y para la casta privilegiada (léase, Administraciones), que continúan con unos privilegios legales inconcebibles en pleno siglo XXI y que si algo demuestran es que, a diferencia de lo que pregonan los dirigentes de todos los partidos en sus plúmbeos y aburridos discursos, no todos somos iguales ante la ley. Si don Manuel Azaña pretendía “republicanizar”, el actual ministro pretende “Gallardonizar” la Justicia.

Amén de todo lo anterior, el señor Gallardón, adolece de un defecto que, si reprochable en un individuo es aún más grave en un político: carece totalmente de escrúpulos, amén de ser un digno émulo de aquel inolvidable Manolo Vivar de Alda inmortalizado por don Fernando Vizcaíno Casas en su celebérrima novela De camisa vieja a chaqueta nueva, llevada al cine por Rafael Gil y donde un inolvidable José Luís López Vázquez encarnaba a tan camaleónico personaje. Dejando al margen las innumerables puñaladas traperas, rifirrafes y traiciones que ha protagonizado en el seno de su propio partido, si algo ha demostrado a lo largo de toda una vida dedicada a la cosa pública es su condición de veleta que se orienta al viento que más sopla. Una persona coherente con sus ideas merece todo el respeto del mundo por su fidelidad a las mismas, esté equivocada o no. Es evidente que todo lector del Julio César de Shakespeare no puede menos que sentir cierta compasión por la tragedia íntima de Marco Bruto, dividido entre sus convicciones republicanas y su afecto hacia quien le había dado muestras más que inequívocas de su aprecio; pero si al final de la tragedia por boca de Marco Aurelio el tiranicida es rehabilitado a ojos del espectador al indicar que fue el único que obró por amor a Roma y no por ambición, me temo que a este nieto del “Tebib Arrumi” (pseudónimo del corresponsal de prensa Víctor Ruíz Albéniz) no se podrá decir lo mismo. Gallardón podrá ser un bruto, mas no un Bruto: sus motivaciones le emparejan más bien con Casio. Y únicamente alguien que se encuentre en las mismas condiciones que el señor ministro cuando pronunció las ya célebres palabras “eres muuuuuy bueno” podrá decir lo mismo de dicho personaje.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

2 comentarios el “LA “GALLARDONIZACIÓN” DE LA JUSTICIA.

  1. Estiamdo amigo, quisiera hacer una puntualización al anterior artículo.

    En relación a la carga de trabajo de los jueces, en realidad no es tal, llevo ya unos cuantos años trabajando como funcionario en la adm. de justicia, y de todos los que he conocido puedo decir, que trabajadores, sólo conocí una, y encima le abrieron un expediente disciplinario que acabó con un mes de suspensión de empleo y sueldo.
    Se ha establecido en los juzgados un régimen de sustituciones entre jueces, de manera que esto se acuerda en junta de jueces, en las que habitualmente se dan cera los unos a los otros y toman decisiones de lo más absurdas.
    Establecido en período en el que cada uno tiene que estar de retén, suspenden todos los juicios que tienen, excusa perfecta para no trabajar, y como el sistema de módulo ha dejado de estar vigente, y no existe ningún mínimo que el juez tenga que hacer, pues no pasa nada.
    Como han suspendido sus juicios y demás diligencias, pues nada, esa semana, se tocan la barriga, por que tampoco es que se dediquen a las tareas pendientes que en general, reenvian a un futuro en el que esperan haber concursado y haberse largado de su juzgado,es su táctica, siempre en danza, aunque sea al juzgado de al lado, esto estaba así cuando llegué.
    Es decir, el juez es un funcionario, que no quiere trabajar y una vez obtenida su plaza,a dormir, en qeneral saben de derecho lo justo y de procesal, casi nada.
    Un Magistrado cobra sobre 3.000 euros, y en verdad lo único que hace es firmar cuatro tonterias que le hacen los funcionarios, la tramitación civil es cosa de secreterio judicial, otro por lo general más burro que un arao y en fin cuatro sentencias guarras, que en muchos casos no se pueden apelar tras la última reforma y un sistema de inspeccions absolutamente lamentable.
    Respecto de este último baste recordar a nuestro conocido Merino profesor de la desprestigiada Universidad de Oviedo que por el cuarto turno se coló de Magistrado en Santander, luego viene a Oviedo y colpasa un juzgado de nueva cración en dos años, recibe como premio el pase al servicio de inspección del consejo, el zorro a cuidar del gallinero.
    Respecto de los sustitutos, de ma asco tratar el tema, abogados de medio pelo en el mejor de los casos, trepas y lame culos que sin pasar criba alguna son colocados a dedo por el presidente de la Audiencia de turno, pues el nombramiento es discreccional, a esperar a ver si pueden sumar años para coseguir su plaza fija por el cuarto turno, lamentable sistema establecido por el PSOE para colocar a los suyos después de encontrar una judicatura formada por aprobados pre constitucionales.ej de colocación son los abogados de sindicato quienes acaban de Magistrados de lo Social, o casos como el de Maria Teresa de la Vega, en fin me alegro de que desaparezacan los sustitutos, y sólo queden para situaciones excepcionabilísimas,

  2. Estimado amigo:
    En relación a su intervención, que como verá se ha respetado y publicado íntegramente, no puedo compartir varias de sus afirmaciones
    1.- En relación con los jueces y los secretarios. La mayoría de ellos son honestos, trabajadores, rigurosos y estudian detalladamente los asuntos. Por supuesto que existen jueces y magistrados cuya jornada de trabajo no llega ni a las veinte horas semanales y cuyas sentencias son, cuando menos, peculiares, pero son la excepción que confirma la regla. Lo que ocurre (y esto lo he dicho en privado y no tengo inconveniente en decirlo en público) es que por un mal entendido corporativismo el gremio judicial entiende la crítica a un juez concreto como ataque a la institución, y se pone automáticamente a la defensiva sin entrar a valorar si las manifestaciones que se vierten sobre el juez criticado son ciertas o no, cuando debería ser la propia judicatura quien tuviese interés en depurar los elementos que pueden desprestigiar a todo un colectivo. Ese es el principal problema de dicho colectivo, y no otro: que la tolerancia (más que tolerancia, la ceguera voluntaria) ante elementos puntuales que distorsionan la Administración de Justicia desprestigia el colectivo.
    2.- No estoy en nada de acuerdo con lo que usted manifiesta en cuanto a los conocimientos de los jueces y secretarios. El problema (no sólo de estos cuerpos, sino de cualquier funcionario público) es un exceso de teoría y déficit de práctica. Me explico: hace relativamente poco quien esto suscribe pudo escuchar cómo una funcionaria de cierta Administración, que acababa de superar brillantemente una oposición para la que se exigía titulación superior, no sabía distinguir entre una prescripción y una caducidad. Ese es el problema de nuestro país, que el sistema de oposiciones está hecho con los pies y prima el memorismo absurdo (e inútil, añado yo) sobre el razonamiento lógico.
    3.- No comparto su crítica al cuarto turno. El sistema británico de acceso a la judicatura tiene precisamente dicho sistema de acceso como regla general; es decir, que en Gran Bretaña para ser juez se exige un mínimo de entre siete y diez años de ejercicio efectivo como abogado, y cuando ya se ha cumplido ese tiempo mínimo se puede optar a juez, de tal manera que suelen acabar como magistrados quienes ya han acreditado previamente un gran número de años en el foro. No voy a entrar a comparar ni la historia ni la situación actual de la judicatura inglesa con la española, porque lamentablemente saldríamos de dicha comparación de la misma manera que la escuadra española salió de Cavite.
    4.- Es muy desafortunada su descalificación global de los jueces sustitutos. Me consta que los mismos hacen un notable esfuerzo tanto profesional como intelectual por sacar adelante todos los asuntos. Ahora bien, lo que no se puede pedir son milagros. Un sustituto no puede llegar un día a un juzgado y presidir siete juicios sin tener tiempo a estudiar mínimamente el asunto (y le aseguro que eso sucede), ni tendría que permitirse que los sustitutos vuelen de un orden jurisdiccional a otro como abeja de flor en flor. El sistema de las sustituciones funcionaría si se racionalizase el mismo (por ejemplo, realizando convocatorias por órdenes jurisdiccionales donde se valorasen los conocimientos específicos de dicha jurisdicción, pero claro, este sistema debería aplicarse también a los jueces de carrera). Y lo que tampoco se puede, y me consta de forma directa que se hace, es que a un candidato que manifiesta en la entrevista que ha llevado como abogado asuntos de un determinado orden jurisdiccional se le destine a otro cuando a quienes realizan la selección les consta perfectamente por declaración expresa del entrevistado que éste no ha llevado en su vida asuntos pertenecientes al orden al que se destina.
    5.- En cuanto al caso concreto que menciona con nombre y apellidos, nada puedo decirle porque en ese punto concreto lleva usted toda la razón salvo en una leve omisión: olvida usted que además de en Santander y en Oviedo estuvo durante un tiempo en el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Gijón.
    Un saludo muy cordial

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