SOBRE LAS “DIARREAS LEGISLATIVAS”

Papeles

Si uno lee la voluminosa novela Órdenes ejecutivas, de Tom Clancy, verá que existe una escena en la que uno de los miembros del gabinete presidencial coloca en una mesa de la Cámara de Representantes toda la legislación fiscal, de tal volumen y peso que ocasionó la rotura de la mesa en cuestión; ello llevaba al Secretario del Tesoro a abogar por una legislación fiscal más sencilla, clara y accesible al ciudadano. Otra secuencia no menos significativa aunque algo más hilarante tiene lugar en la película El día de mañana, cuando las intensas nevadas y glaciaciones aíslan a unos ciudadanos en una biblioteca pública y se ven en la necesidad de procurarse algo de calor alimentando para ello el fuego; se entablan discusiones sobre qué debe ser o no pasto de las llamas, dando lugar a una interesante reflexión debido a que un no creyente toma como algo personal salvar del fuego un manuscrito de la Biblia, pero la discusión es zanjada abruptamente por otro que dice en ese momento: “Aquí varios tomos de la legislación fiscal”, produciéndose entonces miradas de significativa complicidad.

El artículo 9.3 de la Constitución española garantiza entre sus principios el de seguridad jurídica, lo que debe entenderse en una doble dirección: por un lado, que las leyes estén redactadas en un lenguaje claro y comprensible y, por otra parte, en evitar mutaciones o modificaciones súbitas, reiteradas y por sorpresa. El ideal de la ley clara y sencilla hace ya tiempo que pasó a mejor vida, pues tiempo hace que la redacción de cualquier norma se aleja de ese principio; si por algo se caracterizan hoy los textos legales es por su lenguaje oscuro, por lo farragoso de la redacción y por lo incomprensible de sus preceptos. Pero el ideal de leyes estables también se enterró junto con Montesquieu hace ya varias décadas. Son infinitas las leyes orgánicas, leyes ordinarias (estatales y autonómicas), reales decretos legislativos, reales decretos leyes, reales decretos estatales, decretos autonómicos, órdenes ministeriales, resoluciones autonómicas, ordenanzas municipales que inundan día sí y día también los diversos boletines oficiales que pueblan nuestro rico y variopinto país. Creo que no existe persona humana capaz de sumergirse diariamente en la pléyade de normas que se publican y que, en muchas ocasiones, aprovechan para modificar preceptos de disposiciones anteriores que nada tienen que ver ni objetiva ni subjetivamente con la ley modificadora. El ejemplo más evidente es el de las leyes de acompañamiento, donde anualmente la normativa fiscal y laboral es objeto de modificación en profundidad, pero donde en ocasiones se deslizan reformas que nada tienen que ver con el ámbito tributario ni con el social. Pero es que la nefasta costumbre de reformar y modificar legislación en cualquier tipo de ley está alcanzando extremos francamente preocupantes que serían incluso divertidos si la situación no fuera trágica en cuanto al fondo. El ejemplo más palpable es la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible (adjetivo éste, por cierto, muy caro al legislador actual, donde pretende todo posea ese carácter –crecimiento sostenible, urbanismo sostenible, economía sostenible-) que ocupa doscientas tres nutridas páginas de Boletín Oficial del Estado y donde se modifican preceptos, por ejemplo, de la Ley 30/1992 que nada tienen que ver con aspectos económicos; o el Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio “cuyo nombre no es que no queramos acordarnos, es que renunciamos –por inútil- al esfuerzo de memorizar las cuatro líneas del BOE que emplea el legislador para expresar en una rúbrica su contenido”, como socarronamente indican los profesores Jesús González Pérez y Francisco González Navarro en el prólogo a la quinta edición de sus comentarios a la Ley 30/1992.

Con todo, hay ocasiones en se modifican textos legales en disposiciones legislativas que ni aun realizando esfuerzos imaginativos rayanos en la ciencia-ficción puede encontrarse un vínculo que una objetivamente la nueva ley con la modificada.  Valga un ejemplo práctico que vale por todo un tratado. El Boletín Oficial del Estado del día 30 de diciembre de 2010 publica la Ley 40/2010 de 29 de diciembre de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Uno podría pensar que se trataría de una normativa regulatoria y de protección ambiental (la exposición de motivos de la ley habla de la “finalidad claramente ambiental de la norma”), pero si analiza a fondo la misma podrá comprobar que su Disposición Adicional Séptima ¡modifica el artículo 34.4 de la Ley 29/1987 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para establecer el régimen de autoliquidación como obligatorio en nueve Comunidades Autónomas!. Si alguien me puede explicar la relación objetiva o material existente entre el almacenamiento geológico del dióxido de carbono y entre aspectos de gestión del impuesto de sucesiones y donaciones ruego que, por favor, me lo haga saber.

En definitiva, más que una época de “motorización legislativa” estamos ante lo que uno de mis íntimos amigos, que amén de ser una grandísima persona es un eminente jurista, ha bautizado como “auténtica diarrea legislativa”. Como expresión definitoria, creo mucho más acertada ésta que aquélla pese a su evidente tono escatológico. Porque parece a todas luces evidente que gran parte de las normas que publican los boletines oficiales únicamente pueden provenir de los efectos de una indigestión del legislador. Y, por cierto, ya puestos a culminar el símil, muchos de tales textos son dignos de terminar en el lugar donde inevitablemente terminan todos los efectos de una afección diarreica.

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