LAS REFLEXIONES DE FRANCISCO BASTIDA SOBRE LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TC

Ayer día nueve de junio de dos mil trece, el diario asturiano La Nueva España ofrecía un interesantísimo artículo de opinión elaborado por Francisco Bastida, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo, analizando los nuevos nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional. El título del artículo no podía ser más inquietante: La renovación del TC y la involución del estado de derecho, y en ella incidía en el giro conservador que presumiblemente caracterizará la institución derivada principalmente de la renovación efectuada por los nombramientos que tanto el Gobierno como el Consejo General del Poder Judicial han realizado para cubrir las vacantes de dicho organismo.

Coincido en gran parte con el lúcido análisis del profesor Bastida, salvo cuando en el penúltimo párrafo, y a raíz de aplicar la filosofía de su doctrina general al caso concreto, realiza ciertas afirmaciones que, con independencia de tener una gran dosis de veracidad, encierran un juicio subjetivo que quizá merezcan algún comentario, sobre todo las realizadas en el post scriptum. No por lo inadecuado o lo incierto de las mismas, sino porque parece que las reflexiones generales se aplican únicamente en este momento concreto y motivadas por el sesgo o giro conservador que en principio parece orientará la nueva jurisprudencia constitucional a raíz de las personas que a partir de este momento se incorporan al Tribunal Constitucional.

1.- Sobre Enrique López, nada tengo que añadir a lo dicho por el profesor Bastida, salvo cuando indica que “poco importa su corta y ramplona carrera judicial”. Bien, de ser cierto el currículum oficial, se licenció en derecho por la Universidad de Oviedo y es miembro de la carrera judicial desde 1989, amén de haber ejercido tareas docentes en varias Universidades. En todo caso, por “corta y ramplona” que haya sido su carrera judicial creo que ha sido bastante mayor que la de doña María Emilia Casas Baamonde o Francisco Tomás y Valiente, por poner sólo dos ejemplos de personas que, por muy altos méritos docentes e investigadores que posean y que soy el primero en reconocer, no me consta hayan pisado nunca los estrados salvo en su etapa como magistrados del Tribunal Constitucional, sin que a sus innegables dotes como juristas teóricos les acompañe la necesaria dosis de práctica forense sin la cual es imposible comprender en su integridad determinadas situaciones procesales.

2.- No puedo menos que coincidir con Francisco Bastida cuando indica que “La prima de riesgo de nuestra democracia está por las nubes, porque, entre otras cosas, es difícil fiarle a un sistema que permite nombramientos como el de Enrique López para el TC o el de Sastre Papiol en 2012 para el TS”. Cierto, pero esa prima de riesgo viene en realidad de mucho más atrás y afecta a muchísimas instituciones. Sin ir más lejos, el próximo año se cumplirán dos décadas de la célebre Sentencia de 28 de junio de 1994 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en virtud de la cual se anuló el nombramiento por el gobierno socialista de don Eligio Hernández como Fiscal General del Estado al no reunir el designado los requisitos necesarios para el cargo. El riesgo de la democracia se encuentra por las nubes desde el momento en que el Consejo General del Poder Judicial es una simple correa de transmisión de los partidos políticos, de igual manera que el Tribunal Constitucional es una simbiosis entre tercera cámara legislativa y última instancia procesal cuyos nombramientos se deciden en las covachuelas de las sedes de los partidos. Y, sobre todo, el riesgo para la democracia existen cuando ese peligro constante que supone el nefasto sistema de designación no tiene vías de solución posible porque la solución pasa precisamente por el problema, es decir, por los partidos políticos, principales beneficiarios del mismo y que no desean alterarlo por ser conscientes de que a la derrota de hoy sucederá más tarde o más temprano la victoria del mañana.

No puede uno acordarse de Santa Bárbara únicamente cuando truena, ni criticar la política de nombramientos cuando se orientan en una dirección y no en otra. Desde esta bitácora llevamos años clamando por la supresión de instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la primera de las instituciones, porque amén de ser una auténtica vergüenza que se deslegitima a sí misma con cada nueva resolución que perpetra, su utilidad es nula y, con independencia de lo caricaturesco de los nombramientos de sus integrantes (ya sean estos diestros o siniestros), en la práctica crea muchos más problemas de los que teóricamente ha de solucionar; cualquiera que haya ejercido mínimamente la abogacía es conocedor de la inseguridad jurídica que provoca siempre cualquier situación que, teóricamente finiquitada en la Sala del Tribunal Supremo, tiene sobre sí la espada de Damocles de este peculiar órgano que no duda en ocasiones en saltar abiertamente sobre su propia normativa reguladora para inmiscuirse en temas de pura legalidad ordinaria, como en el asunto de la sentencia Bildu o en el reciente caso sobre la reducción de los derechos arancelarios de los procuradores. En cuanto al segundo, porque incluso parte de la doctrina ha constatado ya abiertamente el fracaso de la institución, algo que se agrava cuando un exministro socialista de Justicia manifiesta abiertamente que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de gobierno de los jueces, sino un “órgano político para controlar a la magistratura” (sic). Si a dicha situación añadimos que el procedimiento para la designación de sus miembros roza lo tragicómico (si lo comparamos, por ejemplo, con lo exhaustivo de los procedimientos de designación de magistrados del Tribunal Supremo norteamericano, donde el candidato presidencial es sometido a una batería de preguntas por todos los miembros del comité senatorial y donde sale a la luz pública todo el perfil público –y a veces no tan público- del candidato) pues la situación es la que es.

El sistema constitucional está haciendo aguas por todas partes, sin que la élite política parezca haberse enterado de ello. No solo eso, sino que en lugar de tratar de solventar los problemas reales que afectan al grueso de la población y que constituyen la auténtica preocupación de los ciudadanos, se dedican a sutiles entretenimientos abordando problemas que a nadie o casi nadie afectan, cuya demanda real es escasa o que en no pocas ocasiones responden a problemáticas creadas expresamente desde el poder para autojustificar una regulación de otro modo discutible. Sirva como botón de muestra la Ley 3/2013 de 9 de junio de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, publicada en el Boletín Oficial del Estado de hoy día 10. En la época de crisis económica y peticiones de austeridad por todos los poderes públicos, que esquilman literalmente al ciudadano con una política tributaria rayana en lo criminal con la excusa de contener el gasto público, la normativa autonómica no sólo se entretiene en crear en su artículo quinto dos zonas de utilización histórica de las variantes lingüísticas, sino que crea en su artículo séptimo un nuevo ente, la Academia Aragonesa de la Lengua, cuya regulación se defiere al Gobierno autonómico.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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