LIBERTADES INDIVIDUALES v SEGURIDAD NACIONAL EN ESTADOS UNIDOS DURANTE EL WAR ON TERROR. REFLEXIONES A RAÍZ DE UN ARTÍCULO DE MIGUEL ANGEL PRESNO.

Civil liberties

Ayer domingo día 16 de junio de 2013, el diario asturiano La Nueva España publicaba un artículo de Miguel Presno Linera que, con el título Yes we can (el diario lo intitulaba así aunque creo es un error del periódico, dado que el autor reprodujo en su blog personal dicho artículo y el título era Yes, we scan, que creo correcto al ser más acorde con lo expuesto en sus reflexiones) abordaba determinados aspectos de la política antiterrorista estadounidense a raíz de los atentados del once de septiembre. Es casi imposible no coincidir con las lúcidas reflexiones del profesor Presno, cuyo rigor y honestidad intelectual le impide caer en la voluntaria ceguera que los medios de comunicación españoles tienen con el intelectual mandatario norteamericano, una relación esta última (la de los medios españoles con Obama) que raya entre el fetichismo y el sado. Nadie disputa, en efecto, que tras los atentados terroristas sufridos por los estadounidenses en su propio suelo dicha nación estaba más que facultada para la autodefensa, pero es igualmente innegable que la reacción fue en extremo desproporcionada, no sólo con la draconiana Patriot Act, sino con la aplicación que de la misma se ha hecho y en cierta medida se continúa haciendo desde el ejecutivo. No en vano esa política que ha llevado incluso a detener indefinidamente a ciudadanos estadounidenses de origen musulmán con amparo en la Patriot Act para garantizar simplemente su presencia como testigo en juicio, a punto estuvo de costarle a John Ashcroft, primer Attorney General del presidente George W. Bush, la pérdida de la inmunidad de la que como attorney goza todo prosecutor para responder civilmente de la detención de un ciudadano; de hecho, en las primeras instancias la había perdido y si no lo hizo del todo fue porque el 31 de mayo de 2011 el Tribunal Supremo en el caso Ashcroft v. Al-Kidd revocó el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito (órgano judicial éste que en los últimos años ha recibido sonoros varapalos de su superior jerárquico), asunto éste al que le hemos dedicado anteriormente varios post, tanto para exponer el asunto en sus primeras instancias procesales como para comentar brevemente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el particular.

Si uno echa la vista atrás, es curioso que en Estados Unidos históricamente las personas cuyo nombre evoca la lucha contra la desigualdad y la búsqueda del progreso mediante avances jurídicos han sido quienes han perpetrado los mayores ataques a las libertades individuales. El caso de Abraham Lincoln es paradigmático por dos circunstancias. En primer lugar, porque fue este mandatario quien suprimiera mediante un simple acto presidencial y sin autorización del legislativo un derecho tan elemental para una sociedad democrática como es el derecho de habeas corpus. Ni tan siquiera el hipócrita Thomas Jefferson, en su más que anticonstitucional actuación durante los antecedentes y el desarrollo del caso United States v. Burr se atrevió a tanto y se limitó a solicitar del Congreso la suspensión de tal derecho, que obviamente el legislativo rechazó. Lincoln, por el contrario, no se detuvo ante tal pequeño obstáculo y motu proprio autorizó en su condición de comandante en jefe a los generales de la Unión a suspender tal derecho si lo consideraban necesario. Podrá argumentarse que las circunstancias fácticas del momento aconsejaban dicha medida, pero es un argumento no válido. El por entonces chief justice Roger B. Taney, actuando como circuit judge desautorizó tal comportamiento en su célebre resolución dictada en el caso Ex parte Merryman y, aunque el presidente no sólo no ejecutó la sentencia sino que en su mensaje al Congreso ese mismo año criticó veladamente la actuación del juez Taney, los hechos dieron la razón a éste cuando apenas dos años más tarde, el 3 de marzo de 1863, el Congreso aprobara la Act relating to Habeas Corpus and regulating Judicial Proceedings in Certain Cases, que expresamente autorizaba al presidente a suspender si lo consideraba preciso el derecho de habeas corpus, avalando así las tesis jurídicas de Taney. Pero Lincoln no sólo es pionero en suspender mediante una simple resolución ejecutiva el derecho de habeas corpus, sino que fue dicho mandatario quien también tiene el dudoso honor de enjuiciar a ciudadanos civiles en Tribunales militares y no en juzgados civiles. No obstante, el Tribunal Supremo, en su sentencia Ex parte Milligan dictada en 1866 (es decir, ya fallecido el presidente) y redactada por el juez David Davis (quien había sido nombrado por Lincoln, de quien incluso había sido jefe de campaña en los comicios de 1860), desautorizó tal práctica.

Pero no sólo el caso de Lincoln es paradigmático. Si uno menciona el nombre de Earl Warren de inmediato evoca la figura de un chief justice bajo cuyo mandato el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puso fin a la política segregacionista mediante el caso Brown v. Board of Education, o dio pasos de gigante al establecer en el famoso asunto Miranda v. Arizona los requisitos que la policía debía seguir en la práctica al efectuar una detención, y que incluso dio lugar a que se conociesen dichas garantías como “derechos Miranda”. No obstante, lo que ya no mucha gente conoce es que a principios de la década de los cuarenta, ese mismo Earl Warren actuando como gobernador de California fue quien ejecutó la práctica de ubicar a la población japonesa en campos de concentración, ordenada por otro “paladín” de las libertades civiles, Franklin Roosevelt. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos avaló dicha política en su controvertida sentencia Korematsu v. United States, donde, por cierto, todos los magistrados nombrados a propuesta de Roosevelt apoyaron la actuación presidencial siendo el único magistrado de procedencia republicana, Owen Roberts, quien formuló un voto particular disidente.

En 1998, es decir, tres años antes de los atentados terroristas, el por entonces chief justice William H. Rehnquist publicó un libro titulado All the laws but one: civil liberties in wartime, que como su propio título indica exponía el devenir histórico de la relación entre los derechos fundamentales y la seguridad del Estado en tiempos de guerra. Su análisis se centraba fundamentalmente en la guerra de secesión y en los casos Ex parte Merryman y Ex parte Milligan, aunque hacía también referencia al asunto Korematsu. El título de la obra, extraido precisamente del discurso en el que Lincoln reprochaba a Taney su excesivo apego al texto constitucional cuando la propia Unión estaba en peligro, revelaba la admiración que Rehnquist tenía hacia Lincoln, lo que no le impedía en la obra realizar críticas muy severas a la actuación presidencial.

Parece ser que no se ha aprendido de los errores y que en estos nuevos tiempos afloran viejos asuntos no del todo cicatrizados. Pero lo que no deja de llamar la atención es el hecho de que en nuestro país, tan crítico (y con razón) con la política seguida por el ejecutivo republicano liderado por Bush jr., guarde un sorprendente silencio con actuaciones de Obama tanto o más graves que las de su predecesor. Como, por ejemplo, la aparecida en el New York Times el 6 de abril de 2010 (y debidamente glosada en esta bitácora) que se hacía eco de una medida tan extraordinaria acordada por Obama como era el asesinato de un clérigo musulmán en una actuación que, según el propio diario, carecía de precedentes incluso en la época tan siniestra como la presidencia de Bush.

1 comentario en “LIBERTADES INDIVIDUALES v SEGURIDAD NACIONAL EN ESTADOS UNIDOS DURANTE EL WAR ON TERROR. REFLEXIONES A RAÍZ DE UN ARTÍCULO DE MIGUEL ANGEL PRESNO.

  1. Juan José

    Como siempre, he disfrutado leyendo su post sobre el derecho estadounidense. Sólo una matización: en Korematsu, Frank Murphy, nombrado por Roosevelt, redactó un voto disidente en el que calificaba la sentencia como una legalización del racismo. Menos radical fue Jackson, que también formuló voto discrepante.

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