LA CRISIS DEL SISTEMA AUTONÓMICO VISTA POR TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ

Taifas

La actual crisis económica que aqueja a nuestro país ha hecho saltar a primer plano numerosas deficiencias en la estructura organizativa de nuestro estado que, aún estando latentes y siendo manifiestas, el grueso de la población, cegado por el nivel de vida más que aceptable que hasta este momento se poseía, se resistía a analizar críticamente. Esta idea no es del humilde redactor de estas líneas, sino que la articula expresamente Tomás-Ramón Fernández en un trabajo que luego analizaré con un poco más de extensión, y en el que indica lo siguiente: “La crisis económica en la que nos encontramos inmersos ha tenido la virtud de ponernos delante la crisis del propio Estado de las Autonomías que, de otro modo, los políticos de uno y otro signo no hubieran reconocido jamás, pese a las reiteradas advertencias que en todos los tonos se han venido haciendo desde diferentes instancias de eso que se llama la sociedad civil, que sí existe, aunque no se le haga caso y se ponga, incluso, sordina a su voz”. Y es que, en efecto, desde hace cuando menos dos trienios han alzado voz diversas personalidades clamando por una reorganización del sistema autonómico que ponga fin al caos existente y a la continua sangría competencial que sufre el Estado, ya poco menos que un convidado de piedra que se limita a contemplar impertérrito los desafíos separatistas con sus ya abiertas amenazas de desobediencia, las rebeliones de los mal llamados barones autonómicos que amenazan con resucitar las taifas medievales y la impotencia de la ciudadanía en general. Estudios como El problema dela vertebración del estado en España, de Santiago Muñoz Machado, o El Estado fragmentado, escrito en colaboración por los profesores Francisco Sosa Wagner e Igor Sosa Mayor, abordaban el deslizamiento separatista a la luz de la historia nacional en la primera de las obras citadas y en comparación con el modelo austrohúngaro en la segunda.

En el segundo semestre de 2012 han aparecido dos estudios absolutamente imprescindibles, no sólo por el contenido de los mismos sino por la autoridad de las personas de las que emanan. El primero de ellos, y el más extenso, es el que con el título Informe sobre España publicara Santiago Muñoz Machado, y sobre el que ya nos hemos hecho eco en este blog en un post anterior. El segundo, mucho más breve, es el debido a Tomás-Ramón Fernández Rodríguez y cuyo significativo título es La España de las Autonomías: un Estado débil devorado por diecisiete “estaditos”. Ambos autores coinciden que el sistema autonómico, aún siendo válido, es inviable tal y como se encuentra actualmente articulado y, por tanto, es necesario una reorganización que ponga fin al caos existente (de “imprescindible e inaplazable reorganización” habla el profesor Fernández Rodríguez). El diagnóstico que el ilustre administrativista presenta es claro, evidente e inatacable, agravado por un hecho que los políticos de uno y otro signo, por razones diversas, se niegan a reconocer en público pese a que en privado no se recatan: la deslealtad constitucional de algunas de las autonomías o, por utilizar las palabras del estudio hoy analizado, “Unos Ejecutivos, los de las Comunidades Autónomas que han hecho gala desde su aparición en escena de una voracidad insaciable, de un localismo feroz y de una incalificable falta de lealtad al Estado como realidad total de la que forman parte y a la propia Constitución gracias a la cual existen como tales”. La necesidad de reforma es, pues, inaplazable y necesaria, contando en estos momentos con una ventaja respecto al momento fundacional del Estado autonómico según nos indica Tomás-Ramón: “En 1978 estábamos a ciegas frente a lo desconocido: ahora ya sabemos lo que no hay que hacer, que no es poco, y, por tanto, podemos y debemos hacerlo mejor”. No estoy totalmente de acuerdo con esta última afirmación y, permítase desde la modesta opinión de quien suscribe discrepar del ilustre administrativista; en 1978 se contaba con la experiencia del “estado integral” republicano, modelo evidente del que se articuló en 1978, como bien reconoce en este aspecto el estudio del profesor Muñoz Machado; el sistema de 1931 se improvisó en gran medida por las reivindicaciones autonomistas de una región, Cataluña, que planteó un órdago a la grande el mismo 14 de abril, articulando a toda prisa y plebiscitando un estatuto de autonomía que precedió a la propia Constitución de 1931, por lo que ésta hubo de contemplar esa delicada cuestión que la precedía. El constituyente de 1978 tenía clara y reciente esa experiencia y a donde habían llevado las ansias del separatismo catalán, que en 1934 desbordaron el propio texto constitucional. Pero en el afán por sacar adelante un texto de consenso, se improvisó en gran medida (“El Estado de las Autonomías que hoy tenemos se constituyó a empellones, atropelladamente, al margen de toda reflexión”) y se reguló el principio autonómico en un Título VIII jurídicamente impreciso y técnicamente lamentable, precisamente porque la política primó sobre la técnica jurídica y se primó el silencio doloso sobre la sensatez. El desbordamiento autonómico subsiguiente alarmó a la clase política, sobre todo a raíz del golpe de Estado del 23-F, hasta el punto de que se creó una comisión de expertos que analizasen el tema, pero sobre esta materia no deja de ser cierta, amén que triste y significativa la melancólica reflexión que hace el profesor Fernández Rodríguez, que era uno de los integrantes de aquella comisión: “La sensatez y la cordura que esos acuerdos políticos reflejaron duraron, sin embargo, muy poco, justo lo que duró el miedo que produjo el golpe del 23-F. Cuando éste desapareció, aquéllas se fueron también con él y dejaron paso a la desmesura y al descontrol que por un momento los políticos parecieron dispuestos a evitar”. No deja de ser también relevante el análisis del profesor en cuanto al papel que en el caos actual ha desempeñado el nefasto Tribunal Constitucional, desde su sentencia 76/1983 hasta la no menos lamentable 61/2007. Siempre he dicho que algún día se sabrá el daño que el Tribunal Constitucional ha hecho al sistema jurídico español, y poco a poco comienza a hacerse hincapié en este aspecto; hasta tal punto que Santiago Muñoz Machado incluso aboga por retocar el sistema de control constitucional para acercarlo más al sistema norteamericano, dado que, además, el modelo actual se aparta en gran medida del ideado por Kelsen (para quien lo determinante en una sentencia constitucional es el fallo y no la fundamentación jurídica).

Tras el diagnóstico, viene la cura. ¿Qué debe hacerse para que el paciente recupere la salud? En el estudio que analizamos se aboga por varias medidas concretas. Reducir el número de autonomías (en este caso se propone reducirlas a trece, y, como curiosidad, aboga por una “comunidad astur-leonesa” que integrarían las actuales provincias de Asturias, León, Zamora y Salamanca), dado que no es de recibo que comunidades autónomas uniprovinciales como La Rioja, con poco más de trescientos mil habitantes, legislen para tan escaso territorio y población cuando existen ciudades (Gijón, por ejemplo) cuya población supera a la de dicha Comunidad. Aboga también por regular de una manera clara y precisa las competencias así como cerrar definitivamente un sistema para evitar continuas reivindicaciones autonómicas. Todo ello acompañado de una profundísima revisión del sistema de Administración local, que debería racionalizarse porque “No es sensato, simplemente eso, hacer gravitar sobre el ciudadano cuatro y hasta cinco Administraciones territoriales diferentes”; debe igualmente reformarse el sistema de haciendas locales. Pero, sobre todo y por encima de todo, la precisa reforma de la Ley Electoral que evite una sobrerrepresentación de las élites autonómicas e introduzca una mayor racionalidad en el reparto de escaños.

Hace un cuarto de siglo, en un popular espacio televisivo que utilizaba los ritos jurídicos para analizar los temas más variopintos, el profesor Gustavo Bueno manifestaba que “La profecía no es un conocimiento, es una vergüenza; es una de las vergüenzas de la humanidad”, distinguiendo entre profecía, como ejercicio gratuito e intolerable, y predicción como anticipación de eventos que se realizaba sobre una base científica. Pues bien, uno no puede más que constatar, tras la lectura del Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías (que en la temprana fecha de mayo de 1981 elaboraran primeros espadas del derecho público como Eduardo García de Enterría, Luis Cosculluela Montaner, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Santiago Muñoz Machado, Tomás de la Quadra Salcedo, Miguel Sánchez Morón y Francisco Sosa Wagner) los autores del mismo si no fueron profetas la verdad es que ejercieron un notable ejercicio de predicción científica. El informe jurídico tuvo el mismo trágico destino que el de Casandra, la profetisa condenada por los dioses a que sus dotes como augur no fuesen tomadas en serio por el resto de los mortales. Hace relativamente pocos meses el nefasto Ministro de Hacienda, a quien un entrañable amigo se refiere irónicamente como sir Christopher Monbull, manifestaba que los “ejercicios de nostalgia” los dejaba para otras ocasiones; pues bien, en determinados casos es preciso hacer no sólo un ejercicio de nostalgia, sino de necesaria e imprescindible evocación de un pasado donde voces autorizadas manifestaron sin el menor asomo de duda qué se debía y, sobre todo, que no se debía hacer. No sólo no fueron escuchados, sino que se hizo precisamente lo contrario de lo que aconsejaban, con la complicidad de una clase política irresponsable y egoísta y de un Tribunal Constitucional no menos irresponsable.

Es necesario, urgente e imprescindible reorganizar el sistema que ponga fin al actual desorden. Para ello es necesario que los dos grandes partidos y la clase política en general baje de su torre de marfil, escuche las demandas ciudadanas y aborde con seriedad, rigor y patriotismo una reforma del sistema que pueda llevarnos al buen camino. Es evidente que dicha reforma chocará con los intereses de la casta política, pero sería harto significativo que se demostrase un mayor patriotismo y sentido de la realidad en las Cortes españolas que aprobaran pacífica y casi de forma unánime en 1976 la Ley para la Reforma Política haciéndose lo que popularmente se conoció como el “harakiri” y liquidando un sistema ya inviable mientras que  las actuales Cortes Generales se demuestren incapaces no ya de sustituir un sistema por otro, sino de cortar por lo sano las disfunciones y excesos que aquejan a la actual democracia española. Es evidente que la clase política puede hacer gala de un inmovilismo a ultranza y, enterrando la cabeza como el avestruz, negar la mayor; con ello sólo ocasionarán que, como en la novela de Michael Ende, la nada acabe tragándose literalmente el reino de Fantasía. Pero es que, dejando símiles literarios y tomando otros exclusivamente históricos, tenemos otra lección que nuestra historia nos ofrece: la de la élite política que en 1913 no admitió que el sistema ideado por don Antonio Cánovas del Castillo se encontraba agotado; lo que en 1876 había sido algo necesario e incluso avanzado para la época, treinta y cinco años más tarde se encontraba obsoleto. Y ya sabemos en qué desembocó la ceguera y el inmovilismo de entonces.

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2 comentarios el “LA CRISIS DEL SISTEMA AUTONÓMICO VISTA POR TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ

  1. ¡si sólo fuera el sistema autonómico! España necesita una reforma de calado en todos sus aspectos. Además, siempre he pensado que, el problema de 1978 es que se buscó un consenso político, no ciudadano (que por otro lado era lógico en aquella época) Las nuevas generaciones queremos eficiencia, trabajos solventes y buenos servicios. No supuestos agravios históricos o disputas pasadas.

    Lo que me da miedo de todo esto es, que en el siglo XVII también esperamos un Mesías que nos salvara… y no llegó,

    Saludos

  2. DECLARACIÓN DE SAN ILDEFONSO

    DECLARACIÓN DE SAN ILDEFONSO: Igualdad en la España Nación

    Desde nuestra libertad cívica, singular y grupal, en Castilla La Vieja (de la Corona Castellana) y en el Reino Leonés (de la Corona Leonesa) manifestamos:

    [1º] Que la Nación Española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclamó, el 6-12-1978 ( de forma democrática y en libre decisión individual de cada ciudadano español y, por ende, con los ciudadanos de Castilla La Vieja y el Reino Leonés ) su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

    [2º] Que la legalidad de todas y cada una de las decisiones, disposiciones e instrucciones, en todas y cada una de las circunscripciones electorales de todas las nacionalidades y regiones, están referenciadas, desde el 6-12-1978, por la Voluntad Soberana de la Nación Española, al texto expreso de la Constitución Española´1978.

    [3º] Que el acto de soberanía, del 6-12-1978, es una acción global y sumatíva que tiene como único sujeto jurídico al conjunto de todos los ciudadanos españoles { de todas y cada una de sus regiones y nacionalidades (reconocidas todas ellas por la Voluntad Soberana de la Nación Española)}, en todas las circunscripciones electorales de España que son fraternales y solidarias entre si y equipotenciales, en deberes y derechos, con plenitud de igualdad.

    [4º] Que la formación de la Nación Española, a lo largo del proceso histórico, es una acción integral convergente de todos y cada una de sus Pueblos, cuyo marco político actual está fijado en el texto de la Constitución Española´1978, sometido a la libre decisión de todos sus ciudadanos quienes, en un plano de total igualdad democrática, expresaron su libre voluntad política.

    [5º] Que la pluralidad de todas y cada una de las diferentes instituciones, entidades y órganos emanados por aplicación del propio texto de la Constitución Española´1978 están sujetas a la Voluntad Soberana de la Nación Española que es única e indivisible.

    [6º] Que la Constitución Española´1978 se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce a todas las regiones (ya constitucionales por la Constitución Española´1931 y por ende sujetos jurídicos dentro de la España Nación) y garantiza el derecho, en su libre voluntariedad, a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

    [7º] Que todos los ciudadanos españoles, de todas las regiones y nacionalidades, y los poderes públicos están sujetos, en plenitud de igualdad, a la Constitución Española´1978 y al resto del ordenamiento jurídico, en todas y cada una de las circunscripciones electorales de la España Nación

    [8º] Que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, de los Pueblos españoles (constitucionalizados en 1978) que se conforman en sus respectivas Regiones Históricas (provincializadas el 30-11-1833) y constitucionales (14-6-1933), así como de los grupos y entidades en que se integra, sean reales, tangibles y efectivas; y, por ello deben actuar para remover los obstáculos que impidan su realización o dificulten su plenitud y facilitar abiertamente la participación de todos los ciudadanos españoles, en todas las circunscripciones electorales, en la vida política, económica, cultural y social, desde el máximo respeto a los valores humanos, históricos y antropológicos de cada una de tales y tan concretos Pueblos Españoles´1978.

    9. Que la Nación Española, desde su Voluntad Soberana, a través de la Constitución Española´1978 garantiza, en un Estado de Derecho común a todo el territorio de todas y cada una de las Regiones Españolas´1978 y, por tanto, a los ciudadanos de todos los constitucionales Pueblos Españoles´1978, el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

    [10º] Que la Constitución Española´1978 es garante de la prevalencia de los derechos humanos singulares y grupales de todos los ciudadanos españoles, categoriza a todas y cada una de las Regiones Españolas´1978, en el mantenimiento de su constitucionalidad previa,y proyecta la necesaria convergencia económica de todos los Pueblos Españoles, fortaleciendo la unidad, desde la asunción de la diversidad plural, de la España Nación.

    Lo que suscribimos a 23 de enero de 2013 en la festividad de San Ildefonso.

    Liduvino Barbado Sastre -.-UPS Unión del Pueblo Salmantino;

    Francisco Iglesias Carreño-.-PREPAL Partido Regionalista del País Leonés

    ; Lesmes Peña Hurtado-.-CIBu Ciudadanos de Burgos pro Castilla La Vieja

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