UNITED STATES v WINDSOR: EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA PARCIALMENTE LA DEFENSE OF MARRIAGE ACT

DOMA

Hoy día 26 de junio de 2013 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el espinoso tema del matrimonio homosexual. Y lo hace en un par de asuntos, el Hollingsworth v. Perry, que resuelve la impugnación judicial de la Proposition 8, y el United States v. Windsor, que afectaba a la constitucionalidad de uno de los preceptos de una norma federal, en concreto la Defense of Marriage Act. En nuestro post de hoy comenzaremos por analizar el último de los casos

En el caso United States v. Windsor, en el seno del cual se plantea la constitucionalidad de un precepto de la Defense of Marriage Act, promulgada el 21 de septiembre de 1996, es decir, a finales del primer mandato presidencial de Clinton. Como bien indica la sentencia, dicha norma posee dos secciones. La primera de ellas, no impugnada, permite (no impone, sino que meramente faculta) a los estados negar el reconocimiento a matrimonios entre personas del mismo sexo aunque se hayan celebrado de conformidad con la legislación vigente en otro estado y por tanto sean válidas en este último; la segunda, el precepto legal impugnado en el caso concreto, entiende por matrimonio a efectos de cualquier ley o actuación federal, únicamente aquel celebrado entre personas de distinto sexo (“In determining the meaning of any Act of Con­gress, or of any ruling, regulation, or interpretation of the various administrative bureaus and agencies of theUnited States, the word ‘marriage’ means only a legal union between one man and one woman as hus­band and wife, and the word ‘spouse’ refers only to aperson of the opposite sex who is a husband or a wife”). Es decir, que respetaba el hecho de que los estados para quienes en sus ordenamientos internos el único matrimonio válido fuese el heterosexual no se sintiesen vinculados por otros ordenamientos y, por tanto, negasen el reconocimiento a matrimonios homosexuales válidamente celebrados al amparo de legislaciones aprobadas por otros estados diferentes; pero imponía a nivel federal como único matrimonio válido el heterosexual. La Administración Obama, considerando que esta última previsión no era adecuada al texto constitucional, rechazó defender la validez de la misma en los Tribunales.

Los antecedentes de hecho de este caso son simples. Una pareja de lesbianas (Edith Windsor y Thea Spier) residentes en Nueva York, que mantenían una relación estable desde el año 1963, celebraron un matrimonio en Ontario (Canadá), que en empire state reconoció como válido. Thea Spier fallece en el mes de febrero de 2009 y deja todos sus bienes en herencia a Edith Windsor. Y, como sucede en todos los países, siempre que se produce un fallecimiento inmediatamente después los herederos añaden a la pérdida familiar la luctuosa visita de Hacienda. En este caso, Edith Windsor pretendía beneficiarse de una exención personal derivada de su condición de cónyuge supérstite, pero la Administración federal, con amparo en el precepto de la Defense of Married Act antes transcrito, le negó tal condición. Tras abonar la nada despreciable cifra de 363.053 dólares (la herencia no debió, pues, de ser nada despreciable) solicitó la devolución de la misma, siendo negada tal solicitud en vía administrativa. Windsor no se da por vencida e impugna judicialmente la denegación ante el Juzgado de Distrito del Distrito Norte de Nueva York sobre la base de que con tal actuación el gobierno federal ha vulnerado la equal protection clause (es decir, el derecho a la igualdad) aplicable al gobierno federal a través de la quinta enmienda. El juzgado de distrito estima la demanda al entender que la sección tercera de la Defense of Marriage Act, al imponer al gobierno federal como único matrimonio válido el celebrado entre personas del mismo sexo, es inconstitucional, pronunciamiento que es confirmado en todos sus extremos por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. A todo esto, la postura del gobierno federal no podía ser más chusca: había reconocido nada menos que a través del Attorney General en un mensaje dirigido al speaker de la House of Representatives que la normativa cuestionada por Windsor era, en efecto, inconstitucional y, como tal, rechazaba defender la validez de la misma en los estrados; pero a la vez, se negaba a acceder a la pretensión concreta de la demandante en el sentido de que se le reintegrasen las cantidades abonadas. En definitiva, que la política seguida en este caso era, hablando en plata, más o menos un “bien te quiero, bien te quiero, mas no devuelvo el dinero

El asunto llega al Tribunal Supremo, quien en la ya indicada sentencia United States v. Windsor confirma las resoluciones de instancia, en una ajustada votación donde, como es costumbre, Anthony Kennedy (recordemos, católico practicante) se alineó con los liberales Gisburn, Breyer, Sotomayor y Kagan. La sentencia reconoce que la regulación del matrimonio y los efectos del mismo es una materia de competencia estatal, pero que en el caso concreto enjuiciado se produce un choque o conflicto: mientras que el estado de Nueva York, aplicando su propia legislación, reconocía los efectos al matrimonio homosexual, los órganos administrativos federales, al amparo de la Defense of Marriage Act lo rechazaban, y, por ello, “That result requires this Court now to address whether the resulting injury and indignity is a deprivation of an essential part of the liberty protected by the FifthAmendment. What the State of New York treats as alike the federal law deems unlike by a law designed to injurethe same class the State seeks to protect”. Y la conclusión a la que llega la sentencia es que la legislación federal vulnera los preceptos constitucionales: “DOMA seeks to injure the very class New York seeks to protect. By doing so it violates basic due process and equal protection principles applicable to the Federal Gov­ernment […] DOMA cannot survive under these principles. The responsibilityof the States for the regulation of domestic relations is an important indicator of the substantial societal impact theState’s classifications have in the daily lives and customsof its people. DOMA’s unusual deviation from the usual tradition of recognizing and accepting state definitions ofmarriage here operates to deprive same-sex couples of the benefits and responsibilities that come with the federal recognition of their marriages.” Para ello, Anthony Kennedy se apoya más que nada en los antecedentes legislativos de la norma, pues según constaba en el informe de la Cámara de Representantes, se esperaba “el Congreso hiciera todo lo posible para defender el matrimonio heterosexual”. No obstante, la sentencia da un paso más para justificar la anulación, argumentando que la Defense of Marriage Act no se inspiraba en motivos de eficiencia o buena administración, sino única y estrictamente con la expresa intención de  fomentar la existencia de una desigualdad legal, interfiriendo además con ello en materias de soberanía estatal: “The prin­cipal purpose is to impose inequality, not for other reasons like governmental efficiency. Responsibilities, as well as rights, enhance the dignity and integrity of the person. And DOMA contrives to deprive some couples married under the laws of their State, but not other couples, of both rights and responsibilities […] By creating two contra­dictory marriage regimes within the same State, DOMA forces same-sex couples to live as married for the purpose of state law but unmarried for the purpose of federal law”. La sentencia cuenta con tres votos particulares disidentes, los del chief justice Roberts, el de Antonin Scalia (el más extenso y crítico) y el de Samuel Alito.

En definitiva, que el Tribunal Supremo no considera per se válido o inválido el matrimonio homosexual, sino que su razonamiento es mucho más simple: la competencia para la regulación del matrimonio y sus efectos es única y exclusivamente de los estados, y no de la federación, por lo que aquellos pueden considerar válido única y exclusivamente al matrimonio heterosexual o extender el concepto al matrimonio entre personas del mismo sexo. La Defense of Marriage Act es inconstitucional porque en su aplicación puede conllevar a situaciones absurdas como la que ocurre en el caso enjuiciado, que un matrimonio sea considerado válido a nivel estatal pero no a nivel federal.

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Un comentario el “UNITED STATES v WINDSOR: EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA PARCIALMENTE LA DEFENSE OF MARRIAGE ACT

  1. Magnífico análisis de la sentencia: se trata de un problema de distribución de competencias entre la Unión y los Estados. Igualito que lo que se lee en los periódicos, que o no han entendido nada o, directamente, siguen aquello de “no dejes que la verdad te arruine un buen titular”. En uno u otro caso, dan ganas de llorar. Lo dicho: enhorabuena por el análisis.

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