HOLLINGSWORTH v PERRY: EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA POR MOTIVOS FORMALES ENTRAR A CONOCER DEL FONDO DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL.

Gay marriage

Ayer analizábamos en nuestro post la primera de las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que afectaban al matrimonio homosexual, el caso United States v. Windsor. Hoy analizaremos el segundo de los casos resueltos ayer por dicho órgano judicial y que afecta igualmente al matrimonio homosexual, el asunto Hollingsworth v. Perry. Como tendremos ocasión de observar, el máximo órgano judicial estadounidense, al igual que en el caso United States v. Windsor, no se pronuncia para nada sobre el fondo del asunto (la validez o no del matrimonio homosexual). Es más, en esta ocasión rechaza conocer el asunto por un tecnicismo estrictamente procesal: la falta de legitimación activa de los recurrentes. Deja así firme una sentencia de un juzgado federal que considera inconstitucional la reforma de la Constitución del estado de California en tal sentido pero cuyos efectos, como veremos, se limitan a ese caso concreto, y no es oponible erga omnes ni es posible citarlo como jurisprudencia al emanar de un juzgado federal y no de un Tribunal de Apelaciones ni del Tribunal Supremo. Pero, en fin, vayamos a los antecedentes de hecho del asunto.

Nos creemos excusados de exponer todo el iter que supuso la denominada Proposition 8, dado que ya hemos analizado in extenso dicho tema en el presente blog en un post anterior coetáneo a los acontecimientos. Baste saber a estos efectos que el estado de California promovió una reforma de su Constitución estatal que, ratificada mediante referéndum, consagró a nivel constitucional el matrimonio entre personas de distinto sexo como el único válido en dicho estado. Pues bien, varias parejas del mismo sexo interpusieron una demanda en el juzgado federal del distrito norte de California impugnando dicha reforma al entender que vulneraba los derechos que les garantizaba la constitución federal; dicha demanda se dirigía frente al por entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, así como frente a una serie de autoridades públicas estatales. Ocurrió entonces algo peculiar e inaudito si se contempla desde el punto de vista del derecho continental: las autoridades demandadas jurídicamente rechazaron defender la ley al entender que la misma era inconstitucional, pero sin embargo de facto continuaban aplicando la misma, de tal manera que ante esa ausencia de defensa procesal, quienes tomaron la iniciativa para promover la reforma constitucional (cinco personas físicas –entre ellas Dennis Hollingsworth- y tres organizaciones contrarias al matrimonio entre personas del mismo sexo)  solicitaron comparecer en la causa como intervinientes adhesivos (de hecho, en la sentencia aparecen reflejados como defendants-intervenors a diferencia de los cargos públicos demandados, que aparecen simplemente como defendants) algo que les fue permitido por el juez de instancia. Tras la vista oral, el juez estimó la pretensión de los demandantes y, estimando que la Proposition 8 era inconstitucional, ordenó a los demandados se abstuviesen de aplicar la misma; la sentencia, de ciento treinta y ocho páginas de extensión, la hemos ofrecido y comentado en un post anterior de este mismo blog. Los cargos públicos demandados rechazaron apelar tal decisión, algo que sí hicieron los intervinientes adhesivos. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirma la sentencia de instancia.

El asunto llega, pues, al Tribunal Supremo, quien revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones (no así la del juzgado de instancia) por carecer el recurrente de legitimación activa, en una sentencia adoptada por una ajustada mayoría de cinco votos frente a cuatro, pero donde el alineamiento ideológico no tuvo nada que ver en esta ocasión, como lo muestra que en el sector mayoritario se encontraran dos conservadores (el chief justice Roberts y Antonin Scalia) y tres liberales (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer y Elena Kagan), mientras que entre los disidentes se encontraban un liberal (Sonia Sotomayor) dos conservadores (Clarence Thomas y Samuel Alito) y el ubicuo Anthony Kennedy, que es quien redacta el voto particular discrepante. Comienza el Tribunal recordando su doctrina a efectos de la legitimación activa para acudir a un tribunal de justicia, cual es un daño “personal y tangible” y no una mera discrepancia general: “In other words, for a federal court to have authority under the Constitution to settle a dispute, the party before it must seek a remedy for a personal and tangible harm. “The presence of a disagreement, however sharp and acrimonious it may be, is insufficient by itself tomeet Art. III’s requirements.”, requisito indispensable para evitar que se “utilice la vía judicial para usurpar funciones que corresponden a otros poderes”. Pero, lo que es más importante, se requiere que ese daño personal y tangible ha de permanecer en todas las instancias procesales (“Most standing cases consider whether a plaintiff has satisfied the requirement when filing suit, but Article III demands that an “actual controversy” persist throughoutall stages of litigation”), de tal manera que si en una de ellas se pone remedio a la situación, la capacidad para comparecer en juicio desaparece. Es por ello que, tras la sentencia del juzgado de instancia, se produce una mutación procesal que afecta a las partes: los demandantes iniciales carecen ya de ese “daño real y efectivo” al haber sido puesto remedio al mismo por la sentencia, y los cargos públicos demandados optaron por no impugnar la resolución judicial (“After the District Court declared Proposition 8 unconsti­tutional and enjoined the state officials named as defend­ants from enforcing it, however, the inquiry under Article III changed. Respondents no longer had any injury toredress—they had won—and the state officials chose not to appeal.”). Quedaban, pues, los intervinientes adhesivos en calidad de codemandados, a quienes el Tribunal Supremo no reconoce legitimación para impugnar la resolución, porque lo pretendido por dichas partes, es decir, la revocación de la sentencia invocando como único interés el que se declarase la constitucionalidad de la reforma constitucional operada con la Proposition 8, no supone un interés suficiente que justifique la legitimación procesal. Y es por ello que en estas breves líneas se condensa toda la filosofía de la sentencia: “The only individuals who sought to appeal that order were petitioners, who had intervened in the District Court. But the District Court had not ordered them to do or refrain from doing anything. To have standing, a liti­gant must seek relief for an injury that affects him ina “personal and individual way.” Defenders of Wildlife, supra, at 560, n. 1. He must possess a “direct stake in the outcome” of the case. Arizonans for Official English, supra, at 64 (internal quotation marks omitted). Here, however, petitioners had no “direct stake” in the outcome of their appeal. Their only interest in having the DistrictCourt order reversed was to vindicate the constitutional validity of a generally applicable California law. We have repeatedly held that such a “generalized griev­ance,” no matter how sincere, is insufficient to confer standing”. Así, tras varios razonamientos adicionales en el mismo sentido, la conclusión del Tribunal es tajante: nunca el Tribunal aceptó la legitimación activa de particulares para la defensa de la constitucionalidad de una norma cuando los cargos públicos han rehusado hacerlo, y por ello, el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para conocer vía recurso la sentencia de instancia: “We have never before upheld the standing of a private party to defend the constitutionality of a state statute when state officials have chosen not to. We decline to do so for the first time here. Because petitioners have not satisfied their burden todemonstrate standing to appeal the judgment of the Dis­trict Court, the Ninth Circuit was without jurisdiction to consider the appeal. The judgment of the Ninth Circuit is vacated, and the case is remanded with instructions to dismiss the appeal for lack of jurisdiction”.

Así pues, al anular la sentencia del Tribunal de Apelaciones, lo que hace el Tribunal Supremo es confirmar la sentencia de instancia, pero sin entrar en el fondo del asunto, es decir, sobre la validez o no del matrimonio homosexual. Y ello porque la sentencia del juzgado federal ahora confirmada considera, sí, contraria a la constitución la Proposition 8, pero su eficacia queda limitada al caso concreto, es decir, a permitir el matrimonio de los demandantes en dicho pleito, por lo que el pronunciamiento judicial eximiendo a los funcionarios demandados de cumplir la normativa declarada inconstitucional se limita a ese asunto concreto, no siendo posible extenderlo más allá. Todo ello sin perjuicio, obvio es decirlo, de que en futuros pleitos pueda citarse dicha actuación como precedente judicial, pero sin que el mismo tenga carácter vinculante al emanar de un órgano inferior.

No se ha avanzado, pues, mucho en este tema, pese a que algunos tengan una lectura diametralmente opuesta o interesada de los dos pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo norteamericano. Unas sentencias, por cierto, muy bien estructuradas, didácticas y fácilmente comprensibles, todo lo contrario que la plúmbea y demasiado extensa Sentencia 198/2012 del Tribunal Constitucional, de cuyas cincuenta y dos páginas diecisiete son fundamentos jurídicos (que podían perfectamente haberse resumido en tres folios) y las restantes correspondientes a los fundamentos jurídicos repiten frases y expresiones ya constatadas en los antecedentes de hecho, dando la impresión de que las sentencias se miden más por el peso o extensión que por la calidad de las mismas.

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