LA DOBLE TRAICIÓN DE GALLARDÓN A LOS VOTANTES Y A SU MEMORIA FAMILIAR: LEY ORGÁNICA 4/2013 Y EL CULEBRÓN DE LA DESIGNACIÓN DE VOCALES DEL CGPJ

CGPJ

En la magnífica adaptación cinematográfica de la novela de Tom Clancy La caza del octubre rojo, Jeffrey Pelt, asesor de seguridad del presidente, le dice en privado al analista Jack Ryan “Listen, I’m a politician which means I’m a cheat and a liar, and when I’m not kissing babies I’m stealing their lollipops”, lo que podríamos traducir como “Soy político, por tanto, tramposo y embustero; cuando no estoy besando niños les estoy robando sus golosinas”.  Ignoro si el guionista de dicho film conocía la cínica afirmación del no menos cínico Tierno Galván cuando manifestaba que “las promesas electorales están para no cumplirlas”, pero lo cierto es que con dicha afirmación se trataba de describir un concepto tétrico y sucio de la política. Pues bien, no cabe la menor duda de que el actual ejecutivo español en general y el titular de la cartera de justicia en particular entran de lleno en esta peculiar definición de político, enterrando definitivamente la que diera el inmortal estagirita en su clásico tratado sobre la materia.

El último atentado a la dignidad política apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 29 de junio de 2013 bajo el disfraz de Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No voy a detenerme en el análisis material de dicho texto normativo, porque ya lo ha hecho Sevach en una intervención tan magistral y didáctica como todas las entradas de su blog. Pero sí quisiera detenerme en lo que considero una doble traición del Partido Popular a sus votantes. Doble traición además, perpetrada con el agravante de la alevosía y sin que pueda esgrimir en su defensa ninguna circunstancia eximente o atenuante. Y, lo que es muchísimo más grave desde el punto de vista moral, el Ministro de Justicia, en un gesto típicamente edípico, ha defendido con la actual norma un sistema de designación de vocales que había sido repudiado por su propio progenitor un cuarto de siglo atrás, como veremos en este post.

Pero, para ello, debemos retroceder en el tiempo y evocar, aún de forma somera, lo que es el auténtico caballo de batalla en esta materia, cual es el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como la evolución histórico-legislativa del sistema de elección de sus miembros.

El artículo 122.2 de la Constitución creó el Consejo General del Poder Judicial como “órgano de gobierno del mismo”. Dicha institución carecía absolutamente de arraigo en nuestro suelo, y prácticamente carece de equivalentes en derecho comparado; no en vano ha podido afirmar José Eugenio Soriano García en las páginas introductorias de su imprescindible monografía sobre el tema que “…de hecho, no existe en muchísimos países de mayor raigambre democrática que la nuestra, y apenas Italia –modelo mejorado del nuestro- parecería tener un órgano semejante (ya que ni Francia ni Portugal son tampoco parecidos, y no digamos del resto de países de la Unión europea) Y en otros países donde sí existen, incluso con matriz referenciada al nuestro, más vale no ponerlos de ejemplos de Estado de Derecho ni de independencia judicial”. Pero, en fin, ya se sabe que el legislador español se ha caracterizado siempre por una versión castiza de instituciones ajenas, que se permite tomar a beneficio de inventario. El hecho es que, consagrada al más alto nivel dicha institución, aborda su composición y la designación de sus miembros de la siguiente forma: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De entre éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y Cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio de la profesión”. El contenido material de dicho artículo no puede ser más chocante: resulta que en el “órgano de gobierno de los jueces” pueden existir personas que no pertenezcan a la carrera judicial (algo en principio chocante), pero en cuanto al nombramiento de sus miembros la Constitución parece establecer dos bloques claramente diferenciados: doce de sus veinte miembros han de elegirse “entre Jueces y magistrados de todas las categorías judiciales”, aunque remitiéndose a la ley orgánica en cuanto al proceso de selección, y los otros ocho por las Cámaras legislativas.

La primera regulación legislativa se hizo a través de la Ley Orgánica 1/1980 de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Dicha norma establecía de forma expresa que los vocales de procedencia judicial serían elegidos por los propios jueces. Así, el artículo octavo disponía que “Los doce Vocales de procedencia judicial serán elegidos entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales, en los términos establecidos en la presente Ley. Integrarán el consejo tres Magistrados del Tribunal Supremo, seis Magistrados y tres Jueces”, regulándose un procedimiento selectivo a través del principio de sufragio universal entre miembros de la carrera judicial, ya que el artículo duodécimo estipulaba que “los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo” y su artículo decimotercero que “La elección se llevará a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto admitiéndose el voto por correo” y estableciendo una circunscripción única. En definitiva, sistema de elección directa entre los propios integrantes de la carrera judicial que se encontrasen en activo. Así funcionó impecablemente el sistema hasta el año 1985.

Y entonces, tras la irrupción del Partido Socialista Obrero Español con su sólida mayoría absoluta obtenida en las elecciones del 28 de octubre de 1982, éste pretende dar un vuelco a la situación y promover una serie de medidas tendentes a “democratizar” la justicia, dado que los máximos dirigentes de dicho partido veían en la judicatura un sólido bloque conservador al que había que abatir, y así lo manifestaban sin tapujos los máximos dirigentes de entonces. La filosofía socialista entendía que el Consejo General del Poder Judicial debía ser elegido íntegramente por las Cámaras legislativas para dotarlas de mayor legitimidad democrática. Y así, con esta filosofía jurídica, se aprueba la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, que priva a los jueces y magistrados de toda intervención en la elección de vocales trasladándola de forma íntegra al Congreso y al Senado, dominadas entonces por un único partido. La justificación de dicha reforma se contenía en el párrafo tercero del apartado VI de la Exposición de Motivos “…la Ley, informada por un principio democrático, partiendo de la base de que se trata del órgano de gobierno de un Poder del Estado, recordando que todos los poderes del Estado emanan del pueblo y en atención al carácter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales, atribuye a éstas la elección de dichos miembros de procedencia judicial del Consejo General. La exigencia de una muy cualificada mayoría de tres quintos –pareja a la que la Constitución requiere para la elección de los otros miembros- garantiza a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas diversas y evita la conformación de un Consejo General que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural”.

El sistema de designación parlamentaria de vocales fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por medio de un recurso promovido nada más y nada menos que por don José María Ruíz-Gallardón (¿les suena el apellido?) en nombre de cincuenta y cinco de los diputados del Congreso, y que en síntesis defendía que con el sistema introducido mediante la nueva regulación se cercenaba de raíz la independencia judicial. Pues bien, el Tribunal Constitucional no deshonró la fama que actualmente merece (y que, como vemos, viene de muy, muy atrás, no siendo precisamente ésta su primera cacicada histórica) en su Sentencia 108/1986 de 29 de julio, redactada por Ángel Latorre, que avala la constitucionalidad del sistema, aunque eso sí, augurando sus posibles viciosas consecuencias, si bien en los melífluos y políticos términos que suelen caracterizar a tan nefanda institución cuando perpetra alguna iniquidad (pues los integrantes del mismo pueden ser calificados de cualquier cosa menos de ingenuos), despachándose a gusto sobre el tema de la siguiente manera: “Sin entrar en consideraciones sobre el lugar que ocupan las Cortes en un sistema parlamentario y sin negar que el sistema elegido por la LOPJ ofrezca sus riesgos, como se verá más adelante, debe advertirse que esos riesgos no son consecuencia obligada del sistema. En efecto, para que la argumentación de los recurrentes tuviese un peso decisivo sería necesario que la propuesta por las Cámaras de los veinte vocales del consejo convirtiese a éstos en delegados o comisionados del Congreso y del Senado con toda la carga política que esta situación comportaría. Pero, en último término, la posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera ineludible de quienes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que les otorgue el ordenamiento jurídico”; pero lo más grave son las manifestaciones que se contienen en el fundamento jurídico decimocuarto donde, al abordarse el análisis de los antecedentes históricos de la elaboración constitucional, el “Tribunal” ha decidido asumir voluntariamente el papel de Casandra ante el caballo de Troya sito extramuros de la ciudad: “La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda, pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento […] Ciertamente se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, señaladamente, el Poder Judicial”. En definitiva, que el supremo intérprete de la Constitución pretende dar una de cal y otra de arena: por una parte dice que la norma no es inconstitucional, pero por otra reconoce que es más acorde con el espíritu de la carta magna el sistema de la Ley Orgánica 1/1980; por una parte dice que no se cercena la independencia judicial pero ulteriormente reconoce que se corre el riesgo de desvirtuar el sistema al introducir la política en la judicatura.

Quedaban así definitivamente fijados dos modelos de selección de vocales. El primero, el defendido por el Partido Socialista Obrero Español y consagrado legislativamente en la Ley Orgánica 6/1985, y para quienes el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de gobierno de los jueces, sino un “un órgano político para gobernar a la judicatura y la magistratura”, según las recientes palabras del exministro de Justicia don Juan Fernando López Aguilar (y frente a las cuales, por cierto, no se ha alzado ni una sola voz en el estamento judicial). El segundo, el defendido, de palabra al menos, por el Partido Popular, que en principio buscaría retornar al clásico modelo alzado por la Ley de 1980. De todas formas, si bien el Partido Socialista se ha mantenido fiel a sus postulados, el Partido Popular renqueó incluso cuando tenía mayoría suficiente para alterar la situación, como lo prueba el hecho de que tras la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de 2000, el titular de la cartera de Justicia, don Jose María Michavila, renunció a cumplir su programa electoral cuando el por entonces responsable socialista de justicia,  manifestó que si el Partido Popular modificaba el sistema ellos lo volverían a hacer cuando retornasen al gobierno. Ante ello, ambos partidos optan por suscribir, con fecha 28 de mayo de 2001 el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, en cuyo apartado vigésimo primero se adopta un sistema de selección que podríamos denominar “mixto” entre elección autónoma y elección legislativa: “Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el dos por ciento de los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada Asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados, se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad”. Esta opción lleva en sí misma el gérmen de la perversión, pues centra el sistema en las propias Asociaciones de Jueces (altamente ideologizadas y meras correas de transmisión de los dos grandes partidos) dejando prácticamente sin posibilidades de optar a quien no se encuentre adscrito a una de las grandes asociaciones. Este sistema fue el que se consagró legislativamente a través de la reforma que la Ley Orgánica 2/2001 de 28 de junio operó en la Ley Orgánica 6/1985, realizada precisamente en desarrollo del pacto alcanzado. Sin embargo, el sistema continuó sin funcionar y el Consejo General del Poder Judicial siguió tan politizado y desprestigiado como siempre. El vergonzoso affaire Divar, cuya elección se anunció por el propio Gobierno antes incluso de la votación, y su ulterior dimisión (que, en justicia, debiera haberse acompañado por la de todos los vocales, dado que un había ni uno sólo de ellos que no hubiese incurrido en el mismo comportamiento que su presidente, como se demostró más adelante) dañaron aún más a un órgano que, más que tocado, está ya casi hundido.

Y llegamos a los momentos actuales. El Partido Popular concurre a las elecciones legislativas señaladas para el veinte de noviembre de 2011 con un Programa Electoral en cuya página 177, dentro de las medidas a adoptar en el marco de la Administración de Justicia, aparecía en el ordinal undécimo la siguiente, y cito de manera textual: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías” (el subrayado es mío). Es decir, que en su oferta a los ciudadanos en general, y a los operadores jurídicos en general, promete regresar al sistema que “conforme a la Constitución”, como dice expresamente el programa, los doce vocales sean elegidos “de entre, y por” los propios jueces, lo que en lengua castellana implica que la elección se llevará a cabo única y exclusivamente por jueces, quienes deberán elegir a los vocales de entre sus miembros. Todo parecía que iba a ser así, dado que, además, la persona nombrada como Ministro de Justicia era nada menos que el hijo de quien había sido no sólo el principal crítico del sistema de elección parlamentaria, sino el promotor del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 6/1985. Pero ocurre que se certifica el a mi humilde entender único acierto del teórico Karl Marx, cuando indicaba que la historia siempre se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa; y es que, en efecto, volvió a ocurrir lo mismo que doce años atrás, que un gobierno con mayoría absoluta se niega a cumplir su programa electoral haciendo justo lo contrario. Y en esta materia no caben las manidas excusas de que la crisis económica no deja margen de maniobra alguno, dado que los aspectos económicos nada tienen que influir en el sistema de elección de vocales. Y así, la Ley Orgánica 4/2013, pese a que en principio quiere abrir la participación superando el estrecho marco establecido por la Ley Orgánica 2/2001 y facilitar que cualquier integrante de la carrera judicial pueda optar a la elección si reúne un mínimo de avales, lo cierto es que dicha previsión queda en nada al mantenerse la elección por las Cámaras. Doble traición del ministro de Justicia: a la ciudadanía y a su propia memoria familiar.

Pero lo triste de todo es que la víctima propiciatoria es el Consejo General del Poder Judicial, bastante maltratada ya en las todas las valoraciones realizadas no sólo entre operadores jurídicos. José Eugenio Serrano García ha podido decir con total justicia que: “El Consejo General del Poder Judicial está en completo descrédito, sea cual sea el baremo, criterio, herramienta o técnica que se utilice para medir dicho estigma. Y no sólo lo indican así expertos externos (Consejo General de la Abogacía, Barómetros de calidad de la Justicia, o por ejemplo académicos claros como Alejandro Nieto); es que internamente, desde asociaciones como Foro Judicial Independiente o el manifiesto de los 1500 (jueces), hasta la opinión murmurada de decenas y decenas de los propios Jueces, confirman el oprobio y la afrenta con la que se califican las actuaciones de tal órgano, especialmente en lo que hace a los nombramientos”. En esta, como en tantas otras ocasiones, un órgano creado para solventar una situación problemática acaba aumentando exponencialmente los problemas para cuya situación había sido eregido. Mucho me temo que la situación no sólo no va a mejorar, sino que es susceptible de empeorar aún más. Y es que, lamentablemente, como la anciana que clamaba larga vida al tirano de Siracusa porque había visto que cada sucesor hacía bueno a su ancestro, acabaremos pidiendo resignados larga vida a este penoso sistema, no por las bondades que le adornan, sino por el mero temor a lo que una reforma legislativa futura nos pueda deparar.

 Ego autem censeo.

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