OBERGEFELL v. KASICH (JUZGADO FEDERAL DE OHIO): MEDIDAS CAUTELARES, ENFERMO TERMINAL Y MATRIMONIO GAY.

Ohio

Hace poco menos de un mes analizábamos en un par de entradas los dos recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con el matrimonio homosexual. Recordarán que a la hora de resumir la doctrina de uno de ellos, en concreto del United States v. Windsor, concluíamos que el máximo órgano federal anulaba uno de los preceptos de la Defense of Marriage Act que imponía a todos los órganos federales un concepto de matrimonio heterosexual, al prescribir que cualquier norma legal, reglamentaria o acto administrativo que se refiriese al término “matrimonio” debería interpretarse como unión de un hombre y una mujer; ahora bien, no sólo no se anulaba, sino que ni tan siquiera fue cuestionado por las partes en dicho caso otro precepto que facultaba a los estados a no reconocer validez jurídica a matrimonios homosexuales válidamente celebrados fuera del territorio estatal.

Pues bien, anteayer lunes 22 de julio de 2013 y en el seno del caso Obergefell v. Kasich el juez Timothy Black, del juzgado federal de la división oriental del distrito sur de Ohio, se apoyó en la doctrina del caso Windsor para dar validez a un matrimonio homosexual celebrado fuera del territorio del estado de Ohio. La resolución judicial adopta la forma de Order, dado que no se trata de una sentencia definitiva, sino de una temporary restraining order (que traduciremos literalmente como “orden de impedimento temporal”, pero que vendría a ser algo así como nuestros Autos de adopción de medidas cautelares) y se ha tramitado con una celeridad envidiable, atendiendo lógicamente a las peculiares circunstancias del caso que justificaban un trato preferente y sumario.

Los antecedentes fácticos del caso son en principio sencillos y claros. Dos varones residentes en Cincinnati mantenían una relación durante más de veinte años. En el año 2013 uno de ellos padecía una enfermedad terminal, y en un viaje realizado por motivos sanitarios al estado de Maryland contrajeron matrimonio en dicho estado, cuya legislación otorgaba plena validez a la institución matrimonial aunque los contrayentes fuesen del mismo sexo, mientras que en el estado de Ohio el matrimonio homosexual está legalmente proscrito debido a una legislación aprobada en el año 2004. Dado el inminente fallecimiento de uno de los cónyuges, en el certificado de defunción que expedirán las autoridades de Ohio en el momento del óbito figuraría como estado civil “soltero”, negando al otro contrayente la condición de cónyuge supérstite. Ambos cónyuges entablan una acción judicial en la que solicitan la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Ohio que proscriben el reconocimiento de matrimonios homosexuales celebrados en otros estados así como que, en el momento de fallecimiento del cónyuge que padece la enfermedad terminal (cuya muerte, según se recoge en la propia sentencia “es inminente”) figure como estado civil “casado” y se reconozca a su cónyuge tal condición. Los cónyuges solicitan la adopción de una medida temporal que ordene a las autoridades estales que, en caso de producirse el óbito del demandante enfermo, en el certificado de defunción del mismo se haga constar como estado civil “casado” y al codemandante como “cónyuge supérstite”.

El propio juez indica al comienzo de su sentencia “no estamos ante un caso complejo”, y ello debido a la claridad de la legislación del estado de Ohio. En efecto, según dicha legislación estatal el matrimonio celebrado entre dos personas fuera del territorio estatal será considerado válido siempre y cuando lo sea de conformidad con la legislación vigente en el estado donde se celebrase el mismo (el magistrado incluso pone ejemplos concretos, como el reconocimiento de matrimonios celebrados entre menores o entre primos que, aún estando proscritos en Ohio, son considerados válidos en otros estados). Al público español quizá le llame la atención la estructura de la sentencia, que ciertamente, al igual que todas las norteamericanas, es absolutamente envidiable: desgrana en epígrafes separados y de forma comprensible incluso para un lego los antecedentes fácticos, la solicitud de las partes, las cuestiones jurídicas a resolver y el análisis propiamente jurídico o fundamento de derecho en los que el magistrado se apoya para resolver la cuestión (nada comparable a las sentencias españolas donde se mezclan de forma nada didáctica antecedentes fácticos y jurídicos, y donde no es nada infrecuente encontrar –incluso en la jurisprudencia de nuestro máximo órgano judicial- al comienzo del segundo fundamento jurídico la expresión “son antecedentes de hecho”). El magistrado comienza su análisis partiendo de la doctrina general: “Aunque la legislación tradicionalmente reconoce que el matrimonio y las relaciones domésticas son asuntos generalmente atribuidos a la competencia estatal…las restricciones que por los estados se impongan ael matrimonio deben, pese a ello, ser conformes con la Constitución”. Tras un análisis del caso Windsor y de la jurisprudencia que lo precedía, la resolución continúa indicando que, al amparo de la misma, “los estados son libres a la hora de establecer los requisitos para considerar válido un matrimonio, pero las restricciones que se impongan han de estar justificadas por un legítimo fin estatal, dado que vulneran importantes intereses de libertad relativas al matrimonio y a las relaciones personales”. Tras ello se contiene el párrafo fundamental de toda la resolución “In derogation of law, the Ohio scheme has unjustifiably creataed two tiers of couples: (1) opposite-sex married couples legally married in other states; and (2) same-sex married couples legally married in other states. This lack of equal protection of law is fatal”. Por ello, y tras recordar que la legislación estatal de Ohio siempre ha considerado a la hora de estimar válido o no un matrimonio su adecuación a la lex loci contractus (latinismo citado en la propia resolución comentada), considera que los demandantes han acreditado sobradamente no sólo la existencia de un derecho o interés legítimo susceptible de prevalecer de forma favorable en un pleito, sino el daño irreparable que se produciría de no adoptarse la solicitud en cuestión, teniendo en cuenta además que uno de los recurrentes “se encuentra bajo cuidados médicos y su fallecimiento es inminente. En ausencia de una orden de impedimento temporal, el registro oficial defunción y el último documento oficial acreditando su existencia terrenal haría constar de forma incorrecta su estado civil como soltero a pesar de su matrimonio. El certificado de defunción erraría de igual manera al no considerar conyuge supérstite” al contrayente vivo. Y aunque tales razonamientos justificarían de por sí la adopción de la medida, el juez va aún más allá al indicar que “no existe absolutamente ninguna prueba de que el estado de Ohio o sus ciudadanos se vean perjudicados por la adopción de una orden de impedimento temporal en estos términos, pues nadie más que los demandantes se verán afectados por la misma. De no adoptar la misma, el daño para los recurrentes sería irreparable”. Por ello, tras tales razonamientos, el juez estima la solicitud y adopta la temporary restraining order dirigida a las autoridades encargadas del registro civil.

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