BRILLANTE ARTÍCULO DE MIGUEL PRESNO SOBRE EL AFFAIRE DE CUDILLERO.

Rufus T. Firefly

Hoy día 24 de agosto de 2013 el diario La Nueva España publica una interesantísima e impecable reflexión de Miguel Ángel Presno Linera que, con el título Los Hermanos Marx en Cudillero, hace una evocación fáctica y jurídica de los acontecimientos que se vienen sucediendo en tan idílico pueblo asturiano, artículo que ha reproducido igualmente en su blog. Aunque suscribo casi todas sus reflexiones, no puedo compartir la conclusión, sin perjuicio que (todo sea dicho animus iocandi) la grotesca situación vivida en el municipio asturiano pueda resumirse en una cita del pensador grouchomarxista que viene que ni pintada a la situación actual del consistorio en general y del alcalde Luis Fernández Garay en particular: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.  Y es que la sucesión de avatares vividos en el último año en el Ayuntamiento de Cudillero llevan camino de convertirse en un nuevo culebrón jurídico-político. Tras dos décadas de mandato ininterrumpido de Francisco González (quien, según parece por las causas que actualmente tiene pendientes, ha sido un digno émulo de Acisclo Arrambla Pael, protagonista de la celebérrima obra teatral Los caciques, debida a la pluma de Carlos Arniches), en poco menos de dos años se han sucedido nada menos que tres alcaldes y dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando la elección del primer edil. Y es paradigmático que un mes tan políticamente anodino como es el mes de agosto se haya visto este año dos mil trece adornado con la Sentencia 147/2013 de 6 de agosto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (publicada en el Boletín Oficial del Estado del sábado día 10) que anula el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de 24 de junio de 2013 de elección de alcalde (Luis Fernández Garay) y trece días después con la elección como alcalde de la misma persona cuyo nombramiento ha sido anulado. Recapitulemos un poco los hechos para que el lector no familiarizado con el tema pueda hacerse una idea, aunque los mismos se hallan perfectamente descritos en el antecedente de hecho segundo de la sentencia anteriormente citada:

1.- Francisco González dimite como alcalde de Cudillero en el año 2012 para ocupar su cargo como diputado en la Junta General del Principado de Asturias, después de que el Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias más lamentables, otorgara el escaño disputado por PSOE y Foro a aquél, con unos razonamientos ciertamente peculiares (asunto este último al que le hemos dedicado un post anterior)

2.- El sucesor de Francisco González en la alcaldía de dicha localidad asturiana dimite apenas medio año después, el 28 de diciembre de 2012, alegando motivos personales, renunciando igualmente a su acta de concejal.

3.- Todas las personas que acudían en la lista electoral del alcalde dimisionario manifestaron su renuncia anticipada a ocupar el escaño vacante tras la denuncia del exregidor, entrando en juego el mecanismo excepcional previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo, cuyo tenor literal establece que “En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no podrán ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente”. En su virtud, la vacante es cubierta por un ciudadano no electo, Ignacio Fernández Díez.

4.- Los integrantes de la lista electoral del Partido Socialista (la más votada en el municipio) manifiestan su renuncia a optar a la alcaldía a fin de que pudiera elegirse como primer edil a Ignacio Fernández Díaz, cosa que efectivamente ocurrió el 27 de marzo de 2013. Dicha elección fue objeto de un recurso contencioso-electoral interpuesto por Foro Asturias que fue desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuya resolución fue no obstante anulada por la Sentencia 125/2013 de 13 de mayo de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 18 de junio).  La doctrina del máximo intérprete de la Constitución viene a sostener que no es posible la elección como alcalde de una persona que no concurrió en las listas electorales; así lo establece al manifestar que “Desde la estricta perspectiva constitucional, no puede entenderse que un concejal que no ha concurrido a la elección cumpla los requisitos establecidos en el artículo 198 LOREG, que exige expresamente la inclusión en la lista electoral de quien se propone como candidato a alcalde, lo cual excluye a personas que no hubieren concurrido a las elecciones en las correspondientes candidaturas presentadas en su momento. Dicha interpretación resulta del tenor de los preceptos orgánicos rectores de la elección a alcalde (v. gr., arts. 196 y 198 LOREG), así como de nuestra doctrina, anteriormente expuesta, sobre la conexión entre la elección por sufragio universal de los concejales y, por derivación, del alcalde, con el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, que en este caso ha sido desvirtuado por la interferencia del grupo municipal que materialmente ha posibilitado, mediante una sucesión de renuncias individuales, que el candidato a alcalde lo haya sido quien no había integrado la lista que concurrió al proceso electoral”. La resolución antecitada no cuestiona en modo alguno que dicha persona pueda acceder al cargo de concejal por la vía del artículo 182.2 de la LOREG, algo que expresamente acepta, sino que lo que rechaza de forma expresa es que dicho concejal pueda ser considerado “cabeza de lista” y, por tanto, optar a la alcaldía. En consecuencia, la Sala estima el recurso de amparo, anula el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de 27 de marzo de 2013 y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación del mismo.

5.- En un ejercicio digno del mejor marxismo en su vertiente grouchista, uno de los concejales que había renunciado a ser alcalde, Luis Fernández Garay, revoca su renuncia anterior y manifiesta su intención de ser alcalde. Y, en efecto, en el pleno celebrado el 24 de junio de 2013 para ejecutar la sentencia constitucional, se elige alcalde a dicho concejal. Foro Asturias impugna nuevamente en vía contencioso-electoral dicha elección, recurso que es desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en su Sentencia de 26 de julio de 2013, resolución judicial que es impugnada en amparo ante el Tribunal Constitucional, que en la Sentencia 147/2013 estima el recurso y anula la elección de alcalde. La cuestión o núcleo central que debate el Tribunal Constitucional en este caso es si el candidato elegido alcalde goza de legitimación activa para ello tras haber renunciado anteriormente a ello; hablando en plata, a la revocabilidad o no de la renuncia a optar al cargo de primer edil (“la cuestión de fondo que plantea este recurso de amparo, el problema constitucional que ahora debe resolverse consiste en determinar si es acorde con el derecho fundamental que garantiza el art. 23.2 CE la revocación de la renuncia a ser candidato a un cargo público una vez que se han cumplido los requisitos necesarios para que la renuncia formulada sea plenamente eficaz. El análisis de esta cuestión exige examinar, en primer lugar, si el referido derecho fundamental comprende el derecho a revocar la renuncia cuando este acto ha adquirido toda su virtualidad jurídica”). El Tribunal sostiene que la renuncia, una vez emitida con todos los requisitos para ello, es irrevocable, vinculando tal principio con el de seguridad jurídica (“la cuestión de fondo que plantea este recurso de amparo, el problema constitucional que ahora debe resolverse consiste en determinar si es acorde con el derecho fundamental que garantiza el art. 23.2 CE la revocación de la renuncia a ser candidato a un cargo público una vez que se han cumplido los requisitos necesarios para que la renuncia formulada sea plenamente eficaz. El análisis de esta cuestión exige examinar, en primer lugar, si el referido derecho fundamental comprende el derecho a revocar la renuncia cuando este acto ha adquirido toda su virtualidad jurídica”). A la hora de aplicar la doctrina general al caso concreto, el Tribunal parte del tenor literal de la renuncia que en su día formulara por escrito el señor Fernández Garay, que era el siguiente “don Luis Fernández Garay … renuncia a la candidatura para ser elegido Alcalde-presidente en la sesión plenaria que haya de celebrarse al efecto como consecuencia de la vacante ocurrida tras la renuncia del anterior Alcalde D. Gabriel López Fernández”.

6.- El Pleno del Ayuntamiento de Cudillero celebrado el día 23 de agosto de 2013 elige nuevamente a don Luis Fernández Garay como alcalde de cudillero, amparándose en un informe de la Secretaria municipal.

 En su comentario, Miguel Presno manifiesta con total acierto que no es lo mismo la renuncia a ser alcalde que la renuncia a ser concejal, pues “una vez que se renuncia a ser Concejal se pierde el cargo de manera definitiva y no cabe serlo de nuevo antes de los siguientes comicios, pero eso no ocurre con la Alcaldía, pues el presupuesto para ser candidato a Alcalde es ser Concejal y encabezar la lista”. Coincido con el profesor Presno al cien por cien en cuanto a esta reflexión general, pero aún compartiéndola, si circunscribimos nuestras reflexiones al caso concreto enjuiciado, creo (es mi opinión personal y, por tanto, falible) que el resultado llevaría inevitablemente a la inelegibilidad del señor Fernández Garay. Y ello por varias razones que paso a exponer:

1.- La renuncia formulada por el señor Fernández Garay lo es para ser elegido alcalde presidente “en la vacante ocurrida tras la renuncia del anterior alcalde Gabriel Fernández López”. Dicha renuncia fue aceptada por el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de 27 de marzo de 2013 en el que también se elige como alcalde a Ignacio Fernández Díez.

2.- El fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2013 anula el Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2013 y acuerda retrotraer las actuaciones “al momento anterior a la aprobación del acuerdo”. Retengamos dos circunstancias vitales. Primera: no anula todo el pleno, sino únicamente la elección del acuerdo de elección alcalde, y la retroacción no implica la anulación de las deliberaciones ni de la aceptación de las renuncias, sino única y exclusivamente al momento anterior de la aprobación del acuerdo que nombra al alcalde de cudillero. Segunda: al tratarse el acuerdo pleno de un acto administrativo y ser anulado por vulneración de derechos fundamentales, los efectos jurídicos del mismo se retrotraen al momento de su aprobación, al tratarse de un supuesto de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.a de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas; no estamos ante un supuesto de anulabilidad del artículo 63.1 de dicho texto legal, sino de una nulidad absoluta y radical lo que implica que el acto anulado es como si jurídicamente no hubiese existido.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Cudillero celebrado el día 24 de junio de 2013 en el que fue elegido el señor Fernández Garay no tenía como objeto cubrir la vacante de Ignacio Fernández Díez (dado que dicho nombramiento efectuado en Pleno de 27 de marzo de 2013, al ser nulo de pleno derecho, ha de tenerse jurídicamente como si no existiera), sino cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Gabriel Fernández López. Por tanto, la renuncia de Luis Fernández Garay ha de tenerse por válida, operativa y eficaz a todos los efectos, y ello por dos potísimos motivos: en primer lugar, porque como ya hemos indicado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2013 no afectó a la validez o no de las renuncias admitidas por el Pleno del Ayuntamiento, sino que limitó su eficacia al nombramiento de alcalde; pero, en segundo lugar y lo que es fundamental, porque el Pleno de 24 de junio de 2013, al tener como objeto la cubrir la renuncia de Fernández López, priva al señor Fernández Garay de toda opción a la misma, pues el mismo se había excluido unilateralmente y de forma voluntaria para ello (el tenor de su renuncia es claro y manifiesto), pudiendo añadirse, además, claramente además de la doctrina de la seguridad jurídica (invocada por el Tribunal Constitucional) la doctrina de los actos propios, aplicable no sólo a las Administraciones sino a todos los ciudadanos, tanto en el ámbito del derecho público como en el privado. Por tanto, no caben en el derecho público ejercicios de grouchomarxismo (“estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”) ni invocar, como hace la defensa de Fernández Garay, a “circunstancias sociales y políticas diferentes”, pues, dejando de lado que es a la parte que invoca esa variación de circunstancias quien según la carga de la prueba debe acreditar la misma (y no consta que se haya hecho, pues difícil es que en menos de dos meses las circunstancias políticas y sociales hayan cambiado hasta tales extremos), incluso aceptando esa mutación socio-política la misma es absolutamente inoperante, pues es de sobra conocido por cualquier estudiante de derecho que las circunstancias sociales y políticas no son invocables ante los Tribunales, que únicamente resuelven en derecho. Salvo, claro está, que aceptemos que el Tribunal Constitucional sea un tribunal político (cosa que, por cierto, al redactor de estas líneas no le cabe la menor duda de la auténtica y verdadera naturaleza de dicho “tribunal”, ya manifestada en intervenciones anteriores) y que, en consecuencia, pueda tener en cuenta tales circunstancias a la hora de resolver.

Con todo, coincido con Miguel Presno en que el grouchomarxismo se ha instalado en tan idílica villa asturiana y que el affaire tiene aún para rato, hasta el punto de que la situación de ese pequeño pueblo sin duda merece evocar el título de una célebre película de los hermanos Marx: Una tarde en el circo. Aunque también podríamos recordar el célebre programa electoral que Rufus T. Firefly (Groucho) enunciaba a ritmo musical en Sopa de Ganso, otro de los célebres films del trío cómico y que viene como anillo al dedo a este caso: “El último que gobernó este país casi lo arruina. Si creen que conmigo les va a ir mejor, esperen y verán…”

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