LA IGNORANCIA DE LA LEY: REGULACIÓN CONTEMPORÁNEA Y REGULACIÓN MEDIEVAL.

Ignorance law

El artículo 2 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (decreto publicado en la Gazeta del día siguiente jueves día 25 de julio y que está refrendado por don José Canalejas Méndez en su condición de Ministro de Gracia y Justicia) disponía lacónicamente que “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, texto familiar a juristas contemporáneos dado que tal redacción se mantiene en su totalidad, si bien la reforma operada en dicho código por el Real Decreto 1836/1974 de 31 de mayo muta la ubicación, situando dicho precepto como punto primero del artículo sexto. Ha de tenerse en cuenta que con tal principio general pretende garantizarse la seguridad jurídica, para evitar que la alegación de ignorancia legal pueda ver dificultada la estricta aplicación de la normativa. Y si bien a finales del siglo XIX era más que probable que una población escasamente ilustrada y con una alta tasa de analfabetismo desconociese una variada (aunque no excesivamente extensa) gama de preceptos legales y reglamentarios, hoy en día una sociedad donde el analfabetismo ha sido desterrado y donde la información es accesible a través de medios de comunicación y el acceso cada vez más generalizado a internet, ni la persona más avispada es capaz de manejar la pléyade de leyes orgánicas, ordinarias, reales decretos legislativos, reales decretos leyes, acuerdos, resoluciones, circulares, instrucciones y resto de normativa estatal, a lo que habría que añadir los equivalentes autonómicos, los Reglamentos y Ordenanzas locales y por si ello fuera poco, los Tratados de la Comunidad Europea y derecho derivado. Ni aun gozando de una vida tan larga como la del venerable Matusalén y dedicando las veinticuatro horas al día al estudio de la normativa aprobada se podría conocer no ya con detalle, sino mínimamente los principios de todos los ordenamientos enumerados, dado que además en los últimos tiempos la técnica legislativa es tan deficiente que amén del mero conocimiento se impone una labor de interpretación jurídica de textos no siempre fácil dada la frecuencia con que se producen normas de sentido ambiguo y retorcido, en alguna que otra ocasión deliberado. Sin embargo, el artículo 6.1 del Código Civil se mantiene impertérrito y veda la alegación de desconocimiento como causa de eximente del cumplimiento de la normativa, cláusula que no admite ningún tipo de excepción, si bien la referencia al error de derecho permite que, en determinados supuestos, sea posible dulcificar tan riguroso precepto, como, por ejemplo, la interpretación razonable de la norma que el artículo 179.2.d de la Ley 58/2003 General Tributaria contempla como causa de exención de responsabilidad de las infracciones tributarias.

Sin embargo, pese a que este principio se recogía ya en las más antiguas leyes españolas, antaño llegaron a reconocerse normativamente amplias excepciones al mismo. Veamos, por ejemplo el Fuero que fizo el Rey don Alfonso, fijo del muy noble Rey don Ferrando e de la muy noble Reyna dona Beatriz, el qual es llamado Especulo, que quiere tanto decir como espejo de todos los derechos. El Libro I Título I se dedica íntegramente a las leyes, abordando su concepto, requisitos, potestad para dictarlas y fuerza obligatoria. Llama la atención la Ley II cuando, al hablar de quales deven ser las leyes, establece que “complidas dezimos que deven ser las leyes e muy cuidadas e muy catadas porque sean derechas e provechosas conplidamente a todos, e deven ser llanas e paladinas porque todo ome las pueda entender e aprovecharse dellas a su derecho, e deven ser sin escatima e sin punto porque non pueda venir sobrellas disputacion nin contienda”, lo que suponía consagrar nada menos que al máximo nivel un principio tan fundamental cual era el deber de redactar leyes claras y fácilmente comprensibles para que “todo hombre las pueda entender”, siendo paradógico que en nuestro contemporáneo ordenamiento de leyes desbocadas ni tan siquiera como principio general a nivel legislativo se haya intentado consagrar un texto semejante al contenido en el espéculo Alfonsino. Pero, yendo a lo que nos interesa, la Ley XI Título I Libro I lleva por rúbrica “Que ninguno non se puede escusar porque diga que no sabe las leyes” donde, tras un largo excursus filosófico-religioso sobre el saber, concluye que “E pues que los omes codician naturalmeiente saber todas las cosas e mas aquellas que son a su pro, bien tenemos que todos los de nuestros regnos e de nuestro señorio deven codiciar a saber estas leyes deste libro que son a pro e a onra dellos. E ninguno non puede nin debe escusarse por decir que lo non sabe, ca si el por si non las podiere saber debe las saber de aquellos que las sopieren. E quien esto non feziere si errare non puede ser escusado de non recebir la pena que las leyes mandan”; en otras palabras, que se establece una especie de presunción de conocimiento de las leyes, no sólo por principio general (se parte del aristotélico fundamento de que el hombre por naturaleza desea saber), ello debe predicarse aún más de la normativa que está hecha en beneficio de los súbditos, a lo que se añade que si ellos no pudieren conocerlas directamente, sí lo podrían hacer a través de “aquéllos que las sopieren”, por lo que la alegación del desconocimiento no impediría la efectividad de la ley en cuestión aplicable al caso. No obstante, tras el rígido principio general, el siguiente precepto, la Ley XII establecía “Quales personas se pueden escusar de la pena por non saber estas leyes”, y en ella se contienen no sólo las siguientes (a nuestros contemporáneos ojos) curiosísimas excepciones, sino los motivos o fundamentos por los que el legislador las establece: “Enpero razones y a en que algunos omes se podrien escusar de non caer en la pena del daño que les podría avenir en razón de sus cosas por mingua de non saber las leyes asi como los caballeros e los menores de xxv años e los aldeanos sinples e desentendudos que se trabajan de las labores de la tierra. E otrosi las mugieres en las cosas señaladas que son escriptas en nuestro libro. Ca los cavalleros se podrien escusar del daño sobre dicho porque non son tenudos de saber leyes mas e uso e fecho de armas e cosas que pertenecen a esfuerzo de caballería. E otrosi los menores de xxv años por razón de su edat que es liviana e non complida. E los aldeanos sinples por que usan entre gientes desentendudas o no son los sabidores del derecho, ca todo su entendimiento es en saber labrar las heredades. E otrosi las mugieres se pueden escusar por razón que son de flaca e de liviana natura, e aun por que les non cae de aprender leys en escuelas nin de usar pleitos aminados entre los varones”. Eso sí, todo tiene un límite, y si el hecho cometido fuese tal que “según el entendimiento que los omes an naturalmiente deviese entender que era mal de lo facera si como si feziese traycion o aleve o adulterio o omeziello o furto o tobo o fuerza u otro yerro semejante destos non se podrie escusar de la pena que mandan estas nuestras leyes

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2 comentarios el “LA IGNORANCIA DE LA LEY: REGULACIÓN CONTEMPORÁNEA Y REGULACIÓN MEDIEVAL.

  1. Interesente post estimado Raymond. Muy cierto esa imposibilidad actual de conocer todo el compendio normativo. Me gusta mucho esta cita de Gonzalez Navarro: ““A la vista de todo ello, se ha dicho que la posición del operador jurídico español en el momento actual es sencillamente alucinante, porque conocer todo el derecho positivo y su complemento jurisprudencial desborda con mucho la capacidad de asimilación de cualquier inteligencia media”.

    Sin embargo, no hay que olvidar que el principio “ignorantia vel error iuris non excusat” tiene su reverso en el error iuris, el error de Derecho. Una cuestión que también fue interesante sus orígenes en España con Alfonso de Castro y Suárez, y que debido al principio anterior tuvo que interpretarse como subterfugio de normas penales y extrapenales en los años 50 y 60, con el problema de su limitado alcance.

    Un fuerte abrazo

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