LA REMOCIÓN DE JUECES EN EL CONSTITUCIONALISMO NORTEAMERICANO Y EN EL PRIMER CONSTITUCIONALISMO HISPÁNICO

Samuel Chase

A la hora de abordar el tratamiento del Poder Judicial en los inicios del constitucionalismo, evidentemente el país que gozaba de un enorme poder de atracción sobre el tema era la Gran Bretaña. Teóricamente, en dicho país la judicatura nunca se había concebido doctrinalmente como un poder independiente, y de hecho John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, no lo considera como tal al incluir sus funciones dentro del poder legislativo. Sin embargo, esa admiración que los jueces ingleses despertaban en las demás naciones no se tradujo en una regulación similar a la que existía en la Corte de St James.

Si acudimos al periodo constituyente norteamericano vemos que Alexander Hamilton en el número 78 de El federalista, que tenía como objeto de estudio el poder judicial, describía a éste como el “menos peligroso” de los tres poderes en un párrafo que se ha hecho justamente célebre: “Whoever attentively considers the different departments of power must perceive, that, in a government in which they are separated from each other, the judiciary, from the nature of its functions, will always be the least dangerous to the political rights of the Constitution”. A Hamilton le preocupaba sobremanera una idea clave cual era la independencia judicial, que reitera a lo largo de todo el artículo citado: “La completa independencia de los Tribunales de justicia es esencial en una Constitución limitada […] La independencia de los jueces es igualmente un requisito para salvaguardar la constitución y los derechos individuales…”. Por ello, es necesario aclarar dos puntos clave: el modo de elección de los jueces y el mandato de los mismos, es decir, la duración de su cargo. La Constitución federal estadounidense dispuso en su Artículo III Sección I que el poder judicial se deposita en un Tribunal Supremo y los Tribunales inferiores que el congreso establezca en cada momento, y en lo que respecta a los jueces, tanto del Tribunal Supremo como del resto de órganos judiciales federales, señala que “continuarán en su cargo mientras guarden buen comportamiento”; nada dice respecto a su nombramiento mas, como cargos federales que son, se establece un modo de designación en el Artículo II Sección II párrafo II en virtud del cual entran en juego los otros dos poderes, pues si el Presidente ostenta la potestad única, exclusiva y libérrima de proponer a los candidatos a jueces federales, el Senado ha de otorgar el visto bueno a esa persona designada para que ésta pueda entenderse válidamente nombrada. En definitiva, que el juez tiene una doble legitimación popular, si buen indirecta, pues aunque no son elegidos mediante sufragio, la nominación la hace un cargo, el Presidente, que sí ostenta una legitimación popular directa, y tal decisión ha de ser ratificada por el Senado, cámara alta que igualmente tiene legitimación popular directa. Pero junto a esas garantías respecto al nombramiento, existe otra idea clave que es la del equilibrio entre las garantías de independencia judicial con la idea de legitimación del mismo o accountability, responsabilidad no estrictamente penal, sino más bien podríamos denominarla disciplinaria (por acudir a una terminología jurídica patria) aunque más bien la misma responde a una idea de garantizar que los jueces federales continúan manteniendo los requisitos necesarios para el cargo; de ahí que, en caso de que cualquier miembro del poder judicial de la federación incurra en comportamientos que les inhabiliten para continuar en el desempeño del cargo (y que no tienen necesariamente que constituir infracciones penales) el Congreso pueda iniciar un procedimiento de impeachment (regulado en el Artículo II Sección IV de la Constitución federal) con la finalidad de remover del cargo a quien sea indigno de continuar en el. Insistimos, esa remoción no lleva necesariamente de su mano un juicio penal (aunque lo normal es que así sea) sino que se trata de un simple mecanismo de expulsión de personas que el legislativo entiende que han incurrido en comportamientos que no permiten la continuidad de una persona en el puesto de juez. No obstante, ese mecanismo es excepcional y para evitar el uso abusivo se recubre con unas determinadas garantías: la Cámara de Representantes es la única legitimada para presentar la acusación y los cargos imputados, mientras que el Senado es quien tiene que decidir sobre esos cargos que la cámara baja presenta, siendo necesaria para la condena una mayoría de dos tercios de la cámara alta, es decir, de sesenta y siete senadores. Ya hemos indicado en un reciente post que en doscientos veinticinco años únicamente se han producido quince procedimientos de este tipo frente a jueces federales, de los cuales ocho finalizaron en condena y uno de ellos con una renuncia voluntaria del juez antes de que el Senado examinara la acusación.

La Constitución política de la monarquía española hecha en Cádiz en 1812 parte de la misma idea que la constitución federal estadounidense, y así, el artículo 252 establece que “Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada; ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada”. Sin embargo, las cautelas en el texto gaditano son mucho mayores que en el texto federal norteamericano, dado que el artículo 253 establece que “Si al Rey llegaren quejas contra algún magistrado y, formado expediente, parecieran fundadas, podrá, oído el consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el expediente al supremo tribunal de Justicia para que juzgue con arreglo a las leyes”, precepto al que debe añadirse el curiosísimo precepto constitucional contenido en el artículo 254 que hoy en día levantaría ampollas entre la profesión de existir provisión semejante: “Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren”. En fin, a lo que nos interesa, que al igual que en la otra orilla del Atlántico, se contempla la posibilidad de remoción de jueces de sus cargos, pero a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos esa remoción está vinculada a un previo pronunciamiento condenatorio de los propios tribunales de justicia; bien es cierto que el rey puede unilateralmente, “oído el consejo de Estado”, suspender a un magistrado si le llegan quejas frente al mismo, pero se trata de una medida estrictamente temporal.

Es evidente que de los dos sistemas el más adecuado es el norteamericano y no el español. Y no es que sea una opinión simplemente de quien suscribe, sino que la regulación gaditana fue objeto de una crítica coetánea nada menos que por don José María Queipo de Llano, VII conde de Toreno, quien en el discurso pronunciado el 15 de marzo de 1812 advertía que se dejaba a los jueces en una situación prácticamente indemne, puesto que muchos de los delitos por los que podían ser acusados, como el soborno, el cohecho y la prevaricación, “son de difícil probanza, y tanto más ocultos cuanto los que pudieran más bien descubrirlos tienen un interés en disimularlos, y de todas las maneras, cualquiera se detendrá en intentar una acción contra un magistrado que debe ser juzgado por individuos de su misma corporación que, por rectos que sean, siempre estarán animados de aquélla parcialidad que produce el espíritu de cuerpo”.

 POST SCRIPTUM: La fotografía que ilustra el post es la de Samuel Chase, conocido como bacon old face, juez del Tribunal Supremo norteamericano al que se sometió a impeachment en 1804, siendo finalmente absuelto por el Senado de los ocho cargos que se le imputaban.

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