¿DEBEN LAS ADMINISTRACIONES SER BENEFICIARIAS DE LAS COSTAS CUANDO ACUDEN DEFENDIDAS POR FUNCIONARIOS? REFUTACIÓN A LA TESIS DE LA IGUALDAD PROCESAL.

Balanza de la maldición

He repasado estos días un par de artículos publicados hace ocho años y medio en la revista Actualidad Administrativa sobre el espinoso tema de los honorarios del Abogado del Estado en los procedimientos contencioso-administrativos. El artículo inicial, publicado en el número 3 de la revista, llevaba por título Tasación de costas en el recurso contencioso-administrativo y honorarios del Abogado del Estado, cuyo autor era Josep Tomás Salás Darrocha. Unos números más tarde, en concreto en el undécimo, se publicaba una contestación al mismo que, con el título Tasación de costas en el recurso contencioso-administrativo y honorarios del Abogado del Estado: una réplica necesaria a una tesis insostenible publicaba el Abogado del Estado Alfonso Brezmes Martínez de Villarreal. Es cierto que el primer artículo contiene, a mi juicio, algunos errores de perspectiva que fueron debidamente puestos de manifiesto en la réplica si bien ésta creo que se produjo en unos términos que revelan, y en ciertos párrafos de forma casi expresa, que el autor de la misma se tomó el artículo rebatido como una especie de ofensa personal.

Sin perjuicio de que muchas de las refutaciones que el Abogado del Estado hace a la tesis contestada (fundamentalmente, los párrafos en que el autor refutado defiende la naturaleza tributaria de los honorarios de los Abogados del Estado) son en mi opinión certeras, creo, no obstante, que el autor de la réplica parte de una base cuando menos discutible, cual es ampararse casi en exclusiva en una ley, la Ley 52/1997 de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica al Estado,  que no tiene unos destinatarios universales, sino muy concretos, dado que se dedica únicamente a aspectos organizativos internos del Servicio Jurídico del Estado (la propia Exposición de Motivos I indica sin lugar a dudas como objetivo de la norma legal que “… se proponen unas mínimas normas organizativas del Servicio Jurídico del Estado, instrumento que prestará esa asistencia jurídica, una regulación moderna y plenamente adaptada a la Constitución de las especialidades procesales del Estado y una unificación y clarificación de la normativa que se completará con el necesario reglamento de desarrollo de esta Ley”), y la privilegiada posición procesal de dichos funcionarios públicos (privilegios pudorosamente denominados “reglas especiales extravagantes al Derecho procesal común” en la Exposición de Motivos III del antecitado texto legal).

El problema llega al abordar el auténtico casus belli, es decir, inclusión en las costas procesales de los honorarios girados por los integrantes del Servicio Jurídico del Estado. Sobre este aspecto debemos distinguir dos aspectos claramente diferenciados, cuales son, primero, si tal circunstancia es jurisprudencialmente admitida y, segundo, el análisis crítico de los fundamentos jurídicos que amparan la misma. En lo atinente a la primera de las cuestiones,  la jurisprudencia es constante y reiterada en el sentido que en la condena en costas cabe incluir los honorarios de los Abogados del Estado, y sobre este aspecto no puede existir la más mínima duda al respecto; en este sentido Alfonso Brezmes Martínez de Villarreal si de algo peca es de reducir al mínimo la cita de resoluciones que avalan dicha tesis. Por tanto, el letrado ejerciente no puede en su quehacer cotidiano más que aceptar dicha tesis como doctrina clara, reiterada y constante del Tribunal Supremo, en tanto en cuanto la misma no sea rectificada por el mismo Tribunal. Cosa distinta es la opinión subjetiva que a cada jurista le puedan merecer dichos pronunciamientos, lo que nos lleva a la segunda de las cuestiones, con un riesgo notable: de la estricta, fría y transparente objetividad (la existencia cierta y plena vigencia de una corriente jurisprudencial no rectificada) pasamos a las aguas cenagosas y calientes de la subjetividad.

Dejando claro este último aspecto, es decir, la subjetividad y por tanto la falibilidad de las opiniones personales, nunca he ocultado ni oculto que la Administración pública no debiera ser beneficiaria de la condena en costas cuando acude a los pleitos defendida por funcionarios (y los Abogados del Estado, lo son), si bien matizo dicha tesis no sería aplicable cuando acudiesen defendidos por profesionales colegiados del ámbito privado. Alfonso Brezmes Martínez de Villarreal refuta airadamente dicha tesis apelando, entre otras cosas, a la “necesaria preservación del principio de igualdad entre las partes que litigan, principio que se vulneraría flagrantemente en caso de que los particulares pudiesen litigar sin coste alguno contra las Administraciones Públicas, lo que incrementaría tremendamente la litigiosidad temeraria frente al bolsillo sin fondo o deep pocket que algunos pretenden ver en las arcas públicas, extremo éste que el que esto escribe no considera muy acorde con el interés general que a todos nos afecta en cuanto que contribuyentes y soportes últimos al fin y al cabo de los costes en que incurre la Administración del Estado.” Apelación, pues, a la estricta igualdad procesal. Con todos los respetos, no puede sostenerse dicha tesis, la igualdad de las partes, con un mínimo de rigor, y ello por varias razones:

1.- Las Administraciones no ostentan procesalmente la misma situación jurídica que los particulares. Cualquier estudiante de primer curso de Derecho Administrativo puede verificar, sin más que echar una simple ojeada al Capítulo IX (significativamente titulado Las relaciones entre Administración y justicia) del Curso de Derecho Administrativo de los profesores García de Enterría y Fernández Rodríguez, que la tesis de igualdad de las partes no existe ni tan siquiera a nivel teórico. Y me remito al primer párrafo del capítulo, ya de por sí clarificador: “Para explicar la posición jurídica de la Administración, después de conocer su situación abstracta ante el Derecho, debe de exponerse su peculiar situación con los Tribunales. No es la Administración respecto de esta pieza capital del sistema jurídico que es la Justicia –en el sentido procesal de la expresión- un sujeto cualquiera; su posición difiere esencialmente de la propia de los demás sujetos. Aquí está el núcleo más importante de sus privilegios…..”. Por si ello fuera poco, la propia Exposición de Motivos de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre habla en su Exposición de Motivos de la existencia de “reglas especiales extravagantes al Derecho procesal común”, y, aunque hable de reducirlas al mínimo, continúa manteniendo infinidad de privilegios en el Capítulo III de dicha norma, como, por ejemplo, exención de depósitos, cauciones, e incluso el mantenimiento del fuero territorial en procesos civiles, a lo que hay que añadir la exención subjetiva de la tasa judicial en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2.c de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre. ¿Dónde está, pues, la tan invocada y cacareada igualdad de partes?

2.-  Por si fuera poco, la desigualdad procesal se mantiene igualmente en el plano sustantivo. En efecto, en el ámbito civil no rige el principio de autotutela, y las partes en conflicto (en principio simples particulares) deben someterse al principio de “paz jurídica” que deposita en los Tribunales la resolución de conflictos. Es lógico, pues, que ese obligado sometimiento al principio de “paz jurídica” conlleve que la parte vencedora en un pleito deba resarcir de alguna manera a la derrotada de los gastos en que se ha visto impelida a incurrir para satisfacer sus derechos. Esta regla o principio general válido sobre el papel admitiría en la práctica muchas matizaciones pues la igualdad procesal, existente en el mundo ideal de los fríos códigos legales, no puede predicarse en una realidad fáctica y equiparar a un simple trabajador mileurista con que una multinacional de las telecomunicaciones o con una entidad financiera, por poner tan sólo dos ejemplos. Por el contrario, las Administraciones gozan del enorme privilegio de autotutela, que les exime de acudir a los Tribunales de Justicia para obtener una resolución fundada en derecho y para hacer valer la misma por vía ejecutiva; además, la Administración puede defenderse a sí misma mediante personal funcionario, algo vedado a los particulares (no así en el ámbito anglosajón donde, por ejemplo, la estadounidense Judiciary Act de 1789 permitía a toda persona asumir su propia defensa).

3.- La referencia al “bolsillo sin fondo” puede refutarse simplemente dando la vuelta a la tortilla. Un particular que decide acudir a pleito arriesga su propio dinero. La Administración juega con polvora ajena, puesto que a la hora de decidir si ha de defenderse una determinada posición, quienes tienen la responsabilidad de articular la pretensión procesal de la Administración, al manejar fondos públicos y no arriesgar en modo alguno erarios particulares, pueden permitirse la alegría de sostener pretensiones que quizá de tener que arriesgar dineros propios no harían.

No quisiera, por último, dejar de referirme a la tesis esgrimida para refutar la inaplicabilidad de las normas orientativas de los Colegios profesionales. Alfonso Brezmes se manifiesta encendidamente contra la misma de la siguiente manera “Pretender justificar que las cuantías de las normas orientativas de los respectivos Colegios Profesionales no son aplicables porque los Abogados del Estado no se ven obligados a hacer frente a gastos en que sí incurren los profesionales privados, tales como ´alquileres de despachos profesionales, amortización de su compra, sueldos de personal asalariado, suscripciones a ediciones profesionales, gastos de imprenta, limpieza, informática, cuotas de comunidad, seguros, suministros diversos, energía eléctrica, teléfono´(cito textualmente el anteriormente aludido Auto del Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos) supone desconocer, en primer lugar, que los ingresos de las costas abonadas por los particulares no se abonan a los Abogados del Estado intervinientes, sino que en cuanto que ingresos de derecho público, pasan a engrosar directamente las arcas públicas, es decir, el dinero de todos. Pero es que además, el argumento es tan infundado que olvida que la Administración del Estado, al igual que los profesionales que actúan ante los Tribunales, han de incurrir en gastos similares a aquéllos. ¿O es que las Administraciones públicas no han de pagar a sus funcionarios (los Abogados del Estado lo son, es decir, son empleados a su servicio, así como el personal auxiliar que les sirve de apoyo), abonar gastos de alquileres de locales, o amortizar los inmuebles de su propiedad? ¿Acaso están libres las Administraciones públicas de abonar los gastos de luz, teléfono o suscripción a ediciones profesionales? Es evidente que el más mínimo respeto del principio de igualdad de trato a las partes en el litigio exige la aplicación de baremos similares para cuantificar los gastos que tal proceso supone para aquéllas e impide de forma correlativa un trato desigual…”. En definitiva, vuelve a acogerse el tantas veces citado autor al principio de igualdad de partes. Ahora bien, dicha tesis admite varias matizaciones, cuales son las siguientes:

1.- En primer lugar, se parte falazmente de la igualdad de partes, cuando, como hemos indicado anteriormente, tal igualdad no existe ni tan siquiera a nivel legislativo, por la propia posición jurídica de la Administración, exorbitante al derecho común y que le convierte en un sujeto con inmensos privilegios jurídicos ante los Tribunales. No hablo ya de privilegios fácticos que, de hecho, conceden algunos Tribunales a la Administración.

2.- En un tour de force increíble se equipara a los letrados particulares no con los integrantes del Servicio Jurídico del Estado, sino con la propia Administración. Es decir, no se equipara a un defensor privado con un defensor público, sino a un defensor con una parte. Veamos, cuando un particular (o la Administración) contrata a un abogado privado contrata un servicio en el cual es el profesional quien asume todos los costes inherentes al servicio, costes que evidentemente repercute en el precio, norma elemental en una economía de mercado; en otras palabras, no es el cliente quien pone a disposición del Abogado una organización, sino a la inversa. Ahora bien, en el caso de la Administración ésta no contrata ningún servicio, sino que se sirve de su propio personal funcionario a quien dota con sus propios medios; en otras palabras, es el cliente quien pone su organización al servicio del profesional, sin que ello, además, le suponga coste adicional alguno, como justificaremos más adelante.

3.- Los integrantes del Servicio Jurídico del Estado se encuentran ex lege exentos de la colegiación obligatoria, cosa que no ocurre, por cierto, con otros profesionales como, por ejemplo, los médicos, a quienes se les impone ya trabajen en el sector privado o el público. Como puede verse, al igual que ocurre en la célebre Animal farm de Orwell, todos somos iguales pero unos son más iguales que otros.

4.- La referencia al hecho de que la Administración soporta los mismos gastos que un letrado particular está absolutamente fuera de lugar, y ello por varias razones:

A.- Esos gastos en cuestión (alquileres, luz, agua, bases de datos, etc) no se hacen ex profeso para los profesionales integrantes del Servicio Jurídico del Estado, sino en general para todo el empleo público. En otras palabras, no son ellos en exclusiva quienes se benefician de los mismos, sino todos los empleados públicos formen parte o no del Servicio Jurídico del Estado. Pongamos un sencillo ejemplo. La Abogacía del Estado en Asturias tiene dos sedes, unan en Oviedo, sita en la Plaza de España s/n y otra en Gijón, en la calle Anselmo Cifuentes número 13 – 4ª (son datos que extraigo de la propia página web del Ministerio de Justicia). Ahora bien, si uno realiza una labor de investigación comprobará que en el caso de Oviedo en la Plaza de España tienen su sede otras dependencias administrativas (como, por ejemplo, la Delegación del Gobierno) mientras que en Gijón curiosamente en la calle Anselmo Cifuentes número 13-4ª tiene su sede el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias, según consta en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En definitiva, que los Servicios Jurídicos del Estado se alojan en oficinas públicas que prestan Servicios ajenos estrictamente a la defensa procesal; a lo que debe añadirse que tampoco es preciso un cuerpo especial encargado de la defensa en pleitos dado que, por ejemplo, las Administraciones autonómicas y los Entes locales dotan sus Servicios Jurídicos con personal extraido de los cuerpos superiores que tengan la titulación en derecho.

B.- Esos gastos en los que incurre la Administración, que ha hemos visto no son tales, ya son satisfechos por los ciudadanos con sus impuestos, que sirven que la Administración destine tales ingresos a  entre los cuales, lógicamente, se encuentran las retribuciones de todo el personal a su servicio (entre los cuales se incluye el Abogado del Estado).

C.- Como puede deducirse de lo anterior, los medios de los que se sirven los Servicios Jurídicos del Estado son los mismos medios materiales de los que se sirve el resto de empleados públicos no encargados de la defensa de la Administración. Es decir, que incluso en el caso de que se redujese drásticamente el número de pleitos la Administración deberá seguir abonando servicios, suministros, alquileres y nóminas.

5.- La tesis enunciada y que aquí es objeto de crítica puede refutarse por reducción al absurdo, mediante una sencilla comparación con una situación análoga. Pensemos, por ejemplo, que el propio autor de la misma o (para evitar que el ejemplo pueda entenderse como ofensa, cosa que ni por asomo desea quien suscribe) el humilde redactor de estas líneas debe someterse a una intervención quirúrgica leve como, por ejemplo, la extirpación del apéndice y supongamos que no acudimos a una clínica particular, sino un hospital público. Pues bien, con amparo en la tesis del señor Brezmes, el cirujano que se ha encargado de nuestra intervención (a quien, por cierto, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes del Servicio Jurídico del Estado, la normativa le exige una colegiación obligatoria pese a trabajar formalmente para una Administración) podría exigirle los honorarios que al efecto aprobase el Colegio de Médicos porque, al fin y al cabo ¿No soportaría, al cabo, la Administración los gastos de amortización de material quirúrgico, quirófano, luz y personal auxiliar del cirujano (anastesista y celador)?

6.- A todo lo anterior podrían añadirse muchísimas otras consideraciones, como, por ejemplo, la posibilidad que tiene la Administración de habilitar a funcionarios superiores para la representación y defensa en juicio, expresamente admitida por el artículo 68 del Real Decreto 997/2003. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Asturias para pleitos en materia de tráfico, donde el Abogado del Estado jamás hace acto de presencia, siendo quien acude un funcionario de tráfico habilitado para ello, por lo que en principio no existe gasto alguno de defensa y representación, dado que a ese funcionario en cuestión hay que abonarle su nómina sí o sí.

En la célebre comedia Boeing Boeing, el incorregible playboy Bernard Lawrence (interpretado por Tony Curtis), que mantiene un romance con tres azafatas de diferentes compañías aéreas, le dice con todo desparpajo a su sorprendido amigo Robert Reed (Jerry Lewis): “Poseo todas las ventajas de la vida matrimonial y ninguno de sus inconvenientes”. Es muy cómodo tener todas las ventajas de la abogacía y ninguno de sus inconvenientes. Es muy cómodo estar exento de la colegiación obligatoria (con su inevitable secuela en forma de doble atraco: el inicial –cantidad a fondo perdido para acceder al colegio- y el continuo robo trimestral en forma de cuota colegial que si uno se para a sumar verá que suponen una cifra nada despreciable), no tener que abonar ningún tipo de gasto de alquiler ni suministro, tener un cliente exclusivo que paga religiosa y puntualmente las nóminas, que jamás discute la calidad del trabajo, y que ni por asomo exige ningún tipo de responsabilidad, concepto éste limitado al campo exclusivamente teórico sin que jamás trasciendan a la realidad. En definitiva, “poseer todas las ventajas de la profesión letrada y ninguno de sus inconvenientes”. Pero si en el séptimo arte todo el entramado montado por Lawrence se venía abruptamente abajo hasta el punto de tener que huir literalmente de su apartamento, mucho me temo que en la realidad jurídica, a veces más oscura y tenebrosa que los cuentos de William Hodgson, no tendrá el mismo final que la película.

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5 comentarios el “¿DEBEN LAS ADMINISTRACIONES SER BENEFICIARIAS DE LAS COSTAS CUANDO ACUDEN DEFENDIDAS POR FUNCIONARIOS? REFUTACIÓN A LA TESIS DE LA IGUALDAD PROCESAL.

  1. Sin entrar al fondo, solamente en lo que respecta al último párrafo….

    No tienes ni la menor idea de lo que dices cuando afirmas que el “cliente” “no discute la calidad del trabajo”.

    Es muy fácil hablar por hablar sin saber… yo he trabajado en los dos lados de la profesión, y te aseguro que la discrepancia, análisis de la defensa y critica a la calidad del trabajo es igual de intensa (o más) en la Administración que en la vida profesional con empresas.

    • Por desgracia, he tenido que buscar bastante y por pericia gugleana, localizar esta entrada del blog de Monsieur de Villefort y con la que estoy en totalmente de acuerdo. Y digo que es por desgracia, porque después de múltiples pleitos favorables para mí en lo contencioso-administrativo en los que lentamente han ido arrinconado la capacidad de auto representarme como funcionario (y ahorrarme unos buenos cuartos y asegurarme una presencia directa), a la vez que la inexorable e inagotable capacidad de pleitear ad infinitum de la Administración, con unos gastos para el erario público que casi siempre pasan desapercibidos, finalmente he salido derrotado y “condenado en costas”. Curiosa condena que jamás he visto indicada para la otra parte, la Administración, cuando perdía, que han sido unas cuantas. Mi abogado me lo pagaba yo, incluso procurador si era menester y si no estás contento te aguantas. Ahora, sin embargo, compruebo que el hecho de que un letrado funcionario deba o no girar a la parte condenada en costas es objeto de debate y además el debate es de gran profundidad y muy interesante.
      De todo lo leído, me parece evidente que quienes defienden que se imponga una especie de tasa o precio público por los gastos derivados de la defensa de la Administración, deberían establecer exactamente de qué costes estamos hablando en la Administración Pública en concreto. No todas son iguales y mucho menos, ninguna puede establecer con criterio ese detalle pormenorizado de cuánto coste supone defender a la Administración en un proceso: horas de letrado, horas de administrativo/as, costes indirectos de gestión, etc…Ojalá se conocieran esos costes directos e indirectos de todos y cada uno de los procedimientos administrativos (incluido éste), pero no es así. No hemos avanzado tanto en gestión administrativa como para poder establecerlo con unas mínimas garantías, y no estamos en el terreno privado, en el que esos costes quedan velados porque a nadie que contrata un abogado le interesa saber si paga mucho por el alquiler del local o no, lo que quiere es contratar a un abogado de valía, renombre y garantía, en el que depositar su confianza para llevar adelante el pleito. Por tanto, no son comparables la situación de la parte privada respecto a los letrados o abogados del Estado o funcionarios habilitados.

      También es cierto que si todos los “paisanos” nos dedicamos a pleitear contra las Administraciones Públicas a troche y moche, sabiendo que sale “gratis” perder (gratis por las costas, pero no evidentemente por el pago de tu propio abogado y procurador…) podría haber una tentación manifiesta a repetir, exigiendo a las Administraciones un esfuerzo enorme por dotarse de más letrados en plantilla o por incrementar las correspondientes partidas presupuestarias para hacer frente a la contratación externa de bufetes de abogados. Pero no lo creo, porque ya se ha encargado el ministro Gallardón de ponernos otro obstáculo más en la capacidad de defendernos cuando creemos que la Administración se ha pasado de frenada. Yo al menos, difícilmente me veré inmerso en otro pleito contencioso-administrativo, y con ello, me sumaré al coro cada vez más amplio de quienes creen que la Justicia en este país ha dejado de servir al ciudadano corriente, que no tiene capacidad económica suficiente para enfrentarse a pleitos largos, o más bien “alargados” por los letrados de la Administración, que abusan de su poder, de sus privilegios legales, y sobre todo de un presupuesto infinitamente superior al de sus contendientes. Y que luego no pierdas, y encima, como “gracia” de su señoría, te imponga costas, porque le ha parecido que era temerario en mi vehemencia.

      No voy a entrar demasiado en el aspecto de la calidad del servicio prestado por los letrados, y de la “crítica interna”, porque sólo conozco unos cuantos casos ajenos, como funcionario, en los que he visto poca capacidad de actuación, y sobre todo poca reflexión hacia adentro de las sentencias y de la jurisprudencia que se va creando. De las derrotas se debe aprender y sobre todo “hacer aprender” a esas unidades administrativas que actuaron mal. Esa parte no la veo nunca. Se pierde el pleito en lo contencioso y se acabó. Si el responsable del desaguisado en la unidad administrativa “causante” se da por enterado bien, pero no se le exigen responsabilidades. Hay pleitos que, en honor a la verdad, son “indefendibles” y que debiera aceptarse el error de inicio, especialmente si ha pasado por un recurso administrativo previo en el que había serias dudas. Pero cuando es a la inversa, es decir, “facilmente ganables” y se pierde, es cierta la sensación de abandonismo y poco celo por parte de los letrados. Injusta, seguro, pero existe. Hay que estar metido en pleitos en lo contencioso para darte cuenta de que hay una tercera parte, la principal, los jueces, que son los que tienen la última palabra, y no siempre aciertan.

      En resumen, que de equiparación público-privado no lo veo nada claro y que para poder girar esas costas con un mínimo de seriedad, deberíamos conocer exactamente qué parte variable del costo le corresponde a la Administración. Y todo ello me conduce a considerar que el símil propuesto de la operación en un hospital público es acertado, si bien, el contraejemplo de prácticas novedosas de imposición de tasas por rescate de montañeros que han desoído los mensajes de advertencia de Seguridad Ciudadana, también me parecen correctas. Habría que afinar mucho más las causas objetivas para imponer costas y los procedimientos de cálculo.

  2. Bien, si es únicamente por esa frase, no tendría inconveniente alguno en suprimirla, más que nada porque ello no invalidaría ni un ápice la tesis defendida en el artículo. No obstante, voy a ofrecer un ejemplo concreto y auténtico que es el que tenía en mente a la hora de incluir dicha frase: en determinado tipo de asuntos, en cierta ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme, el funcionario perteneciente al Servicio Jurídico del Estado jamás acude a defender a su cliente (aunque no por ello queda indefensa la Administración pese a que el asiento en los estrados quede vacío) situación que se prolonga desde la creación del juzgado de lo contencioso hace ya casi catorce años. No me consta que la Administración haya incoado no ya un expediente disciplinario para depurar las posibles responsabilidades y, en todo caso, detraer la parte proporcional de haberes por incumplimiento reiterado del trabajo, sino ni tan siquiera que se hayan abierto diligencias informativas sobre el particular. El que un letrado particular no acuda a defender a su cliente sin causa justificada no es que conlleve responsabilidad disciplinaria, sino incluso civil.

  3. En mi opinión los honorarios de los Abogados del Estado deberían estar regulados en una Ley específica y no regirse por los criterios de los colegios de abogados. Son, a la postre, ingresos públicos y, por ello, deberían estar regulados por Ley. En mi opinión tienen o deberían tener el concepto legal de tasa.

  4. Interesante post. Yo no suprimiría la referencia a la calidad del trabajo. Hay casos sangrantes de trabajo mal realizado. Me preocupa una cuestión, a saber: el funcionario no licenciado en Derecho puede perder ante la Administración, y ser condenado en costas; sin embargo, si actúa sin abogado, y gana, ¿la Administración debería abonar las costas (es decir: lo mismo que ella recibiría en caso de ganar)?

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