¿CUDILLERO O FALCON CREST?. REFLEXIONES SOBRE LA TERCERA ANULACIÓN JUDICIAL DE LA ELECCIÓN DE ALCALDE.

Cudillero

El pasado veinticuatro de septiembre de dos mil trece se hacía pública la Sentencia 1095/2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en el Procedimiento Especial para la Protección de Derechos Fundamentales número 669/2013 en virtud de la cual se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Foro Asturias y el Partido Popular (este último en su primera actuación ante los Tribunales de Justicia en este espinoso asunto) y se declara no ajustado a Derecho el Acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de 23 de agosto de 2013 que proclamaba alcalde del municipio pixueto a Luis Fernández Garay. Nos creemos excusados de relatar los antecedentes fácticos del caso, que ya expusimos en una reciente entrada que se elaboró de forma expresa como glosar del brillantísimo artículo que sobre este tema había realizado el profesor Miguel Ángel Presno Linera. Señalar únicamente que el señor Fernández Garay (que había visto cómo su anterior nombramiento fue anulado por la Sentencia 147/2013 de 6 de febrero de la Sala Primera del Tribunal Constitucional) fue elegido merced a una interpretación algo extraña del ordenamiento jurídico realizada por la Secretaria municipal, interpretación que de forma harto sorprendente encontró el aval, por ejemplo, del profesor Francisco Bastida e incluso del representante del Ministerio Público actuante en el meritado proceso judicial;  fiscal que, por cierto, es familiar directo de un antiguo Director General de Justicia del Principado de Asturias en la época de gobierno de Vicente Álvarez Areces.

La sentencia tiene diez folios de extensión, aunque realmente la fundamentación jurídica se contiene en el fundamento jurídico cuarto, que abarca tan sólo dos folios. Hemos de indicar varias cuestiones:

1.- Formalmente, cabe destacar que se constata el reiterado incumplimiento por la Sala del artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (“Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten”) que pasa así a convertirse en uno de tantos muertos vivientes que pululan por el ordenamiento jurídico patrio. En efecto, vemos que en la resolución, los “antecedentes de hecho” se limitan a las generalidades de rigor (“interpuesto el recurso contencioso-administrativo”, “se da traslado a la parte demandada”), mientras que si uno contempla los fundamentos jurídicos primero a tercero verá con estupor que los mismos contienen un relato que debería ser más propio de los antecedentes de hecho (en el caso de los fundamentos jurídicos primero y segundo, que se limitan a reflejar literalmente las pretensiones de las partes) y de hechos probados (caso del fundamento jurídico tercero, que significativamente comienza su redacción con la antológica frase de: “Como antecedentes del Acuerdo municipal impugnado…..”). En definitiva, que la fundamentación jurídica debiera reducirse a un apartado único, el cuarto.

2.- Partes procesales en liza. Existen dos demandantes, Foro Asturias (que es quien sostiene, como en las anteriores ocasiones, la acción principal ejerciendo como demandante la pretensión procesal de anulación del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de 23 de agosto de 2013 por el que se nombra Alcalde a don Luís Fernández Garay) y el Partido Popular, que por primera vez en todo este tiempo acude igualmente a la vía judicial adhiriéndose a la pretensión de Foro Asturias. Es curioso que el Ayuntamiento de Cudillero, única parte demandada en su calidad de autora del acto administrativo impugnado, la misma no se opone a la pretensión de los demandantes (el antecedente de hecho segundo de la sentencia constata que “Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, por la misma no se formularon alegaciones”), recayendo así la defensa del acto impugnado en el Ministerio Fiscal (representado en este acto por Alejandro Cabaleiro), el Partido Socialista Obrero Español y el principal afectado, Luís Fernández Garay, quienes solicitaron la desestimación del mismo. Confieso que ante esto no pude menos que evocar la reciente sentencia Hollingsworth v. Perry, hecha pública por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que rechaza por motivos estrictamente procesales la impugnación de la legislación californiana proscribiendo el matrimonio homosexual dado que la misma no fue defendida por el estado de California sino por los promotores de la misma y el tajante razonamiento del máximo órgano judicial de la federación estadounidense con el que se concluye la sentencia: “We have never before upheld the standing of a private party to defend the constitutionality of a state statute when state officials have chosen not to. We decline to do so for the first time here”.

3.- Fondo del asunto. El Tribunal Superior de Justicia parece no haber querido arriesgarse a verse contradicho por el Tribunal Constitucional en una tercera ocasión, y parte en su razonamiento de la recentísima Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de agosto de 2013. La tesis de las partes codemandadas y del Ministerio Fiscal (organismo este último que, por cierto, debería ser objeto de una profundísima reforma sobre todo si se pretende dotarle nada menos que de facultades instructoras), que, alineándose con la tesis de la Secretaria municipal, partían de distinguir entre elección ordinaria y elección “ex lege”.

Bien, partamos del análisis de la normativa aplicable, que no puede ser más que el artículo 198 de la Ley 5/1985 de 19 de junio del Régimen electoral General que, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 8/1999 de 21 de abril, establece que “En los supuestos distintos a los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante en la Alcaldía se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura.”. Hay una remisión, pues, en el caso que nos ocupa a las previsiones del artículo 196, dado que existe una vacante en la alcaldía que no se produce ni por haber prosperado una moción de censura (supuesto que regula el artículo 197) ni por la pérdida de una cuestión de confianza (artículo 197 bis). El artículo 196 establece que “En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”. El problema con el que nos encontramos en el presente caso es que el Alcalde elegido en el acuerdo del Pleno, don Luís Fernández Garay, había renunciado a presentar su candidatura a Alcalde en los siguientes términos: “don Luis Fernández Garay … renuncia a la candidatura para ser elegido Alcalde-presidente en la sesión plenaria que haya de celebrarse al efecto como consecuencia de la vacante ocurrida tras la renuncia del anterior Alcalde D. Gabriel López Fernández”; el problema es que la renuncia, una vez presentada, es irrevocable en los términos realizados, tal y como indicaba de forma expresa la tantas veces citada Sentencia constitucional de 6 de agosto. El problema es que la renuncia, válidamente emitida y aceptada, impide al señor Fernández Garay ser candidato a cubrir la vacante ocurrida tras la renuncia del “anterior Alcalde D. Gabriel López Fernández”, que es precisamente la que aún se está tratando de cubrir dado que, al haber sido anulados todos los nombramientos efectuados en sucesivos Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero por incurrir los mismos en vulneración de derechos fundamentales, ha de entenderse que tales actos, viciados de la causa de nulidad del artículo 62.1.a de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, han de entenderse jurídicamente como inexistentes y, por tanto, la vacante a cubrirse en la alcaldía pixueta todavía a fecha de hoy tras la anulación del Acuerdo Pleno de 23 de agosto de 2013, es precisamente la de don Gabriel López Fernández. Partiendo de la validez de la renuncia (aspecto éste en que la Sala se limita a reproducir la doctrina constitucional contenida en la sentencia constitucional de 6 de agosto) la sentencia rechaza las tesis esgrimidas por la fiscalía y por las partes codemandadas en el sentido de indicar la inoperatividad de la misma en los casos de elección ex lege, argumentando que: “…siendo en todo caso poco racional entender que por imperativo legal se debe imponer un cargo a quien ni siquiera puede presentarse a candidato a dicho cargo por no reunir los presupuestos exigidos por la propia Ley, toda vez que renunció y ni siquiera ocupa el primer puesto en la lista más votada, teniendo que renunciar otros concejales que le precedían hasta poder designarlo Alcalde y con ello llegar a la misma situación que dejó sin efecto la Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de agosto de 2013”. En definitiva, que el político es el animal que tropieza tres veces con la misma piedra.

El 19 de marzo de 1808 el rey Carlos IV, ante la presión ejercida por las masas populares que se habían amotinado contra el gobierno del favorito don Manuel Godoy, renunció a la corona en favor del príncipe de Asturias, que pasó a reinar con el nombre de Fernando VII. No obstante, pasado el susto inicial, Carlos IV dio marcha atrás y consideró como nula su renuncia por entender que la misma “le había sido arrancada”, es decir, que estaba viciada por encontrarse en el momento de efectuarla coaccionado por el populacho que había linchado a Godoy y encumbrado literalmente al príncipe Fernando al trono. Mucho me temo que en Cudillero se está repitiendo tan penoso espectáculo, con la salvedad de que los concejales que han renunciado no pueden esgrimir (o al menos no lo han acreditado) las circunstancias que rodearon la abdicación de Carlos IV. Los acontecimientos del 19 de marzo de 1808 finalizaron con la trágica farsa de las renuncias de Bayona. Veremos en qué acaba el culebrón de la villa Pixueta, digno a servir de base como guión para una serie televisiva al estilo de las clásicas y celebérrimas Dallas, Dinastía o Falcon Crest.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s