CUANDO EDUCACIÓN SE ESCRIBE CON MAYÚSCULA. CRÓNICA DE UN IMPECABLE ACTUAR DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA ANTE UNA INAPROPIADA ACTUACIÓN DE UN CENTRO PRIVADO DE BACHILLERATO.

1202381-._Version2

Cuando la Administración funciona correctamente de forma rápida, eficaz, y cuando además lo hace con un trato exquisito hacia el ciudadano e incluso llegando a formular una leve autocrítica tal actuar merece un reconocimiento público de gratitud. Es por ello que mediante la presente intervención deseamos contar una historia real como la vida misma donde se entremezclan la absoluta prepotencia inquisitorial de un centro educativo privado con la celeridad e impecable actuación, tanto en el fondo como en la forma, de la Administración educativa.

Demos, pues, comienzo a nuestra historia. Ubicación física: patio de un centro privado de bachillerato perteneciente a una institución religiosa antaño gloriosa y hogaño tan venida a menos que incluso un Sumo Pontífice se refirió expresamente a la degradación de la orden como “la descomposición del ejército”; situación temporal: tiempo del recreo matutino. Pues bien, en ese momento y lugar uno de los alumnos, en el fragor de una batalla deportiva profirió en voz alta un exabrupto mirando al aire.  Bien, reconozcamos sin paños calientes el hecho de que todos hemos obrado y obramos de la misma manera no sólo con la práctica sino con el mero visionado un deporte (baste la mera asistencia a un estadio o incluso en un establecimiento hostelero que retransmita cualquier tipo de evento deportivo para comprobar que los desahogos verbales del común llegan a cotas a veces inimaginables), sin perjuicio de lo cual la conducta en concreto puede ser evidentemente merecedora de un reproche verbal e incluso de una amonestación. Pero he aquí que la dirección del centro educativo, en un ejercicio absolutamente inquisitorial (quizá pensando que con tal actuar se estaría obrando Ad maiorem Dei gloriam), sin proceder a la apertura de expediente disciplinario alguno, sin ofrecer al interesado ni tan siquiera la posibilidad de defenderse aportando pruebas testificales de descargo,  procede nada más y nada menos que a privar al alumno de la asistencia a clase durante las dos últimas semanas del curso, pese a que los días en que se le vedaría el acceso al centro se impartiría docencia al alumnado para afrontar las Pruebas de Acceso a la Universidad. No sólo eso, sino que la “resolución” (por ser generoso con el calificativo jurídico, ya que, insistimos, no hubo ni procedimiento, ni instrucción, ni alegaciones, ni posibilidad de prueba de descargo) en que se comunicaba la adopción de la medida “correctora” era un disparate jurídico de tal calibre que uno no puede dejar de evocar aquellos versos del inmortal don Francisco de Quevedo: “Si el demonio tan mal su bulto guisa/el moharrache advierta, mendicante/que pretende dar miedo, y que da risa”: la firman  dos autoridades sin indicar cuál de ellas es la responsable del mismo, no contiene pie indicativo de los recursos que frente a la misma cabrían, no contiene incluso ni tan siquiera una identificación del hecho imputado (se habla únicamente de una “alteración contraria a las normas de convivencia” y a la “gravedad” de un hecho ¡¡¡¡¡sin indicar de qué hecho se trataba!!!!); y, para mayor rigor de la misiva, lo cierto es que se le sancionaba por un tipo infractor grave pero la sanción impuesta excedía con mucho las sanciones determinadas para dicho tipo de infracciones en el Manual de convivencia del centro en cuestión. Todo un ejemplo de caridad cristiana, vamos, en menos de medio folio de extensión en formato de letra Arial 12 y a doble párrafo.

Pero el centro no contaba con la férrea voluntad de la madre del alumno. La misma aceptó expresamente que el comportamiento de su hijo pese a no revestir una gravedad extrema sí era inadecuado e incluso merecedor reproche, pero ello en modo alguno justificaba una medida tan radical como la expulsión del centro durante un par de semanas, pues con ello se vulneraba nada más y nada menos que el derecho a la educación, razón por la cual interpuso por escrito una denuncia ante el Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias. Y en este caso la reacción administrativa no pudo ser más rauda y directa. La actuación del inspector encargado del caso fue inmediata, pues el mismo día que el asunto llegó a su mesa se puso en contacto telefónico con el centro para indicar que el proceder de dicha institución no sólo no era correcto, sino que suponía la vulneración de un derecho fundamental como era el de la educación. El propio funcionario actuante lo hace constar en el informe emitido al efecto, en el cual refleja que, sin negar la importancia de elaborar un informe completo, considera urgente entrevistarse con el director del centro educativo con el fin de instarle a dejar sin efecto la medida correctora, comunicando a la familia por vía telefónica y también por escrito que el alumno puede asistir de forma inmediata a las clases. No sólo eso, sino que inmediatamente evacuado dicho trámite el inspector se puso en contacto telefónico con la madre del alumno para informarle ipso facto de las actuaciones realizadas, volviendo a llamarle al día siguiente para comprobar si, en efecto, el director del centro había dejado sin efecto la medida. El agradecimiento de la madre en cuestión, para quien lo importante era única y exclusivamente que su hijo no fuese privado de las clases, queda incluso reflejada en el informe, donde consta que la misma manifestó su agradecimiento por la solución del conflicto y por el trato recibido del inspector. El informe jurídico elaborado por el Servicio de Inspección Educativa deja de manifiesto que la “resolución” del centro de enseñanza adolecía de unas carencias tan elementales tanto de forma (no indicación del hecho concreto que motiva la corrección, omitir el pie de recurso y medios impugnatorios, hechos éstos ya de por sí susceptibles de producir indefensión) como de fondo (inadecuación entre tipo aplicado y medida correctora impuesta) que la conclusión a la que se llega es que “son las ya expuestas irregularidades de fondo las que vician total y absolutamente la resolución denunciada, haciendo que la misma sea nula y carezca de eficacia por no ajustarse a derecho”. Pero lo que llama sobre todo la atención, y lo que agranda aún más a nuestros ojos la figura del funcionario que redactó el informe, es la sincera y amarga autocrítica que formula en los párrafos finales del mismo, autocrítica que hace precisamente en aras al principio de eficacia que ha de presidir todo actuar administrativo: “De haberse entregado la denuncia a cualquier Inspector o inspectora de entre los muchos que se encontraban prestando servicio ese día, con su mera lectura hubiese apreciado la gravedad que supone el privar a un alumno del derecho a la educación y hubiese evitado la perpetración del daño causado al alumno de forma antijurídica […] Esta forma burocratizada de funcionamiento no es la manera más eficiente de prestar nuestro servicio al ciudadano que nos lo demanda y que tiene derecho a recibirlo, ya que la Administración Educativa ha de actuar en todo momento con el principio de eficacia, tal y como prescribe el artículo 103 de la Constitución Española”. Me consta que la madre no sólo está muy satisfecha con el actuar administrativo y con su resultado (al fin y a la postre lo único que pretendía era que no se privara al menor de la asistencia a clase durante dos semanas simplemente por una expresión malsonante expresada al aire en voz alta), sino gratamente impresionada por el trato correctísimo que en todo momento se le dispensó no sólo por el Servicio de Inspección Educativa (en general y por el inspector actuante en particular), sino por todo el personal de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, aspecto éste que por mi cotidiano quehacer puedo confirmar que, en efecto, es así.

Los acontecimientos relatados en los párrafos anteriores permiten concluir que Educación, en este caso, puede escribirse con mayúscula. Porque la palabra “educación” no hace referencia sólo a la acción y efecto de educar, sino que en la cuarta acepción que al término da la Real Academia Española el término implica “cortesía, urbanidad”. En el presente caso la Consejería de Educación no sólo ha hecho gala materialmente de lo primero al provocar con su actuación que se dejase sin efecto una medida que suponía vulnerar el derecho constitucional que todo alumno tiene a la educación, sino que formalmente lo ha hecho con cortesía y urbanidad.

Anuncios

Un comentario el “CUANDO EDUCACIÓN SE ESCRIBE CON MAYÚSCULA. CRÓNICA DE UN IMPECABLE ACTUAR DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA ANTE UNA INAPROPIADA ACTUACIÓN DE UN CENTRO PRIVADO DE BACHILLERATO.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s