EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADOUNIDENSE: BREVE EXPLICACIÓN SOBRE EL SISTEMA PRESUPUESTARIO Y SUS EFECTOS.

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Los recientes acontecimientos que han tenido lugar en los Estados Unidos, donde la falta de acuerdo presupuestario entre la Cámara de Representantes y el Senado han provocado nada más y nada menos que el cierre controlado de la Administración (lo que en terminología estadounidense se denomina shutdown of Government), demuestra claramente la diferencia, tanto a nivel político como social, existente entre nuestro país y la república norteamericana. Conviene que tengamos bien claro lo que ocurre porque el público no familiarizado con el ordenamiento norteamericano puede estar un poco desorientado.

Comencemos por nuestro país. La Constitución española establece entre las atribuciones de las Cortes generales la de aprobar los presupuestos, algo que curiosamente el artículo 66.2 de la norma fundamental contempla como una función distinta de la legislativa y de control de gobierno. En materia presupuestaria, el precepto básico es el artículo 134, donde distingue entre la elaboración de los presupuestos, que corresponde al Gobierno (quien deberá remitir el proyecto al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de la expiración de los del año anterior), y la aprobación, enmienda y aprobación, que corresponde a las Cortes. Tales presupuestos tienen carácter anual, no obstante lo cual si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. No hay, pues, vacío alguno en tanto en cuanto la ausencia de presupuestos (documento en el que, no olvidemos, se contemplan no sólo el techo o volumen de gasto, sin la previsión de ingresos) se suple por la prórroga automática de los del ejercicio anterior, lo que permite a todos los organismos públicos continuar su actividad como si nada ocurriera. El ejercicio fiscal comienza a nivel presupuestario, de forma ordinaria, el uno de enero y se prolonga hasta el treinta y uno de diciembre, es decir, que coincide con el año natural.

No ocurre lo mismo en los Estados Unidos donde, para empezar, existe una primera diferencia en cuanto el año fiscal no comienza el uno de enero, sino el uno de octubre, finalizando el treinta de septiembre del año siguiente (esto es así desde el año 1976, dado que anteriormente el año fiscal comenzaba el día 1 de julio); nada, pues, de coincidencia con el año natural. Llama igualmente la atención la inexistencia en el texto constitucional americano de una previsión constitucional que contemple de forma expresa la materia presupuestaria salvo la breve referencia contenida en el párrafo 7 de la sección novena del artículo primero, donde, al regular las atribuciones del Congreso, estipula: “No se detraerá cantidad alguna del Tesoro salvo como consecuencia de las asignaciones autorizadas por la Ley; deberá publicarse con carácter periódico el estado de ingresos y gastos públicos”. Debe acudirse, pues, a la legislación presupuestaria a la búsqueda de sus principios y competencias, y la persona que, interesada por el tema, se ponga a investigar comprobará que la misma no es precisamente muy novedosa, pues se encuentra integrada por la Budget and Accounting Act de 1921 y la Congressional Budget and Impoundment Control Act de 1974 (esta última con un origen ciertamente curioso, pues se aprobó por el Congreso para reaccionar frente a las actuaciones del presidente Richard Nixon). El proceso es bien sencillo: al igual que en nuestro país, es el Presidente quien debe remitir el proyecto presupuestario al Congreso, hecho que la legislación le impone unos límites muy concretos: entre el primer lunes de enero y el primer lunes de febrero. El procedimiento presupuestario es lento, y de ordinario finaliza con una normativa, la denominada appropiation legislation, que es la que autoriza el gasto público. Dicha normativa ha de ser aprobada para que entre en vigor al inicio del año fiscal, es decir, el primero de octubre. La diferencia que existe entre nuestro país y el nuestro es que en los Estados Unidos no existe ex constitutione prórroga presupuestaria, y sí una prohibición constitucional de detracción de fondos públicos en ausencia de ley expresa. Por tanto, la no aprobación de la legislación de gasto determina automáticamente la prohibición de echar mano del dinero existente en las arcas públicas. ¿Quiere ello decir que todos los servicios públicos quedan automáticamente en suspenso? Una aclaración y una respuesta. La Administración estadounidense no es tan invasora de la vida privada de los individuos como su homóloga continental, dado que la sociedad norteamericana contempla con recelo todo cuanto suponga intervencionismo público. Pues a esta pregunta responde la Antideficiency Act, norma que data nada más y nada menos que del año 1870 (aunque reformada ulteriormente en varias ocasiones) que dispone, para el caso de inexistencia de acuerdo presupuestario, quedan automáticamente en suspenso todas las operaciones administrativas, salvo lógicamente las que sean estrictamente necesarias por causa de situaciones de emergencia; y hay determinados colectivos –como, por ejemplo, las fuerzas de seguridad o law enforcement officers- que continuarán, en su gran mayoría, prestando sus servicios. Todo esto no es más, claro está, que un resumen a vuela pluma de la situación existente en casos de ausencia presupuestaria. El lector interesado puede encontrar una exposición más detallada en el breve análisis que el 18 de febrero de 2011 hiciera Clinton T. Brass con el significativo título de Shutdown of the Federal Government: Causes, Processes, and Effects.

¿Cuál ha sido en el presente caso la causa inmediata de esta falta de acuerdo? Pues la negativa de los republicanos a aprobar las cuentas públicas si el presidente Obama no se replantea la ejecución del vulgarmente denominado “Obamacare”, es decir, llevar a efecto las previsiones de la Patient and Affordable Care Act, que obliga a toda la población a contar con un seguro sanitario que cuente con las coberturas mínimas estipuladas en el texto legal. Como siempre, la prensa española, excitada hasta extremos realmente impensables con la simple mención de Obama, presentan la situación como una especie de pulso de los republicanos contra el bienintencionado presidente. Ni tan blanco ni tan negro, y conste que la expresión nada tiene que ver con tintes raciales, sino con el célebre aserto que dice que entre el blanco y el negro hay una inmensa gama de grises. El Presidente tiene sus prerrogativas que en ocasiones utiliza para lograr sus objetivos frente a un legislativo hostil, quien a su vez también puede utilizar sus potestades para intentar dejar sin efecto decisiones presidenciales (que se lo digan al republicano Andrew Johnson). Pues bien, la Cámara de Representantes, que actualmente cuenta con una mayoría republicana, ha utilizado esta medida de presión como baza para que el Presidente se replantee su legislación sanitaria, cuya constitucionalidad salvó in extremis el Tribunal Supremo a finales de junio del año pasado en una sentencia en la que el magistrado clave para avalar la adecuación a derecho de la misma fue el chief justice John Roberts.

Una última referencia a los efectos de esta situación en el Tribunal Supremo. Éste ha hecho pública una nota de prensa indicando que continuará desempeñando sus funciones con total normalidad cuando menos hasta el once de octubre, fecha hasta la cual las puertas Tribunal estarán abiertas para todo el público en su horario habitual, algo que ha manifestado en los siguientes términos: “The Court will continue to conduct its normal operations through October 11. The Court building will be open to the public during its usual hours, and the Court will hear the scheduled oral arguments.  A further update will be provided in the event the lapse of appropriations continues beyond October 11”.

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Un comentario el “EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADOUNIDENSE: BREVE EXPLICACIÓN SOBRE EL SISTEMA PRESUPUESTARIO Y SUS EFECTOS.

  1. Muy bueno el análisis. No terminaba de entender lo que ocurría, pero me ha quedado claro. La cuestión ahora es ¿Cuanto tiempo puede durar esta situación? ¿Tanto como los contendientes quieran seguir batiendose?

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