LA INFORMACIÓN DE UN CASO EN LA PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL SUPREMO NORTEAMERICANO: EL CASO DEL ESPIONAJE TELEFÓNICO.

Seal of the United States Supreme Court

Una de las posibilidades más interesantes que nos ofrece la página web del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es la de seguir cronológicamente un caso, de tal manera que de un vistazo podemos saber en qué fecha se presenta una solicitud, cuando se da trámite a la misma y en qué fecha se presentan los escritos de oposición, entre otras cosas. Ello nos permite verificar el altísimo grado de celeridad que preside el funcionamiento de una institución que goza tan solo de nueve magistrados.

Pongamos un ejemplo práctico a raíz de un caso en el cual subyace un asunto de gran calado político y social dado que afecta a la intimidad de las personas. Es de todos conocido que la National Security Agency (es decir, la Agencia de Seguridad Nacional) tiene ciertas atribuciones para la intervención de determinadas conversaciones telefónicas. En concreto, la Foreign Intellligence Surveillance Act aprobada en 1978 (cuyo promotor, por cierto, fue el senador demócrata Edward Kennedy), aunque modificada ulteriormente en varias ocasiones y muy especialmente tras los atentados del 11-M, establece los procedimientos a seguir para la captación de conversaciones telefónicas, electrónicas e incluso en determinadas ocasiones registros físicos. El ámbito de aplicación se circunscribe a lo que la norma denomina “foreign powers” y “foreign intelligence information”, es decir, que claramente limita la potestad de actuación a gobiernos o autoridades foráneas o información de servicios de inteligencia de otros países.  La ley permite dos tipos de intervención de las comunicaciones. La primera, sin necesidad de intervención judicial, por la simple autoridad del Presidente quien puede autorizar, por medio Attorney General, la vigilancia de conversaciones telefónicas, si bien esta facultad presidencial tiene una doble limitación, tanto objetiva (únicamente puede utilizarse con la finalidad de obtener información de inteligencia extranjera) y temporal (plazo de un año). Ahora bien, existe una segunda posibilidad, que es la intervención de las comunicaciones mediando la previa autorización judicial, a cuyos efectos la normativa legal creó un tribunal específico, la Foreign Intelligence Surveillance Court. Dicho Tribunal lo integran once jueces (inicialmente eran siete, pero el número se elevó ulteriormente a once) nombrados por el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para un mandato de siete años, siendo requisito esencial para poder formar parte de dicho tribunal el ser juez federal y que al menos tres de los integrantes no residan a una distancia superior a treinta y dos kilómetros del Distrito de Columbia, sin que en ningún caso el juez que ha ocupado el cargo en dicho órgano pueda ser reelegido. Las reuniones y deliberaciones del Tribunal son, obviamente, secretas, dado que han de manejar un material muy sensible que evidentemente puede afectar a la seguridad nacional. Los recursos frente a las decisiones del Foreign Intelligence Surveillance Court las conoce otro tribunal creado ad hoc, en concreto el Foreign Intelligence Surveillance Court of Review, integrado por tres jueces federales nombrados de igual manera por el Presidente del Tribunal Supremo. De igual manera, la normativa legal habilitante no sólo establece unos órganos judiciales, sino incluso una supervisión legislativa a través de los Comités respectivos de la Cámara de Representantes y el Senado.

Pues bien, con este marco normativo ha estallado el escándalo de las escuchas telefónicas e informáticas que ha llevado a cabo la Agencia de Seguridad Nacional a través del programa de vigilancia que tiene encomendado. Una entidad privada, en concreto la Electronic Privacy Information Center, acude al Tribunal Supremo de los Estados Unidos argumentando que la Agencia de Seguridad Nacional se ha excedido de las potestades que le han sido atribuidas y, por ello, solicita se ponga fin al programa de vigilancia. Pues bien, si uno acude a la página web oficial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos veremos que en lo referente a este caso específico, denominado In Re Electronic Privacy Information Center, podremos comprobar que el mismo ha sido tramitado con el número 13-58 el día 11 de julio de 2013; que la petición inicial fue presentada el día 8 de julio de 2013 y que el plazo inicial de oposición a la misma finalizaba el día 12 de agosto, plazo que fue ampliado hasta el día 11 de septiembre mediante orden del Tribunal Supremo fechada el 8 de agosto; que los días 9 y 12 de agosto se presentaron alegaciones por parte de amici curiae, que el día 7 de octubre una nueva orden del Tribunal amplía el plazo de contestación hasta el 11 de octubre, que el día 7 se ha recibido en el órgano judicial carta de los letrados del recurrente, y que en el plazo límite del 11 de octubre la representación de los Estados Unidos presentó el escrito oponiéndose a la solicitud. No sólo eso, sino que si uno desciende en esa pestaña podrá comprobar cómo en la misma se contienen los nombres y los datos de las partes (lo que incluye nombre, dirección completa, teléfono y correo electrónico) así como las de sus letrados. Vamos, lo que se dice una información completa y rigurosa del caso.

La página web del Tribunal Supremo también contiene las sentencias publicadas durante el último año, así como la edición digital de los Bound Volumes, que vienen a ser como nuestros antiguos volúmenes de recopilación jurisprudencial de los Aranzadi.

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