EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES: LA LENTA AGONÍA DE UNA PROFESIÓN.

Procurador

Vaya por delante que mantengo (y espero seguir manteniendo después de la publicación de este post, que no está presidido por animadversión personal alguna ni hacia el colectivo ni hacia ninguno de sus integrantes) relaciones de amistad, en algunas ocasiones muy estrechas, con un gran número de procuradores, todos ellos sin excepción grandísimos profesionales que realizan su cotidiano trabajo con una dedicación, empeño y esfuerzo dignos de reconocimiento. Pero si quien suscribe es bastante pesimista con el futuro de la propia abogacía (unas reflexiones quizá algo tétricas sobre el futuro de la profesión las plasmé con líneas bastante negras hace ya tiempo en un post titulado La soledad del abogado individual), lo es aún mayor con la de la procuraduría, una profesión que, como tantas otras e incluso como muchos oficios, se mantienen por pura inercia histórica que la propia evolución tanto de la sociedad como de los avances tecnológicos llama a una inevitable extinción. Es lógico y entendible que todo un colectivo luche hasta la extenuación por su supervivencia, pero lo cierto es que muchos de los argumentos que se utilizan, si bien pueden calar y tener predicamento en un lego en la materia, es evidente que quien posea un mínimo conocimiento de cómo funciona la Administración de Justicia española no puede, desde el más profundo respeto, compartir.

Tomemos a título ejemplificativo la entrevista que el pasado lunes día 14 de octubre el diario El Comercio realizaba a la decana del Colegio de Procuradores de Gijón, en la cual ésta indicaba que el eliminar la figura del Procurador supondría, en líneas generales, volver a la justicia del siglo XIX: su desaparición colapsará el sistema de notificaciones y obligaría a volver al formato papel, lo que generaría retrasos que irían en perjuicio del propio ciudadano. Bien, creo que en este sentido habría que hacer varias reflexiones desde el punto de vista estrictamente técnico:

1.- Sobre la necesidad ex lege de la figura del Procurador. Creo que la refutación más clara a la obligatoriedad de la figura del procurador la contiene precisamente el Informe de la Comisión Nacional de la Competencia IPN 96/2013 al Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Procuradores), que puede resumirse en esta rotunda frase: “La CNC recomienda que el órgano proponente indique la razón por la cual los ciudadanos y empresas, españolas y extranjeras, con plena capacidad jurídica ante la práctica totalidad de las administraciones en la Unión Europea, no pueden representarse a sí mismos ante la Administración española de Justicia. La posibilidad, que no obligación, de representarse sin intermediarios permitiría reducir costes y favorecería la competencia”. En definitiva, que el informe aboga no por la supresión de la figura, sino por otorgar a la misma un carácter estrictamente potestativo, es decir, que la opción de utilizar un procurador se configuraría como una facultad y no como un deber. Pero otra de las razones de peso que aduce la Comisión Nacional de la Competencia para eliminar la obligatoriedad de su figura es que la misma constituye una singularidad en el ámbito europeo: “España es el único país de nuestro entorno en el que existe este sistema de representación procesal obligatorio. Un sistema que implica que, a diferencia del resto de servicios públicos en la UE, el ciudadano o la empresa no pueda relacionarse directamente y por sí mismo con una Administración española, en este caso la Administración de Justicia”. Somos, pues, la excepción y no la regla general. Es más, si acudimos al ámbito norteamericano, veríamos como desde su primera norma procesal, en concreto la Act to establish the Judicial Courts of the United States, promulgada el 24 de septiembre de 1789, la regla general era que incluso la defensa técnica podía ser asumida por el mismo interesado. En concreto, la Sección 35 de dicho precepto establecía que “That in all the courts of the United States, the parties may plead and manage their own causes personally or by the assistance of such counsel or attorneys at law as by the rules od the said courts respectively shall be permitted to manage and conduct causes therein”. En el Reino Unido, tampoco existen los procuradores, aunque la profesión letrada se encuentra dividida entre solicitor y barrister, donde sólo estos últimos están facultados para la defensa ante los Tribunales.

A mayor abundamiento, existen sectores del ordenamiento donde el procurador ha desaparecido de iure y otras donde lo ha hecho de facto. Por ejemplo, en la jurisdicción social ha desaparecido de iure la obligatoriedad del procurador en todas las instancias, mientras que en el orden contencioso-administrativo se convierte en facultativa la asistencia de dicho profesional ante los órganos unipersonales; en efecto el artículo 23 de la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa establece que “En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones”; la jurisdicción social va más allá, porque elimina incluso la obligatoriedad de la defensa letrada en la instancia y en el recurso de suplicación, dado que el artículo 18 de la Ley 36/2011 de la jurisdicción social se sitúa más en la órbita de la benemérita normativa estadounidense, al estipular que “Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social o colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”, precisando el artículo 21.1 de dicha norma que “La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado”. Si a ello añadimos que en el orden penal los procuradores jamás acuden a las vistas orales, limitando su actividad a la fase instructora, podremos observar que de facto han desaparecido en buena parte del procedimiento, cuando menos en una ciertamente decisiva.

El mantenimiento de la obligatoriedad del procurador no encuentra, pues, ninguna justificación estrictamente técnica, más allá de la pura inercia histórica.

2.- Sobre el impacto en la Administración de Justicia. Una hipotética conversión en facultativa de la figura del Procurador entiendo (es una opinión estrictamente personal) que no sólo no conllevaría un retraso en la Administración de Justicia. Pensemos que ahora las notificaciones procesales se hacen por vía electrónica, y es presumible que el Procurador se limite a reenviar la notificación al letrado, siendo así que sería mucho más práctico que se remitiera directamente a éste. Es cierto que el Procurador hace una labor de control de plazos procesales, pero incluso hasta en esto ciertos órganos unipersonales les han hecho un flaquísimo favor, como una reciente Sentencia de un juzgado unipersonal de Gijón que, apartándose en este sentido de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declara que el Abogado es responsable igualmente del control de los plazos procesales.

La jurisdicción social es la más ágil dentro de la Administración de Justicia; personalmente en el orden contencioso-administrativo jamás he utilizado procuradores en las actuaciones ante órganos unipersonales, y puedo asegurar que los procedimientos no tienen una duración mayor o menor que en los supuestos en que sí se utiliza a un profesional de la procura.

Se avecinan grandes cambios en la Administración de Justicia, un campo en el que aún perviven muchos principios y normas que miran más al siglo diecinueve que al veintiuno; y no son sólo los procuradores, sino los propios letrados quienes sufriremos en nuestras carnes el imparable proceso de reconversión. La organización de la actual planta judicial, algunos de los procedimientos, determinadas instituciones procesales, ciertas funciones son inexplicables en un contexto como el actual, y únicamente pueden comprenderse pensando en la época de promulgación de las normas que las instituyeron. No obstante, debe tenerse en cuenta que por más parches o remiendos que se pongan a un traje viejo, no puede pretenderse acudir con éste a una reunión de gala, y hoy por hoy eso es lo que ocurre a la Administración de Justicia española: pretende acudir a una fiesta vestido de gala con un traje lleno de remiendos. Debe acometerse una meditada y profunda reflexión sobre el particular, y situar la Justicia (con mayúsculas) española a la altura del siglo XXI, y en modo alguno pretender perpetuar en el tiempo principios caducos y superados (y en esto, por cierto, el orden contencioso-administrativo se lleva la palma). Pueden existir reticencias o desconfianzas respecto a ciertos avances (hace poco un magistrado me decía (muy educadamente, eso sí) que “no veía la utilidad de que se presentasen los documentos en soporte CD” -estábamos hablando casi de doscientos folios-; algún que otro juez continúa redactando las sentencias en folio y a bolígrafo) pero la modernización de la Justicia es algo imparable. Ello conllevará, querámoslo o no, en un corto periodo de tiempo a que la propia inercia de los tiempos arramblará de forma irremediable con la obligatoriedad de la figura de los procuradores (entre otras cosas porque mucho me temo que  la propia Unión Europea lo exigirá más tarde o más temprano) de la misma manera y  de la misma forma que lo hará con los despachos individuales de abogados, el ochenta por ciento de los cuales acabarán desapareciendo a medio plazo, bien a causa de la crisis económica o bien a consecuencia de la profunda reconversión que conllevará el realineamiento asociativo de muchos profesionales en medianos-grandes bufetes para competir con la OPA hostil que los grandes despachos están haciendo y que amenaza con borrar del mapa el pequeño abogado al igual que las grandes superficies han arramblado con el pequeño comercio.

Para finalizar, quisiera ilustrar este post con una pequeña anécdota. En el preludio de la Zarzuela El último romántico, una voz lejana entona su canto: “El aguador…..el aguador…” Se trataba de un oficio que, por cierto, en las grandes ciudades españolas tenían monopolizados emigrantes asturianos. Sería contrario a la lógica de los tiempos pretender hoy en día perpetuar la figura del aguador, como lo sería perpetuar la del lechero, el carbonero o incluso el mítico butanero (que no butanito), como sería contrario a la lógica que nos iluminásemos con velas, nos desplazásemos en diligencias o el correo lo transportase un jinete del pony express. Desgraciadamente, y por muy doloroso que sea, no podemos luchar contra el paso del tiempo, aunque éste se lleve nostálgicos, entrañables y muy gratos recuerdos.

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9 comentarios el “EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES: LA LENTA AGONÍA DE UNA PROFESIÓN.

  1. ESTIMADO SR, CON TODO EL RESPETO A SU OPINIÓN, YO OPINO TODO LO CONTRARIO. ES COMPRENSIBLE QUE EL QUE NO TIENE NI IDEA DE CÓMO ES EL DÍA A DÍA EN LOS JUZGADOS (PARTICULARES Y ABOGADOS QUE SÓLO ACUDEN AL JUZGADO PARA SENTARSE EN ESTRADOS A DEFENDER EL PLEITO QUE, POR OTRA PARTE, ES VERDADERAMENTE SU COMETIDO) CONSIDERE QUE LA PROFESIÓN DE PROCURADOR NO TIENE SENTIDO O QUE SE SUSTITUYE CON UN CORREO ELECTRÓNICO;POR EL CONTRARIO, LOS QUE VIVEN EN LOS JUZGADOS (JUECES, SECRETARIOS JUDICIALES Y DEMÁS FUNCIONARIOS) SABEN DE LO NECESARIOS QUE SON LOS PROCURADORES. RESPECTO AL INFORME DE LA CNC A QUE ALUDE, CREO QUE ESTÁ TOTALMENTE DESVIRTUADO DESDE EL MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE DE DICHA COMISIÓN QUE TANTO HA CARGADO CONTRA LA PROFESIÓN DE PROCURADOR ,FICHA ESTA MISMA SEMANA POR UN DESPACHO DE ABOGADOS (VIVA EL VINO EN ESTE PAÍS DE PANDERETA).
    SI ACUDIMOS A LA TECNOLOGÍA PARA SUPRIMIR PROFESIONES LE PUEDO ASEGURAR QUE LA DE ABOGADO, JUEZ Y CUALQUIERA QUE SE QUIERA PUEDE DEJAR TAMBIÉN DE EXISTIR, PUES ESTÁ TODO INVENTADO Y CON UNA MÁQUINA EXPENDEDORA COMO LAS DE REFRESCOS SE PUEDE OBTENER UNA DEMANDA; ASÍ COMO LA RESPECTIVA SENTENCIA QUE RESUELVA EL PLEITO; ES DECIR, SI ACUDIMOS A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS CREO QUE SÓLO SOBREVIVE BILL GATES.
    UN SALUDO Y SIN ACRITUD.

  2. Con todo el respeto, no puedo compartir sus opiniones. He llevado muchísimos pleitos con procuradores (como dije en el post, todos ellos grandísimos profesionales y de gran calidad humana) y otros tantos (laborales en todas sus instancias y contenciosos ante órganos unipersonales) sin utilizar procurador, y puedo asegurarle con la mano en el corazón que no he encontrado diferencia sustancial en ambos, ni en cuanto a su tramitación ni en cuanto al plazo de resolución del asunto. Respecto al informe de la CNC, orillando el hecho de que el informe no lo elabora el presidente per se ni en exclusiva, hay un dato que no ha sido desvirtuado y sobre el que no veo que usted haya realizado reflexión alguna: España es el único país europeo donde existe dicha figura, por lo que es de presuponer que más tarde o más temprano la Unión Europea acabará tomando cartas en el asunto. Y es cierto que cuando cualquier ciudadano con capacidad de obrar puede comparecer por sí mismo ante cualquier Administración (artículo 30 de la Ley 30/1992) no deja de ser extraño que en la Administración de Justicia no se le permita dicha posibilidad. Tampoco deja de ser extraño que, si aceptamos como hipótesis que la figura es necesaria, en determinados órdenes jurisdiccionales (y algunos tan sensibles como la rama social) y en determinados procedimientos no se contemple como preceptiva.
    Guste o no, la modernidad deja tras de sí numerosas profesiones y oficios respetables, como algunos que mencioné en el post y tantos y tantos otros.
    Dicho lo cual, comprenderá que si veo con tan negras tintas la propia persistencia de gran parte de los abogados individuales (entre los cuales me encuentro), no pueda dejar de ver muchísimo más negro el futuro de la procuraduría. Y otro colectivo que la modernidad debería llevarse es el de los Colegios profesionales, entes auténticamente caducos y decimonónicos que debieran pasar cuanto antes a mejor vida, pero esto ya es otro tema.
    Muchas gracias por su comentario, y un cordial saludo.

  3. ESTIMADO SR, ANTE TODO GRACIAS A USTED POR EL DEBATE ABIERTO. EVIDENTEMENTE NO ESTAMOS DE ACUERDO EN EL TEMA PERO ELLO NO OBSTA A QUE NUESTRAS OPINIONES PUEDAN SER EXPUESTAS Y ARGUMENTADAS LIBREMENTE Y CON RESPETO.
    EN CUANTO AL TEMA DE QUE LA SUPRESIÓN DE LA PROFESIÓN DE PROCURADOR VIENE DE EUROPA LE PUEDO ASEGURAR QUE EN BÉLGICA, PAÍS EN DONDE SE ENCUENTRA LA CAPITAL DE EUROPA, EXISTE LA PROFESIÓN DE HUSSIER (como en Holanda, Francia y algún que otro país) EL CUAL TIENE EL MONOPOLIO DE LA NOTIFICACIÓN DEL PROCESO (¿le suena?) Y LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y OTROS TÍTULOS EJECUTIVOS.
    POR OTRA PARTE ,CRÉAME QUE EL INFORME DE LA CNC OBEDECE A PRESIONES DE ESOS FAMOSOS CUATRO DESPACHOS GRANDES (LOBBIES, uno de los cuales ha fichado a su presidente que supongo que algo pintaba defendiendo públicamente el referido informe o, a lo mejor, tiene usted razón y no pintaba nada sólo posicionarse para un futuro que ya es preesente) QUE ASPIRAN A CONVERTIR LA JUSTICIA ESPAÑOLA EN SU CORTIJO PARTICULAR, PERO COMO SIEMPRE SUCEDE EN ESTE PAÍS NOS PILLA CON EL PASO CAMBIADO, PUESTO QUE EL CONSEJO DE EUROPA HA EFECTUADO UNA RECOMENDACIÓN (CEPEJ 2009 11 REV2, ESTRASBURGO, 9-10 DE DICIEMBRE DE 2009) A SUS ESTADOS MIEMBROS EN LA QUE INSISTE EN LA NECESIDAD DE QUE LOS HUISSIERS O AGENTES DE EJECUCIÓN EUROPEOS ASUMAN LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LAS PARTES, ES DECIR, AQUÍ CON NUESTROS COMPLEJOS QUERIÉNDONOS CARGAR LO QUE YA TENEMOS MIENTRAS EN EUROPA ABOGAN POR LA CORRIENTE CONTRARIA RECOMENDANDO QUE LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA SEA ASUMIDA POR LOS REFERIDOS PROFESIONALES.
    UN SALUDO Y UN PLACER DIALOGAR CON USTED.

  4. Estimada Macarena:
    Agradezco su intervención, pero me afirmo y ratifico en mis posturas, y ello por las razones que a continuación le expongo:
    1.- En cuanto a la profesión del Huissier. Ha tenido la habilidad de mencionar los únicos países (Francia y los integrantes del antiguo Benelux) en donde, en efecto, existe la categoría profesional del Huissier de Justice. Ahora bien, la peculiaridad de su existencia radica en que, cito textualmente el trabajo que sobre esta figura realizó Francisco Javier Puyol Montero: “En Francia, pero también en el Benelux, la administración no dispone, como en algunos países, de todas las prerrogativas que se suelen atribuir al Estado. Esta particularidad queda especialmente ilustrada por la transferencia a los «Huissiers de Justicia»de la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas, en materia civil, por las distintas instancias jurisdiccionales. La iniciativa de la ejecución que corresponde tradicionalmente en muchos países a los únicos funcionarios públicos queda reservada en Francia al «Huissier de Justicia», aunque compartida con cierta categoría de funcionarios encargados del cobro de las deudas fiscales”. Es decir, que las funciones que realizan en esos cuatro países dichos profesionales (notificaciones y ejecución de resoluciones judiciales) las realizan en nuestro país los funcionarios públicos, precisamente porque las funciones que el Huissier presta en los países donde efectivamente existe son funciones públicas, que en España por ministerio de la ley están reservadas a funcionarios públicos. De hecho, tal figura es desconocida no sólo en el derecho anglosajón, sino en gran parte de los países del sistema continental, pese a que, como he indicado, existe en los cuatro que usted ha mencionado (y, le añado yo, en Québec derivado quizá de la influencia francesa en dicho lugar por contraposición al sistema anglosajón que pervive en el resto del Canadá) y con las peculiaridades anteriormente mencionadas.
    En resumen, que el huissier realiza funciones públicas (notificaciones y ejecuciones) que en nuestro país están reservadas a los funcionarios de la Administración de Justicia.
    2.- Insisto en un hecho que puedo asegurarle sinceramente que, por doloroso, es cierto: cuando he llevado pleitos laborales en todas sus instancias (primera instancia, suplicación, casación y ejecución) así como contencioso-administrativos ante órganos unipersonales (instancia y ejecución) y en la que no utilicé los servicios de ningún Procurador, no he observado ningún tipo de diferencia respecto a los pleitos en los que sí iba con dicho profesional, más que la derivada de que la presentación de los escritos y el control de los plazos era responsabilidad mía.
    3.- Por otra parte, ¿Cómo reaccionaría usted si para presentar cualquier solicitud ante una Administración pública (solicitar una licencia, impugnar una denuncia por infracción de tráfico, o la simple presentación de cualquier liquidación tributaria) la normativa le impusiese obligatoriamente presentarla a través de un representante, como un gestor administrativo? Sería absolutamente ridículo, pues poseyendo plena capacidad de obrar uno mismo puede presentar solicitudes en su propio nombre y representación. En la Administración de Justicia no, se impone la representación por tercero.
    4.- Respecto al informe de la CNC, salvo que me demuestre que lo redactó personalmente el Presidente y se responsabilizara en exclusiva de su contenido, creo que la acusación que usted hace es, cuando menos, matizable. En primer lugar, porque la elaboración de dicho informe no lo hacen normalmente los órganos administrativos, que se limitan a aprobarlo, sino el personal técnico, es decir, los funcionarios adscritos al órgano en cuestión. En segundo lugar, porque la aprobación no corresponde al Presidente, sino al Consejo, que lo integran diez miembros.
    5.- Por último, no se está hablando por suprimir la figura del Procurador, sino en convertirla en potestativa. De hecho, como indiqué en el post principal, en la jurisdicción social el ciudadano puede asumir no ya su propia representación, sino incluso su propia defensa, (salvo en recurso de suplicación –exige comparecencia cuando menos de graduado social- y casación –exige defensa letrada-). Sin embargo, y pese a ser potestativa su intervención, es sumamente inusual que comparezcan sin asistencia letrada. Considero, por tanto, que la simple conversión en facultativa de la representación mediante procurador no debería ser perjudicial si, como usted sostiene, en efecto realizan funciones imprescindibles.
    Insisto en que se avecinan tiempos muy difíciles no sólo para la procura, sino para la propia Abogacía, y no creo que muchos de mis compañeros que sobreviven en su pequeño despacho puedan resistir a su vez las acometidas que reciben por todos los flancos (crisis económica, especialización, y OPA hostil de grandes despachos).
    Un saludo

  5. No siendo persona que considere que una instituciòn es mejor o peor por los paises que las adopten, si me parece relevante su necesidad e importancia. Necesidad que conlleva la justificaciòn de obligatoriedad, y que parece no darse y cada vez menos, pues como R. de Villefort dice, en los òrdenes social y contencioso no se da, y funcionan igualmente, es màs, en el orden social de la forma màs agil, y cuando hablamos del orden contencioso, es posible que nos estemos refiriendo al orden mas complejo en lo que a notificaciones se refiere. Entonces como justificamos una obligaciòn, es decir una imposiciòn al justiciable, que le supone un desembolso adicional, cae a caso en indefensiòn al no estar representado por procurador?, parece ser, por lo visto en los ôrdenes antecitados que no es así. ¿Es entonces una barbaridad que se tienda a una voluntariedad en el uso de la procura? En mi opiniòn no, pues no deja indefenso a todo justiciable.
    Ampararse en que nos llevarìa a una justicia del Siglo XIX, es ampararse en una instituciòn històrica y por lo dicho no necesaria, para justificar una justicia futura, en la que debe primar el apoyo tecnològico y no fìsico, y que bajo ningùn concepto conlleva una automatizaciòn de la justicia, como se ha comentado, pues la necesidad del ser humano en el proceso, viene dada por cuestiones de fondo y no de forma, la notificaciòn se puede automatizar, la decisiòn y las exposiciones precisan de la persona. Ahora bien, en situaciones determinadas la procura es conveniente para determinados justiciables, pero en mi opiniòn dentro de la libertad de opciòn, que parece que es el destino que se marca, con independencia, pues no es relevante, de quien impulse la reforma.

  6. Soy procurador y me siento cada día más inútil pasándome la tarde renviando las notificaciones al letrado, que tiene que esperar a que yo me pueda desenvolver de todas las notificaciones recibidas en un mismo día y muchas veces las tiene que recibir el abogado el día siguiente, cuando las podría recibir directamente. Me siento inútil sentado al lado del abogado en cada juicio, mientras el cliente se pregunta que estás pintando allí. Además, todo el sistema de seguridad montado en torno al correo lexnet, queda desprotegido a partir del momento que lo recibe el procurador, que ya manda la notificación por e-mail “ordinario” . Y cuando ya esté operativo el sistema de presentación de escritos por lexnet, más de lo mismo pero al revés, desprotegido el envío hasta que llega al procurador y luego protegido de modo exquisito cuando lo remite al Juzgado. No obstante esto no tiene inportancia, pues al final técnicamente todas las comunicaciones por internet se podrán blindar, tambien el e-mail ordinario…., se podrán blindar si se pretende que asi sea, con los márgenes aunque mínimos, esperemos, que siempre habrá de inseguridad. Lo que en en esencia veo absurdo es que toda la información tenga que pasar a través de un ordenador intermedio, o varios; colegio, procurador…. Para actuar ante la Administración no se exige y sí ante la Justicia, con el agravante de que en la Justicia ya existe un profesional del que generalmente no se puede prescindir; el abogado…. Que hacemos algunas otras cosás útiles?, es verdad, pero eso no justifica una profesión en que lo principal de la tarea en la intermediación innecesaria, ni que se imponga al justiciable la carga de pagar a dos profesionales, ni de pagar a ninguno, si se conforma solo con el Juez, que tambien sabe de Derecho, pero en fin, ya sabemos que si vas a juicio sin letrado, poco puedes hacer.
    Cosa distinta es predecir que va a ser de esta sociedad dónde las máquinas están acabando con tantas profesiones antes útiles y que convierte a la mitad de la población en parasitaria, si no existe un mecanismo de redistribución de la renta que producen esa máquinas, que solo van a manejar unos cuantos, que aunque ya existen; sistemas de pensiones y pagas de todo tipo del Estado….., dónde el idividuo se siente y de hecho es exluido del sistema y no es feliz, sistema que por la voracidad y avaricia de los monopolios legales y fácticos, está amenazado de muerte.
    Aparte de tantas variedad de profesiones útiles del pasado, siempre han existido profesiones inútiles y hasta eran necesarias para conseguir la redistribución de la renta productiva y eran bien vistas porque eran asumibles. El problema actual es que nadie está dispuesto a pagar, ni muchos pueden pagar servicios que no le son necesarios.

  7. El curso de la historia es inevitable y esta camina hacia nuestra extinción,podremos retardarlo pero es inevitable a la larga nuestra desaparición, al menos en los términos en los que los concebimos ahora, quedarán algunos procuradores pero será residual, lo digo con todo el dolor de haber dedicado 32 años en cuerpo y alma a esta profesion.

  8. Disiento bastante de su opinión. Usted cita un informe del CNC, yo le puedo remitir a los informes del Consejo de Estado o del CGPJ en los que ambos se posicionan a favor de mantener la incompatibilidad entre el abogado y el procurador, por no hablar de los numerosos apoyos que ha recibido la procuraduría de los jueces, abogados, secretarios judiciales o funcionarios.
    No sé qué volumen de pleitos llevará usted en su despacho, pero yo le puedo asegurar que muchos abogados que conozco reconocen que si tuvieran que estar todos los días en los juzgados para notificarse (no todas las notificaciones son vía telemática), para presentar escritos, para informarse sobre cómo marcha un determinado procedimiento… no tendrían tiempo para realizar su trabajo. Está claro que si hablamos con un abogado que acaba de empezar o que lleva pocos asuntos y le sobra el tiempo nos dirá que no nota la diferencia entre llevar procurador o no por razones evidentes, pero para un abogado que tiene una gran cartera de clientes el procurador cumple una función esencial.
    Pues bien, dice usted que propone hacer facultativa la intervención de procurador, genial. Imaginemos que el cliente no quiere tener procurador porque piensa que así se ahorrará dinero (no puede haber otro motivo por el que decida prescindir del procurador), muy bien, entonces alguien tiene que hacerse cargo de la representación procesal y sólo hay dos opciones:
    1. Que sea el abogado el que ostente la representación procesal: no nos engañemos, la minuta que va a tener que pagar el cliente al final va a ser la misma o incluso mayor que la que tendrá que pagar si cuenta además con procurador. El abogado no trabaja gratis (como es lógico) y va a cobrar un porcentaje de dinero extra por llevar la representación procesal, como de hecho ya se hace en los pleitos en los que no es preceptivo el procurador. Como ya le he explicado antes, esta opción sería factible sólo para los letrados que lleven pocos asuntos porque es evidente que para los que llevan gran número de pleitos es una carga de trabajo excesiva hacer el trabajo de dos. Por otro lado, el resultado final para el cliente va a ser igual o incluso peor: a) porque va a tener que pagar lo mismo o más y b) porque probablemente al ser una sola persona la que realiza dos funciones (representación y defensa) el procedimiento probablemente se hará más lento y menos ágil. Y no me pongo a hablar aquí del gran colapso y gasto económico que puede suponer implementar el LexNet a las decenas de miles de abogados si al final se les permite ostentar la representación procesal…
    2. Que sea el propio cliente el que lleve a cabo esta función: sí, es la otra opción, y también podemos automedicarnos cuando estemos enfermos en vez de ir al médico, o también podemos sacar la llave inglesa y ponernos en plan “manitas” a arreglar los desperfectos de las tuberías en vez de llamar al fontanero, o, por no irme tan lejos, el propio cliente se puede sacar un modelo de una demanda de internet o de un libro y rellenar con sus datos y… voilà! ya tenemos el escrito listo y para presentar al juzgado, ya ni nos hace falta abogado, fíjate tú que listos somos en España, que lo sabemos hacer todo. Oiga, yo creo que hay que ser serios, cada uno cumple su función y un procurador (le guste o no) es un profesional del Derecho al igual que un abogado, ¿está usted seguro que el cliente va a saber los plazos de cada procedimiento o va a saber siquiera dónde buscarlos o cómo computar plazos dependiendo del orden jurisdiccional? ¿está usted seguro que el cliente (que tendrá su vida laboral y personal) va a estar pendiente de ir todos los días al juzgado para ver como marcha su procedimiento? en definitiva, ¿está usted seguro que el cliente va a tener los conocimientos jurídicos suficientes para llevar a cabo la función de un profesional del Derecho? pues yo sinceramente pienso que no.
    Un saludo.

  9. Obligar a ser representado por Procurador en las actuaciones ante los Tribunales de Justicia es igual que si a todo propietario de un coche se le obligara a conducirlo mediante un chofer y no lo puediera conducir él mismo. Si existiera esa normativa del chofer el que pidiera su desaparición por ilógica saldrían los choferes diciendo que ellos son grandes profesionales, que evitan accidentes, que se perderían muchos puestos de trabajo si dejaran de ser obligatorios… En fin, los procuradores NO puden imponer si o sí su prestación de servicios. Esto es un abuso y Europa más pronto que tarde NO lo va a permitir.

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