JUSTICIA EN ÉPOCA DE AUSTERIDAD: IMPRESCINDIBLE CONFERENCIA DE LORD NEUBERGER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DEL REINO UNIDO

Lord Neuberger

Gran Bretaña ha sido pionera en bastantes acontecimientos relativos tanto a la garantía de las libertades individuales como a la formación y desarrollo del estado de Derecho. Fue en Inglaterra donde por vez primera se sometió al poder real a limitaciones en virtud de la Magna Charta arrancada al rey Juan I en 1214. Fue en Inglaterra donde tuvo lugar a principios del siglo XVII un enfrentamiento entre Jacobo I, en su intento de acrecentar las prerrogativas regias, y el juez Edward Coke en su defensa del common law y de los derechos garantías individuales al recordar que ni tan siquiera el propio monarca se encontraba por encima de la ley. Fue en Inglaterra donde tuvo lugar la primera revolución moderna, la Glorious Revolution de 1688, que depuso al monarca Jacobo II para entronizar al príncipe Guillermo de Orange, y fue un año más tarde en ese mismo país donde por vez primera se consagra en un texto escrito una moderna declaración de derechos en el Bill of Rights. Fue igualmente en el ya Reino Unido de Gran Bretaña donde se inició el procedimiento de parlamentarización de la monarquía y donde se consolidó un sistema, el del rule of law, que en 1885 Dicey contraponía orgulloso al sistema de droit administrative en su imprescindible Introduction to the study on the law of the Constitution.

Quizá por ello sea no solo necesario, sino imprescindible la lectura del discurso que, con el título Justice in an age of austerity, pronunció el pasado 15 de octubre de 2013 Lord Neuberger, Presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido. Y ello porque en realidad su conferencia excede con mucho lo que título presupone y contiene interesantísimas reflexiones generales sobre el estado de Derecho en general que trascienden a la mera coyuntura actual para erigirse en una especie de principios informadores o inherentes al propio concepto.

Conviene tener muy en cuenta la primera de las afirmaciones de Lord Neuberger, porque sirve para erradicar muchos tópicos sobre el estado de Derecho o rule of law, muchos aún identifican simplemente como imperio o gobierno de la ley en contraposición al gobierno de los hombres que caracterizaba el Antiguo régimen. Ahora bien, como muy lúcidamente señala el conferenciante, ello no es así, pues tal acepción implica definir un estado con Derecho, más no un estado de Derecho, para cuya existencia se requiere mucho más: “En su acepción más básica, la expresión se refiere a un sistema bajo el cual las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos así como las de éstos entre sí se rigen por las leyes. Esto es rule by law, pero el rule of law requiere más que eso. Primero, que las leyes sean libremente accesibles, lo que implica no sólo accesibilidad, sino que las mismas sean tan comprensibles como ello fuese posible. Segundo, las leyes deben satisfacer ciertos requisitos: deben asegurar la ley y el orden de una manera efectiva mientras garantizan el due process, deben proteger a los ciudadanos sus derechos fundamentales frente al estado, y deben regular las relaciones entre los individuos de una manera justa. Tercero, los derechos deben hacerse efectivos: a no ser que el derecho al debido proceso en el enjuiciamiento criminal, el derecho a la protección frente a abusos del estado o el derecho frente a otro ciudadano se haga efectivo, el mismo como tal no existe”. En definitiva, que para poder hablar de la existencia real de un estado de Derecho se requieren no sólo leyes accesibles y comprensibles, sino que los derechos garantizados sean auténticamente efectivos y no meras fachadas que únicamente sirven de cobertura o de excusa para rellenar folios y folios de papel. Si un derecho no se hace efectivo no existe como tal y, en consecuencia, el estado de Derecho se resquebraja. De igual manera, Lord Neuberger reduce las tareas del Estado a dos únicos puntos: “Los dos únicos deberes del Estado son la defensa del mismo frente a invasiones foráneas y el mantenimiento interno del rule of law. Son fundamentales. Si no estamos a salvo de invasiones o el estado de derecho se resquebraja, entonces la seguridad, la salud y la educación pierden todo su valor o se devalúan”. De ahí la importancia fundamental de asegurar ese mantenimiento efectivo del estado de derecho a nivel interno.

¿Cómo define el magistrado el término “justice”?. Pues otorga al mismo dos acepciones: la más amplia la asimila al propio concepto del rule of law, mientras que la más restrictiva la limita al derecho del ciudadano de acceso a los Tribunales para hacer efectivo su derecho. En otras palabras, la primera acepción es más idealista o utópica al vincularse implícitamente con conceptos metajurídicos, mientras que la segunda es más realista y apegada a la realidad, pues queda limitada a garantizar el derecho de todo ciudadano a acudir a los órganos judiciales en defensa de sus derechos, ya sea frente a un particular o frente a un poder público. No obstante, el juez pone el dedo en la llaga con una frase que debería quedar grabada a fuego en la mente de todos los gobernantes: “Detecto dos problemas reales en relación con la justicia, pero ambos pueden resumirse en una palabra: accesibilidad; tanto a la ley como a los Tribunales”. La ley debe ser accesible, pues “Los ciudadanos no pueden obtener justicia si no pueden verificar fácilmente cuáles son sus derechos y deberes”. Ahora bien, ello no implica la mera facilidad de acceso al texto de la ley, dado que hoy en día ello es virtualmente posible para cualquiera a través de la red, sino que esa accesibilidad ha de referirse igualmente al contenido de la misma, es decir, ha de ser comprensible. Aquí el autor se detiene con citas de ejemplos referidos a la legislación inglesa, tras lo cual el autor reconoce que la vida es hoy en día más compleja, no obstante lo cual “ello en lugar de disminuir aumenta las necesidades de simplicidad en la legislación. Muchas de las leyes que se aprueban tienen su causa en que las actuales son menos que perfectas”. La crítica de Lord Neuberger no se centra sólo en el legislador, puesto que “los jueces podemos mejorar también. Con frecuencia somos algo prolijos […] Es también importante que los jueces aseguremos, tanto como nos sea posible, que tanto el common law como el derecho escrito sea tan simple y claro como sea posible”.

Junto con la claridad en la legislación, se requiere para la efectividad de un auténtico estado de derecho que exista un libre acceso a los Tribunales en defensa de los derechos. “Los tribunales existen para resolver conflictos y para garantizar derechos, y para ello deben hacerlo en público. Por ello, los juicios penales no pueden celebrarse a puerta cerrada. Incluso cuando el acusado se declara culpable, el público tiene el derecho a saber qué ha ocurrido. Y cuando el poder público nacional o local se excede en sus potestades y trata injustamente a alguien, el interés general exige que se dilucide en un juicio público”. No quisiera, como última glosa de este importantísimo discurso, dejar de referirme al elogio que el presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido dedica a la judicatura inglesa y a las razones que, en su juicio, hacen que ésta sea una de las mejores, y se refiere expresamente al hecho de que los más experimentados juristas prácticos ocupen los estrados como jueces.

Uno no puede más que echarse a llorar cuando trata de aplicar tales reflexiones a nuestro país, porque si cruzamos los datos entre requisitos o exigencias para hablar de estado de Derecho y práctica cotidiana la conclusión es que el Preámbulo y el artículo 1.1 de la Constitución se convierten en auténtico papel mojado o, en el más piadoso de los casos, en ciencia ficción o, más propiamente, derecho-ficción. Comprobémoslo:

1.- Simplicidad de las leyes. Tenemos unos textos legales cuyo volumen es inversamente proporcional a la sencillez. Se trata de textos sumamente extensos y materialmente amazacotados, confusos y redactados con una técnica legislativa deplorable. No me resisto a transcribir una cita de Alejandro Nieto, en concreto la frase final del epígrafe “un legislador atropellado” que incluyó en el trabajo La Administración de Justicia y el Poder Judicial, publicado en el número 174 (septiembre-diciembre de 2007) y en la que se refería a un proyecto de Ley Orgánica de reforma procesal: “Un pedrisco normativo acompañado de masas ingentes de dictámenes e informes cuya sola lectura agobia a los parlamentarios, aterra a los prácticos, abruma a los estudiantes, desconcierta a los ciudadanos y reconforta a profesores y comentaristas que ya están preparando un aluvión de escritos exegéticos, críticos y apologéticos que nadie podrá dominar en muchos años: más, en todo caso, de los que tardará el atropellado legislador en volver a poner en marcha su máquina de imprimir leyes”. Si a ello añadimos normas algo más recientes como la Ley 2/2011 de 4 de mayo de Economía Sostenible o del Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de  julio (del cual, por cierto, los profesores Jesús González Pérez y Francisco González Navarro dicen: “de cuyo nombre, no es que no queramos acordarnos, es que renunciamos –por inútil- al esfuerzo de memorizar las cuatro líneas del BOE que emplea el legislador para expresar en una rúbrica su contenido”) pues queda todo dicho. Con estos simples ejemplos prácticos uno puede comprobar qué lejos queda en nuestro país esa “accesibilidad” referida a leyes técnicamente comprensibles por cualquier ciudadano. Y es que, con la voracidad de un legislador diarreico y con una normativa técnicamente confusa el ciudadano no puede ser consciente de sus derechos (que quizá sea precisamente lo buscado por un poder público cada vez más invasor de la esfera privada de los individuos) y, con ello, uno de los pilares o columnas esenciales del estado de Derecho se resquebraja.

2.- Acceso a la justicia. En este punto concreto el retroceso ha sido atroz. Nadie con un mínimo de sentido común niega hoy que la Ley 10/2012 de 20 de noviembre impulsada por el actual ministro Alberto Ruíz Gallardón (que parece haber hecho de la misma algo estrictamente personal, al igual que en su día lo hizo José Luís Corcuera con la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana, y en concreto con el célebre precepto que autorizaba lo que popularmente se llegó a conocer como “patada en la puerta” o “corcusutra”)  dificulta sobremanera el acceso a los Tribunales, al haber sido aprobada con un nada indisimulado animo recaudatorio. En una época como la actual donde la crisis golpea de forma inmisericorde, y donde únicamente los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita están exentos subjetivamente de la tasa (eximir a las Administraciones y al Ministerio Fiscal es una burla da tal calibre que se califica por sí misma), limita el acceso a la justicia (con minúscula) a quienes o nada poseen o a quienes por tener medios ilimitados (Administraciones y grandes fortunas) pueden permitírselo, vedando el acceso al resto de ciudadanos, la nuevamente sufrida clase media que parece ser el objeto de escarnio de todos los ejecutivos. El antaño conocido como “poder ejecutivo” debiera transmutar su nombre en “poder ejecutor”, sin que el antaño conocido como “judicial” pueda servir de mucha ayuda para garantizar los derechos de los individuos, y no sólo por impedirlo una legislación caótica y confusa que permite las interpretaciones más diversas, sino porque al vedar en la práctica el acceso a la justicia se quiebra otro pilar o fundamento del Estado de Derecho.

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