HORNE v. ISAACSON: EL TRIBUNAL SUPREMO DEBATIRÁ SI ADELANTA LA «VIABILITY LINE» FIJADA COMO LÍMITE EN EL CASO ROE PARA PERMITIR O PENALIZAR ABORTOS.

Arkansas

El 22 de enero de 1973 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su célebre sentencia Roe v. Wade [410 U.S. 113 (1973)] donde por una mayoría de siete votos frente a dos se declaraban contrarias a la Constitución federal las leyes penales que tipificaban como delito la interrupción voluntaria del embarazo. De entre los siete magistrados que votaron favorablemente se encontraban tres de los cuatro designados a propuesta del presidente Nixon: el chief justice Warren Burger, Harry Blackmun y Lewis F. Powell. Sorprendió el furibundo voto particular discrepante del magistrado Byron White (designado a propuesta del demócrata John Kennedy) al que se adhirió William Rehnquist. La sentencia, redactada por Harry Blackmun (debido al prestigio que había adquirido como asesor jurídico de la clínica Mayo previamente a adquirir la condición de magistrado), se ampara jurídicamente en el “right of privacy”, y realiza una cuidada ponderación entre la protección de la salud de la madre y el interés del Estado en proteger al nasciturus. Así, durante el primer trimestre de la gestación el Estado carece de potestad alguna para invadir esa privacidad, de tal forma que la decisión de continuar con el embarazo o poner fin al mismo es libérrima de la mujer; sin embargo, en el tercer trimestre, prevalece el interés del Estado en proteger al feto, de tal manera que en este último trimestre sí podrían proscribirse penalmente los abortos.

El aborto es, junto a la pena de muerte y el derecho a la libertad de armas uno de los puntos de conflicto entre las escuelas jurídicas norteamericanas. Desde entonces, Roe v. Wade se ha convertido en el punto de mira de toda una corriente que desea poner fin al mismo, así como un foco de preguntas comprometidas a todo potencial aspirante a magistrado del Tribunal Supremo federal, a quien inevitablemente en los hearings ante el Comité del Senado se le interroga expresamente sobre esta materia. El caso estuvo a punto de pasar a mejor vida en 1992, cuando llegó al Tribunal Supremo el caso Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania et. al. v. Robert P. Casey [505 US 833 (1992)], donde una amplia mayoría inicial había abogado por dejar sin efecto la doctrina Roe, aunque una maniobra de última hora de David Souter logró que Anthony Kennedy, conservador y católico practicante, modificase su parecer y salvase in extremis a Roe, que continuaba así como landmark case. Desde entonces la doctrina que vio la luz a comienzos de 1973 se ha mantenido y, sin perjuicio de que el Tribunal Supremo ha admitido restricciones a la misma, ha rechazado dejar sin efecto la misma.

Pues bien, un nuevo caso sobre este polémico asunto ha llegado de nuevo al Tribunal Supremo. En concreto, nos referimos al asunto Horne v. Isaacson. Todo comenzó hace año y medio, el 12 de abril de 2012, cuando el gobernador de Arizona aprueba una modificación legislativa de los Arizona Revised Statutes, cuya entrada en vigor se había previsto para el día 2 de agosto de 2012 pero que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió cautelarmente el día antes en tanto en cuanto no se resolviese la impugnación judicial que cuestionaba la constitucionalidad de la norma. El texto legal penalizaba la práctica del aborto si el embarazo había alcanzado las veinte semanas de gestación, excepto en casos de “emergencia médica”, que en contra de lo que pudiese parecer no se trata de un concepto jurídico indeterminado, sino de un término definido legalmente como “situación que, sobre la base del juicio médico, complica la condición médica de la mujer embarazada hasta el punto de necesitar una inmediata interrupción el embarazo para evitar la muerte, o cuyo retraso crearía un riesgo serio o sustancial e irreversible en sus funciones corporales mayores” . Un grupo de tres ginecólogos interpusieron en julio de 2012 una demanda en el juzgado federal del distrito de Arizona solicitando se les eximiese de aplicar la nueva normativa, pero rechaza sus pretensiones. Sin embargo, apelada tal resolución el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial en la sentencia Isaacson v. Horne , hecha pública el pasado 21 de mayo de 2013, revoca la sentencia de instancia y, amparándose en Roe, declara inconstitucional la normativa al entender que la Constitución no permite al estado de Arizona prohibir el aborto antes de que el “feto sea viable”, lo cual aún no tiene lugar en la vigésima semana. El pasado día 27 de septiembre de 2013 se formalizó el escrito de certiorari. Tres cuestiones jurídicas se plantean, de las cuales la primera radica en determinar si el órgano de apelación erró al fijar como único criterio para determinar la constitucionalidad de la ley la “línea de viabilidad” establecida en el caso Roe, orillando otros “significativos intereses públicos”; pero lo realmente importante es la tercera de las cuestiones, que ponen el dedo en la llaga al pedir no una derogación, pero si una rectificación de los límites temporales establecidos en tal precedente, pues la tercera cuestión jurídica a debatir se ha planteado de la siguiente manera: “En el caso de que el Noveno Circuito haya actuado correctamente aplicando el precedente Roe v. Wade, si tal precedente deben modificarse a la luz de pruebas recientes que acreditan, en el caso de los abortos practicados tras las veinte semanas de gestación,  la existencia de dolor fetal y un aumento significativo de riesgo para la salud de la madre”. Como se ve, los recurrentes han tenido la habilidad de no tocar el núcleo esencial de la doctrina Roe, pero sí de pedir abiertamente la mutación temporal de la frontera fijada hace ya cuarenta años por Harry Blackmun en el caso Roe, adelantando el límite de permisividad/prohibición en tres semanas (de la vigésimo tercera a la vigésima)

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