EL ASUSTADO TOQUE A REBATO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ANTE LA POSIBLE SUPRESIÓN DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

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El Consejo General de la Abogacía Española, ante la existencia ya en firme del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales  y el anuncio en firme de suprimir la colegiación obligatoria como norma general, ha decidido tocar a rebato y llevar a la portada del número 81 (septiembre-octubre de 2013) de Abogados precisamente este tema, al que dedica, además, un extenso editorial de cuatro páginas en que el que de forma nada disimulada late el temor a la pérdida de privilegios más que de los propios entes corporativos de la élite que los gobierna con mano de hierro. Como no podía ser menos, la revista del Consejo se opone rotundamente a la desaparición de la colegiación obligatoria y a la pérdida de competencias colegiales. El problema es que lo hace con algunos argumentos que son, cuando menos y por ser generoso con el calificativo, peculiares. Para empezar, se indica que el proyecto en cuestión “parte de prejuicios injustificados frente a la organización colegial”, lo que se traduce en todo el desarrollo legislativo. Dejando de lado que esos perjuicios no sólo no tienen nada de injustificado sino que en muchos casos responden a una realidad más que objetiva, no deja de ser extraña la oposición de las élites a que se deje en libertad al profesional de optar o no por incorporarse a un gremio determinado. Si los Colegios profesionales son, en efecto, una especie de panacea o paraíso terrenal para sus integrantes, la mera conversión en potestativa de la incorporación al mismo en nada les perjudicará, dado que si en efecto, la relación coste/beneficio es favorable a esta en nada cambiará la situación por convertir la actual obligación en una mera potestad. Pero cuando uno es consciente de que una corporación percibe determinadas cantidades en concepto de cuotas que en muchas ocasiones son una especie de impuesto revolucionario porque no se otorga nada a cambio, uno entiende que el temor comience a roer el núcleo duro de este tipo de entidades herederas directas del gremialismo medieval.

Pasemos al primer punto, la colegiación obligatoria. El autor del editorial dice textualmente que “La colegiación debe ser obligatoria para realizar cualquier actividad propia del abogado, con independencia de la naturaleza jurídica de su relación con el cliente. La no colegiación implicaría una falta de control deontológico y disciplinario, una inacción frente al desvío del ejercicio profesional”. Yo me pregunto por qué la representación de la Abogacía no elevó queja o protesta alguna cuando la normativa estatal permitió que las Administraciones se sirviesen para su defensa de personas no integradas en los colegios profesionales pero que, curiosamente, giran sus minutas basándose en criterios orientadores aprobados por una corporación de la cual no forman parte. En este caso se excluye la colegiación en función de la personalidad del cliente para quien el profesional presta sus servicios (la Administración) quien asumirá a su vez las facultades disciplinarias sobre su propio personal; y ello dejando de lado el hecho público y notorio de que el ejercicio de facultades disciplinarias de la Administración sobre su personal existe únicamente sobre el papel, pues en la realidad brilla por su ausencia. Pero el argumento de la inacción y falta de control deontológico se puede desmontar por reducción al absurdo. Respecto a la inacción y falta de control disciplinario, pongámonos en el caso de ejercicio de cualquier profesión no titulada y exenta de colegiación obligatoria (pensemos en profesionales de la electricidad, de la fontanería) ¿implica este hecho per se que el integrante de la misma que ejerce una actividad por cuenta propia está inmune frente a toda acción y, en consecuencia, el usuario del servicio se encuentra desprotegido? En cuanto a las normas deontológicas, dejando de lado las obligaciones estrictamente jurídicas (que como tal pueden ser controladas por la propia Administración o por los Tribunales) muchas de las normas son más bien píos deseos o meras estipulaciones de carácter moral que son inoponibles en Derecho (por ejemplo, el deber de actuar con “cortesía”).

Segundo punto. “Tampoco existirá una organización capaz de proteger a esos profesionales frente a determinados clientes. El amparo deontológico que frente a imposiciones de clientes puede ofrecer la organización colegial sólo beneficia a los colegiados, no a terceros”. Este argumento sólo es válido para quien vea los toros desde la barrera, pero a quien contemple la situación desde el albero del quehacer cotidiano este razonamiento sólo produce, en función del estado de ánimo en que se encuentre el lector, o una profunda indignación o una hilaridad extrema. Determinados colegios profesionales encuentran su inspiración en el principio quieta non movere, otros por alinearse sistemáticamente con el “justiciable” frente al profesional, y en las contadísimas ocasiones en que éste acude al organismo solicitando amparo recibe el clásico gesto del celebérrimo procurador romano en Judea. Ejemplos conozco a centenares, y seguro que cualquier abogado también, en que las instituciones teóricamente representativas de los intereses profesionales miran para otro lado, y frente a ataques procedentes de todos los lugares (Ministerio de Justicia, la propia Administración de Justicia) la respuesta es siempre un elocuente silencio, cuando no la de “no metas al Colegio en esto”.

Tercer punto. “Es relevante la supresión de la regla que la colegiación debe producirse en el Colegio del lugar donde se ubique el domicilio profesional único o principal del interesado”. Bien, teniendo en cuenta que desde hace más de una década el principio que rige es el de colegiación única sería indiferente el lugar donde un aspirante a abogado decida colegiarse. Es más, incluso pueden intervenir para ello factores de pura economía, dado que, pese a que por ley los colegios no pueden percibir por la inscripción de nuevos letrados más que el coste real de las gestiones tendentes a ello, las cantidades que perciben por este concepto las distintas corporaciones son de lo más variopinto; véase, por ejemplo, el artículo que sobre el tema publicó el pasado día 18 de junio de 2013 el diario Expansión, donde revela que las diferencias del coste de inscripción entre un colegio y otro pueden llegar hasta los mil euros. En efecto, comparen, por ejemplo, los trescientos euros que cuesta colegiarse en Madrid con el auténtico latrocinio de los mil trescientos cincuenta euros que “clava” el de Gijón por un mismo hecho que en principio debería tener un coste idéntico. Pero es que además se arguye para oponerse a esta unos razonamientos que, sinceramente, sólo pueden entenderse mediante una concepción totalitaria (no ya autoritaria, sino real y estrictamente totalitaria) de la cuestión, puesto que se dice textualmente y sin el más mínimo rubor: “Los colegios tienen circunscripción territorial, al constituirse por los profesionales de un determinado territorio, que tienen el derecho y el deber de participar en la vida colegial, incluidos los procesos electorales. Esto impone que la colegiación siga un criterio estrictamente territorial…” ¿Desde cuando la participación en la vida colegial ha dejado de ser estrictamente un derecho, una facultad para convertirse en una obligación? ¿Es que acaso es obligatorio depositar el voto en los comicios? ¿O acaso es forzosa la asistencia a las Juntas? ¿Qué será lo siguiente, abogar por la penalización del colegiado en caso de incumplimiento de dichos deberes? Y en cuanto al voto, orillando el hecho que el redactor de dicho editorial parece tener en mente la España de la postguerra y no la de la era digital y las telecomunicaciones existente en la segunda década del siglo XXI…¿Es que acaso no existe el voto por correo, tan válido como el personal? Opone también frente a esta medida la “prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el que la abogacía ejerce una función pública por decisión del legislador. Es un servicio de índole eminentemente territorial, en el que la cercanía al interesado y la inmediatez en la asistencia son primordiales”. Este argumento sería válido y razonable si la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita fuese obligatorio, pero dado que es estrictamente voluntario (forzar a un letrado a incorporarse obligatoriamente a prestar un servicio que no desea sería retrotraernos a la época anterior a la guerra de secesión americana) tampoco es oponible. Cierto es que quien decida darse de alta incorporándose a la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita debe ser consciente de que ha de tener un domicilio en el territorio en el que ha de prestarlo, pero ello no afecta para nada a quienes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad desean permanecer ajenos al sistema de asistencia jurídica gratuita. Con total sinceridad manifiesto que soy incapaz de comprender cómo han podido sostenerse con seriedad tales argumentos.

Mírese como se mire, hoy en día la colegiación obligatoria es una gruesa losa que pesa sobre los profesionales. Muchos colegios no piensan en sus integrantes más que una vez al trimestre para meter mano en la cuenta corriente y una vez cada cinco años a la hora de emitir el voto en las elecciones, manifestando el resto del tiempo un total desinterés por los colegiados. De ahí el temor ante la desaparición del único agarre legal que mantiene al profesional literalmente atado al cepo que hoy en día suponen los colegios profesionales.

Para finalizar, el lector interesado puede leer en el presente enlace la opinión de un médico, Rafael Timmermans del Olmo, criticando igualmente la colegiación obligatoria. Suscribo punto por punto sus opiniones y no puedo menos que compartir la frase con la que pone fin al mismo: “A lo mejor me apuntaría voluntariamente si así fuera, pero exijo que me dejen elegir

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