JUECES Y POPULARIDAD.

Jueces

En 1789, cuando el recién elegido presidente George Washington, se encontraba en plena búsqueda de candidatos para cubrir los seis puestos de jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, uno de los nombres que con más insistencia sonaba para acceder con éxito a la más alta instancia judicial estadounidense fue el de Thomas McKean, un brillantísimo jurista nacido en 1734 y que desde el mes de julio de 1777 ocupaba el cargo de Presidente del Tribunal Supremo de Pennsylvania.  Ante la insistencia de muchos de sus amigos, McKean decidió remitir una carta a Washington postulándose para el cargo de juez del Tribunal Supremo federal, en la que contenía un principio básico y a tener en cuenta para cualquier magistrado en cualquier época: “A good judge cannot be very popular”; junto a esta idea general, McKean apuntaba a otros requisitos, si bien orientándolos muy astutamente hacia su persona: integridad y calidad de las sentencias hasta el punto que, según indicaba en la misiva “es un hecho que desde la Revolución, ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Pennsylvania ha sido revocada o modificada en una sola coma”. McKean no logró ver colmado su deseo de acceder al más alto puesto de la judicatura federal, permaneciendo como presidente del Tribunal Supremo de su estado hasta el mes de diciembre de 1799, momento en el que dimitió al ser elegido gobernador de Pennsylvania, puesto que ocupó durante nueve años hasta 1808.

El principio enunciado por Thomas McKean en su carta a Washington, léase, que un buen juez no debe ser muy popular, fue retomado dos siglos y cuarto más tarde por el chief justice John Roberts quien, al ser explícitamente preguntado en 2010 sobre su opinión sobre las protestas que tienen lugar a las puertas de la sede del Tribunal Supremo en casos de decisiones controvertidas, manifestaba: “I understand people having strong feelings about some of the things that we do. But it´s not a situation where our decisions should be guided by popular pressure […] You would not want us deciding what the Constitution means based on what the popular feeling is”; en definitiva, que el resultado de un pleito no puede depender en modo alguno del sentimiento popular. Es curioso que en nuestro país, hace un par de días podemos encontrar en el imprescindible blog de Sevach la entrada Cuarenta cosas que debería pensar todo juez antes de sentenciar, donde se contiene la siguiente regla de actuación: “No debo esperar el aplauso ni temer la crítica. Me pagan por sentenciar, no por alimentar o proteger mi ego. Debo recordar que el que gana un pleito suele ser ingrato (se gana por mérito propio: del abogado victorioso) y el que pierde siempre está descontento (se pierde por culpa ajena: del juez). “Haz el bien, sin mirar a quién.”; de la importancia que tiene este criterio da fe el hecho de que es la segunda de entre las cuarenta reglas enumeradas por Sevach.

Y es que, en efecto, el objetivo de todo juez o magistrado a la hora de resolver un asunto debe ser limitarse estrictamente a resolver en derecho, aislándose de las circunstancias concretas políticas, económicas o sociales que rodean al asunto y circunscribiendo su actuación a dar una respuesta jurídica al debate procesal que los contendientes le someten. Ni más, ni menos. No se trata con ello de que el juez sea simplemente la “boca de la ley”, como manifestara el barón de La Brede hace ya más de dos siglos y medio, pero tampoco de que sea un don Quijote que pretenda deshacer entuertos a costa de retorcer o simplemente no aplicar la ley en función de las circunstancias concretas del caso o del temor a ser acusado con el siempre eficaz dedo acusador del periodista de turno. Pero lo que entiendo es meridianamente claro es que el juez no puede resolver un asunto teniendo como fin último aumentar su popularidad merced a  titulares elegíacos que le eleven a los alteres o simplemente el temor a consecuencias adversas en caso de no fallar en determinado sentido.

Toda esta reflexión entendemos que es de rabiosa actualidad. Y ello porque un pequeño grupúsculo de magistrados, curiosamente todos ellos sitos entre lo que Alejandro Nieto llama la “alta judicatura”, parecen haberse marcado como objetivo el aparecer en el ranking de personajes más populares de la nación. Afortunadamente uno de ellos ya ha sido expulsado de la carrera judicial (por desgracia demasiado tarde como para que la justicia no se viese salpicada con sus continuas bufonadas jurídicas y salidas de tono), pero no han tardado en salir a tan siniestro personaje discípulos aventajados que han dado muestras ya de que en determinados supuestos lo que importa no es el derecho, sino el hecho de salir elogiosamente en los titulares de los periódicos e incluso, si me apuran, de determinados periódicos. Y es que, para esta exigua minoría, un titular que realce sus decisiones, por muy endebles que en derecho sean, compensa mil veces el desaguisado jurídico. Personas que se mueven con notoria desenvoltura en redacciones periodísticas y en estudios televisivos. En definitiva, se trata de personas que prima en ellos sobre todo una mal entendida popularidad, sin darse cuenta que con ello abdican de una de las características esenciales de la función judicial: la estricta aplicación de la ley.

Existe también un pequeño grupo de magistrados a quienes les cuesta un triunfo elaborar resoluciones judiciales, hasta el punto que elaboran borradores y borradores, agonizando literalmente hasta dar a luz la versión definitiva, lastrando esta indecisión el ritmo de actividad de su juzgado. Quienes le conocieron cuentan que el magistrado Harry Blackmun acumulaba en su despacho del Tribunal Supremo cientos de asuntos por su indecisión crónica, hasta el punto que algunos de sus amigos más cercanos llegaron a indicar que dicho magistrado “agonizaba” cada vez que un asunto caía en sus manos.

También existe un pequeño grupo de magistrados que a la hora de resolver los asuntos no dejan de plantearse cómo serán recibidas las sentencias en determinadas instancias políticas o administrativas, no por un excesivo afán de popularidad, sino por un congénito temor a represalias en caso de que los pronunciamientos judiciales no sean del agrado de quienes detentan el poder.

Es evidente que desde el advenimiento del liberalismo el tercero de los poderes ha sufrido una retirada estratégica, de modo que ya no tiene como fin último lograr el ideal de Justicia, sino que de una forma más realista pretende simple y llanamente resolver los casos concretos dando a los mismos una respuesta fundada en Derecho, lo que implica que jueces y magistrados tienen como norte y guía única y exclusivamente la Constitución, la ley y el resto del ordenamiento jurídico, no las cotas de popularidad que, por cierto, son bastante efímeras.

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