LA INAGOTABLE PUBLICIDAD EN LOS BUZONES: REFLEXIONES SOBRE LA INEFICACIA DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA FRENTE A DICHA INVASIÓN.

Buzones

Ocurre cada vez con más frecuencia que el ciudadano ya asume resignadamente sufrir un ataque mixto de indignación y temor cuando se acerca el momento de abrir su buzón para extraer la correspondencia. Y ello porque existe un altísimo grado de posibilidades rayano en la certeza absoluta de que junto a las cartas personales existirán depositado en tan reducido espacio un inmenso volumen de material publicitario, muchas veces introducido a través de la ranura de forma tosca y precipitada que no sólo impide el normal uso de tales espacios por el servicio de correos a la hora de introducir la correspondencia ordinaria, sino que en muchas ocasiones oculta el correo verdaderamente importante (sito a modo de emparedado entre las decenas de folletos publicitarios), de tal manera que uno ha de estar con cuatro ojos más que con dos para no arrojar al cubo de la basura (o, si uno es respetuoso con el medio ambiente, al contenedor-recipiente de papel y cartón) algo que no sea estrictamente el molesto enjambre publicitario. El personal encargado de su distribución y reparto del material se avergüenza de manifestar abiertamente que el papeleo a introducir en los buzones es “publicidad”, por lo que  cuando demandan de los vecinos la apertura del portal para cumplir con su tarea de inundar de inútil papel los buzones, utilizan eufemísticamente el término “correo comercial” (sic) a fin igualmente de que algún incauto caiga en las redes o no tenga la suficiente picardía y pueda pensar que se trata del correo ordinario; incluso cuando algún propietario de los avispados les advierte que tienen en el exterior del portal un buzón destinado ad hoc a este tipo de material, la respuesta que suele darse, y eso cuando se ofrece, es que se les impone el depósito en los buzones interiores. Los máximos responsables de las empresas de distribución suelen manifestar ad extra que, en efecto, los trabajadores encargados del reparto no tienen obligación ni orden alguna de introducir la publicidad en los buzones, si bien es un hecho público y notorio que ello no es del todo cierto dado que no es infrecuente al ojo avispado contemplar cómo de vez en cuando acuden ciertos personajes para verificar que, en efecto, la publicidad está en los buzones interiores y no en el exterior.

Pues bien, ciñendo nuestras reflexiones al campo del derecho, el ordenamiento jurídico ha reaccionado desde el punto de vista estrictamente administrativo intentando poner cierto orden a este tipo de actividad, tratando de cohonestar la innegable libertad empresarial con el no menos innegable deseo de los propietarios de no ver invadidos sus dominios con publicidad no deseada y que en numerosas ocasiones acaba en la basura sin que ni tan siquiera el destinatario último de la misma se haya dignado echarle un vistazo. De igual manera, y de forma alternativa y complementaria al ámbito jurídico-administrativo, existen los remedios que el derecho privado ofrece frente a invasiones externas a la propiedad. Analicemos un poco más detenidamente ambas cuestiones.

1.- Óptica jurídico-administrativa. En los últimos tiempos los Ayuntamientos han venido aprobando Ordenanzas Municipales tendentes a regular este tipo de actividad y, por poco que uno se dedique a estudiar mínimamente el tema, verá que todas responden a un mismo patrón. De hecho, el artículo inicial de las distintas ordenanzas suele ser idéntico a la hora de plasmar jurídicamente el objeto de la norma: “La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular la denominada “Publicidad Comercial Directa en Buzones” con la finalidad de dignificar el sector, racionalizar la actividad y reducir las molestias que el “buzoneo” provoca a los ciudadanos”. Llama la atención que se hable de “dignificar el sector” cuando nadie ha puesto en duda la dignidad del sector, sino la molestia que puede ocasionar a quien no desee recibir publicidad por este medio. Es curioso también que algunas ordenanzas contrapongan el derecho a la libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución) al de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente (artículo 45), e incluso alguna manifieste, como la Ordenanza municipal reguladora de la publicidad directa en los buzones aprobada por el Ayuntamiento de Carlet (que es la que a partir de ahora tomaremos como modelo o base) trata de evitar que los ciudadanos tengan que “que soportar continuamente, que tanto el suelo de la vía pública como el de las zonas comunes de las comunidades de propietarios aparezca repleto de material publicitario repartido de forma desproporcionada”. En estos casos la protección administrativa queda en manos del municipio y de si éste ha procedido a aprobar o no la correspondiente ordenanza local.

Las meritadas ordenanzas suelen tener una triple vía de protección frente a los bombardeos publicitarios que cotidianamente sufren los vecinos:

a) La técnica de sometimiento a autorización previa de la actividad. Por ejemplo, el artículo 3.1 de la Ordenanza del Ayuntamiento de Carlet establece que “Para depositar publicidad en los buzones del municipio, será necesario comunicarlo previamente al Ayuntamiento. Para ello los interesados presentarán comunicación previa indicando el día y zonas en que se va a producir el reparto”.

b) La técnica de la identificación del sujeto responsable de la actividad, con la expresa declaración que, de no estar la empresa repartidora de publicidad correctamente identificada, la responsabilidad administrativa recaerá sobre la empresa anunciante. Así, el artículo 4 de la Ordenanza que hemos tomado como modelo indica que “Todo el material publicitario repartido, sea de las características que fuere, llevará en lugar visible una identificación de la empresa distribuidora. La ausencia de esta identificación será objeto de una sanción que, entendiendo que la distribución se ha realizado por una empresa que no estaba legalmente constituida, recaerá sobre la empresa anunciante”.

c) La técnica de la prohibición, vedando el depósito de publicidad en determinados lugares más o menos públicos (artículo 3.1 último párrafo, “Se prohíbe expresamente dejar la publicidad en el suelo de los portales de edificios o viviendas, en la via pública, coches, persianas o similares”) y, sobre todo y por encima de todo, protegiendo esa extensión o prolongación de la vivienda que es el buzón (artículo 8, “Considerando que el buzón es un bien privado, las empresas distribuidoras de material publicitario se abstendrán de depositar publicidad en aquellos buzones cuyos propietarios indiquen expresamente la voluntad de no recibirla. Dicha publicidad quedará plenamente acreditada mediante cualquier tipo de señal que se coloque sobre los buzones y que de a conocer la negativa del titular de la vivienda a recibir dicha publicidad”).

Ya tenemos, pues, la protección administrativa de la intimidad de nuestro buzón mediante técnicas preventivas y prohibitivas. Pero es un hecho público y notorio que España es el país de la picaresca y donde el respeto a la normativa no es precisamente algo de uso común, no siendo infrecuente ver cómo en el exterior de los portales los buzones destinados expresamente a publicidad acumulan telarañas mientras que los buzones del interior rebosan material publicitario. Existe, pues, en estos casos una infracción normativa la cual lleva aparejada expresamente una sanción. Ahora bien, el régimen sancionador es tan absolutamente liviano que para el infractor sale económicamente mucho más ventajoso el incumplimiento de la ordenanza municipal que el respeto a la misma, dado que esta tiene numerosos defectos intrínsecos, tanto jurídico como de fondo, que la hacen virtualmente ineficaz.

a)      Por lo pronto, la Ordenanza califica las infracciones en leves, graves y muy graves (artículo 15), pero no establece una tipología de sanciones de tal manera que normativamente uno pueda tener claro a cual de ellas corresponde cada tipo infractor. Por el contrario, establece que “la clasificación de la infracción y la imposición de la sanción se adecuarán a los hechos, sopesándose los siguientes criterios”, entre los cuales se establecen los que normalmente se tienen en cuenta para graduar la sanción. Es decir, que se vulnera el principio de tipicidad, porque si bien se consideran como ilícitos determinadas actuaciones, no se especifica la clase de infracción, cometiendo el error jurídico de sopesar como elementos para la clasificación de las infracciones criterios que legalmente se establecen para graduar la sanción (así, el artículo 131.3 de la Ley 30/1992).

b)      Obviando lo anterior, pensemos en una empresa que incumpla absolutamente la Ordenanza y lo haga de forma reiterada y constante; ni se somete al régimen de autorización previa, ni respeta las prohibiciones ni tiene en cuenta el deseo de los vecinos de no recibir publicidad en los buzones. Estaríamos, pues, ante una infracción muy grave. ¿Qué coste tendría para la empresa repartidora tal incumplimiento? Pues tratándose de infracción muy grave, la horquilla que el artículo 15 establece para las mismas es de 301 euros a 600. Es decir, que muy posiblemente el beneficio empresarial exceda con creces a la infracción administrativa que en el peor de los casos para la empresa deba soportar.

La tutela administrativa se demuestra rígida en la teoría, pero benévola e ineficaz en la práctica.

2.- Óptica privada. La tutela jurídico privada es igualmente posible en estos casos, aunque es, evidentemente, mucho más difícil debido, entre otras cosas, a la carga probatoria inherente a todo pleito civil. En estos supuestos, se trataría de acumular una doble acción civil: la acción resarcitoria de daños y perjuicios con la acción tendente a que la empresa de publicidad se abstenga en el futuro de depositar todo tipo de publicidad en los buzones del demandante. En otras palabras, se trataría de acumular una pretensión de condena al abono de cantidad dineraria con una condena de no hacer personalísimo. Desde el punto de vista jurídico, el empresario no podría argumentar en su defensa, como suelen hacer, que los empleados no tienen obligación de dejar la publicidad en los buzones pues, amén de que dicha manifestación acreditaría una negligencia en las funciones del empresario en lo que atañe a la supervisión del personal a su cargo, jurídicamente sería ineficaz tal línea defensiva al continuar aún plenamente en vigor el párrafo cuarto del artículo 1903 del Código Civil.

El problema de la tutela civil radica en que, a diferencia de la administrativa, es el perjudicado quien debe acreditar los daños. Que, aún haciéndolo, los jueces y magistrados españoles no suelen otorgar cuantías elevadas como indemnización en este tipo de supuestos, por lo que, siendo potencialmente más onerosas las indemnizaciones por daños que la sanción administrativa que pudiera acarrear el incumplimiento, tampoco son de tal naturaleza que las mismas sean disuasorias, con lo cual nos encontramos con que es económicamente más ventajoso el incumplimiento de la norma que el cumplimiento. Y, tercero, en cuanto a la condena de no hacer, el artículo 710 de la Ley 1/2000 poco margen de maniobra permite en casos como el presente, dado que no podría “deshacer lo mal hecho”, con lo que se reduciría el incumplimiento a una indemnización por daños y al vago apercibimiento de “incurrir en delito de desobediencia” que en el improbabilísimo supuesto que llegase a manos del Ministerio Público muy probablemente éste archivaría, dado el amplísimo volumen de asuntos que se acumulan sobre su mesa y la ardua labor que dicho cuerpo tiene persiguiendo a padres que den bofetones a sus hijos o solicitando siete años de cárcel a personas cuyo gravísimo delito es tocar el piano.

Como puede verse, no siempre el ordenamiento jurídico permite una tutela eficaz de los derechos de los ciudadanos. Hemos acreditado, con la normativa en la mano, que en estos supuestos el incumplimiento de las obligaciones que normativamente se imponen a las empresas de reparto de publicidad es mucho más rentable económicamente que el respeto escrupuloso de las mismas. Por eso las empresas hacen de su capa un sayo y por eso nuestros buzones continuarán un día sí y otro también inundadas materialmente de papeles inútiles que acabarán en la papelera, por mucho que hagamos pública fe de que no deseamos continuar recibiendo ningún tipo de publicidad.

Todo ello por no hablar del más que probable incumplimiento de la normativa de carácter laboral, dado que sería muy deseable comprobar cuantos trabajadores tienen dados de alta estas empresas, si es que efectivamente cumplen con esa obligación cosa que, por cierto, no todas hacen.

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6 comentarios el “LA INAGOTABLE PUBLICIDAD EN LOS BUZONES: REFLEXIONES SOBRE LA INEFICACIA DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA FRENTE A DICHA INVASIÓN.

  1. Estamos llenando los barrios y vertederos de papel malgastado….podian cobrar la publicidad y regalar las bolsas de plastico los centros comerciales en vez de saturar tanto los buzones tan ecologicos y verdes k somos…

  2. Hola , me gustaría saber si es legal el reparto de publicidad dentro del edificio, puerta por puerta, ya que al llegar a casa encontre en la segunda planta en el pomo publicidad y me cabrea.

    Gracias.

  3. Impresionante la verborrea para poder luchar jurídicamente contra una de las “lacras” de nuestra sociedad. Empezamos a estar enfermos en esta sociedad donde todo nos molesta, pero depende donde y cuando, ya que esa misma publicidad si la vemos en nuestro adorado televisor no nos es tan “fastidiosa”. Quizá, como se comenta en el artículo, deberíamos de ir todos los ciudadanos a los tribunales a pedir DAÑOS Y PERJUICIOS al estilo estadounidense, 60000 euros por daños morales. ¿eso es lo que usted cree que debería de hacerse?

  4. La verdad es que después nos quejamos del paro que hay en este país, que si los políticos, que si los empresarios… pero que una persona se gane la vida repartiendo publicidad, nos molesta. Es más, queremos que deje de ganarse la vida de esta manera, que se vaya al paro. Y con el todos los indirectos como los trabajadores de imprenta. ¿De verdad tanto molesta coger un catálogo y tirarlo? ¿Y si yo como comunero quiero publicidad? ¿quién es la comunidad para prohibir el reparto a mi buzón?

  5. Javier, a la gente infeliz le molesta absolutamente todo, en cambio, los que somos felices por poco que tengamos, jamás nos molesta nada, esa es mi teoría, estamos en un mundo en el cual todos se sienten molestos por todo, en vez de mirar las cosas de manera positiva.

  6. Buenas, yo soy repartidor y se lo que se sufre por ambas partes, llevaba más de 5 años en paro, a mí personalmente se me hace muy difícil tener que ticar a los timbres para meterlo dentro, para todos nosotros es muchísimo más fácil coger y dejar la publicidad en el buzón habilitado, pero eso a las empresas no les interesa, yo si no meto una cierta cantidad se me presiona para que en la siguiente si lo meta y sino volvería a engrosar otra vez las listas del paro, he hablado con muchos compañeros y es la misma historia, nosotros somos la mano ejecutora pero no somos los culpables de la decisión que toma nuestra empresa, podríamos negarnos pero entonces como ya he dicho anteriormente la solución de la empresa es buscarse a otro.
    Si supierais las horas que llegamos meter para que salga adelante, estamos hablando de horas de más que no se llegan cobrar, pero que si no las haces estamos en las mismas se buscan a otra persona, conclusión el que reparte es un trabajador y la responsable debería ser la empresa que tendría que tomar las medidas correctas y no presionarnos para contradecir una ley, la próxima vez que veáis a un repartidor dentro pensar que el no quiere estar ahí tocando las narices a todo el mundo y que para el es mucho más fácil dejarlo en los lugares habilitados para ello, pero que por circunstancias tiene que hacerlo. un saludo.

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