EL PARLAMENTO ESPAÑOL BUSCA INGENIERO, INFORMÁTICO Y ESTADÍSTICO QUE SEPAN DERECHO E HISTORIA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA: LA INUTILIDAD DE LAS OPOSICIONES EN ESPAÑA.

Fernandel

Nuestro país siempre ha tenido dos aficiones en lo que al empleo público se refiere, uno en cuanto al acceso y otro en cuanto al desempeño. Respecto al último, quizá el rasgo más notable es la excesiva burocratización, con una draconiana exigencia al ciudadano de presentar por duplicado y en ocasiones hasta por triplicado impresos, formularios, documentos, pólizas, declaraciones juradas, responsables, certificadas….en fin, una montaña de papeleo que, a mayor abundamiento, en muchas ocasiones ni se examina. La segunda de las cuestiones, en lo referente al acceso al empleo público, la nota más característica del sistema español es el total abandono de la vertiente práctica, hasta tal punto que parece el objetivo último de los distintos entes públicos el agotar intelectualmente al opositor para que consuma todas sus energías preparando el proceso selectivo caracterizado por la acumulación de temario absolutamente inútil y superfluo así como el uso y abuso del elemento memorístico en detrimento del raciocinio. Así, mientras los sistemas del common law buscan que el futuro miembro del civil service tenga iniciativa y sepa cómo resolver los problemas de forma práctica, parece que en el solar hispano se busca nada más que fomentar un despliegue de la memoria tan elogiable como inútil. Elogiable porque, en efecto, tiene enorme mérito empapar cien, doscientos y hasta cuatrocientos temas. Inútil por dos razones: la primera, porque las normas cambian y lo aprendido hoy será olvidado mañana; la segunda y más importante, porque dado el impresionante volumen de normativa existente que implica el manejo de normas de derecho comunitario, estatal, autonómico e incluso local, es decir, Reglamentos, Directivas, Decisiones, Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias, Decretos Leyes, Decretos Legislativos, Reales Decretos, Ordenes Ministeriales, Circulares, Instrucciones, no creo que exista ni un solo empleado público que fie de la memoria y se atreva a resolver un asunto sin evacuar la oportuna consulta al texto legal o a la base de datos. Pero lo realmente preocupante que en ocasiones llama a hilaridad es la auténtica manía de los entes públicos en engrosar los temarios para hacerlos más extensos con materias que poco o nada tienen que ver con la plaza a desempeñar.

Ilustremos lo anterior con un ejemplo concreto. El Boletín Oficial del Estado de hoy día 26 de noviembre de 2013 publica la Resolución de 23 de septiembre de 2013, conjunta de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se convoca oposición al Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales. En concreto se prevé la convocatoria de tres plazas de especialista: una en informática, otra en ingeniería industrial y otra en estadística. Bien, hasta ahora todo correcto, dado que se cumple con las previsiones de ofertar las plazas mediante un procedimiento selectivo que garantice la libre concurrencia y que valore a los aspirantes según los criterios de mérito y capacidad. También es perfectamente lógico que se exija una titulación específica para cada una de las especialidades (para la especialidad de informática: Licenciado en Informática, Ingeniero Informático o Ingeniero de Telecomunicación; para la especialidad de Ingeniería Industrial: Ingeniero Industrial o equivalente y para la especialidad de Estadística: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado). Ahora bien, a la hora de ver el desarrollo de las pruebas uno no puede más que abrir extrañado la boca en enorme gesto de sorpresa. Y es que si uno se asoma a la base tercera podrá comprobar que la misma establece que “La oposición versará sobre dos grupos de materias: las específicas jurídico-parlamentarias e históricas y las propias de la especialidad”. La base cuarta estipula que los ejercicios serán los siguientes: “1) Disertación por escrito, durante un plazo máximo de tres horas, sobre un tema sacado a la suerte entre aquellos contenidos en los anexos I y II de la presente convocatoria. Para la realización del ejercicio se sacarán tres temas de cada anexo y entre ellos el Tribunal elegirá el que hayan de desarrollar los opositores; 2) Exposición oral, durante un plazo de una hora, de cinco temas sacados a suerte del temario específico de la especialidad correspondiente”. Vayamos, pues, a los Anexos I y II de la convocatoria, y veremos que los mismos se corresponden, el primero a “materias jurídicas”, que engloban cuarenta y dos temas que en realidad son una apretada síntesis de derecho público (constitucional y administrativo, con tres temas de derecho de la Unión Europea) y el segundo a “historia jurídico-política contemporánea”, donde en trece temas el aspirante habrá de dominar asuntos tan vitales como las revoluciones francesa y americana, la historia constitucional española, el movimiento obrero, la revolución soviética, las dos guerras mundiales y la guerra civil española. Sólo acreditado el efectivo dominio de esas materias los aspirantes deberán enfrentarse a los noventa y nueve temas que constituyen la materia específica de la especialidad  informática, los ochenta y cuatro de la especialidad de ingeniería industrial y los noventa y tres de la especialidad de estadística.

En definitiva, el ridículo elevado al sumun. Gracias a nuestro tan elogiado sistema selectivo resulta que una persona que puede ser un excelente profesional de la ingeniería se vea excluido porque no domina la jerga jurídico-administrativa, no sepa lo que es un contrato sujeto a regulación armonizada o desconozca lo que es la zona de servidumbre de dominio público. O, lo que es todavía más imperdonable, que desconozca que en nuestro país existió un Estatuto Real promulgado en abril de 1834 por don Francisco Martínez de la Rosa, que la batalla de Seseña-Esquivias fue la primera en la que entró en combate el material soviético en la guerra civil española o que existió un proyecto de constitución federal en 1873. Conocimientos todos ellos, como sin duda habrá adivinado ya el sagaz lector, imprescindibles en el cotidiano quehacer de un informático, un ingeniero industrial y un profesional de la estadística. Ándense ojo avizor, pues cualquier día un esforzado opositor al cuerpo de la Abogacía del Estado se encontrará con que debe estudiar un amplio abanico de temas de especialidad médico-sanitaria, y con total seguridad en los procesos selectivos de empleados públicos de la comunidad autónoma canaria será imprescindible que el aspirante acredite unos amplios conocimientos de vulcanología.

Por desgracia, en esto nuestro país ha sido, es, y me temo seguirá siendo pionero: en exigir conocimientos superfluos, dado que no creo que sea cometido de un especialista en informática acometer asuntos que impliquen manejo de legislación y jurisprudencia, y mucho menos un ingeniero industrial o un encargado de realizar estadísticas. Por eso a uno a veces, al contemplar los temarios de casi todos los procesos selectivos, se le queda una cara como la del gran Fernandel, con la que ilustramos la presente entrada.

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2 comentarios el “EL PARLAMENTO ESPAÑOL BUSCA INGENIERO, INFORMÁTICO Y ESTADÍSTICO QUE SEPAN DERECHO E HISTORIA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA: LA INUTILIDAD DE LAS OPOSICIONES EN ESPAÑA.

  1. Posiblemente soy de los pocos ingenieros en informática que esté considerando concurrir a estas oposiciones. Discrepo ligeramente con lo que expones. Aunque admito que el sistema de selección público en España está anquilosado. Dista mucho de ser idóneo. Ni siquiera es mediocre. Es ínfimo. Nefasto.

    Tu razonamiento patina en lo referente al saber necesario. Me temo que el ingeniero en informática de un cuerpo superior ha de dominar lo referente a la contratación pública y a la legislación más variada. Un especialista informático debería, por ejemplo, determinar qué alternativa se adapta mejor a las cláusulas de determinada directiva europea. A pesar de que el especialista comprobará la norma, será esencial conocer un conjunto de ellas. Le facilitará una interpretación correcta. Vivimos en el tiempo de la interdisciplinaridad. Un letrado no puede ser analfabeto en términos digitales. Análogamente, un ingeniero debe conocer el terreno sobre el que camina.

    En cualquier caso esta interdisciplinaridad no justifica el sistema de oposiciones. Sería más conveniente superar un proceso selectivo más práctico que condujese a un puesto inicial. Ahí uno se acostumbraría a su entorno de trabajo. Con el tiempo, ascendería a una posición de la altura de la asesoría.

    De todos modos, los recursos humanos del sector público son un síntoma, pero no la enfermedad. Bienvenido a España.

  2. Independientemente de la interdisciplinariedad que argumenta el comentario anterior, estimado Monsieur, el que unas oposiciones exijan conocimientos más o menos adecuados no significa que todas las oposiciones exijan conocimientos superfluos.

    Las oposiciones serán mejorables, actualizables, y podríamos discutir los requisitos que han de exigirse (tantos como oposiciones, quizás). Pero eso no quita que una oposición su principal objetivo es mérito y capacidad. Si eliminamos eso, sólo nos quedará arbitrariedad y nombramientos “a dedo” discrecionales y muchas veces interesados. Y de eso ya tenemos mucho. Decididamente no. No lo prefiero, aunque los opositores tengan que estudiar conocimientos “superfluos”. En épocas como las convulsas, donde la politización lo inunda todo, y el clientelismo ha extendido todas sus redes, la única trinchera que queda son funcionarios valientes por oposición, que no le deban nada a nadie, y que su puesto no se gracias a ninguno más que a sus conocimientos.

    Un afectuoso saludo y felices fiestas!

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