SOBRE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES: UN EJEMPLO ESTADOUNIDENSE.

We the people

El pasado sábado tuvo lugar la conmemoración del trigésimo quinto aniversario del texto constitucional, quizá el más frío de cuantos hasta ahora se han celebrado. Lo cierto es que el ambiente quizá no era muy propicio, pues la generalizada crisis institucional salpica a todas las instituciones y el clamor por la reforma de la Constitución de 1978 es ya muy extendido. En efecto, por muy adecuado que fuese el texto en el momento de su aprobación y por muchas que fueran sus innovaciones y sus ventajas, lo cierto es que el tiempo no transcurre en balde, y no pueden mantenerse incólumes preceptos que en pleno siglo XXI han quedado unos desfasados, otros desacreditados por la práctica y otros por su manifiesta inutilidad.

Thomas Jefferson, uno de los personajes más hipócritas que ha dado la historia constitucional americana, decía con acierto que las normas constitucionales debían revisarse periódicamente porque una generación no debía obligar con sus creencias y sus convicciones a la siguiente. Parece a todas luces evidente y manifiesto que existen una serie de principios generales inmutables que trascienden a todas las épocas, pero otros son de carácter más específico y su apego a la realidad coetánea hace que la propia mutabilidad de los tiempos y las sociedades determine el propio desfase de la Constitución, de tal manera que incluso de no proceder a la reforma de éstos últimos la norma fundamental puede convertirse en un estorbo más que en una norma de convivencia. Ilustraremos esta afirmación con un sencillo ejemplo: el proceso constituyente norteamericano de 1787.

Como bien dice Bruce Ackerman en su impagable ensayo The failure of the Founding Fathers, los constituyentes norteamericanos estaban orgullosos de considerarse a sí mismos como revolucionarios, pero por el contrario abominaban de la democracia y recelaban de todo cuanto representase la idea de facción o partido. Por ello, y por ese prejuicio antidemocrático y antipartidista, articularon un texto basándose en una premisa fundamental: el terror a que un demagogo que pudiese esgrimir una legitimación popular directa destruyese la recién nacida república. Por ello se articuló entre otras cosas el peculiar sistema de elección presidencial que aún continúa vigente. En su redacción original, el Electoral College lo integraban los compromisarios elegidos por cada estado en la forma que su legislatura estableciese, y cada compromisario emitiría dos votos, de los cuales uno de ellos debía recaer en una persona de un estado distinto al del compromisario (con este mecanismo se buscaba que la mas alta magistratura estadounidense recayese en personas destacadas cuya imagen y prestigio trascendiese del nivel local o estatal). De igual manera, los padres fundadores se limitaron a elaborar un documento conciso, práctico y directo que erigiese los órganos constituidos básicos (Congreso, Presidente, Tribunal Supremo) y a poner en pie un sistema, pero en la Constitución no se contenía ningún tipo de declaración de derechos. Esta omisión inicial se solucionó en 1791 con la aprobación de las diez primeras enmiendas que constituyen el Bill of Rights, de manera que tan sólo cuatro años después de elaborado el texto constitucional y dos años después de que el número mínimo de estados lo ratificara para su entrada en vigor, el mismo ya estaba enmendado nada menos que diez veces.

Ahora bien, en tan sólo cinco años desde la redacción de la Constitución de 1787, la sociedad estadounidense evolucionó en una dirección totalmente opuesta hacia aquélla que en la Asamblea Constituyente había sido objeto de expreso rechazo: hacia un sistema bipartidista. Y es que, en efecto, al finalizar el primer mandato presidencial de Washington, si bien no puede hablarse de partidos políticos en el sentido moderno del término, sí que puede hablarse de facciones o proto-partidos: el federalista, articulado en torno a Alexander Hamilton, y el republicano, que tenía como ideólogo principal a Thomas Jefferson. Así pues, las premisas y la sociedad que habían servido como inspiración a los constituyentes se superaron en un cortísimo periodo de tiempo. A mayor abundamiento, se inició la práctica, que ni tan siquiera había sido barruntada a la hora de elaborar el texto constitucional, de que cada facción presentase en una única lista a dos candidatos, uno a la presidencia y otro a la vicepresidencia. Dado que la redacción originaria de la Constitución no hacía distingos entre ambos cargos, sino que estipulaba únicamente que cada compromisario emitiría dos votos, siendo elegido presidente la persona que más votos obtuviera y vicepresidente quien le siguiera en número de sufragios, de no proceder a una manipulación artificial del voto podría producirse un empate, que es lo que de hecho sucedió en el año 1800, momento en el que los Estados Unidos vivieron su primera crisis constitucional de primerísima magnitud. En consecuencia, en 1804 se aprobó la Decimosegunda enmienda para evitar que se repitiese el espectáculo acaecido en 1800. Doce reformas en menos de veinte años. Téngase en cuenta que la Constitución estadounidense de 1787 permanece aún vigente (eso sí, tiene en su haber veintisiete enmiendas), y la misma fue, a su vez, una reacción frente a los Artículos de la Confederación de 1781, que se habían demostrado notoriamente ineficaces, dado que los mismos podían ser válidos para el contexto en el que se aprobaron (la guerra de independencia frente a Inglaterra) pero insuficientes para establecer un gobierno estable en época de paz.

Es evidente que en España la sociedad actual en poco o nada se parece a la de 1978, a lo que se añade que la experiencia de treinta y cinco años de régimen constitucional ha puesto de relieve tanto los aciertos como las deficiencias del texto de 1978. Se impone necesariamente abrir un periodo de reflexión e iniciar un estudio serio y detallado de la reforma constitucional, pero que no se limite a aspectos que no dejan de ser meramente anecdóticos o, cuando menos, de escasa o nula utilidad para el ciudadano de a pie (la enumeración de las Comunidades Autónomas en la Constitución, o la igualdad del hombre y la mujer en la sucesión a la Jefatura del Estado) sino aspectos más importantes como el replanteamiento de ciertos órganos de utilidad más que dudosa (Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social), la posible eliminación de otros cuya experiencia ha sido un rotundo fracaso (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial), revisión en profundidad de otros aspectos (articulación del Senado, Comunidades Autónomas y regulación más coherente y sistemática de los bloques competenciales). No basta con extasiarse y caer en la autocomplacencia de lo que supuso la Constitución de 1978 en el momento de su aprobación, porque no puede estarse toda la vida basando la legitimación en un momento concreto de la historia. El hecho de que muchos de quienes por entonces integraban las Cortes constituyentes continúen en primera línea política y que no se haya producido una renovación en la cúpula de los partidos no implica que la sociedad y quienes la integran hayan gozado de la misma inmutabilidad.

Parece evidente que de haberse producido en España la crisis constitucional que aquejó a los Estados Unidos en 1800, la actual clase dirigente hubiese optado por mantener incólume el texto pese a sus evidentes desfases. Hubiesen apelado al “consenso” y a los “avances” que supuso, y no cabe duda de que se arriesgarían a un conflicto de magnas proporciones antes que tocar una sola coma de la Constitución. Y es que hoy en día, en España el mágico término “consenso” es el fetiche que extasía a la clase política aún en 2013…..pese a que ya en los años ochenta del siglo pasado una gran parte de la sociedad había pasado del “consenso” al “descontento”.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

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