VARAPALO JUDICIAL A LA AGENCIA TRIBUTARIA: ANULACIÓN DE PARALELAS POR FALTA DE MOTIVACIÓN.

Paralela

El artículo 54 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común impone la necesidad de motivar determinados actos administrativos; ahora bien, dicho precepto no es aplicable directamente a la Administración Tributaria, dado que la Disposición adicional quinta de dicho texto legal, en la redacción dada a la misma por la Ley 4/1999 de 13 de enero, establece que únicamente son de aplicación los preceptos de la normativa general son aplicables supletoriamente en defecto de norma tributaria aplicable.  Pues bien, la Agencia Estatal de Administración Tributaria en determinadas actuaciones no es que reduzca el esfuerzo motivador al mínimo, sino que simple, lisa y llanamente no motiva las actuaciones. Por ejemplo, en el caso de las vulgarmente denominadas “paralelas”, el receptor de las mismas suele recibir un simple cuadro comparativo donde las cantidades modificadas por el ente público aparecen señaladas por un asterisco, indicando en la parte inferior del folio una indicación genérica, que en ocasiones suele revestir un carácter como el siguiente: “no declarar o declarar incorrectamente”, con lo cual el sujeto pasivo queda perplejo, porque en primer lugar no sabe discernir si no ha declarado o si lo ha hecho incorrectamente y, profundizando más en el razonamiento, ignora los motivos que sirven de base para la rectificación. Si a ello tenemos en cuenta que la motivación no sólo sirve de base para que el interesado pueda tener conocimiento de los motivos que llevan a la Administración a obrar de una determinada manera y no de otra diferente, sino que incluso trasciende del acto hasta el punto de que dicha motivación ha de servir igualmente de base para el ulterior control judicial de la actuación administrativa (al fin y al cabo, no otra cosa verifican los juzgados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que la adecuación a derecho de la actuación administrativa, lo cual mal podrán hacer si la Administración no justifica la razones de su actuar).

Pues bien, hoy día 10 de diciembre de 2013 la prensa se ha hecho eco de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia que va a suponer un auténtico varapalo a la Agencia Tributaria, toda vez que obliga a la misma a motivar las razones por las cuales se produce esa diferencia de criterio. Según se refleja en la noticia, la meritada resolución judicial indica que: “No es suficiente decir que las discrepancias se encuentran en las cantidades en las que se pone un asterisco si no se explican las razones por las que dicha discrepancia existe”, concluyendo que “solo se dice que no se admiten las deducciones porque en la suma existe un error de cálculo, sin explicar en qué consiste, por lo que la resolución debe ser anulada”. Se indica igualmente que la sentencia es firme y contra la misma no cabe presentar recurso ordinario alguno. Ahora bien, habrá que esperar, porque en el ordenamiento procesal contencioso-administrativo existe una vía de escape especial para que las Administraciones públicas puedan recurrir en casación resoluciones judiciales de otra forma irrecurribles, cual es el recurso de casación en interés de ley, que únicamente se supedita a algo tan sumamente vago como que los entes públicos “estimen gravemente dañosa para el interés general y errónea la resolución dictada”.

Es evidente que las implicaciones de dicha resolución, de ser la misma seguida, como debería serlo, por otros Tribunales sería formidable, porque gran parte de la actividad de la Agencia Tributaria ha de ser objeto de una profunda modificación so pena de incurrir en nulidad. Es evidente que a la Administración no le gustará nada esta nueva doctrina, dado que le obligará a un esfuerzo motivador que le exigirá tiempo y esfuerzo adicional, no obstante lo cual los ciudadanos han ganado en seguridad jurídica, dado que hasta ahora se encontraban prácticamente indefensos ante gran parte de los actos tributarios.

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