EL JUEZ CASTRO Y SU “TRATADO DE DERECHO PROCESAL”: MOTIVACIÓN Y EXTENSIÓN NO SON JURÍDICAMENTE SINÓNIMOS.

Juez Castro

En los ya lejanos años de infancia del administrador de este blog, en el Colegio Público donde estudiaba impartía algunas clases un profesor encargado de la docencia de la asignatura de ciencias sociales y, en el caso de los alumnos que tenían la suerte o desgracia de pertenecer al grupo del que era tutor, la de artes plásticas. El docente en cuestión era uno de esos personajes que dan pie a numerosas e hilarantes anécdotas, pero que, en lo que al caso viene, tenía un “peculiar” modo de calificar a sus discípulos en materia de artes plásticas: lo importante no era la calidad de los trabajos, sino la cantidad de los mismos. En otras palabras, que el alumno que presentase un dibujo o pintura digno de ser expuesto se arriesgaba a obtener una calificación inferior a quien emborronase diez o doce cuartillas con representaciones de pésima o nula calidad.

Viene todo lo anterior como entrante a la noticia que saltó a la luz pública el pasado martes día 7 de enero de 2014, aunque en corrillos políticos y judiciales se daba ya como algo inevitable. Y es que como Su Alteza la infanta doña Cristina de Borbón no ha sido “buena” sino “mala”, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente le han dejado como obsequio una gran cantidad de carbón, más de una forma harto peculiar y mucho más sutil y dolorosa: ese “carbón” carece de forma física, pues no han depositado un saco del negro mineral en su domicilio, sino que ha revestido la forma de un auto de imputación penal. En efecto, José Castro, magistado-juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, a través de una extensa resolución en forma de Auto fechada ese día 7 de enero de 2014 dictado en la pieza separada número 25 de las Diligencias Previas número 2677/08, imputa a doña Cristina Federica de Borbón y Grecia la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y evasión de capitales. Es evidente, dado lo voluminoso de la resolución, que la misma debía estar ya elaborada con anterioridad y es presumible que en varios días, pues es material y físicamente imposible que el juez entrase a las ocho de la mañana de ese día 7 de enero y se pusiese a redactar la misma para tenerla lista a primera hora, a no ser, claro está, que Su Señoría contase con la supervelocidad del hombre de acero.

No es intención del humilde redactor de estas líneas valorar jurídicamente el auto en cuanto al fondo del mismo, pero sí hacer una leve crítica a don José Castro por una de las manifestaciones que oficiosamente ha realizado y de la que se ha hecho la prensa: su lamento por el hecho de que para imputar a la hija menor de los reyes de España “se habría precisado escribir todo un tratado de derecho procesal” (citamos textualmente). Conviene recapitular ciertamente los hechos que el propio instructor resume en el Auto indicado: con fecha 3 de abril del pasado año 2013 el mismo juzgador acordó recibir en calidad de imputada a la infanta doña Cristina, pero dicha resolución fue anulada por Auto de fecha 7 de mayo de 2013 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictada en rollo de apelación número 144/2013 pues esta última resolución reprochaba al auto de imputación, en síntesis, una falta de fundamentación o razonamiento jurídico. Por cierto que en este aspecto concreto el juez Castro, en mi humildísimo criterio con penosa técnica, transcribe íntegramente el fundamento jurídico séptimo y el fallo del citado Auto de 7 de enero de 2014, cuando hubiese bastado la mera cita de la misma y la remisión general a su contenido, al constar la misma obrante en autos, con lo cual se “infla” así artificialmente la extensión del escrito (por cierto, no es la única ocasión en que Castro lo hace, pues transcribe de igual manera e igual de innecesariamente largos párrafos de escritos de las partes y de actuaciones previas). Lo que deseo a través de este post es recordar a Su Señoría que los conceptos “motivación” y “extensión” en resoluciones judiciales no son criterios necesariamente sinónimos. Una resolución judicial puede ser de extensión inabarcable y estar insuficientemente motivada y, a la inversa, ser de apenas cuatro o cinco folios pero contener los elementos de juicio suficientes para que cualquiera se forme una idea de por qué el juzgador ha resuelto como lo ha hecho.

Lo anterior no es que sea una opinión subjetiva del redactor de estas líneas, sino que es un criterio adoptado por el mismísimo Tribunal Supremo del Reino de España. A título de ejemplo, el fundamento jurídico cuarto de la reciente Sentencia 658/2013 de 30 de octubre de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 1310/2011: “La motivación de las sentencias consiste en la exteriorización del iter decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo. De esta forma, la motivación de las sentencias se presenta como una exigencia constitucional establecida en el artículo 120.3 CE, configurándose como un deber inherente al ejercicio de la función jurisdiccional en íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 CE ( STC 144/2003 de julio y STS de 5 de diciembre de 2009 ). Esta Sala ha venido exigiendo la aplicación razonada de las mismas que consideran adecuadas al caso en cumplimiento de las funciones o finalidades que implícitamente comporta la exigencia de la motivación: la de permitir el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos, la de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, favoreciendo la comprensión sobre la justicia y corrección de la decisión judicial adoptada, y la de operar, en último término, como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad (SSTS 5 de noviembre de 1992, 20 de febrero de 1993 y 18 de noviembre de 2003 , entre otras). Pero también, como resulta lógico, hay que señalar que esta exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla SSTS de 29 de abril de 2008 de 22 de mayo de 2009 y 9 de julio de 2010”. Es más, incluso en el ámbito penal, el fundamento jurídico cuarto in fine de la Sentencia 230/2013 de 27 de febrero de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictada en recurso número 494/2012, a la hora de enfrentarse al recurso por falta de motivación, el Tribunal Supremo, pese a lanzar una expresa condena al órgano inferior, avala una sucinta argumentación: “De nuevo se trata de una motivación de la prueba por el Tribunal de instancia que no es un modelo de cumplimentación de las garantías constitucionales ni del buen hacer judicial, pero tampoco puede decirse que no ha alcanzado los baremos exigibles por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Ya que en el párrafo se analiza, aunque sucintamente, el grueso de la prueba de descargo practicada a instancias de la defensa y se considera que carece de entidad para desvirtuar la prueba de cargo”. Idénticas consideraciones obtenemos si acudimos al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que tan caro es al redactor de estas líneas, porque si uno echa un vistazo al fundamento jurídico cuarto de la Sentencia 5213/2013 de 16 de octubre de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 6306/2011 se encontrará con el siguiente razonamiento que incluso hace un canto en pro de la claridad de las resoluciones que facilitan más el control judicial de las mismas: “Como hemos dicho en las Sentencias de 14 de abril de 2011 (Casación 141/2007), 25 de marzo de 2011 (Casación 1668/2007 ) y 27 de junio de 2011 (Casación 3442/2007), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -por todas, Sentencia 23/2010 de 27 de abril, FJ 6, y las que en ella se citan- declara que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir institucionalizada en el art. 120.3 CE es una exigencia derivada del artículo 24.1 CE, que permite conocer las razones de la decisión que dichas resoluciones contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos. Por eso el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Esta exigencia constitucional entronca con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada en el carácter vinculante que para todo órgano judicial tienen la Ley y la Constitución, sin que deba olvidarse que la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la arbitrariedad y la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en términos de Derecho. El artículo 218 LEC 2000 no pide un razonamiento extenso ni prohíbe la concisión de las Sentencias pero sí exige, como garantía del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión, que éstas tengan una motivación adecuada y suficiente, en función de las cuestiones que se suscitan en el caso, que permita conocer los rasgos esenciales del razonamiento que lleva a un órgano judicial a adoptar su decisión (ratio decidendi). La claridad permite apreciar la racionalidad de una decisión, facilita su control y mejora las posibilidades de defensa por parte de los ciudadanos, mediante el empleo de los recursos que procedan en cada supuesto litigioso. (Sentencia del Tribunal Constitucional 157/2007, de 12 de marzo , FJ 2)”.

Que el juez Castro haya querido, en este caso concreto, para tener hilvanados todos los aspectos de la trama y en virtud de la amarga experiencia previa, aumentar deliberadamente la extensión de su auto hasta hacerle superar los dos centenares de páginas, está en su perfecto derecho a hacerlo. Ahora bien, que se lamente de que se haya visto obligado a escribir “un tratado de derecho procesal” para lograr el objetivo de la imputación creo que no es acertado porque, como hemos visto, ni legal ni jurisprudencialmente la motivación se vincula con la extensión de las resoluciones, sino con el contenido de las mismas. Por poner un ejemplo al lector profano. La sentencia Clinton v. Jones dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (y donde se decidía nada más y nada menos que la procedencia o no de una reclamación al entonces Presidente de los Estados Unidos por abusos sexuales cometidos durante su etapa como gobernador de Arkansas) abarca únicamente 26 folios de extensión (44 en total si añadimos las tres primeras páginas que contienen un resumen apretado del caso y del fallo y las catorce del voto particular concurrente de Stephen Breyer); y en dicho asunto se planteaban cuestiones no de primera, sino de primerísima relevancia procesal y constitucional. No se necesitó “un tratado de derecho procesal”, sino únicamente razonar los motivos que llevaron al Tribunal Supremo norteamericano a obrar y a resolver como lo hizo: recordando que el Presidente de los Estados Unidos es un ciudadano más, con los mismos derechos y obligaciones procesales que cualquier otro “fellow americain“.

Cosa distinta es que en nuestro país (y en esto hay que darle la razón al juez Castro) prime un escrito zafio y ramplón pero extenso sobre uno correcto pero conciso; se premie más el kilo de plomo que el gramo de oro. Pero incluso a efectos jurídicos, las Salas del Tribunal Supremo son claras, tajantes y unánimes a la hora de separar claramente los conceptos de motivación y extensión. Claro que, teniendo en cuenta las particulares circunstancias del caso concreto enjuiciado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, la “falta de motivación” pude esgrimirse igualmente para librar a alguien del “efecto estigmatizador” (expresión ésta utilizada por vez primera por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en 1996 para evitar la presencia del expresidente Felipe González, que llegó a una resolución judicial gracias al verbo sin igual de Cándido Conde-Pumpido Tourón), pero ese argumento es posible utilizarlo tanto frente a un auto de veinte como de mil folios si el resultado perseguido por la Sala es el mismo. Personalmente, si la Audiencia Provincial de Palma quiere librar a la Infanta de la imputación, le sugiero que eche mano de la célebre expresión utilizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Bush v. Gore a la hora de resolver el cómputo de votos en el estado de Florida: “our consideration is limited to the present circumstances”.

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