DOS FORMAS DE ENTENDER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: VINCULACIÓN AL PRECEDENTE v ANARQUISMO JURÍDICO

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En el mundo anglosajón nunca se ha necesitado insistir machaconamente en la independencia judicial, más que nada porque dicho principio va inserto en la médula de los sistemas inspirados en el common law como algo no sólo consustancial al mismo, sino como un elemento esencial e indispensable para que pueda hablarse del rule of law. Un juez inglés goza de una independencia sin parangón, mucho mayor que la de cualquier homólogo suyo de cualquier otro país y, sin embargo, si alguien pretendiese inculcarle la tesis que esa independencia le permitiría dictar una sentencia en contra de los criterios sostenidos por un órgano superior, el magistrado inglés pondría no sólo una cara de extrañeza, sino de espanto. Porque, en efecto, los sistemas del common law se basan en el principio stare decisis, es decir, que gobierna el precedente judicial, de tal manera que la existencia de un pronunciamiento de un Tribunal superior sobre la materia objeto del pleito determina necesariamente la conclusión de éste. A todo lo anterior se une otra consideración esencial: cualquier juez ve como una especie de mancha o deshonra el que sus resoluciones sean revocadas por un órgano superior. Son numerosas las ocasiones (incluso en series y películas americanas aparece frecuentemente) en que un juez, pese a estar de acuerdo con la tesis sostenida por un letrado, la rechaza precisamente porque no desea que en apelación o casación su decisión sea puesta en la picota. En fin, que cualquier interesado en esta materia puede consultar la edición del libro El precedente en el derecho inglés, editada hace un par de años por la editorial Marcial Pons. Lo que me interesa apuntar es, precisamente, que ese sometimiento forzoso del juez a los criterios de los Tribunales superiores en modo alguno supone un ataque a su independencia. No sólo eso, sino que incluso se vincula dicho principio a la seguridad jurídica, porque ello permite predecir en muchos casos el devenir de un asunto.

Pero estamos en España, y en nuestro país tenemos al Tribunal Constitucional, que es el auténtico Atila jurídico: por donde pasa, no crece la hierba. Y en este sentido, sus resoluciones han consagrado una auténtica taifa judicial al identificar sorprendentemente la idea de independencia judicial con la libertad absoluta del juez para apartarse del criterio de cualquier órgano judicial e incluso del propio Tribunal Supremo salvo, claro está, las resoluciones dictadas en recurso de casación “en interés de ley”, vía impugnatoria especial cuya legitimación está restringida, además, a entes públicos y al Ministerio Fiscal cuando “estimen gravemente dañosa para el interés general” la resolución dictada. Sólo en estos reducidísimos supuestos las sentencias dictadas en ese tipo de procesos vinculan a jueces y Tribunales. Así lo ha venido a recordar, por ejemplo, el fundamento jurídico séptimo de la Sentencia 37/2012 de 19 de marzo del Pleno del Tribunal Constitucional, que hace un resumen del concepto de independencia judicial en los siguientes términos: “la independencia judicial (art. 117.1 CE) permite que los órganos judiciales inferiores en grado discrepen, mediante un razonamiento fundado en Derecho, del criterio sostenido por Tribunales superiores e incluso de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo (art. 1.6 del Código civil), si fuere el caso, sin que con ello se vulnere el principio de igualdad en aplicación de la ley, al tratarse de órganos judiciales diferentes (SSTC 160/1993, de 17 de mayo, FJ 2; 165/1999, de 27 de septiembre, FJ 6; y 87/2008, de 21 de julio, FJ 5, por todas), y tampoco el derecho a la tutela judicial efectiva, con la excepción, justamente, del supuesto de la doctrina legal que establezca el Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación en interés de ley, precisamente por los efectos vinculantes que tiene para los órganos judiciales inferiores en grado, supuesto excepcional en que estos órganos judiciales quedan vinculados a la “doctrina legal correctora” que fije el Tribunal Supremo (STC 111/1992, FJ 4), so pena de incurrir incluso, como ya se dijo, en infracción del art. 24.1 CE por inaplicar el precepto legal con el contenido determinado por esa doctrina legal que les vincula por imperativo de lo dispuesto en el art. 100.7 LJCA (SSTC 308/2006, FJ 7, y 82/2009, FJ 8).” Si a esto unimos la peculiar circunstancia que algunas de las personas que tienen en sus manos la facultad de impartir Justicia no sólo no tienen como un baldón el hecho de que sus resoluciones sean dejadas sin efecto por vía de recurso, sino que incluso manifiestan abiertamente que, aun siendo conocedores del criterio de sus superiores jerárquicos, no comparten su criterio pero el interesado siempre tiene la vía impugnatoria, pues qué les voy a contar. En mi humildísimo criterio, nada tiene que ver la independencia con tal doctrina, que únicamente puede traer el anarquísmo en el mundo del derecho.

Dos maneras muy distintas de entender la independencia judicial. Que cada lector opte por la que más le guste.

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