EL TSJ DE ASTURIAS PERMITE AL PRINCIPADO MINUTAR 780 EUROS POR DOS FOLIOS.

Folios

El recentísimo Auto de 29 de enero de 2014 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias permite que el Principado de Asturias gire una minuta de 780 euros por un escrito de dos folios en el que se opone a un recurso de apelación en el que se planteaban tres excepciones procesales, dos motivos de oposición sobre el fondo y una solicitud de prueba. La Sala ha tenido que hacer auténtico ejercicio de prestidigitación jurídica para mantener la tasación de la Secretaria (que, dicho sea de paso, había ventilado el fondo del asunto en tan solo diecinueve palabras) y revela que, por muchas grandilocuentes palabras que se digan de cara a la galería en relación al papel fundamental que los letrados desempeñan en el ámbito de la Administración de Justicia (palabras que no es infrecuente oir en boca de uno de los firmantes del escrito, habitual en charlas y conferencias) a la hora de la verdad existen en el ámbito de la Justicia quienes juegan en la Champions league (Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales, Fiscales, Servicios Jurídicos de las distintas Administraciones públicas y restante personal al servicio de las Administraciones públicas) y quienes juegan en segunda regional (profesionales liberales).

Pero vayamos al caso concreto. Se trata de un recurso de apelación planteado por ocho personas frente a una sentencia que estimaba el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a un acuerdo del Colegio de Abogados. La Sentencia es objeto de dos recursos de apelación, uno interpuesto por el Colegio de Abogados y otro por ocho letrados particulares, planteando estos últimos hasta tres excepciones procesales, dos motivos de oposición en cuanto al fondo y una solicitud de prueba en instancia. El escrito mereció nada menos que una réplica de diez folios en letra de tamaño pequeño e interlineado sencillo por parte del Ministerio Fiscal. La respuesta del Principado de Asturias, que, insistimos, ocupaba dos folios incluyendo encabezamiento y suplico, decía literalmente lo siguiente (y transcribimos íntegramente la oposición a las excepciones procesales y al fondo del asunto): “Respecto a las alegaciones de las partes recurrentes sobre la falta de legitimación del Ministerio fiscal y sobre la extemporaneidad del recurso, esta parte en aras de la brevedad se remite a las acertadas consideraciones de la sentencia que se recurre expuestas en el Fundamento de Derecho Segundo. En cuanto al fondo del asunto, los recurrentes insisten en que no se produce la vulneración de derecho fundamental alguno si no se presta la asistencia jurídica y en consecuencia no se presta la declaración del justiciable. En cuanto la “contenida indignación” (sic) de los recurrentes por considerar que se utiliza con ellos una vara de medir distinta que con los funcionarios públicos de la Administración de Justicia esta parte no va a entrar a valorar argumentaciones que descansan en el agravio comparativo o sencillamente en un ajuste de cuentas con colectivos con los que se trabaja habitualmente  y que por ello, sin duda, surgen problemas que obviamente deben ser solucionados a través de cauces distintos a la huelga.”

 La respuesta omitía que también se alegaba como excepción la inadecuación procedimental y se solicitaba prueba. Pues bien, pese a todo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestima la apelación y condena en costas. Pues bien, tras dos años de inactividad, el Principado de Asturias presenta una solicitud de tasación de costas adjuntando minuta de 780 euros por su trabajo. Evidentemente, los letrados impugnaron la misma sobre la base de la doctrina reiterada del Tribunal Supremo acerca de la inexistencia del automatismo de los honorarios profesionales, citando hasta nueve resoluciones del alto tribunal todas ellas de los últimos cuatro años en la materia. Se citaban, entre otros, el Auto de 13 de diciembre de 2012 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 3431/2010, donde el Tribunal reduce de 2.000 a 300 euros la minuta de un profesional (“la Sala considera que la cantidad fijada en la minuta por los honorarios del Letrado minutante sigue siendo excesiva en relación con el trabajo profesional realizado […] la labor profesional efectuada en este caso por el Letrado de la parte codemandada se redujo a la mínima expresión, pues consistió en la simple presentación de un escrito manifestando la oposición al recurso de casación formulado por la Administración del Estado ante esta Sala del Tribunal Supremo, sin examen alguno del contenido de dicho recurso) y el Auto de 20 de abril de 2009 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 3188/2006 que estima la impugnación por excesiva de una minuta de 2.000 euros presentada por el Abogado del Estado por considerar “vacío de contenido concreto del escrito de oposición”.

Pues bien, la Secretaria del Tribunal da el visto bueno a la minuta del Principado con un Decreto fechado el 9 de enero de 2014 y que tiene un único fundamento jurídico de dieciséis líneas de extensión, de las cuales, por cierto, nueve se dedican a criticar al impugnante por el uso de la terminología “funcionario de los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias” sin que la profesional del Principado que se opuso a la reducción de la minuta hubiera planteado queja o disgusto alguno por dicha expresión, sino que incluso la asumiese como propia. El fondo jurídico lo ventila con tan sólo diecinueve palabras: “La intervención del Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias lo ha sido con dignidad y solvencia profesional”. Es curioso el hecho de que quien tan ofendida se mostrara por el uso de la expresión “funcionario de los Servicios Jurídicos” no sólo se mantuviese impávida ante el uso por tal funcionario en su escrito de la expresión “ajuste de cuentas” referida a la actuación de los letrados (expresión que es público y notorio se utiliza casi siempre vinculada a acontecimientos luctuosos y habitualmente delictivos, siendo más propia del Chicago de la Prohibición o de la cossa nostra) sino que calificase de “digno y profesional” el uso de la misma. Pues bien, el Decreto fue objeto de un recurso de revisión que la Sala, digámoslo esta vez en su honor, resolvió con una inusual celeridad teniendo en cuenta su ritmo de trabajo: dos días. Y lo hace de la siguiente manera:

1.- Respecto a la falta de motivación, la propia Sala, sin atreverse a desautorizar a la Secretaria, sí debió sentir algo de vergüenza ajena por lo parco de su trabajo, pues ventila el asunto de la siguiente manera: “Dicha resolución podrá calificarse de parca, breve o sin profundizar sobre el trabajo desarrollado por el Letrado al Servicio del Principado de Asturias, pero no carente de motivación ya que expresa que dicho Letrado además como tal, actuó en representación de la Administración demandada, asumiendo la doble condición de Letrado y Procurador, girando sus honorarios como Letrado en exclusividad, añadiendo además que actuó con dignidad y solvencia, al tiempo que estima desmotivadas y huecas las alegaciones vertidas en cuanto al trabajo desarrollado al efectuar la impugnación de la tasación de costas, de modo y forma que no estimó necesaria efectuar modificación alguna a la tasación presentada, como prevé el artículo 246.3 de la ley de Enjuiciamiento Civil”. Lo cual implica un reconocimiento implícito de la falta de motivación, porque si los impugnantes alegaban la doctrina del no automatismo de la aplicación de los honorarios, sino su ponderación con otros criterios, necesariamente debiera haber entrado en los mismos, sin que la “dignidad y la profesionalidad” sean consideraciones que la jurisprudencia del Tribunal Supremo estime han de valorarse a efectos de costas, entre otras cosas porque la profesionalidad y la dignidad se suponen inherentes a todo miembro de la comunidad jurídica. O, cuando menos, eso creía el responsable de este blog.

2.- En cuanto a la jurisprudencia, no puede ser más disparatada la resolución de la Sala. Dejemos que los propios magistrados se expresen: “las resoluciones en las que se apoya, los Autos de fecha 13 de diciembre de 2012 y 20 de abril de 2009 no son trasladables en sus propios términos al caso que examinamos pues en el primero lo refiere exclusivamente a un escrito manifestando la oposición al recurso, sin examen alguno del contenido del recurso, y el segundo al estimarlo vacío de contenido concreto, que reducían los honorarios de 2.000 € a 300 y 500 € respectivamente”; literalmente, sin más. Dejando de lado que no sólo se citaban esas dos, sino otras siete más en casos idénticos, ¿Por qué no son trasladables? Da la impresión de que la Sala no se ha dignado en mirar las resoluciones, sino tan sólo la transcripción hecha en el recurso de revisión (lo cual, por cierto, diría bien poco en favor de los magistrados) pero no se explica por qué no son trasladables al caso, cuando el núcleo del asunto debatido era precisamente que el Principado de Asturias no había realizado más que una solicitud genérica de oposición; teniendo en cuenta que la propia Sala reconocía tan sólo unas líneas más atras que la Secretaria había desestimado la impugnación “sinprofundizar sobre el trabajo desarrollado por el Letrado al Servicio del Principado de Asturias”, pues la pregunta es clara ¿Cómo es posible aplicar una jurisprudencia que establece la necesidad de valorar el trabajo efectuado si ello no se ha hecho?. Lo cual me lleva a otra pregunta aún más inquietante: si hubiesen sido los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias quienes hubiesen impugnado una minuta sobre la base del escaso valor del trabajo realizado ¿Hubiese resuelto la sala de la misma manera? Aún a riesgo de equivocarme, emulando al doctor Livsey de “La isla del tesoro”, apostaría mi peluca a que en ese caso la minuta hubiese sido reducida ipso facto e incluso con algún juicio de valor denigratorio sobre el letrado minutante.

La explicación de este asunto no puede ser más que una: la peculiar naturaleza del asunto del cual derivaba la minuta, es decir, la impugnación por el Ministerio Fiscal de la resolución del Colegio de Abogados que, como medida de protesta por la escasa y tardía remuneración del servicio de justicia gratuita, había dejado de prestarlo. Y no deja de ser curioso, porque uno de los firmantes del Auto comentado manifestó  públicamente ante un auditorio de más de un centenar de personas, la mayoría de ellos letrados de diversas partes del territorio, y ante el estupor de gran parte de la audiencia que los jueces, al igual que los letrados, no tenían derecho a la huelga sin perjuicio de lo cual si sus compañeros la hicieran él la secundaría, aun sabiendo que carecía de tal derecho (sic).

En fin, que la lectura de este Auto me ha recordado las célebres palabras con las que Ernst Janning (magníficamente interpretado por Burt Lancaster) que había presidido el Tribunal encargado de resolver el caso Feldenstein-Hoffmann, reflexionaba sobre el mismo: “Ya tenía decidido mi veredicto en el caso Feldenstein antes de entrar en la Sala para juzgarle. Le hubiese declarado culpable pese a cualquier evidencia. Aquello no fue un juicio, fue un sacrificio ritual, en el que Feldenstein el judío era la víctima indefensa”.

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2 comentarios el “EL TSJ DE ASTURIAS PERMITE AL PRINCIPADO MINUTAR 780 EUROS POR DOS FOLIOS.

  1. Desgraciadamente no deja de ser, cuando menos curioso, que la imagen que de la Judicatura tiene la ciudadanía, pueda llegar a corresponderse con la que -respecto de ciertos Órganos- soportan los profesionales del Derecho.
    Los conceptos de arbitrariedad y motivación, que tan unidos caminan y tan necesario resulta distinguir para resolver en Derecho, no han podido a mi juicio llegar a resultar en una decisión más burda y simplista por resolución de la Sala.Y así, el propio derecho de defensa se pervierte desde su más íntimo origen para cuestionarnos si realmente el trabajo diario de quien así decide pueden llegar a llamarse sin duda “acorde a la legalidad”.

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