LA INSEGURIDAD FISCAL AL DESCUBIERTO: EL INFORME/PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES.

Encrucijada

A finales de enero de este año 2014 la Asociación Española de Asesores Fiscales ha hecho público su informe que contiene las Propuestas de reforma del sistema tributario español.  Éstas se centran en los tres impuestos más relevantes (Renta de las Personas Físicas, Sociedades, así como el del Valor Añadido). Sin entrar en el fondo en cuanto a las recomendaciones que en cada una de las figuras tributarias realiza dicha Asociación, sí que llaman la atención las reflexiones contenidas en el apartado inicial o introductorio, porque contienen unas reflexiones que, aún sin decirlo explícitamente, suponen una desautorización in toto de la actual legislación tributaria española y de la nefasta política legislativa que siguen actualmente tanto el Gobierno como los Ministerios de Economía y el de Hacienda, cuyos titulares no están, además, precisamente bien avenidos.

La primera, en la frente. Veamos lo que dice dicho informe: “Es necesario configurar un auténtico ´sistema` tributario, que integre armoniosamente las distintas figuras impositivas, respetando unos principios básicos comunes y cuyos objetivos sean la búsqueda de una mayor suficiencia y eficiencia recaudatoria, simplicidad, equidad y neutralidad, objetivos a los que, entendemos, toda reforma fiscal debe aspirar”. La lectura atenta del precepto permite intuir, trascendiendo de las frases concretas, que actualmente carecemos de un sistema tributario armónico (pues, de lo contrario, no sería necesario  ”configurarlo”) y que, además, carece (o no logra de lleno) los objetivos indicados, entre los cuales destacan la simplicidad, equidad y neutralidad. En otras palabras, que la actual legislación fiscal española no logra ser ni simple, ni equitativa ni neutral. Algo que es vox populi, pero que con este informe queda reconocido abiertamente y con toda su crudeza por profesionales del sector de la asesoría fiscal.

La segunda, al costado. Critica el informe la absoluta inseguridad normativa que preside la política legislativa en los últimos tiempos, con el uso y abuso de la figura del Real Decreto Ley. Pero en esta ocasión no se acude a mensajes implícitos  que precisen del receptor una labor de interpretación, sino que en este tema se opta por lanzar el guante de forma descarnada, realizando la acusación con toda su crudeza: “No podemos olvidarnos de que todo sistema tributario precisa de un marco de estabilidad normativa que garantice la seguridad jurídica de los contribuyentes, actualmente en cuestión debido a los continuos cambios legislativos. Por ello consideramos imprescindible que la reforma del sistema se desarrolle en un entorno normativo estable y duradero, requisito básico para generar el clima de confianza preciso para reforzar la imagen de nuestro país en el exterior. La estabilidad normativa ha de venir acompañada de una adecuada técnica tributaria, por lo que entendemos el legislador debe utilizar los instrumentos normativos más adecuados, evitando en la medida de lo posible el uso indiscriminado del Real Decreto-Ley en el ámbito tributario. De igual manera, sería deseable que se evitara la introducción de innovaciones o modificaciones de las interpretaciones de las normas legales por vía reglamentaria o de consulta, y con carácter retroactivo, actuaciones generadoras de inseguridad jurídica”. Blanco y el botella. Se reconoce explícitamente que no se cumple el requisito constitucional de seguridad jurídica en el ámbito tributario debido a los “continuos cambios legislativos” ; que la técnica legislativa en materia tributaria es nefasta (aunque se utilice la pudorosa expresión: “ha de venir acompañada de una adecuada técnica legislativa”), amén de acusar a la Administración tributaria de una manera nada velada de modificar implícitamente las normas legales por vía meramente interpretativa y en ocasiones con carácter retroactivo. Vamos, lo que estaba en boca del común de los mortales y que cualquier contribuyente conoce perfectamente aunque no sea más que por sufrir en sus propias carnes este Frankenstein jurídico que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pero en esta ocasión las críticas tienen una mayor auctoritas al provenir de una Asociación que agrupa a los profesionales del sector de Asesoría Fiscal, es decir, de los expertos en la materia.

Last, but not least, se resumen en tan sólo tres líneas los objetivos últimos del informe: “un sistema tributario más simple, menos complicado, que sea fácilmente entendible por el contribuyente y que libere a éste de innecesarios y excesivos costes administrativos y de cumplimiento”. Esta idea básica, es decir, menor complejidad y facilidad de comprensión, no debería limitarse únicamente al sistema tributario, sino que debería ser un criterio o guía de actuación del legislador en general, tal y como indicaba recientemente Lord Neuberger, presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, en una conferencia de la que nos hicimos eco en el presente blog, y en la cual abogaba por leyes “accesibles”, utilizando este término no en su sentido físico (el fácil acceso a la consulta de un instrumento normativo) sino en un sentido más amplio y metafísico, es decir, identificando accesibilidad con inteligibilidad.

Otra cuestión que el informe apunta de pasada pero que no desarrolla (quizá porque se trata de cuestiones relativas a aspectos procedimentales o de gestión y no a la materia tributaria propiamente dicha) es la de liberar al contribuyente de “innecesarios y excesivos costes administrativos y de cumplimiento”. Esto debe ponerse en conexión con la reciente política ministerial que, según la prensa, ha sumido en el caos a la Agencia Tributaria al suprimir ad radice y de manera inmediata la presentación de declaraciones en papel. Es un hecho público y notorio que la Administración tributaria es la más burocratizada (lo que ha es decir, teniendo en cuenta la afición cuasienfermiza que nuestro país tiene por la burocracia) y donde el formalismo es la regla general. Pues bien, desde el 1 de enero de 2014 se ha ordenado que determinadas declaraciones únicamente puedan presentarse por vía telemática, lo cual tiene sus riesgos teniendo en cuenta que la página web de la Agencia Tributaria (a través de la cual han de realizarse las presentaciones) no es un modelo precisamente de claridad, corrección y ni tan siquiera de funcionamiento, no siendo tampoco infrecuente que la misma se “cuelgue” o aparezcan informes de error. Está claro lo que se pretende, y es algo que también están comenzando a hacer las entidades financieras: que todos nos convirtamos en trabajadores no remunerados de dichos entes. En efecto, la presentación telemática tiene la ventaja de que es inmediata y que puede ser elaborada, cumplimentada y presentada desde cualquier rincón del planeta que disponga de conexión a la red. Ahora bien, si quien cumplimenta, presenta y registra es el ciudadano, ello implica que sobra el personal encargado de la recepción que deberá ser reubicado a otras tareas (y, en el caso de entidades financieras, ello debería descargar al ciudadano de los costes de administración y mantenimiento). No es ningún secreto que el titular de este blog aboga por la modernidad y por el uso de las nuevas tecnologías. Ahora bien, una cosa es la implantación voluntaria, léase, dar la posibilidad a todo ciudadano de tener la opción de realizar sus trámites a través de la web, debiendo estar toda Administración obligada a poner a disposición del interesado los medios para que pueda utilizar dicho sistema; pero otra muy distinta es imponerlo como obligatorio, algo que, personalmente, me parece absurdo.

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