LA ESENCIAL PRERROGATIVA DEL CHIEF JUSTICE DE DESIGNAR AL MAGISTRADO REDACTOR MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.

Court

Muy recientemente la analista Linda Greenhouse publicaba un interesantísimo artículo titulado Chief Justice Roberts in His Own Voice: The Chief Justice’s Self-Assignment of Majority Opinions donde, con motivo del octavo aniversario del acceso de John Glover Roberts jr a la presidencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos analizaba estadísticamente el número de asuntos en los cuales el chief justice había acometido la tarea de elaborar personalmente las sentencias, analizando precisamente una de las más importantes, por no decir la prerrogativa más importante del máximo representante de la judicatura federal. Ello puede Ser un buen motivo para reflexionar sobre el papel que el Chief Justice of the United States ostenta en el seno de la federación y, sobre todo, su papel en relación con los otros poderes del Estado y el estatus del que goza entre sus restantes compañeros, los associate justices.

En Estados Unidos, al igual que Inglaterra (país a cuya tradición jurídica pertenece como antigua colonia que fue del Imperio británico) no existe ni ha existido nunca un órgano de gobierno de los jueces, lo cual es un tanto a su favor. El máximo responsable de la judicatura federal es el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuya denominación oficial es la de Chief Justice of the United States. No sólo es la tercera autoridad del Estado (por detrás tan sólo de Presidente y Vicepresidente) sino la cabeza visible del Poder Judicial de la federación, cuya representación asume. Él es el encargado de solicitar al poder legislativo los fondos necesarios para el sostenimiento del poder judicial, y de ahí que la persona que ostente el cargo tenga que tener no sólo dotes de jurista, sino elevarse aún más como negociador dado que será él quien tenga que poner de manifiesto ante el Congreso las necesidades del Poder Judicial. De igual manera, es él quien, cada cuatro años desde 1937, biblia en mano, toma juramento al Presidente de los Estados Unidos cada veinte de enero (con anterioridad a dicho año la toma de posesión del máximo mandatario norteamericano tenía lugar el cuatro de marzo); a primera vista, habrá quien considere que la toma de juramento (administer of oath) pueda ser algo meramente simbólico, aunque la importancia que se otorga a la forma es tan grande que en enero de 2009, a raíz de los errores que tuvieron lugar en la toma del juramento al Presidente Barack Obama (y en la cual tuvieron no poca culpa el personal de confianza del presidente, y el propio chief justice –quien se fio excesivamente de su por otra parte prodigiosa memoria-) se optó por realizar en privado una nueva ceremonia de juramento entre otras cosas, porque uno de los juristas del equipo del nuevo presidente llegó a preguntarse, medio en broma medio en serio: “Is he really the president?”, tal y como cuenta Jeffrey Toobin al comienzo de su libro “The Oath: The Obama White House and the Supreme Court

Pero sin duda alguna, la tarea más importante del Presidente del Tribunal Supremo es la que desempeña dentro del máximo órgano judicial. En la historia judicial estadounidense, es habitual referirse a cada época del Tribunal Supremo en función de quien en cada momento ha ostentado la presidencia del mismo; así, se habla de “Marshall court” (presidencia de John Marshall), Taney Court (presidencia de Roger B. Taney), Warren Court (presidencia de Earl Warren) o Rehnquist Court (presidencia de William H. Rehnquist). Sin embargo, el hecho de ostentar la presidencia le otorga únicamente dos prerrogativas fundamentales: la primera, el dirigir las vistas públicas que tienen lugar en la sede de la institución y, en segundo lugar, la que es prerrogativa más importante y decisiva (como el propio John Roberts y su predecesor, William H. Rehnquist han indicado) es la de designar al ponente de cada sentencia. Ello puede en principio sonar extraño e incluso chocante a oídos continentales, donde se pretendió objetivar la designación al imponer que el ponente fuese designado por turno establecido entre los integrantes de la Sala u órgano colegiado, por imperativo del artículo 203.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial (“En cada pleito o causa que se tramite ante un Tribunal o Audiencia habrá un Magistrado ponente, designado según el turno establecido para la Sala o Sección al principio del año judicial, exclusivamente sobre la base de criterios objetivos”); añadamos que esto último es el criterio legal, dado que en la práctica cotidiana se producen situaciones que precisarían de un tratado de humor negro para describirlas. Pero lo cierto es que en Estados Unidos desde casi su misma fundación, el sistema ha sido otro bien distinto que, en la práctica, ha demostrado que funciona a la perfección sin producir disfunciones.

Para analizar esta decisiva e importantísima prerrogativa del chief justice, conviene hacer un poco de historia. Retrocedamos en el tiempo hasta 1789, cuando John Jay es nombrado primer chief justice. Bajo su mandato y bajo el de su sucesor, Oliver Ellsworth (1796-1800), el modo de resolver los asuntos continuaba la práctica inglesa en lo que se denominaba in seriatim: cada magistrado elaboraba su versión del asunto y no existía una sentencia del Tribunal propiamente dicha, sino tantas sentencias como magistrados. Este modo de resolver los asuntos sufre un cambio radical bajo la decisiva presidencia de John Marshall (1801-1835) quien, junto con desterrar la toga rojinegra con ribetes de armiño en función de la simple toga negra, inicia la práctica de redactar una única sentencia en la cual se reflejase “the opinion of the Court” y no la individual de cada uno de sus integrantes, cambio que realizó con la intención de fortalecer la institución y convertirla en un todo orgánico, no en la mera suma de individualidades. Desde entonces, por convención (es decir, por una regla no escrita) es el chief justice quien designa al ponente de la sentencia en cada caso, excepto en los supuestos en que se encuentre entre la minoría (es decir, entre los discrepantes) en cuyo caso es el más veterano de entre los jueces que integran la mayoría quien asume dicha facultad. El chief justice ni tan siquiera ostenta voto de calidad en caso de empate, entre otras cosas porque el número impar de miembros de la institución (que se ha establecido definitivamente en nueve desde el final de la guerra de secesión) hace inusual que se de dicha circunstancia (algo que únicamente puede darse en caso de vacantes o de abstención o recusación).

Esa facultad de designar al ponente en cada caso es tan relevante que han existido periodos en los cuales quienes se encontraron empuñando el timón de la nave judicial no dudaron en mutar su decisión y cambiar su voto para no perder dicha prerrogativa. Bob Woodward y Scott Armstrong, en su clásico The Brethren narraban cómo Warren Burger no tenía empacho en cambiar su voto de la forma más descarada cuanto intuía que podían privarle de la facultad de decidir quién podría elaborar una sentencia. Afortunadamente esta situación fue atípica, y tanto William Rehnquist como John Roberts, pese a su conservadurismo ideológico, siempre se han atenido a la costumbre, respetando escrupulosamente las normas de funcionamiento interno de la institución. Lo normal es que el chief justice se asigne la elaboración de las sentencias que, por su especial trascendencia o por lo relevante del fondo del asunto, lo precisen y, en otros casos, lo defieran a aquéllos de sus compañeros que crean pueden articular en torno a sí un consenso sobre la decisión final del caso. No es extraño que determinados magistrados se enajenen apoyos como, por el contrario, otros puedan agrupar un mínimo común denominador que permita pese a diferencias de pensamiento jurídico un consenso sobre la materia, como también es posible que una mayoría inicial se diluya en favor de otra bien distinta. Pongamos varios ejemplos. Un caso paradigmático es el que en 1974 ocasionó la dimisión del presidente Richard Nixon, dado que en United States v. Nixon el Tribunal Supremo falló por unanimidad en contra del Presidente (por cierto, que entre los ocho magistrados que resolvieron el caso –William Rehnquist se abstuvo al haber formado parte del departamento jurídico de Nixon hasta 1971- se encontraban tres nombrados por Nixon); aunque la sentencia aparece como elaborada por el chief justice, por la obra de Bob Woodward anteriormente citada así como por la de Bernard Schwartz sabemos que en realidad fueron sus colegas los responsables de gran parte de la misma al enmendar radicalmente el borrador inicial presentado por Burger, pese a que se consideró que por la trascendencia del asunto debía continuar llevando la firma de éste. También se daba el caso que en asuntos relativos a la Primera Enmienda en la época de Burger éste se reservaba a sí mismo los asuntos que podían granjearle titulares favorables, reservando aquéllos mal vistos por las rotativas a Byron White, quien se ganó así injustamente la fama de enemigo acérrimo de la libertad de expresión. No faltan ocasiones en que un asunto se falla inicialmente de una manera y termina resolviéndose de otra forma muy distinta, como ocurrió en 1992 en el caso Planned Parenthod v. Casey, donde una mayoría inicial de 7 magistrados optó por dejar vacío de contenido el caso Roe v. Wade sin derogarlo expresamente; el chief justice William Rehnquist decidió elaborar personalmente la sentencia, aunque ulteriormente tres de los magistrados que integraban esa mayoría (Sandra Day O´Connor, David Souter y Anthony Kennedy) mutaron de criterio y el asunto se acabó resolviendo de manera muy distinta a la inicial. En el año 2000, en el caso Dickerson v. United States, se produjo una tremenda sorpresa al ver cómo William H. Rehnquist, uno de los más furibundos críticos del caso Miranda v. Arizona, se asignaba como chief justice la elaboración de una sentencia que confirmaba expresamente dicho leading case.

No es tampoco infrecuente que algunas sentencias aparezcan elaboradas per curiam. Ello puede deberse a dos circunstancias. Lo normal, que se trate de asuntos de escasa importancia donde carece de relevancia quién ha sido el redactor material. Pero en contadísimas ocasiones puede deberse a que no se desea que conste expresamente quién ha sido el muñidor de la resolución, algo que ha acontecido en el polémico asunto Bush v. Gore, en una opinión que aparece formalmente como per curiam, aunque es vox populi que la autoría corresponde a Anthony Kennedy.

Como podemos comprobar, pese a la aparente escasa importancia de esta prerrogativa, en la práctica es la más decisiva y esencial que posee el chief justice.

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