ANULACIÓN DEL CÉNTIMO SANITARIO: REFLEXIONES SOBRE SU DEVOLUCIÓN Y EL PAPEL DE LA PRUEBA INDICIARIA EN LA MISMA.

Céntimo sanitario

Los últimos días saltaba a la luz una noticia largamente esperada: la Sentencia de 27 de febrero de 2014 la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el Impuesto sobre Ventas Minoristas en Determinados Hidrocarburos (el popularmente conocido como “céntimo sanitario”) por contravenir la normativa comunitaria. El impacto del mismo sobre la Hacienda pública será mínimo, dado que, según aparece publicado hoy en los principales medios de comunicación, de los 13.000 euros que las distintas Administraciones han recaudado en virtud del mismo únicamente devolverán un importe mínimo, el correspondiente a los últimos cuatro años, lo que implica que de cerca de 13.000 millones de euros recaudados por dicha figura tributaria en principio sólo devolvería 3.000 millones. Ello es así porque el efecto de la Sentencia trae una consecuencia inmediata: la consideración como indebidos de los ingresos percibidos por las Administraciones por dicho tributo; ahora bien, como el plazo general establecido en la legislación tributaria para solicitar la devolución es de cuatro años (artículo 66.c de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria), únicamente podrían solicitarse el reembolso de las cantidades abonadas por dicho concepto durante los últimos cuatro años (es decir, periodo 2010-2014). Lo cual plantea una interesantísima reflexión filosófica: las distintas Administraciones públicas se ha estado financiando ilegalmente durante nada menos que catorce años, y un altísimo porcentaje de esos ingresos detraídos ilícitamente a los particulares éstos no podrán recuperarlo. El ejemplo del celebérrimo autos a la hora de comparar determinados Estados con “cuevas de ladrones” viene de forma inmediata a la memoria. Teniendo en cuenta, además, que el Ministerio Fiscal y los Servicios Jurídicos del Estado están incoando pleitos penales a individuos y sociedades que defraudan al fisco, lo lógico sería, en contrapartida, exigir que el Ministerio Fiscal y los particulares exigiesen al fisco responsabilidades penales por fraude al patrimonio de los ciudadanos. Ayer, además, estuvo muy acertada la líder de Unión, Progreso y Democracia, quien manifestó su deseo de que las Administraciones públicas cumpliesen esta sentencia con la misma celeridad y eficacia con que llevaron a efecto la que anuló la célebre “doctrina Parot”.

Para el ciudadano medio existen problemas adicionales que en la práctica pueden llevar a que esta sentencia no tenga para ellos más que el carácter meramente declarativo. El problema en cuestión, apuntado por algunos medios de comunicación al glosar la sentencia, radica en que la Agencia Tributaria únicamente únicamente devolverá el importe de dicho tributo cuando el mismo se acredite mediante factura en regla, no siendo necesario válido el ticket. Lo habitual es que el ciudadano medio, el españolito de a pie, no sólo no tenga factura, sino que ni tan siquiera tenga ticket de recarga. Ello supondría, en principio, que no podría acogerse a la devolución de ingresos indebidos. ¿O si? Agavillo aquí algunas ideas y reflexiones que me vinieron a la mente y que podrían servir de base a la solicitud de devolución de ingresos indebidos sobre la base de dos conceptos admitidos por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia: los hechos notorios y la prueba indiciaria. Veamos cómo, anudando esos dos conceptos junto con un hecho que puede acreditarse perfectamente por cualquier interesado, puede intentar abatir el muro defensivo que la Agencia Tributaria ha comenzado a levantar ya para proteger este formidable hueco que en sus defensas abrió el poderoso ariete de la sentencia comunitaria.

1.- Hecho público y notorio. Están exentos de prueba los hechos notorios, y así lo estipula con carácter general el artículo 281.4 de la Ley 1/2000 al indicar que “No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”. En este sentido, la monografía más importante sobre esta materia en el ámbito contencioso, la obra de José Ramón Chaves García “La prueba contencioso-administrativa: análisis dogmático y jurisprudencial” precisa en su página 125 que “Por notoriedad ha de entenderse que el común de las personas puede y tiene acceso al conocimiento de la situación sin especiales esfuerzos indagatorios o intelectivos y, por ello, la pretensión de prueba de hechos notorios ha de ser denegada por innecesaria”. Pues bien, es un hecho público y notorio que un vehículo tiene necesidad de combustible para poder funcionar. Hasta ahí, vamos bien.

2.- Hechos que puede acreditar el particular mediante la oportuna prueba documental. Entiendo que existen dos aspectos que puede acreditar el interesado mediante una prueba documental fácilmente accesible:

A.- La titularidad del vehículo. Basta con una simple copia del permiso de circulación del vehículo o, subsidiariamente, un oficio a la Jefatura de Tráfico que acredite quién aparece como titular del vehículo.

B.- El tipo de combustible y la capacidad del depósito. Es una prueba que el interesado puede suministrar de forma muy sencilla, simplemente con la identificación del modelo y marca del vehículo y un certificado del fabricante que acredite ambos aspectos.

C.- Kilómetros recorridos en los últimos cuatro años. Este es el aspecto más problemático, pero que algunos ciudadanos tienen relativamente fácil acreditar. Aunque a partir del año 2014 será obligatorio en todas las partes del territorio nacional, actualmente en determinadas Comunidades Autónomas las estaciones que realizan la Inspección Técnica de Vehículos consignan la lectura del cuentakilómetros, de tal manera que puede mediante una sencilla operación aritmética determinarse la distancia en kilómetros recorrida por el vehículo entre esa revisión y la anterior.

3.- Prueba indiciaria. Llegamos al elemento clave del caso, y es la determinación de la cantidad abonada en concepto de “céntimo sanitario”.  Un excelente resumen de los requisitos para que pueda operar la prueba indiciaria (con abundante cita de jurisprudencia constitucional) lo realiza el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de 20 de febrero de 2013 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada en recurso número 688/2010, en un ámbito además tan delicado como es el derecho administrativo sancionador:  “En este sentido, es preciso recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo admite la prueba indiciaria siempre que no admita duda sobre el hecho que se trata de acreditar. La Sentencia de 25 de enero de 2012 declara que “debe recordarse que, en lo que hace a la prueba por indicios, el Tribunal Constitucional tiene ciertamente declarado (SSTC 174/1985, 175/1985, 24/1997, 157/1998, 189/1998, 220/1998, 44/2000 y 117/2000) que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia. Pero en sus resoluciones más recientes (SSTC 111/2008 y 109/2009) ha considerado requisitos imprescindibles los siguientes: 1) una prueba plena de los hechos base o indicios; 2) que exista un engarce lógico entre los “hechos base y los hechos consecuencia” y 3) que el razonamiento se funde en una comprensión razonable de la realidad. Y exigiéndose en cuanto a este último requisito que la inferencia realizada sea lógica y coherente –canon de lógica- y los indicios tengan carácter concluyente o al menos suficiente, de forma que la inferencia no sea excesivamente abierta y permita conclusiones alternativas, pues en este caso ninguna puede darse por probada –canon de suficiencia- (SSTC 189/1998, 220/1998, 124/2001, 137/2002, 155/2002, 229/2003, 300/2005, 123/2006)”. Pues bien, aplicando tal doctrina al caso que nos ocupa, tenemos como hechos ciertos e indubitados tanto la propiedad del vehículo, la capacidad del depósito, la clase de combustible que consume y los kilómetros recorridos durante los últimos cuatro años. A partir de esos datos es posible inferir por meras operaciones matemáticas la cantidad de combustible que ese vehículo precisó para recorrer tal distancia, y de ahí puede igualmente inferirse por una simple aplicación de los precios de mercado el importe que el ciudadano hubo de satisfacer para adquirir tal cantidad. Basta igualmente hacer una simple regla de cálculo aplicando la normativa del impuesto para deducir qué cantidad abonó un ciudadano en concepto de “céntimo sanitario”.

Podrá hacerse, en efecto, una objeción: dicho tributo no se aplica en todas las Comunidades Autónomas, sino tan sólo en trece de las diecisiete (Canarias, País Vasco, La Rioja y Aragón no lo aplicaron) y que, por tanto, tanto la Agencia Tributaria como los Servicios Jurídicos del Estado podrían argumentar que no queda acreditado dónde se realizó la recarga. Es relativamente fácil probar que una recarga no se hizo en la comunidad Canaria si uno es residente en la península y no ha realizado nunca un viaje a dicha comunidad, pero no lo es tanto acreditar, por ejemplo, si es residente en Galicia que la recarga se ha hecho en cualquiera de las trece comunidades que aplican dicho tributo. Pues bien, en este caso por la mera aplicación del principio de justicia material y facilidad probatoria, dado además que ha sido la Administración quien se ha beneficiado de unos ingresos indebidos, entiendo que sería la Administración quien debe acreditar que la recarga se ha hecho en una de esas cuatro comunidades.

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