LA ESQUIZOFRENIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA: LA RECUPERACIÓN DE LA POSTULACIÓN FACULTATIVA EN EL CASO DE EMPLEADOS PÚBLICOS MENOS DE UN AÑO DESPUÉS DE SU SUPRESIÓN.

imagesCA660CNV

El legislador actual actúa de tal forma cuando ejerce la iniciativa legislativa mediante la adopción de proyectos de ley que los mismos parecen provenir de compartimentos estancos, de tal manera que el emanado de uno de los ministerios se elabora de forma autónoma e incluso de espaldas a otro departamento que puede resultar afectado. Pero cuando un único Ministerio se desautoriza a sí mismo en poco menos de un año ello únicamente puede explicarse acudiendo al campo de la psiquiatría, pues bien pudiera ser que el órgano administrativo en cuestión estuviese afectado de un brote de esquizofrenia o bipolaridad. Eso es lo que ha ocurrido con el Ministerio de Justicia a raíz de la postulación procesal de los funcionarios. Veámoslo con más detalle.

A la hora de abordar la representación y defensa de las partes en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el artículo 23.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio en su redacción original contenía una especialidad en materia de empleo público que eximía a los funcionarios de la postulación obligatoria a través de abogado y/o procurador: “Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles”. En este sentido, Tomás CANO CAMPOS en el comentario que a dicho precepto efectuó en el número 100 de la Revista Española de Derecho Administrativo (publicación especial dedicada con carácter monográfico al análisis de la nueva Ley 29/1998) informaba que “El proyecto de 1995, rompiendo con el anterior sistema, imponía también a los funcionarios públicos la necesidad de ser representados por Procurador y defendidos por Abogado, justificándolo su Exposición de Motivos en la no infrecuente interposición de recursos manifiestamente mal fundados en esta materia. Pero a ello se opuso la opinión del Consejo de Estado, en su dictamen al Anteproyecto, y el informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados, por lo que el proyecto optó por mantener la regla especial para los funcionarios públicos. La nueva ley, en consecuencia, al igual que la anterior, presume que los funcionarios públicos conocen el Derecho que debe ser aplicado por los Tribunales, como decía la Exposición de motivos de la Ley de 1956.” Es decir, que el proyecto de 1997 que dio origen a la actual ley 29/1998 mantuvo esa exención de representación y defensa obligatoria sobre la base del informe del Consejo de Estado y la Ponencia del Congreso. Aunque Tomás CANO CAMPOS discrepa de la tesis de ambos órganos sosteniendo que “ni estaba, ni está justificada” dado que el “presunto conocimiento del Derecho material aplicable en el proceso no es suficiente para fundamentar tamaña exclusión” y que, por tanto, la “verdadera justificación de esta excepción en favor de los funcionarios, reside, más bien, en el peso de la historia, en la propia fuerza de anteriores etapas”, lo cierto es que la misma era coherente con la regulación que sobre la materia se contenía en el por entonces vigente Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, cuyo artículo 18.1 establecía que “Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”, mientras que su artículo 21 establecía que “La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia”, si bien era preceptiva la defensa letrada (que no la postulación mediante procurador) en fases de recurso de suplicación y casación. Es decir, que no sólo en los procedimientos que afectasen estrictamente a la legislación laboral, sino en cualquiera de los procedimientos regulados en la Ley de Procedimiento Laboral (lo que incluye los procedimientos en materia de Seguridad Social) la parte podía acudir a pleito sin necesidad de abogado y procurador.

Pues bien, el actual Ministro de Justicia dio un giro de ciento ochenta grados al asunto con la por tantas cosas lamentable Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, cuya disposición final segunda deroga el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998. El tercer párrafo de la Exposición de Motivos de dicha norma (recordemos que según la jurisprudencia a las Exposiciones de Motivos de las leyes se les otorga el carácter de interpretación auténtica de las mismas) justifica la medida de la siguiente forma: “La presente Ley deroga también el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto que la excepción de postulación para los funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no impliquen su separación carece ya de sentido. La práctica demuestra como esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz. En relación con los funcionarios públicos se ha de destacar también la exención de la tasa en los procesos contencioso-administrativos que inicien en defensa de sus derechos estatutarios, equiparándose su posición a la de los trabajadores en general en el orden social.” Ahora bien, no deja de ser chocante que se diga esto en una norma cuya tramitación legislativa se inicia estando ya vigente la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción Social, cuyo artículo 18.1 reproduce casi literalmente el homólogo de su predecesora, al indicar que “Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.”; ahora bien, la novedad principal de esta nueva norma radica en el artículo 21.1, donde se establece que “La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado”. En otras palabras, que en la legislación procesal laboral únicamente es exigible la defensa letrada en los procesos ante el Tribunal Supremo. Es un hecho público y notorio la complejidad de la legislación laboral y de seguridad social, cuyas mutaciones se producen a veces no mensualmente, sino casi diariamente; sin embargo, pese a esa complejidad, únicamente se impone la defensa por abogado en los procesos ante el Tribunal Supremo. Por el contrario, la Ley 29/1998 equipara a los empleados públicos a los trabajadores a efectos únicamente de la aplicación de la tasa, pero considera que la falta de representación y defensa procesal impide que el proceso sea “ágil y eficaz” (sic), algo que no puede menos que considerarse como un sarcasmo teniendo en cuenta que la jurisdicción más “ágil y eficaz” es precisamente la social.

Ahora bien, poco menos de un año después de aprobada esta medida, el Ministerio de Justicia, con el mismo titular de la cartera, elabora el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, siendo así que el Consejo de Ministros aprueba en su reunión de 21 de febrero de 2014 su remisión a las Cortes Generales y que actualmente se encuentra en fase de tramitación legislativa en el Congreso de los Diputados. Lo sorprendente es que la Disposición Final Tercera de dicho Proyecto introduce nuevamente el artículo 23.3 en la Ley 29/1998 con el siguiente tenor literal: “Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles”. En otras palabras, que vuelve a introducir el texto original del artículo 23.3 de la Ley 29/1998 que la Ley 10/2012 había dejado sin efecto. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el Ministerio rectifica de manera tan clamorosa? En esta ocasión buscaremos en vano en la Exposición de Motivos una referencia al tema, lo que contrasta con lo ocurrido en la Ley 10/2012. Lo cual implica que el Ministerio de Justicia, impulsor de esta reforma, está reconociendo implícitamente que la anterior modificación debió efectuarse sin realizar un estudio serio sobre la materia, es decir, que se tomó la decisión de forma improvisada y a la ligera. O eso, o acudir a la tesis de la esquizofrenia.

Quizá si prescindimos de argumentaciones estrictamente jurídicas, la explicación más factible sea que el actual Ministro de Desgracia e Injusticia ha supuesto para la Administración de Justicia y todos los integrantes de la misma una especie de plaga bíblica al igual que la que Yahvé, Dios de los Judíos, envió sobre el pueblo egipcio, núcleo fundamental de la narración del Éxodo. Los paralelismos alcanzan cotas auténticamente preocupantes: los destinatarios de las plagas desconocían los motivos de la misma y a qué pudiera deberse, algo que únicamente los beneficiarios de la acción, el pueblo judío, podían comprender, y ello únicamente por la comunicación directa que Moisés tenía con la deidad tutelar. En el caso actual, el mundo de la Justicia desconoce la razón de las plagas y, aunque se puede mediante el ejercicio de la razón otear los motivos últimos de las plagas que desde el Ministerio se envían frente a los distintos estamentos, no cabe duda que únicamente el reducidísimo grupo de beneficiarios están al tanto de las razones últimas por las cuales la “deidad” desencadena sus iras.

Sinceramente, es de lamentar que no exista actualmente una institución como la damnatio memoriae que sí existía en el derecho romano y de la que en varias ocasiones las instituciones romanas hicieron uso (la más célebre, aunque no la única, la tomada contra el emperador Domiciano, muy en boga en la actualidad gracias a las novelas históricas de Santiago Posteguillo). Porque ningún ministro como Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez se ha hecho con total “justicia” acreedor `por méritos propios a una damnatio memoriae.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s