EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS PUBLICACIONES EDICTALES TRIBUTARIAS EN EL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

El artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que aborda las notificaciones por comparecencia en el ámbito tributario, fue modificado por el artículo 45 de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible, norma esta última de lo que no debería jamás ser un texto legal. A raíz de dicha reforma las notificaciones tributarias se efectuarían bien por notificación en sede electrónica o bien mediante publicación oficial en el “Boletín Oficial del Estado o en los boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. La publicación en el “Boletín Oficial” correspondiente se efectuará los días cinco y veinte de cada mes o, en su caso, el inmediato hábil posterior”. Esto último, es decir, la obligación de publicarlo específicamente los días cinco y veinte de cada mes (el uso de la forma verbal imperativa en el precepto –“se efectuará”- no deja lugar a dudas) no deja de tener su gracia y es un ejemplo más del absurdo legislativo al que estamos llegando. Porque, vamos a ver, ¿Qué ocurre si el legislador no lo publica los días cinco o veinte de cada mes o el día hábil posterior, sino que incumple abiertamente este precepto? ¿Nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho por la vulneración de una norma imperativa o ante una mera irregularidad no invalidante? Y si se trata de una irregularidad no invalidante, ¿a qué establecer en una norma con rango legal un absurdo cuyo incumplimiento no acarrea infracción alguna?

Pues bien, actualmente se encuentra en tramitación legislativa el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, cuyo artículo 26.1 da una nueva redacción al artículo 112 de la Ley 58/2003, a su vez reformado, como vimos, por la Ley 2/2011. Se ve que el diarreico legislador se empeña en que nadie pueda conocer con un mínimo de certeza los textos legales actualizados, dado que cuando uno se aprende una norma viene el poder legislativo y la modifica. Pero a lo que vamos, entre otras cosas, se elimina la posibilidad de notificar en sede electrónica y se saca también del articulado la publicación en boletines oficiales autonómicos y provinciales. Veamos cómo queda redactado el segundo párrafo del artículo 112.1: “En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial del Estado. La publicación en el BOE se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.” Ojo al dato. Si se aprueba la reforma, la Administración Tributaria únicamente estará obligada a la publicación edictal en el BOE (la notificación en la oficina tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido tiene carácter meramente potestativo, no obligatorio), sin más, pero con el divertidísimo añadido de que los anuncios deberán ser (nuevo uso de la forma verbal imperativa –“se efectuará”-) los lunes, miércoles y viernes de cada semana; es decir, que se pasa de dos días al mes (los días cinco y veinte) a doce veces (tres días por cuatro semanas). Con el nada despreciable añadido que la Disposición Transitoria Quinta del Proyecto de Ley establece que: “El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la redacción que resulta de la presente Ley, se aplicará a todas las notificaciones que hayan de practicarse por las administraciones tributarias a partir de la entrada en vigor, aunque los procedimientos tributarios se hubieren iniciado con anterioridad”

He de confesar al público en general mi más absoluta sorpresa por este tipo de previsiones legales que están abiertamente para ser incumplidas y cuya utilidad práctica se me escapa. El Boletín Oficial del Estado es hoy en día ciertamente accesible a casi todo el público a través de internet, pero es un hecho público y notorio que ese periódico oficial no suele ser lectura cotidiana del españolito de a pie. ¿Qué sentido tiene establecer imperativamente las publicaciones unos días determinados si el incumplimiento de los mismos no se castiga con la nulidad sino que se considera una irregularidad no invalidante?

Un nuevo ejemplo más de la logorrea que caracteriza desde hace unos años a nuestro legislador, quien parece empeñado en ahogar a los ciudadanos con montañas y montañas de textos legales, muchos de ellos absolutamente superfluas.

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