FARE v. MICHAEL O LA CONSIDERACIÓN SOCIAL DEL ABOGADO EN EL SISTEMA PENAL AMERICANO.

Law

Cuando hace poco revisitaba uno de los episodios de las primeras temporadas de la serie Ley y Orden, uno de los abogados defensores solicitaba la supresión de determinadas declaraciones de su defendido basándose en un precedente, el caso Fare v. Michael, donde se habían anulado las declaraciones de un menor dado que éste, al habérsele informado de sus derechos Miranda, había solicitado la presencia de su oficial de libertad condicional. Ante la cita de ese caso, Benjamín Stone, ayudante del fiscal que llevaba el caso, indicaba “Y el Tribunal Supremo revocó la sentencia” a lo que el defensor replicaba: “Lo que Rehnquist te quita, el Estado puede devolvértelo”. Lo cierto es que la sentencia que se citaba en el episodio es verídica, aunque la referencia a Rehnquist es incomprensible, dado que la sentencia es de fecha 20 de junio de 1979, el por entonces chief justice era Warren E. Burger y el ponente de la sentencia fue Harry Blackmun. La referencia a Rehnquist únicamente puede entenderse si se tiene en cuenta una circunstancia de la cual el espectador puede no estar al tanto: el episodio de Ley y Orden se rueda en el año 1991, cuando William Rehnquist era ya chief justice desde hacía un lustro.

El caso Fare v. Michael [441 US 707 (1979)] aborda, en efecto, una presunta vulneración de los derechos miranda cuanto un joven de dieciséis años y medio que se encontraba en libertad condicional (en realidad, por sus antecedentes, era una persona de “reconocido prestigio” en el ambiente judicial dado que tenía antecedentes desde la temprana edad de doce años) y al cual la policía le interroga tras advertirle de los derechos Miranda, entre los cuales se encontraba el de permanecer en silencio y la posibilidad de solicitar un abogado. Cuando, tras indicar el detenido que es posible que hable con ellos y entonces uno de los dos policías le pregunta expresamente si desea entonces renunciar a sus derechos Miranda, el joven pregunta: “Can I have my probation officer here?” (es decir, “Puede venir mi oficial de la condicional?”). La razón por la que el joven deseaba la presencia de dicho funcionario y no de un abogado fue tan sorprendente que dejó sin habla a los policías: “How I know you guys won’t pull no police officer in and tell me he’s an attorney?” (lo que vendría a ser algo así como: “Cómo se que el abogado no es en realidad un policía?”). Dado que el interrogatorio fue grabado, el Tribunal pudo hacerse una idea bastante clara del asunto. El juzgado de instancia rechazó suprimir la declaración, pero el Tribunal Supremo de California estimó que los oficiales de policía habían vulnerado los derechos que todo acusado tiene en base a la doctrina Miranda.

Pues bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rectifica la interpretación extensiva del caso que había realizado su homólogo de California, y lo hace tomando en consideración precisamente el papel del abogado en el sistema penal americano: “The rule in Miranda, however, was based on this Court’s perception that the lawyer occupies a critical position in our legal system because of his unique ability to protect the Fifth Amendment rights of a client undergoing custodial interrogation. Because of this special ability of the lawyer to help the client preserve his Fifth Amendment rights once the client becomes enmeshed in the adversarial process, the Court found that “the right to have counsel present at the interrogation is indispensable to the protection of the Fifth Amendment privilege under the system” established by the Court. Moreover, the lawyer’s presence helps guard against overreaching by the pólice and ensures that any statements actually obtained are accurately transcribed for presentation into evidence. The per se aspect of Miranda was thus based on the unique role the lawyer plays in the adversarial system of criminal justice in this country. Whether it is a minor

or an adult who stands accused, the lawyer is the one person to whom society as a whole looks as the protector of the legal rights of that person in his dealings with the police and the courts. For this reason the Court fashioned in Miranda the rigid rule that an accused’s request for an attorney is per se an invocation of his Fifth Amendment rights, requiring that all interrogation cease. We thus believe it clear that the probation officer is not in a position to offer the type of legal assistance necessary to protect the Fifth Amendment rights of an accused undergoing custodial interrogation that a lawyer can offer. The Court in Miranda recognized that “the attorney plays a vital role in the administration of criminal justice under our Constitution.”. La cita es larga, pero podríamos traducir sus puntos básicos de la siguiente manera: “Sin embargo, la doctrina Miranda se basaba en la convicción de este Tribunal en el sentido que el abogado ocupa una posición crítica en nuestro sistema legal debido a su habilidad técnica para proteger los derechos que a su cliente otorga la quinta enmienda cuando está siendo interrogado bajo custodia [policial]. Precisamente debido a esa especial habilidad del letrado para ayudar a su cliente a preservar sus derechos de la quinta enmienda una vez se ve inmerso en el proceso, el Tribunal estimó que el derecho a la presencia letrada en el interrogatorio es indispensable para la protección del privilegio de la quinta enmienda en el sistema establecido por el Tribunal. Más aún, la presencia del letrado previene a los agentes frente a los abusos de la policía y asegura que las declaraciones obtenidas con correctamente transcritas para su aportación como prueba […] Creemos firmemente que el oficial de la libertad condicional no está en la posición de ofrecer a una persona detenida y que está siendo interrogada bajo custodia esta clase de ayuda legal necesaria para la protección de los derechos de la quinta enmienda de la misma manera que lo haría un letrado […] Este Tribunal reconoció en el caso Miranda que bajo nuestra Constitución, el abogado desempeña un papel vital en el sistema de justicia penal”.

En efecto, este reconocimiento explícito, avalado por el hecho de que en la mayoría de los casos los jueces suelen tener en muy alta consideración a los profesionales de la abogacía (más que nada porque casi todos los jueces provienen del ejercicio profesional) hace único al sistema judicial estadounidense. Si volvemos los ojos a nuestra patria veremos que por lo general tales declaraciones se hacen no en resoluciones judiciales (en las que cuando no se aprovecha para zaherir a la profesión, se aprovecha para clavarles continuamente banderillas en forma de recortes de honorarios, o desestimación de solicitud de intereses cuando la Administración se retrasa en el pago de las indemnizaciones por los casos en los que se actúa en pro de un beneficiario de la asistencia jurídica gratuita) sino en reuniones más o menos oficiosas, y en gran parte de los casos con la boca chica únicamente para regalarle los oídos al auditorio cuando éste lo integran mayoritariamente profesionales del sector.

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