LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS “NO ES UNA APLICACIÓN MECÁNICA DEL FALLO”: TC DIXIT.

ejecucion

Si uno echa la vista atrás y realiza un estudio empírico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional podrá comprobar que la misma es literalmente explosiva en su conjunto. La situación podríamos describirla gráficamente con un símil: el Tribunal Constitucional español viene a ser al Estado de Derecho como una bomba de relojería puesta en los cimientos de un edificio. Todas y cada una de las crisis y disfunciones del sistema tienen su causa en alguna resolución precedente de este organismo que, a modo de detonante, es el que hace estallar abruptamente el conflicto con toda su crudeza. Cuando en el ya lejano año de 1981 iniciaba su andadura la Revista Española de Derecho Constitucional, en su primer número el recientemente fallecido Eduardo García de Enterría publicaba su artículo La posición jurídica del Tribunal Constitucional español: posibilidades y perspectivas, que el maestro iniciaba con esta frase: “El Tribunal Constitucional es posiblemente el tema central de nuestra Constitución: me atrevo a decir (e intentaré luego probar) que es aquel en que esta Constitución se juega, literalmente, sus posibilidades y su futuro”, precisando que se entraba en el tema “en cierto modo, como en tierra incógnita, porque carecemos de toda experiencia sobre el mismo, incluyendo en esta carencia la no muy brillante historia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República”. Si la experiencia del Tribunal de Garantías Constitucionales no fue “muy brillante”, en pudorosísima expresión de García de Enterría, la de su sucesor es sencillamente desastrosa. Es más, dada la inexcusable vinculación que en dicho artículo se hace entre Constitución y Tribunal Constitucional, es evidente que las interpretaciones que éste ha hecho de determinados aspectos de la norma fundamental suponen un pesadísimo lastre del que es menester deshacerse. Es más, dentro del ciclo de conferencias que, bajo el título “La reforma del Estado y de la Administración española” se celebraron a finales del 2012 en el Instituto Nacional de Administración Pública, la exposición inaugural de Santiago Muñoz Machado (que anticipaba de algún modo las tesis que sostendría en su libro “Informe sobre España”, ya entonces elaborado pero aún pendiente de lanzarse al mercado), desgranaba algunos puntos de esa nociva jurisprudencia. Pese a todo, aunque Muñoz Machado expuso y desgranó los síntomas y elaboró el diagnóstico, en mi humilde opinión se quedó corto en la cura, dado que abogó por otorgar a los jueces más competencias a la hora de ejercer el control de constitucionalidad, aunque manteniendo el Tribunal Constitucional.

Viene todo este excursus a raíz de la lectura del reciente Auto 53/2014 de 24 de febrero de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, que inadmite a trámite el recurso presentado por Foro Asturias y dos concejales frente al Auto de 24 de enero de 2014 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, resolución esta última que avalaba la constitución de la gestora en el Ayuntamiento de Cudillero dando, con ello, por correctamente ejecutada la Sentencia de 24 de septiembre de 2013 dictada por dicho órgano judicial en recurso contencioso-electoral número 669/2013. Auto que, por cierto, no deja de tener su miga y su gracia, porque pese a comenzar el mismo indicando que “no se siguieron las directrices que con toda claridad se exponían” en “las resoluciones a ejecutar”, que obligaban a “la elección del alcalde conforme a la situación en que se hallaba la corporación a la fecha de 23 de agosto de 2013” acaba dando por buena la situación sobre la base de que con todo estamos ante una irregularidad no invalidante, dado que la ejecución de la sentencia en sus justos términos “no conduciría a ninguna solución práctica” (sic); vamos, que amparándose en dicha doctrina alguien que quisiera reclamar una deuda a otra persona que es público y notorio que no goza de solvencia, podría evitar los Tribunales y acudir a métodos expeditivos sobre la base de que el acudir a los órganos judiciales “no conduciría a ninguna solución práctica” (tasas, honorarios de abogado y procurador que probablemente no pudiera repercutir en costas si el insolvente solicita justicia gratuita, pérdida de tiempo en el procedimiento declarativo y ejecutivo, donde no se localizarán bienes, etc.). Lo que es disculpable en legos en derecho e incluso en tertulias de café es algo más discutible que pueda sostenerse cuando se plasma en una resolución judicial.

Pero toda situación es susceptible de empeorar y, como no podía ser menos, el caballo de Atila en forma de Auto del Tribunal Constitucional hace su aparición. El Tribunal Constitucional inadmite a trámite el recurso de amparo, y aunque algunos de sus argumentos son discutibles, lo que es absolutamente inaudito es una frase que se desliza en el cuarto párrafo del fundamento jurídico tercero del mismo, y que transcribimos textualmente: “Es más, debe tenerse en cuenta que el proceso de ejecución no es un procedimiento de aplicación mecánica del fallo; es un proceso en sentido estricto que sirve para adaptar ese fallo a las circunstancias que la Sentencia no pudo tomar en consideración (por acaecer después de que se dictase el acto administrativo enjuiciado o de la propia Sentencia)”. En definitiva, que el proceso de ejecución no sirve para hacer efectivo el fallo de la Sentencia, como hasta ahora el humilde redactor de estas líneas creía en su inocencia que era el núcleo del mismo, sino para “adaptar el fallo a las circunstancias”, lo que supone abrir la puerta a que el proceso de ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo pueda volatilizarse, dado que ya se encargarán las distintas Administraciones de que las circunstancias cambien y alegar que la sentencia no pudo tenerlas en cuenta. Y teniendo en cuenta la deferencia tradicional que en el orden contencioso-administrativo existe a la hora de tener por correctamente ejecutadas sentencias, con total seguridad que esta doctrina será tanto para las Administraciones públicas como para los distintos órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo como el bálsamo de Fierabrás.

Parece que a tenor de esta novedosa postura del Tribunal Constitucional podemos hablar legítimamente de proceso de “ejecución de sentencias”; pero no en el sentido de llevar a puro y debido efecto el fallo, sino dando verbo ejecutar la segunda de las acepciones que otorga al mismo la Real Academia Española: ajusticiar, dar muerte al reo. En definitiva, que es a la propia sentencia a la que el Tribunal podrá llevar a la muerte en vida.

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