LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DEL ABORTO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Pro-choice, pro-life

Cuando en nuestro país arrecia la polémica por la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo auspiciada por el Ministro de Justicia, el redactor de estas líneas ha tenido la oportunidad de echar un vistazo a una síntesis expositiva de recentísima aparición debida a Caitlinn E. Borgmann y titulada In abortion litigation, it´s the facts that matter, donde en apenas cuatro páginas expone la situación que sobre la materia existe al otro lado del Atlántico. El tema del aborto continúa levantando polémicas y la sociedad americana continúa muy dividida entre los abortistas y los antiabortistas, allí denominados pro-choice y pro-life respectivamente. La situación, no obstante, difiere en cuanto a la situación que, en los Estados Unidos, continúa rigiéndose en sus principios medulares por el celebérrimo caso Roe v. Wade [410 US 103 (1973)], donde se plantea abiertamente que el caso plantea que la intervención de los poderes públicos en la materia se debe a dos cuestiones: la protección de la salud de la madre y la protección del nasciturus. Ahora bien, el ponente de la sentencia, Harry S. Blackmun (que había sido asesor jurídico de la clínica Mayo, razón por la cual se le encomendó la elaboración de la resolución judicial) situó en el primer trimestre la frontera esencial a tener en cuenta: dentro de los tres primeros meses la decisión de interrumpir el embarazo corresponde en exclusiva a la madre y a su médico, sin que los poderes públicos puedan entrometerse en dicha decisión, algo que no ocurre una vez superado dicho trimestre, donde la intervención del estado crece en intensidad y es jurídicamente admisible. Lo cual provocó un airado voto particular del magistrado Byron White (demócrata elevado al Tribunal Supremo por John F. Kennedy) quien acusó literalmente al Tribunal de crear ex novo un nuevo derecho constitucional. El problema radicaba, y en gran parte continúa radicando, en que numerosas leyes estatales pretenden bordear el límite impuesto en el caso Roe a través de la exigencia de requisitos adicionales. Un primer y notorio caso se planteó cuando el estado de Pennsylvania aprobó una normativa que imponía a la mujer que pretendiese abortar una serie de requisitos: acreditar haber sido debidamente informada, un periodo de espera de 24 horas, autorización de uno de los progenitores en el caso de que la mujer que pretendiese abortar fuese menor de edad y, en el caso de las mujeres casadas, acreditar que se había informado al esposo de la decisión de poner fin al proceso de gestación. Dicha legislación fue impugnada y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Planned Parenthood v. Casey [550 US 883 (1992)] confirmó los principios esenciales del caso Roe, pero avaló la mayoría de los requisitos adicionales impuestos por la legislación de Pennsylvania, con la única excepción de la obligación de las mujeres casadas de acreditar haber informado al esposo, que fue declarada inconstitucional porque ofendió profundamente a Sandra Day O´Connor, a quien se debió junto a David Souter y Anthony Kennedy la pervivencia de los principios esenciales de Roe.

El problema actual es que, como indica Borgmann en el artículo citado, continúan apareciendo normas estatales que invocan siempre determinados intereses a la hora de imponer requisitos para la práctica del aborto. “Los tribunales exigen a los demandantes pruebas fehacientes de que la legislación abortista causa daños efectivos. Normalmente los emandantes han de acreditar que la legislación priva absolutamente a las mujeres del acceso al aborto, tarea difícil cuando no imposible en muchos casos. Al mismo tiempo, los Tribunales otorgan gran deferencia a las alegaciones estatales sobre los motivos que han propiciado la aprobación de la ley. Basta con que el estado simplemente alegue, por ejemplo, que la ley busca proteger la salud de la mujer, mantenerla informada acerca de las opciones o proteger la integridad de la protección médica para que los juzgados la avalen sin más.”. En el artículo se cita el caso Mazurek v. Armstrong [520 US 980 (1997)] donde el Tribunal Supremo avala por seis votos frente a tres la constitucionalidad de una ley aprobada por el estado de Montana en la cual restringe la práctica del aborto a médicos colegiados (si bien en el presente caso la legislación no afecta al derecho al aborto propiamente dicho, sino a los sujetos que pueden realizar la práctica de los mismos, por lo cual la legislatura estatal podía avalar la legislación simplemente invocando que se buscaba proteger la salud de la mujer garantizando que el aborto lo realizase un profesional de la medicina) o el caso Gonzales v. Carhart [550 US 124 (2007)] donde el Tribunal Supremo, en una sentencia redactada por Anthony Kennedy y avalada por el escaso margen de cinco votos frente a cuatro, revoca una decisión del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito que declaraba inconstitucional la Parcial Birth Abortion Ban Act aprobada en el año 2003.

La tesis central del artículo es que los Tribunales deben superar esa deferencia y no centrarse en las alegaciones que los estados invocan como justificantes de la existencia del texto legal, pues en muchas ocasiones las mismas no responden a la verdad. “Es posible acreditar de forma indirecta que los propósitos de la legislación no son legítimos. Si los tribunales contemplan de una forma más escéptica los presuntos fundamentos de la legislación abortista, frecuentemente comprobarán que los mismos son débiles cuando no inexistentes. Que ello se deba a la insinceridad del legislador, inatención o prejuicios es irrelevante. No debe permitirse la existencia de leyes con escaso apoyo fáctico que vulneran derechos constitucionalmente protegidos.” No se trata de prescindir o dejar de lado totalmente los motivos por los que se aprueban legislaciones antiabortistas, pues es posible que algunos de los motivos sean ciertos y válidos, lo que conllevaría la validez de la ley. De lo que se trata es de que los tribunales no cierren el caso únicamente simplemente ante los motivos alegados por los poderes públicos, sino que examinen el núcleo de los mismos a fin de verificar si los mismos se adecúan a la realidad. Por ello, en el caso de que la ley vulnere derechos constitucionalmente protegidos, como es el derecho al aborto desde el caso Roe, ha de ponderarse necesariamente por vía de contraste si las limitaciones impuestas caen de lleno dentro del núcleo o contenido esencial de tal derecho, amén, por supuesto, de la necesidad de verificar si las mismas responden a una necesidad válidamente justificada.

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