LA LEY 6/2014 DE 7 DE ABRIL DE REFORMA DE LA LEY DE TRÁFICO O EL NUEVO ASALTO AL BOLSILLO CIUDADANO.

control_trafico

El Boletín Oficial del Estado del pasado martes día 8 de abril de 2014 publicaba la Ley 6/2014 de 7 de abril por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico. Dicha norma, según establece su Disposición final cuarta, entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de su publicación, es decir, el día 9 de mayo de 2014, con una levísima excepción a la que ulteriormente haremos referencia.

Es esta la tercera reforma de calado de la legislación sobre tráfico en apenas nueve años, dado que a la Ley 17/2005 de 19 de julio (la que introduce el permiso de circulación por puntos) y la Ley 18/2009 de 2 de marzo (que afectó de forma casi exclusiva al derecho sancionador para convertirlo en poco menos que en una caricatura) se añade la actual. Quizá por ello la recién aprobada Ley 6/2014 contiene en su Disposición final segunda una autorización al gobierno para aprobar, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la ley (es decir, fecha límite el 9 de noviembre de 2015) un texto refundido en el que se integren “debidamente regularizados, aclarados y armonizados, el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo y las leyes que lo han modificado, incluidas las disposiciones de las leyes modificativas que no se incorporaron a aquél”. En efecto, hora es ya de contar con un texto consolidado y armonizado, dada además la trascendencia de las últimas reformas.

El texto legal ya fue objeto de un pronto, lúcido y brillante comentario en el blog de Sevach, y al mismo nos remitimos, sin perjuicio de que aquí hagamos unas breves pinceladas de aquellos aspectos que nos han parecido más significativos.

I.- Llama la atención que el Preambulo I de la ley indique que las modificaciones anteriores incidan “especialmente en la adecuación de los comportamientos de los conductores a una conducción que permita reducir la siniestralidad en calles y carreteras”, que justifique la actual reforma en la necesidad de “corregir disfunciones sobre las que no se ha actuado hasta ahora” y que la ley “no tiene que adaptarse a las necesidades de los conductores, sino que también debe hacerlo a la de los vehículos y las vías”. En definitiva, se trata de la tan manida “educación vial” y la continua invocación a la llamada a la responsabilidad del conductor con el objeto de disminuir la siniestralidad. Todo ello es cierto y está muy bien, pero quizá convenga mirar la otra cara de la moneda, cual es el estado físico de las carreteras y su posible influencia en los accidentes de circulación. En efecto, recientemente han salido a la luz informaciones en los cuales se indica el penoso estado de la red de carreteras españolas: en 39.000 kilómetros las señales horizontales están en mal estado o necesitan de repintado las marcas viales que se encuentran literalmente borradas, mientras que en el 72% hay grietas. En otras palabras, desde el Estado se exprime literalmente al conductor, a quien poco menos que se presume iuris et de iure responsable de todo tipo de infracciones y de ser la causa de los accidentes, pero desde ese mismo Estado no se actúa sobre el estado de las vías, con la excusa de la crisis o de insuficiencias presupuestarias. Curioso, muy curioso.

II.- Queda definitivamente acreditado que al legislador actual le excita la invocación del término “sostenible”. Si el ilustre penalista don Luis Jiménez de Asúa (que en las cortes constituyentes republicanas acusó de estar poseídos por el “fetichismo de un nombre” a quienes defendían del federalismo frente a la solución autonomista) levantara la cabeza con total seguridad diría con la misma sorna de antaño que el actual legislador se encuentra imbuido de ese “fetichismo por lo sostenible”. Y es que, en efecto, al “desarrollo sostenible”, a la “economía sostenible” y al “crecimiento sostenible” se une ahora la “movilidad sostenible”. El hasta ahora denominado Consejo Superior de Seguridad Vial muta su denominación a “Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible”, a la vez que se crea un nuevo ente, la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

III.- En el ámbito sancionador, llama la atención que si bien se mantiene la existencia de un umbral mínimo en el caso de bebidas alcohólicas, por debajo del cual no existe infracción administrativa, en el caso de las drogas no existe ese mínimo, por lo que la detección de las mismas, aún en cuantías irrisorias, es objeto de sanción. En efecto, el actual artículo 65.5.c en su redacción actual castiga el “conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas”. Por si quedase algún atisbo de duda, el propio apartado VI del Preámbulo sirve como explicación del nuevo panorama: “Desde el punto de vista administrativo se castiga la mera presencia de drogas en el organismo del conductor, de las que quedarán excluidas aquellas substancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 9, dejando para el tipo penal previsto en el artículo 379.2 del Código Penal la sanción por conducción bajo la influencia de drogas”. Mera presencia; en otras palabras, el grado o cuantía es irrelevante a efectos sancionadores.

IV.- En cuanto a la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas, el nuevo artículo 65.5.d la amplia tanto subjetiva como objetivamente. Desde el punto de vista subjetivo no sólo se impone a los conductores, sino “a los demás usuarios de la vía”, pero es que además no sólo se circunscribe la obligación a que se hallen implicados en algún accidente de tráfico, sino cuando “hayan cometido una infracción”. En otras palabras, que llevando a los extremos el texto de la ley, si un ciudadano es denunciado por estacionamiento indebido o por superar el límite en lugares de estacionamiento limitado puede ser sometido a este tipo de pruebas.

V.- Se establece una sanción “agravada” para quienes sean reincidentes a la hora de cometer las infracciones consistentes en conducción con tasa superior a la permitida en el caso de bebidas alcohólicas, con presencia de drogas y para quienes incumplan la obligación de someterse a dichas pruebas. En efecto, el artículo 67.2.a establece que “Las infracciones previstas en el artículo 65.5.c y d serán sancionadas con multa de 1000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder de la tasa permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.”. En otras palabras, que la primera sanción por conducir con tasa de alcohol superior a la permitida conllevará una multa de 500 euros, salvo que se supere el doble de la tasa permitida, en cuyo caso se aplicará directamente la multa de 1000 euros; pero ojo, que la segunda y ulteriores sanciones ya duplicarán esos 500 euros.

VI.- Se amplía de quince a veinte días naturales el plazo tanto para el abono voluntario del importe como el plazo para presentar alegaciones. En este sentido, me permito indicar que, como bien señala Sevach, el denominado en la norma “procedimiento abreviado” supone un auténtico carpetazo. La denominación “procedimiento abreviado” es una burla siniestra hacia el ciudadano y denominarlo como tal únicamente puede aceptarse si lo entendemos como un sarcasmo. Y es que, en efecto, es en el artículo 80 donde se demuestra que a la Administración lo único que le ocupa y preocupa es el cobro del montante económico: una vez ha obtenido el dinero del ciudadano éste no sólo renuncia ex lege a presentar alegaciones, sino que la Administración ni tan siquiera tiene la obligación de dictar resolución expresa, teniendo el pago auténtico carácter de finalizador del procedimiento administrativo (artículo 80.a), razón por la cual quizá en vez de “procedimiento abreviado” debiera mutarse la denominación por “terminación del procedimiento por pronto pago”. No obstante, y en este sentido me permito indicar un dato esclarecedor, en la anterior modificación legislativa hubo una mutación esencial en el texto del artículo 80 con respecto al proyecto legislativo presentado por el Gobierno; en éste se indicaba de forma expresa que el pago voluntario implicaba la “aceptación de los hechos”, si bien estas cuatro palabras desaparecieron de la versión final merced a una enmienda presentada que discutía que el pago tuviera dicha naturaleza y que se pudiese vincular directamente el abono del importe con dicha aquiescencia. Sin embargo, pese a ello, los juzgados y Tribunales han actuado como si esas palabras no hubiesen desaparecido y vinculan el pago a la aceptación de los hechos sin que, producido el abono del importe, puedan discutirse cuestiones fácticas.

VII.- En el Anexo que contiene la tabla con los límites de velocidad, excesos, multa y puntos, se añaden dos nuevas columnas. Una que contiene los excesos sobre un límite de 20 km/h y otra respecto a los 130 Km/h. Si bien este es el único aspecto de la ley cuya entrada en vigor se demora hasta que se modifique el Reglamento General de Circulación.

Personalmente, cada vez que desde el Gobierno se habla de velar por la seguridad en las carreteras me entra un ataque mixto de hilaridad e indignación. Lo cierto es que llegará un momento en que el conductor de un vehículo esté más pendiente del cuentakilómetros de su vehículo que de la vía pública. Y es que existen situaciones absolutamente ridículas. Pongo un ejemplo concreto. Sitúense en la M-50, amplísima vía de circunvalación de la capital. Pues bien, cuando el humilde redactor de estas líneas regresaba hace justo un mes de una breve estancia en la ciudad que vio nacer a Cervantes, se encuentra con que en una soleada mañana de domingo en una autopista sin apenas tráfico y con cuatro (insisto, cuatro) carriles en el mismo sentido de la circulación, existía una señal específica de limitación de la velocidad ¡¡¡a 80!!!! para pocos metros después encontrarnos con otra señal que nos informaba poéticamente: “Por su seguridad, control de velocidad”. Personalmente, yo lo sustituiría por cualquiera de estos dos: “En Tráfico hay mucho pillo / cuidado con su bolsillo” o “Si va por la carretera / eche mano a la cartera

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