McCUTCHEON v. FEC: EL TRIBUNAL SUPREMO ESTADOUNIDENSE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL LÍMITE PARA LAS DONACIONES GLOBALES DE CAMPAÑAS POLÍTICAS.

Democrat finance

El pasado día 2 de abril de 2014 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacía pública su sentencia en el caso McCutcheon et al. v. Federal Election Commission, un caso más que tiene como fondo del asunto el delicado equilibrio entre los derechos protegidos por la primera enmienda (el freedom of speech o libertad de expresión que, en el campo electoral estadounidense implica el derecho a contribuir mediante la aportación de sumas dinerarias a los partidos políticos) y las limitaciones introducidas por el Estado y que tienen como principal objeto el evitar fenómenos de corrupción. Pues bien, esta sentencia, al igual que la dictada cuatro años atrás en el caso Citizens United tiende a primar la libertad de expresión sobre los esfuerzos regulatorios de los poderes públicos. Intentaremos explicar brevemente el caso.

En el año 1971 se aprobó la Federal Election Campaing Act, que imponía dos límites a las cantidades que toda persona (ya sea ésta física o jurídica) puede aportar en el seno de una campaña electoral: el denominado base limit hace referencia al límite por candidato, es decir, se trata de impedir que se otorgue más de una determinada cantidad a un individuo concreto; junto a este y como complementario existe el agregate limit, que se refiere a la cantidad que como límite máximo puede otorgar una misma persona en el seno de una campaña, de tal manera que aun diversificando las donaciones a diferentes candidatos dentro del umbral máximo que permite el base limit, la suma total de donaciones a candidatos o comités nunca pueda superar ese máximo general que constituye el agregate limit. Dicha norma fue reformada en 1974, y esta reforma llegó al Tribunal Supremo que en el caso Buckley v. Valeo (424 US 1 [1976]) que declaró inconstitucionales las limitaciones en el gasto de las campañas electorales, pero avaló la constitucionalidad de los límites a las aportaciones, tanto del base limit como del agregate limit. No obstante, en el año 2002 la Bipartisan Campaing Reform Act modificó nuevamente la regulación de las cantidades como límites. Parte de esta última reforma (en concreto la que prohibía emisiones electorales en determinados plazos) fue declarada inconstitucional el 21 de enero de 2010 en la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission (558 US 2010), resolución muy polémica y que incluso llevó a que el mismísimo Obama en un gesto sin precedentes, manifestase su discrepancia en el seno del State of the Union Speech.

Pues bien, con dicho marco legal vigente un individuo concreto, Shaun McCutcheon, deseaba donar a varios candidatos republicanos una cantidad que superaba el límite máximo general legalmente permitido, razón por la cual impugnó judicialmente las previsiones legales ante el Juzgado de Distrito del Distrito de Columbia, alegando que tal previsión legal vulneraba la Primera Enmienda en su vertiente electoral. En una sesión como órgano colegiado integrado por tres jueces, se rechazaron las pretensiones del demandante. El asunto llega directamente al Tribunal Supremo no vía ordinaria writ of certiorari, sino por la vía excepcional de la apelación directa al amparo de la previsión contenida en el 28 USC 1253, que prevé dicha posibilidad en supuestos tasados que las decisiones tomadas por un juzgado de distrito en los casos en que éste órgano decida colegiadamente mediante tres jueces. El asunto llega al Tribunal Supremo quien, el pasado 2 de abril de 2014, en la sentencia comentada, estima parcialmente las tesis del recurrente y declara inconstitucional únicamente el agregate limit, es decir, el límite conjunto, pero manteniendo la constitucionalidad del base limit o tope máximo de aportación a un candidato individual. La sentencia fue elaborada por el chief justice John Roberts, quien contó con el apoyo de Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas, si bien éste último formuló un voto particular concurrente pero en el que estimaba que la sentencia se había quedado corta y debería haber eliminado todos los límites y no sólo el agregate. Stephen Breyer formuló un voto particular discrepante al que se adhieren Ruth Bader Gisburn, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

La sentencia comienza con unas reflexiones generales acerca del papel de la primera enmienda y su proyección social: “El derecho a participar en una democracia a través de contribuciones a los políticos se encuentra protegido por la Primera Enmienda, pero tal derecho no es absoluto. Casos precedentes reconocieron que el Congreso puede regular dichas contribuciones para evitar la corrupción o la apariencia de corrupción”. Sin embargo, la auténtica clave o arco de bóveda es la siguiente declaración que muchos olvidan: “El dinero en política puede a veces repugnar a algunos, pero lo mismo ocurre en muchos casos que la Primera Enmienda protege vigorosamente. Si ésta ampara la quema de banderas, protestas funerarias y desfiles nazis –pese a la profunda ofensa que tales espectáculos producen- en consecuencia protege las campañas políticas pese a la oposición popular”. En realidad, el Tribunal resume perfectamente el núcleo jurídico del asunto: se trata del conflicto entre dos intereses, y así lo ha considerado la jurisprudencia. “En una serie de casos a lo largo de los últimos cuarenta años, hemos establecido cómo debe trazarse la línea entre los legítimos y permisibles fines de evitar la corrupción en el proceso político y el deseo no permisible de limitar la libertad política”. En este sentido, el Tribunal Supremo admitió determinadas limitaciones en las financiaciones a candidatos y entidades políticas si las mismas tenían como fin evitar las corrupciones, pero rechazó esos límites cuando los mismos se desviaban de ese objetivo esencial. En realidad, en el caso concreto, no se cuestionaba por nadie el límite máximo establecido para un candidato concreto, es decir, el base limit, sino que se cuestionaba la constitucionalidad del agregate limit.

Una gran parte de la sentencia se dedica a resumir el precedente del caso Buckley v. Valeo, dado que el mismo avaló tales limitaciones. No obstante, el tribunal incide en dos aspecto muy a tener en cuenta: en primer lugar, que si el Tribunal actuó como lo hizo fue porque nadie impugnó judicialmente tales límites (“este asunto no puede resolverse mediante la cita de las tres únicas frases en el caso Buckley que fueron escritas sin que las partes hubiesen presentado alegación alguna sobre el particular”) y, en segundo lugar, que el marco legislativo no es el mismo que el existente en 1976, dado que la Federal Election Campaign Act había sido reformada en 2002 mutando significativamente la legislación anterior; por el contrario, en el presente caso los recurrentes cuestionan abiertamente la constitucionalidad del agregate limit. El núcleo de la sentencia estima que el objetivo último de la limitación, es decir, evitar la corrupción quid pro quo (se utiliza literalmente esta expresión latina en la sentencia) no se evita mediante la introducción de este límite global y a ello se dedica el grueso de la resolución judicial.

No obstante, de toda la sentencia me ha llamado poderosísimamente la atención una frase que demuestra hasta qué punto la situación a uno y otro lado del Atlántico es rotundamente opuesta. En nuestro país, aun cuando un individuo invoque la existencia de un derecho fundamental, basta que se alegue un interés público o, por utilizar una expresión cara a las Administraciones, el “interés general” para que los jueces vean el campo abierto y se nieguen a ir más allá de esa invocación al interés general que los entes públicos teóricamente protegen. Sin embargo, en la sentencia McCutcheon podemos leer lo siguiente: “Toda la Primera Enmienda está destinada a garantizar a los individuos protección frente a tales agresiones. La Primera enmienda no protege al Estado, incluso cuando éste pretenda actuar a través de la legislación amparándose en el interés general”. Una lección que quizá una nueva oleada de jueces pueda lograr introducir en nuestra maltrecha jurisprudencia contenciosa.

 

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