NUEVA DEMOSTRACIÓN EMPÍRICA DE INEXISTENCIA DE TUTELA JUDICIAL EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

sEE NO EVIL, HEAR NO EVIL, SPEAK NO EVIL

Un buen ejemplo de cómo funciona la justicia administrativa en nuestro país en la vertiente de ejecución de títulos judiciales lo ofrece la Sentencia de 20 de noviembre de 2012 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso de casación número 5772/2001 que declara no haber lugar al recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera frente a la Sentencia de instancia que estimaba la impugnación que del presupuesto municipal hacía una empresa. Y no por el contenido de la sentencia en sí (que da la razón en cuanto al fondo al administrado) sino por las circunstancias fácticas que servían de antecedentes al caso concreto.
Resulta que una empresa se ve obligada a demandar al consistorio por varios impagos, que alcanzan en total la nada despreciable cantidad de dos millones y medio de euros, obteniendo tres sentencias firmes de condena. No es sorprendente que en un país donde en el ámbito contencioso-administrativo el denominado con un excesivo sentido del pudor “incidente de ejecución” es un sarcasmo, la Administración no ejecute las resoluciones judiciales de condena. Pues bien, la empresa beneficiaria de la condena impugna el presupuesto municipal para el ejercicio 2010 sobre la base de “la corporación no había incluido entre sus partidas la cantidad de 2.519.316,14 euros que el citado Ayuntamiento le adeuda en virtud de una serie de sentencias firmes y no ejecutadas”, mientras que la defensa del Ayuntamiento se oponía a la pretensión argumentando que “las alegaciones presentadas por la empresa recurrente en el procedimiento para la elaboración y aprobación del presupuesto eran extemporáneas, tal y como había apreciado el Pleno de la corporación en su sesión de 25 de febrero de 2010; y segundo, que la súplica contenida en la demanda dirigida a obtener la modificación del presupuesto era una “acción de contenido imposible” porque la resolución de modificación presupuestaria debería recaer en fecha anterior a 31 de diciembre de 2010 por exigencia del principio de anualidad. ” Lo de menos en este caso es el contenido material de la sentencia (cuyo fundamento jurídico tercero se dedica in extenso a analizar el principio de congruencia con una abundante exégesis jurisprudencial), sino dos circunstancias muy a tener en cuenta: la existencia de una deuda millonaria reconocida en sentencias firmes y no ejecutadas y el hecho de que en este caso el Ayuntamiento plantea el recurso siendo plenamente consciente de la más que escasa viabilidad del mismo, ya que, como indica el Tribunal Supremo en el párrafo cuarto del fundamento jurídico cuarto: “el motivo plantea las mismas cuestiones que el que se articuló en el recurso de casación 4.916/2.011, interpuesto por el mismo Ayuntamiento contra una sentencia parecida a la aquí recurrida, y resuelto por nuestra sentencia de 10 de julio de 2.012 en sentido desestimatorio”. Resumiendo, que en el caso en cuestión se dan varias circunstancias a tener en cuenta:
1.- Existencia de una deuda de más de 2,5 millones de euros de un Ayuntamiento a una entidad mercantil.
2.- Existencia de tres sentencias firmes que reconocen la existencia de dicha deuda y el impago de la misma (sentencias que, forzosamente, tienen que ser anteriores al año 2009 teniendo en cuenta el ritmo de los órganos jurisdiccionales contenciosos).
3.- No ejecución de las sentencias por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (habría que preguntarse por qué la empresa no instó la ejecución y, de haberlo hecho, el grado de responsabilidad que tiene la Administración por no cumplimentarla voluntariamente y los órganos judiciales por no llevarlas a efecto).
4.- Una solicitud de la empresa solicitando que se incluyese la partida por dos millones y medio de euros en el presupuesto municipal, que es desestimada por el Ayuntamiento (no faltaba más).
5.- Un nuevo proceso contencioso-administrativo de instancia, con una nueva sentencia favorable a la empresa.
6.- Un recurso de casación claramente temerario (dado que el Tribunal Supremo reconoce en la sentencia que el mismo Ayuntamiento había interpuesto un recurso igual con anterioridad, y que había sido desestimado por el Alto Tribunal).
7.- Una sentencia del Tribunal Supremo que declara no haber lugar al recurso.

En resumen, más de cuatro años, cuatro procesos con los gastos que ello conlleva y la empresa todavía sin ver un céntimo de esos dos millones y medio de euros. Eso sí, con cuatro sentencias que declaran con total rotundidad que tiene derecho a ellos.

A la vista de tales circunstancias, uno no puede sentir más que enojo o hilaridad (en función de su estado de ánimo) cuando a determinados políticos y juristas hablan de las grandezas del Estado de Derecho y la doctrina habla de la jurisdicción contencioso-administrativas en términos que rayan el fetichismo. Los órganos judiciales no están únicamente para dictar sentencias y después colocarlas en un bello marco dorado como objeto de culto extasiándose con su contemplación, pues si esa sentencia no se lleva a efecto tiene el mismo valor práctico que un desperdicio arrojado a la papelera. Por desgracia, los órganos judiciales contencioso-administrativos se han hecho especialistas en hilar fino y acogerse a interpretaciones auténticamente churriguerescas para dilatar lo más posible y causar los mínimos inconvenientes a las Administraciones cuando éstas optan por la técnica del avestruz para no cumplir las sentencias. Con la aquiescencia dolosa del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional quien, al manifestar recientemente a la hora precisamente de enjuiciar la correcta ejecución de una sentencia contenciosa que “el proceso de ejecución no es un procedimiento de aplicación mecánica del fallo” (¡el Tribunal Constitucional! ¡el máximo intérprete de la Constitución!), ha añadido leña al fuego. A esta situación sumen ustedes los inconvenientes que acarrea actualmente el abono de tasas judiciales (calculen si tienen que acudir a un proceso cuya cuantía es de 2,5 millones de euros) el elemento disuasorio de las costas y el camino del Gólgota que supone el “incidente de inejecución” para que a uno se le quiten las ganas de acudir a los órganos contenciosos.

A este paso, la jurisdicción contencioso-administrativa lleva camino de convertirse en una pieza de museo, y se encamina por méritos propios a la extinción natural.

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2 comentarios el “NUEVA DEMOSTRACIÓN EMPÍRICA DE INEXISTENCIA DE TUTELA JUDICIAL EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

  1. Estoy en ese fango metido . . . padeciendo la inejecucion de un tema de responsabilidad patrimonial de un accidente de 2003 …

  2. Eso sí, el Ministro de Justicia dice que las tasas tienen como una finalidad adicional la de “evitar recursos temerarios”. Como podría comprobar echando un vistazo a esta sentencia, la Administración reproduce en casación los mismos argumentos que el mismo Tribunal Supremo había rechazado con anterioridad a la misma Corporación local. Es curioso que las Administraciones se encuentren exentas de abonar la tasa, pero es igualmente significativo que el alto órgano judicial no apreciase temeridad en dicha actuación. Muy revelador.

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