UNA CURIOSA SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Mortadelo

Hace poco un compañero me comentaba entre la ira y la decepción que, tras la celebración de una vista, el juez le había dicho textualmente que él estaba a favor de la ley de tasas porque así se evitaba que los letrados interpusiesen demandas temerarias, sin fundamento o de poca calidad. A fuer de sincero he de reconocer me sorprendió tal afirmación, porque miembros del poder judicial que se manifiesten públicamente de esa manera son, realmente, una exigua minoría. No obstante, cabría dar la vuelta al argumento y podría haberse opuesto a modo de refutación a ese mismo magistrado si acaso la ley de tasas no servirá de alguna manera a que algunos órganos muy concretos disminuyan la calidad de sus resoluciones merced al indisimulado efecto disuasorio del tributo en cuanto a los recursos.
La reflexión anterior viene a raíz de la lectura de la Sentencia 1429/2013 de 23 de diciembre de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 1131/2012, y que resuelve un contencioso-administrativa en materia de contratación, sentencia a la cual accedí tras haberme puesto sobre la pista un amable lector del blog. La sentencia es digna de los mármoles y no precisamente para cubrirla de gloria. Raquítica en extensión (dos folios y medio aunque, en realidad, la explicación del asunto y su resolución se contienen en los tres primeros fundamentos jurídicos que apenas llegan a agotar el folio), deleznable en cuanto a la calidad de su prosa (contiene más de una errata, más de un par de faltas de sintaxis y frases que se cortan de forma abrupta) y ramplona e ininteligible en cuanto a su contenido, hasta el punto de que quien suscribe ha de reconocer con toda humildad que tras leerla un par de veces hubo de recabar la ayuda de un amigo y compañero de promoción, brillantísimo jurista que sobrepasa ya los cuatro trienios en el sector público y entre cuyas funciones en el ente público para el que trabaja se encuentra precisamente la contratación administrativa. Este amigo en cuestión no daba crédito tras otro doble y frustrado intento por su parte de adentrarse en los entresijos de tan endiablada prosa judicial, pues, aun intuyendo por su experiencia profesional lo que en realidad había ocurrido, me comentaba entre risas que esta sentencia debería ser para los iniciados, dado que sería dificilísimo para un jurista hacerse una idea del caso con la mera lectura de la sentencia, digna de un misterio de Eleusis. La conclusión a que ambos llegamos tras desechar argumentos esotéricos, fue que quizá la explicación estuviese tan a la vista y fuese tan sencilla que por ello los árboles no nos hubiesen dejado ver el bosque. Juzgue el lector si, en efecto, todas las erratas, errores y deficiencias pueden explicarse simplemente echando un vistazo a la fecha de la sentencia.
A continuación, expondré las cuestiones que suscitaron el debate entre quien esto suscribe y mi distinguido amigo y compañero:
1.- Para empezar, la Sentencia sigue con la nefasta costumbre de incluir las pretensiones de las partes en los fundamentos jurídicos, cuando en realidad deberían incluirse en los antecedentes de hecho. Pero en fin, es curioso que muchos órganos judiciales que en ocasiones reprochan a los letrados mezclar hechos y derecho acaben incurriendo en el mismo comportamiento.
2.- La sentencia convierte a la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias nada menos que en “Consejería de presidencia del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias” (sic), mutando con ello inadvertidamente la naturaleza de dicho órgano.
3.- No tiene desperdicio el fundamento jurídico segundo en cuanto a la falta de aportación de la titulación en la forma exigida. Es cierto, y en este sentido acierta el Tribunal, que en determinadas ocasiones puede no ser posible la aportación del título original o autenticado por fedatario público (por ejemplo, cuando éste aún no se haya emitido por el organismo correspondiente) entrando en juego entonces otros medios acreditativos de la posesión del título exigido (en el caso enjuiciado, certificado acreditativo de la obtención del título expedida por la Universidad así como justificante del abono de las tasas); pero parece a todas luces excesivo manifestar, como hace la sentencia, que “se trata de una mera formalidad susceptible de ser subsanada en cualquier momento procesal”; observen, además, el adjetivo: no es subsanable ya en vía administrativa, sino en cualquier “momento procesal“, es decir, que incluso siguiendo al pie de la letra esta sentencia cabría incluso la subsanación judicial.
4.- Al primer párrafo del fundamento jurídico tercero le ocurre como a la redacción original del Evangelio de San Marcos, que finalizaba de una forma tan abrupta (“y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo”) que precisó de una benévola ajena que redactara los versículos finales. Pues bien, desafío al lector a que me indique si este primer párrafo no está, de alguna manera, “cojo”, pues dado el inicio del mismo (“Frente a…”) sería preciso algo que se le opusiera, más nada hay que se oponga a ello.
5.- El núcleo central de la controversia del caso concreto radicaba en verificar si la empresa adjudicataria cumplía con las exigencias requeridas por la Documentación Administrativa, en concreto: “acreditar la cualificación y/o experiencia específica requerida para el personal aportado por la empresa para realizar el servicio objeto de contratación: Director/a técnico/a; Ingeniero/a informático/a, con experiencia en, al menos, cuatro servicios de composición, corrección, montaje y preparación de soportes para la edificación de periódicos, revistas o boletines que sumen un mínimo de dos años”. Pues bien, como todo este asunto se resuelve en tres escuetos e indigeribles párrafos, creemos que podemos transcribirlos íntegramente para que el lector se pueda hacer cabal idea del nivel de erudición jurídica al que pueden llegar algunos órganos judiciales españoles cuando se lo proponen:

Frente al criterio de la Mesa de Contratación recogido en el acto de la reunión celebrada el día 8 de octubre de 2012, y que sirve de informe para el recurso interpuesto contra la propuesta de adjudicación del contrato, en el sentido de que de la literalidad de la referida cláusula no se puede deducir que se exige como requisito que se cumpla la condición de ostentar la titulación de Ingeniero en la realización de los trabajos que se describen, durante los citados cuatro servicios o dos años como mínimo.
Sobre este particular entendemos, al igual que la Jefa del Servicio de Asuntos Generales en el informe por ella emitido, que la referida cláusula, en cuanto exige la cualificación y/o experiencia requerida al personal de la empresa, al menos, cuatro servicios de composición, corrección, montaje y preparación soportes para la edición de periódicos, revistas o boletines que sumen un mínimo de dos años, al referirlo a cada una de las categorías de las personas destinadas a realizar las funciones de Director Técnico, operadores de Ordenador y Correctores, lo esta referenciando, no a la entidad, sino a los trabajos concretos y con ello a las personas que va a desempeñarlos con la titulación exigida para cada uno de ellos, sin que pueda entenderse que se cumple dicha condición por el simple hecho de efectuar trabajos de dicha naturaleza con independencia del concepto en el que se prestaron.
La entidad adjudicataria certifica que el Ingeniero Informático que como Director Técnico opera en la entidad. Viene trabajando en la misma ininterrumpidamente desde el 26 de julio de 2005, hasta el 26 de octubre de 2010, por lo que al haber obtenido la titulación de Ingeniero en la convocatoria de julio de 2010 no cumpliría la experiencia de dos años antes indicado, más, habiéndose acreditado con posterioridad que dicha actividad la viene desempeñando en la actualidad de forma ininterrumpida, como consecuencia de la impugnación planteada frente al criterio de la mesa de contratación que estimaba que no era necesario que la experiencia coincidiera con la titulación exigida para cada puesto de trabajo o cargo a desempeñar, resulta acreditada la experiencia exigida de al menos dos años como ingeniero en dicha actividad“.

En definitiva, el grouchomarxismo puro y duro: la parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte. No obstante, seamos comprensivos y pensemos que quizá la inminencia del día en que se conmemoraba la natividad del Señor pudo obnubilar con carácter transitorio el generalmente impecable buen juicio de la Sala.

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2 comentarios el “UNA CURIOSA SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

    • No me parece que falte una página. Es más, aún aceptando tal circunstancia, ello no justificaría ni las múltiples erratas ni los garrafales errores de bulto, ni el párrafo interruptus, dado que al final del mismo aparece inequívocamente un punto (en principio punto y aparte) sin haber ofrecido el necesario contraste que ha de seguir inequívocamente a la expresión “frente a”.
      Conste que también barajamos tal posibilidad de extravío, pero la desechamos al principio por varias razones.

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