INDEPENDENCIA JUDICIAL v. SEGURIDAD JURÍDICA: REFLEXIONES SOBRE EL CARÁCTER VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA A RAÍZ DEL PROYECTO DE LOPJ.

supremo

Hace ya casi un par de décadas, los catedráticos Alejandro Nieto y Tomás Ramón Fernández mantuvieron un interesantísimo diálogo epistolar ulteriormente plasmado en forma de libro, editado por Ariel con el título El derecho y el revés y que, salvo error u omisión del quien suscribe, alcanzó tres ediciones. En el mismo se comparten dos visiones del derecho, más profesional, académica o (permítasenos la expresión) “utópica” encarnada en Tomás Ramón Fernández, y otra igualmente profesional, pero más llana y apegada al terreno, en definitiva, más “realista”, representada por Alejandro Nieto. Uno de los focos de conflicto era el peliagudo asunto de las sentencias contradictorias, que los autores pretendían explicar con diferentes argumentos. Alejandro Nieto no podía concebir como siendo el texto de la norma único en casos similares podrían darse sentencias divergentes, algo que únicamente era explicable mediante la intervención de elementos subjetivos, es decir, inherentes a la personalidad del juez.
Viene todo lo anterior a un caballo de batalla (en realidad, uno más de tantos) abiertos entre el actual Ministro de Justicia y el Poder Judicial. Nos estamos refiriendo al papel que ha de desempeñar la jurisprudencia en nuestro sistema de fuentes, y en concreto el papel que se le pretende otorgar en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que ha ya sido informado en Consejo de Ministros. En su Exposición de Motivos, dicho Proyecto, aun reconociendo el limitadísimo papel que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sistema de fuentes, indica que “La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial sigue dotando a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo del valor complementario del ordenamiento jurídico que le atribuye el apartado 6 del artículo 1 del Código Civil, lo que se traduce, como recuerda el Tribunal Constitucional (STC 37/2012, de 19 de marzo), en una vocación de ser observada por los Tribunales inferiores y en el establecimiento de la infracción de la jurisprudencia como motivo de casación en todos los órdenes jurisdiccionales. Sin embargo, se introducen dos importantes novedades respecto de la actual configuración. En primer lugar, se da un paso importante al establecer verdadera fuerza vinculante para los Tribunales inferiores de aquella Jurisprudencia del Tribunal Supremo que pase a considerarse doctrina jurisprudencial vinculante […] En segundo lugar, los Tribunales inferiores no resultan obligados indefectiblemente y en todo caso, a aplicar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por un lado, y ésta constituye la otra novedad, porque se establece un sistema de prejudicialidad conforme al cual el órgano inferior puede plantear al Tribunal Supremo una cuestión jurisprudencial previa por considerar que la jurisprudencia dictada por el máximo órgano judicial produce una injusticia manifiesta, contradice la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales o resulta contradictoria. De esta forma, se articula un procedimiento sumario y preferente que permite a los Jueces preguntar al Tribunal Supremo antes de resolver el procedimiento judicial en cuyo seno se plantea la duda. Este procedimiento prejudicial viene a configurarse como una vía de diálogo entre los Jueces integrantes de los Tribunales inferiores y el Tribunal Supremo”. Estos principios tienen su plasmación en los artículos 32 a 40 del Proyecto. Los jueces ya han manifestado el rechazo total a otorgar el carácter vinculante a la jurisprudencia, y ello porque, según se ha adelantado en los medios, ello supondría “crear una nueva fuente del derecho amen de una jurisprudencia de dos velocidades, la de aplicación obligatoria y la no vinculante”, a lo que se añade que “afectaría a la independencia judicial”, dado que el juez está “únicamente sometido al imperio de la ley”. La verdad es que la regulación del nuevo proyecto es, en efecto, penosa, y basta para ello echar un simple vistazo al apartado 1 del artículo 38 (“La Jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que se atribuya el carácter de doctrina jurisprudencial vinculante será de obligada aplicación para todos los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional”) para ver que, en efecto, se crea una dualidad jurisprudencial: aquélla a la que se atribuye el carácter vinculante y a la que no; pero es más, incluso la primera puede incluso diluirse como azucarillo en agua, dado que el mismo precepto tan sólo un par de párrafos después especifica que “Cuando un interesado invocare una doctrina jurisprudencial vinculante ante los poderes públicos, éstos podrán rechazar motivadamente su aplicabilidad al caso concreto, justificando expresamente las razones de su decisión”, lo que implica que esa vinculación es, cuando menos, discutible. No deja, tampoco, de tener su miga el artículo 38.2 del Proyecto, cuando establece una nueva obligación para los Magistrados del Tribunal Supremo: “El Pleno de cada una de las Salas del Tribunal Supremo se reunirá trimestralmente para decidir cuáles de los Fundamentos de Derecho de las resoluciones que hubiera dictado en ese periodo pudieren pasar a formar parte de la doctrina jurisprudencial vinculante. El contenido exacto de la misma se expresará citando entrecomilladamente la parte del Fundamento Jurídico de la sentencia que constituya la doctrina jurisprudencial.” En otras palabras, que cada tres meses los magistrados de cada una de las Salas deberán “autoexaminarse”, repasando los fundamentos jurídicos de todas las resoluciones que hayan dictado en ese período para dilucidar cuáles deben vincular y cuáles no.
Es sorprendente la oposición de la judicatura a otorgar carácter vinculante a las resoluciones judiciales. Ya en su día, el juez Oliver Wendell Holmes (que, por cierto, fue “juez” –no Magistrado, dado que el ordenamiento norteamericano desconoce la dualidad Magistrado/Juez- del Tribunal Supremo del Estado de Massachussets y ulteriormente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) indicaba en su célebre conferencia The path of the law que la labor del jurista era prever las resoluciones judiciales en base al texto legal y a la jurisprudencia aplicable, algo que en nuestro país sería una utopía digna de Tomás Moro a raíz del acendrado individualismo que existe a todos los niveles sociales y profesionales (y la judicatura no es una excepción). Pero la oposición a ese carácter vinculante es aún más paradógica si uno se molesta en leer el discurso que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo del Reino de España, el recientemente fallecido Francisco José Hernando Santiago, pronunció con motivo de la inauguración del año judicial el 13 de septiembre de 2005, y cuyo significativo título era Jurisprudencia vinculante: una necesidad del Estado de Derecho. Pero al lector sin duda alguna le llamará la atención un aspecto que se plasma con toda su crudeza en el discurso inaugural, al reconocer que sobre el tema en cuestión, es decir, sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia: “las posiciones de los juristas están importantemente polarizadas y donde existen escasas posibilidades de concertación. Con todo, se trata de un terreno que se revela crucial para los ciudadanos, para su seguridad jurídica, para su igualdad ante la ley… y que resulta fundamental para el desarrollo económico de nuestro país.” En definitiva, que las discrepancias entre juristas vuelven a tener como pelota de ping-pong al ciudadano, incapaz de entender como las discusiones bizantinas entre profesionales llevan en la práctica a que un mismo caso se resuelva de forma distinta en dos o más órganos judiciales. Y es que al defender el carácter vinculante, Hernando pretende no sólo avanzar en la seguridad jurídica, sino incluso en blindar a los propios integrantes del Poder Judicial de la deslegitimación que sufren a ojos de la ciudadanía: “También me interesa, en grado no escaso, hacer frente al estado de deslegitimación que sobre los Jueces proyecta, inmerecidamente, una realidad que es difícil que sea comprendida por los ciudadanos aunque derive de la naturaleza del sistema. Y me interesa combatir la muy errada percepción ciudadana de que los Jueces, aunque formalmente sujetos al imperio de la Ley, luego, en la práctica, se suelan conducir con dosis no escasas de subjetividad”. Es el discurso un breve pero bienintencionado trabajo que pretende quizá estar más dirigido al gran público que a los presentes en el acto, dado que desgrana las que a su juicio son causas últimas de las divergencias a la hora de dictar resoluciones judiciales. Y a continuación añade el argumento que, a mi humilde juicio, es clave a la hora de dotar de efectos vinculantes a las resoluciones judiciales: “De lo que no cabe duda es que un estado de dispersión o de imprevisibilidad de las Sentencias resultaría difícilmente compatible con el principio de igualdad ante la ley garantizado en nuestro texto constitucional, con el principio de seguridad jurídica también en ella recogido, y que en buena medida esa misma situación supondría una cierta quiebra de alguno de los complejos perfiles que ostenta el principio de unidad jurisdiccional.”
El argumento que pretende actualmente oponerse a esa vinculación al precedente judicial no resiste el más mínimo análisis. Que con ello se vulnera la independencia judicial es inaceptable, pues puede refutarse dicho argumento por reducción al absurdo: de aceptar esa objeción deberíamos concluir, a contrario sensu, que en las naciones de la órbita anglosajona (donde la vinculación al precedente se predica no sólo de los órganos superiores, sino del propio órgano judicial) no existe independencia judicial, algo cuya mera insinuación no produce otra cosa que hilaridad. Ya hemos dicho en un post anterior que en los países del common law, un juez, por muy firme que sean sus opiniones y por mucho que discrepe de las tesis esgrimidas por órganos superiores, jamás se apartará del criterio seguido en resoluciones precedentes dado que no hay algo que más rabia produzca a un juez británico o estadounidense que sus resoluciones sean revocadas por la superioridad. La situación en nuestro país es tan variada que, si bien existen jueces que respetan los criterios de sus superiores, existen otros que unas veces lo hacen y otros no, y alguno existe que incluso tiene a gala dictar sentencias abiertamente discrepantes con los criterios de la Audiencia Provincial, con lo cual no es de extrañar que dicha Sala revoque muchas de las resoluciones del magistrado en cuestión. Hace poco, un compañero me indicaba que, a la hora de elaborar un Decreto resolviendo un incidente de tasación de costas, el Secretario Judicial (es decir, no ya un juez sino un simple Secretario Judicial) desestimó sus alegaciones, pese a estar avaladas por la jurisprudencia de la Audiencia Provincial del lugar donde se encontraba sito el juzgado en cuestión, porque aún siendo la Secretaria perfectamente conocedora de la misma “no se comparte” (sic). Con lo cual se mantiene incólume el principio de independencia judicial a expensas del de seguridad jurídica que poco a poco va cayendo en el olvido.

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