REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.

Independencia judicial

En la antepenúltima entrada nos referíamos a la intención del actual Ministro de Justicia de otorgar el carácter vinculante a cierta jurisprudencia, y a la réplica oficiosa de la judicatura (o, cuando menos, de su órgano representativo) a dicha iniciativa argumentando que ello vulneraría la independencia judicial. Indicábamos, por entonces, que el nefasto y nefando Tribunal Constitucional había identificado independencia judicial con el derecho a separarse de los criterios mantenidos por órganos superiores simplemente motivando la discrepancia.
Pues bien, conviene profundizar un poco más en ese concepto de independencia judicial y en la concepción tradicional del mismo, algo que pretendo realizar de la mano de Diego Íñiguez Hernández en su magnífico y muy recomendable libro El fracaso del autogobierno judicial (Thomson-Civitas/Fundación Alfonso Martín Escudero, 2008) en los apartados del primer capítulo donde aborda precisamente este tema. En principio, la independencia judicial muestra una doble faceta o rostro, como el antiguo dios Jano. “La independencia tiene, en primer lugar, una faceta procesal: es un requisito de cada órgano jurisdiccional al juzgar cada caso, que garantiza su imparcialidad. Pero también se manifiesta a lo largo del tiempo en la actuación de cada juez o magistrado a lo largo de su carrera, especialmente si ésta es ascendente y le lleva a ocupar posiciones funcionales superiores, en los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, o en el propio CGPJ” (páginas 52-53). En definitiva, la independencia sería un requisito procesal que consistiría en que el juez no tenga vinculación con las partes en liza ni con sus pretensiones, y sería una especie de requisito previo o condición sine qua non para garantizar otro principio esencial de la jurisdicción, cual es el de la imparcialidad. Bien es cierto que esta tesis impecable admitiría ya algunas quiebras a nivel teórico, dado que el juez, como funcionario público que es, es retribuido por la Administración estatal, parte demandada en la mayoría de los pleitos contencioso-administrativos, lo cual le vincula económicamente a ella. Pero junto a esa acepción, la independencia judicial muestra un segundo rostro dirigido no ya a las partes en liza, sino a los poderes del Estado. “Tiene también una función constitucional relacionada con la articulación de los poderes: con la división entre ellos o, más bien, en el establecimiento de frenos y contrapesos recíprocos” (página 53). Es decir, que en este supuesto la independencia no es un requisito procesal, sino una garantía de actuación que permita una autonomía frente a los otros poderes que garantice la no inmisión de aquéllos en las funciones jurisdiccionales. No obstante, “En el análisis sobre la independencia conviene partir de una distinción no siempre clara entre la externa –que se refiere a la relación del juez con los restantes poderes, especialmente el ejecutivo- y la interna, que se refiere a las relaciones de poder existentes dentro de la organización judicial” (página 58). En definitiva, que la independencia judicial no se predica frente a los otros dos poderes, sino en el seno del propio poder judicial, si bien respecto a las “relaciones de poder”.
Es curioso cómo ha variado el concepto de independencia judicial con respecto al tradicional vinculado a la “condición personal de cada juez” (página 58) y que le imponía un total alejamiento o aislamiento no sólo de la política, sino de la propia sociedad. Así, en la página 59, Íñiguez Hernández indica que: “La exposición de motivos de la LOPJ de 1870 advertía que ´no basta que los Jueces y Magistrados sean rectos e imparciales, sino que además es preciso que la rectitud y la imparcialidad se muestren en todos sus actos, y que su conducta pública inspire completa confianza`” (en este punto conviene dejar constancia que el redactor del blog ha consultado la base de datos existente en la página web del Boletín Oficial del Estado y ha podido comprobar que la Gazeta de Madrid del día 15 de septiembre de 1870 publica la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, que en realidad es un Decreto del Ministerio de Justicia al que una Ley promulgada por el regente del Reino, don Francisco Serrano y Domínguez –duque de la Torre- autoriza en su artículo único a promulgar como ley, y en dicha publicación no consta ninguna Exposición de Motivos). Lo cierto es que esa especie de abstracción del mundanal ruido se llevaba a sus últimas consecuencias, hasta el punto que no me resisto a transcribir esta cita que Íñiguez Hernandez hace del libro Memorias de un Magistrado jubilado, escrito en 1921 por Saiz Gómez: “nadie prohíbe al Juez presenciar una función de toros. Pero no estaría bien visto que insultara con voces destempladas y palabras de mal gusto al espada por haber dado un bajonazo. Tampoco es pecaminoso que guste del cante jondo, pero resultaría un poco desigual que en sitio público y en el territorio de su jurisdicción aplaudiera con un ¡ole, ya! Las genuflexiones del artista en el arte flamenco”. En definitiva, que esa independencia obligaba moralmente al juez a un comportamiento sobrio, contenido y con cierta prudente distancia del resto de la sociedad. En este sentido, la sociedad ha avanzado a pasos agigantados y nadie se atrevería a sostener tales ideas. Sirvan un ejemplo muy concreto y reciente. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha indicado ayer a los integrantes de la novísima promoción de jueces que “no olviden nunca que tras los papeles y los expedientes están personas”, y ha demostrado la indefectible vinculación entre juez y sociedad al apuntalar dicha afirmación con otra inequívoca y clarificadora: “los ciudadanos esperan de la Justicia respuestas adecuadas a sus problemas, y más aún en épocas de turbulencia económica y social”.
Queda otro aspecto de la independencia judicial, aquélla para cuya garantía se creó precisamente el Consejo General del Poder Judicial, órgano con el cual ni Diego Íñiguez Hernández ni el prologuista de la obra, el magistrado progresista Perfecto Andrés Ibáñez, son muy benévolos. Lo cierto es que el autor reconoce sin tapujos que dicho organismo ha fracasado estrepitosamente en su objetivo. Baste este elocuente párrafo extraído de la página 37: “En los que se llaman conflictos internos, el sistema de resolución de los problemas (por casos de corrupción o delitos de los propios jueces en el ejercicio de sus funciones) funciona lenta pero adecuadamente. En los conflictos externos, el resultado a largo plazo tiende a inclinarse a favor de quien tiene el poder real, el gobierno o los partidos sucesivamente gobernantes, pero los órganos judiciales han resistido bastante eficazmente las presiones de aquéllos sobre su labor de control. Lo que resulta dudoso es que en ese resultado haya sido relevante la actuación del CGPJ, cuya labor en apoyo a la independencia ha sido esencialmente inoperante en los casos cualificados por un elemento político”. En otras palabras, que según dicho autor la independencia judicial ha prevalecido por la resistencia concreta de los titulares de los órganos judiciales (tesis que admitiría matices e incluso alguna que otra rectificación), pero no gracias a la labor del Consejo.

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