EX PARTE YOUNG: ACTÚA COMO SIMPLE PARTICULAR LA AUTORIDAD QUE UTILIZA SUS PRERROGATIVAS PARA EJECUTAR LEYES INCONSTITUCIONALES.

Rufus Peckham

¿Qué ocurre en el caso que una autoridad de una Administración territorial pretenda violar lo establecido en una resolución judicial utilizando otro órgano judicial distinto para eludir lo ordenado por el primero? Aunque este interrogante parezca referirse a hechos o circunstancias muy cercanos en el tiempo, en realidad es el que se planteó hace ya más de un siglo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Ex parte Young (209 US 123 [1908]) resuelto por sentencia hecha pública el 23 de marzo de 1908. Y es muy ilustrativa la resolución no sólo porque afectaba al attorney general del estado de Minessota, sino porque la resolución del más alto tribunal de la federación norteamericana se adoptó por una mayoría abrumadora, de ocho votos frente a uno.
Repasemos las circunstancias del caso. La legislatura de Minessota aprueba el 18 de abril de 1907 una ley fijando las tarifas máximas que en dicho estado las compañías ferroviarias podrían cobrar a cada viajero, estableciendo el día 1 de junio de dicho año como fecha de entrada en vigor. El 31 de mayo, es decir, el día anterior a su vigencia, los accionistas de la compañía de ferrocarril inician hasta nueve pleitos en los tribunales federales (en concreto, en la tercera sección del Tribunal de Circuito de los Estados Unidos para el estado de Minessota), en una acción judicial tendente a obtener del juzgado una orden que eximiese tanto a las compañías como al attorney general de cumplir dicha normativas sobre la base de que la misma era inconstitucional. El 23 de septiembre de 1907, el órgano judicial federal acuerda como medida cautelar suspender la eficacia de la ley hasta tanto no se adoptase una resolución definitiva, pero requiere de forma expresa al attorney general Edward T. Young para que, de conformidad con lo acordado, se abstuviese de hacer cumplir dicha normativa o realizar cualquier conducta tendente a hacer efectivas las previsiones legales en tanto en cuanto no recayera sentencia definitiva. Al día siguiente de adoptarse dicha resolución en el órgano federal, Young, entabla una acción ante los Tribunales de dicho estado para obtener una orden obligando a las entidades ferroviarias a cumplir la normativa declarada suspensa, obteniendo una resolución estimatoria. Al trabar conocimiento de tal acción, el órgano judicial federal se dirige a Young otorgándole el plazo para presentar alegaciones en el sentido de justificar “los motivos por los cuales este tribunal no debería proceder contra usted por desacato al violar la medida cautelar adoptada”, a lo que éste reproduce los mismos argumentos que habían sido desestimados por el juzgado federal. Evidentemente, se le condena por desacato, resolución ésta que el testarudo Young impugna por la vía especial del habeas corpus, que interpone ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
El 23 de marzo de 1908, en una sentencia redactada por el juez Rufus W. Peckam se enfrentó a cuestiones muy jugosas desde el punto de vista legal (por ejemplo, si era contrario a la decimocuarta enmienda el establecimiento de sanciones tan duras por incumplimiento de la normativa que las mismas tuvieran carácter disuasorio e influyesen en el ánimo del sancionado por temor a perder una eventual impugnación judicial). Pero lo interesante a efectos que nos ocupa es la posición del attorney general actuando abiertamente en contra de lo establecido claramente en una resolución judicial. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no se anda con tapujos y proporciona un sonoro varapalo amén de un rotundo bofetón a la obstinada autoridad estatal: “La respuesta a este caso es la misma que en cualquier otro donde se invoque el ejercicio de autoridad estatal. Se alega la inconstitucionalidad de la ley ejecutada, y de ser así, invocar el nombre del Estado para hacer cumplir una ley inconstitucional para dañar a los recurrentes es algo que ni permite la invocación de dicha autoridad en su capacidad soberana o gubernamental. Se trata simplemente de un acto ilegal perpetrado por una autoridad estatal en un intento de ejecutar una normativa nula por inconstitucional e invocando para ello el nombre del Estado. Si la ley que el attorney general del Estado pretende hacer cumplir implica una vulneración de la Constitución federal, dicho cargo, en su proceder, entra en conflicto con la norma constitucional que es superior, y por tanto queda privado de sus facultades públicas o representativas, por lo que su persona está sujeta a responsabilidad individual. El Estado carece de potestad para otorgarle cualquier inmunidad frente a una acción de responsabilidad ante la suprema autoridad de los Estados Unidos”. En otras palabras, que la autoridad o cargo, ya sea público o representativo, que pretenda ejecutar las previsiones de una norma declarada inconstitucional queda automáticamente privado de toda prerrogativa pública, degradado judicialmente a la condición de mero particular y sujeto, por tanto, a las mismo régimen jurídico que cualquier sujeto privado. No obstante, la sentencia cuenta con un voto particular discrepante del magistrado John Marshall Harlan.
La solución es técnicamente impecable: no pueden invocarse prerrogativas públicas para perseguir actos contrarios al ordenamiento jurídico. Es una lástima que lo que hace más de cien años se solventase de una manera tan clara por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en nuestro país no llegue a tenerse todavía tan claro, y personajillos por todos conocidos se escuden en sus cargos representativos no ya para eludir el cumplimiento de la normativa, sino para manifestar alegremente y sin un ápice de rubor que no se acatarán sentencias. Claro que a los órganos judiciales españoles en el pecado les va la penitencia. Una vez se comprobó que eludía alegremente una resolución judicial, Edward Young no tardó ni un solo día en ser acusado por desacato. Contemple el amable lector del blog cómo pululan alegremente por nuestro país personas que hacen bandera de la desobediencia a las leyes y a las resoluciones judiciales.
Por cierto, aunque el retrato que encabeza el post tenga alguna semejanza lejana con Albert Einstein, en realidad se trata del magistrado Rufus Peckham, ponente de la sentencia glosada en este post.

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