LAS ABDICACIONES EN ESPAÑA: REFLEXIONES HISTÓRICAS, JURÍDICAS Y POLÍTICAS A RAÍZ DE LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS I

Corona

Hoy lunes día dos de junio del año dos mil catorce nos sorprendíamos a primeras horas de la mañana con la inesperada noticia de la abdicación del monarca don Juan Carlos I de Borbón, que ocupaba el trono desde que fuera proclamado Rey en aquella ya lejana mañana del día veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y cinco. Son, pues, más de treinta y ocho años de largo reinado, algo que nadie hubiera pensado cuando fue proclamado monarca a la muerte de Francisco Franco. Lo cierto es que pese a ser el heredero a título de rey del general, el referéndum constitucional celebrado el 6 de diciembre de 1978 le otorgó el plus de legitimación popular del que, hasta entonces, carecía. A lo largo de estos años ha tenido momentos gloriosos y momentos desastrosos, épocas de popularidad y épocas de impopularidad.
El año pasado fueron la reina Beatriz de Holanda y ulteriormente el rey Alberto de Bélgica quienes anunciaron públicamente su intención de abdicar la corona en sus herederos. Este año toda a la corona española. En este post pretendemos realizar un triple análisis (histórico, jurídico y político) de las abdicaciones regias.

1.- ASPECTO HISTÓRICO: ABDICACIONES EN LA MONARQUÍA HISPANA.

Aunque inmediatamente las noticias han intentado buscar precedentes, lo cierto es que únicamente son dos las ocasiones en las que un monarca reinante cedió la corona a su sucesor para que éste empuñara el cetro, y tan sólo en una ocasión se produjo por un deseo efectivo de retirarse de la vida pública. Repasemos nuestros últimos quinientos años de historia y las renuncias a la Corona. Distinguiremos en este caso entre abdicaciones (que supone un acto voluntario en virtud del cual se cede voluntariamente la Corona), renuncias (que implican la concurrencia de ciertos elementos que de una u otra manera pueden forzar directa o indirectamente la voluntad regia) y cesión de derechos dinásticos (que implican el simple traspaso de la legitimidad dinástica de un monarca no reinante a sus herederos).

1.- ABDICACIONES. Únicamente existen tres en la historia moderna y contemporánea, y son las siguientes:

A.- Carlos I. Anuncia en 1555 su intención de renunciar al cetro imperial y a la corona española. El monarca, agotado tras tener que bregar la difícil época que le tocó vivir (la reforma protestante, numerosos enfrentamientos en el campo de batalla en los que el emperador se situaba al frente de sus tropas, siendo uno de los últimos en hacerlo de forma efectiva) en su ceremonia de abdicación anunció que pasaba la Corona de España a su hijo Felipe. Carlos I, en efecto, cedió el trono y se retiró de la vida pública, pasando a residir en el monasterio de Yuste, donde falleció en 1558. En ese caso, la renuncia sí estuvo motivada por un deseo de apartarse de la vida pública.
B.- Felipe V. El primer monarca de la casa de Borbón anunció por sorpresa en enero del año 1724 su deseo de renunciar a la corona en favor de su hijo Luis. En este caso el motivo de la abdicación no fue el deseo de retirarse, sino las aspiraciones que el monarca español tenía de empuñar el cetro francés. Los tratados que pusieron fin a la guerra de sucesión vetaron a Felipe de Anjou la posibilidad de acceder al trono francés (para evitar la unión de las coronas hispana y francesa), y por ello decidió abdicar en favor de su hijo. No obstante, las pocas posibilidades de lograr su objetivo último hicieron que, tras el fallecimiento de Luis I en agosto de ese mismo año 1724 debido a la viruela (curiosamente, la misma enfermedad que setenta años más tarde se llevaría a la tumba a Luis XV, el monarca a quien Felipe V deseaba suceder), su padre retomó la Corona nuevamente.
C.- Amadeo I. Tras la revolución gloriosa del mes de septiembre de 1868, los revolucionarios lograron destronar a Isabel II, pero no deseaban prescindir de la monarquía. Los candidatos fueron muchos (desde Antonio de Orleans –duque de Montpensier y cuñado de Isabel II, contra la que conspiró activamente- hasta las pretensiones regias del general Francisco Serrano, pasando por quien tuvo muchas posibilidades, Leopoldo de Hohenzollern Sigmaringen –cuyo apellido el pueblo español “castellanizó” en “ole ole si me eligen”-), pero quien finalmente logró el cetro fue el príncipe Amadeo de Saboya. No obstante, el asesinato de su principal valedor (don Juan Prim y Prats, muerto el 30 de diciembre de 1870, siendo así que el primer acto oficial de Amadeo I una vez llegado a nuestro país fue precisamente el asistir al velatorio del difunto general) y el grave enfrentamiento entre monárquicos, carlistas y republicanos conllevó a que el monarca, harto de la situación, abdicase renunciando a la Corona para sí y para sus descendientes.

2.- RENUNCIAS. Existen tres claros ejemplos de renuncia al trono:

A.- Carlos IV. Este desdichado monarca renunció al trono nada menos que en dos ocasiones. La primera, el 19 de marzo de 1808, tras el motín de Aranjuez, que le obligó a exonerar a Manuel Godoy de todos sus cargos. Fernando VII fue más que proclamado, aclamado popularmente. No obstante, Carlos IV una vez se vio a salvo de las turbas manifestó que su renuncia no fue voluntaria, sino coaccionada, razón por la cual consideró que la misma carecía de validez. Sabido es cómo se solventó el conflicto: apenas dos meses más tarde, Carlos IV renunciaba definitivamente a la corona española en favor de Napoleón Bonaparte. En este caso, en ambas ocasiones la renuncia no fue voluntaria, sino forzada (por las turbas madrileñas la primera, por el entonces amo de Europa la segunda).
B.- Fernando VII. El rey felón renunció a la Corona el día 5 de mayo de 1808 entregándosela de nuevo a su padre. Carlos IV, quien a su vez, como hemos visto, la cede a Napoleón. Se trata claramente de una cesión coercionada, toda vez que, además, se hizo cuando Napoleón responsabilizó a Fernando VII del alzamiento del dos de mayo e incluso amenazó con declararle como rebelde si no restauraba la corona en las sienes de su padre.
C.- Alfonso XIII. Es el acontecimiento histórico más cercano, aunque en esta ocasión la renuncia se denominó pudorosamente “suspensión del ejercicio del poder real”. En el manifiesto dirigido a la nación el 14 de abril de 1931 (redactado por Gabriel Maura y corregido por Francisco Cambó), el monarca indicó que las elecciones celebradas dos días antes le demostraban que “no gozaba del amor” de su pueblo, y ante ello, y con la declarada finalidad de evitar que su presencia o la reivindicación de sus derechos ocasionase un conflicto armado, decidió suspender el ejercicio del poder real. La ausencia de voluntariedad es evidente: el monarca interpretó las elecciones municipales erróneamente como un plebiscito y decidió otorgarles el valor de referéndum sobre la monarquía, y coherentemente con esa interpretación decidió poner tierra de por medio, “antes de la puesta de sol”, en pomposa frase de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, quien como primer presidente de la Segunda República se reveló digno heredero político de su regio predecesor, dado que su influencia en los asuntos gubernamentales y en determinadas decisiones no fue interior a la del tan criticado don Alfonso.

3.- CESIÓN DE DERECHOS DINÁSTICOS. Se trata de la transmisión de, llamémoslo así, la legitimidad histórica de un monarca no reinante a su heredero legal. Tenemos igualmente tres ejemplos: el de Isabel II (que destronada en 1868, renunció un par de años más tarde en su exilio parisino sus derechos históricos en favor de su hijo Alfonso), el de su nieto Alfonso XIII (que, exiliado igualmente tras ser destronado en 1931, en su exilio italiano transmitió los derechos históricos a su tercer hijo Juan –tras las renuncias de los príncipes Alfonso y Jaime, a quienes su padre literalmente obligó a renunciar a la sucesión-) y el de don Juan de Borbón, siendo esta última una cesión peculiar, dado que lo hacía un monarca no reinante en favor de un monarca reinante.

2.- ASPECTO JURÍDICO: EL TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA EN LA CONSTITUCIÓN.

El Título II de la Constitución, que engloba los artículos 56 a 65, lleva por rúbrica “De la Corona”. Es uno de los títulos que goza de un refuerzo o garantía frente a toda posible modificación constitucional, dado que por mor del artículo 168 de la Constitución exige que se utilice el procedimiento agravado o reforzado, que implica una mayoría más amplia que la reforma ordinaria (se exigen dos tercios en lugar de tres quintos de ambas cámaras) y un necesario referéndum vinculante, fragmentándose además el procedimiento en dos fases distintas que han de ser abordadas por dos legislaturas: una que proponga la reforma y otra distinta (tras la necesaria e imprescindible disolución de las Cortes) que apruebe dicha iniciativa.
Pues bien, el artículo 57.5 de la Constitución establece que “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”. En definitiva, que la abdicación de don Juan Carlos I ha de “resolverse” por una ley orgánica que la apruebe o la rechace. Jurídicamente el Congreso (que es el único órgano que tiene la iniciativa en materia de Ley Orgánica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Constitución) no está vinculado a la decisión tomada por el Rey, aunque parece impensable que en la práctica el instrumento legislativo que de solución a la abdicación se aparte de los deseos del monarca.
En cuanto a la proclamación del nuevo monarca, el artículo 61.1 del texto constitucional establece que “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónoma”. Es decir, que el mismo habrá de ser proclamado ante las “Cortes Generales” (órgano distinto de la mera suma de Congreso y Senado) tras prestar el oportuno juramento constitucional.
Indicar, por último, que en los casi treinta y seis años que han transcurrido desde la aprobación del texto constitucional, no se ha considerado conveniente o necesario desarrollar legislativamente las previsiones del Título II. Como siempre, en nuestro país se hace todo de forma improvisada y con prisas, de tal manera que es presumible que de forma atolondrada desde la cúpula gubernamental se tramite con prisas un proyecto tendente, entre otras cosas, de recoger el futuro status del hasta ahora monarca.

3.- ASPECTOS POLÍTICOS: LUCES Y SOMBRAS.

Para empezar, las formas ya han fallado. El año pasado los monarcas de Holanda y Bélgica no se escondieron tras sus respectivos gobiernos (a quienes es de suponer informaron con anterioridad de su decisión), sino que comparecieron personal y exclusivamente ante las cámaras de televisión para dar la noticia y anunciar las razones que motivaban su renuncia. En nuestro país, por el contrario, el presidente del Gobierno sirvió de telonero a la aparición estelar del monarca tres horas más tarde. Este es un primer punto que entiendo (es una opinión personal) no procede: no es el presidente del Gobierno quien debe ofrecer al público la noticia, sino el propio monarca.
En segundo lugar, se han ofrecido varios datos que son, cuando menos, extraños. Se dice que la decisión estaba tomada desde el mes de enero, y en las últimas horas se ha apuntado que tanto el jefe de Gobierno como el líder de la oposición eran conocedores de la misma. Si la decisión estaba tomada ¿A qué viene el retraso –casi medio año- en su anuncio? ¿Acaso se esperaba que la mera presencia del Rey sirviese como medio de cauterizar la continua perdida de sangre derivada de las numerosas heridas que al texto constitucional están produciendo los órganos centrales como periféricos? ¿Se pensaba acaso que su permanencia sería el bálsamo de Fierabrás frente a las amenazas del separatismo catalán y la más que evidente crisis constitucional derivada de la falta de adaptación del sistema a los tiempos modernos? ¿Acaso esta decisión tiene motivos más profundos que encubren otros de naturaleza física o personal? En este último caso no puedo dejar de traer a colación la anécdota que cuenta Carlos Seco Serrano en las páginas introductorias a Narváez y su época, la obra inconclusa de su maestro Jesús Pabón y Suárez de Urbina; Seco hizo en su día público que Pabón, siendo director de la Real Academia de la Historia, tenía redactado en forma y debidamente firmado un escrito de renuncia, sin más omisión que la fecha, medida precautoria que el maestro de historiadores había tomado por si, según sus propias palabras, en su día sus facultades llegaran a mermar tanto que le incapacitasen para el ejercicio de sus funciones la Academia pudiese contar con ese instrumento que le protegería tanto a él como a la institución.
Lo cierto es que el monarca se va en un momento políticamente delicado. La evidente y notoria crisis constitucional unida a los desafíos del separatismo catalán hacen que estos días sean muy difíciles, y se asemejan peligrosamente a lo ocurrido justo hace cien años, cuando el sistema instaurado por Cánovas en 1876 y que tan buenos e innegables frutos había dado en su momento fue incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos avanzando hacia la democracia. Entonces la clase política dirigente optó por ignorar la realidad, perpetuarse en el poder y mantener un sistema que hacía aguas por todos los lados. Ya sabemos cómo terminó: con una dictadura militar (por cierto, apoyada expresamente por un tal Pablo Iglesias, uno de cuyos sucesores en el partido llegó a figurar como consejero de Estado en el régimen presidido por el Marqués de Estella), dictablanda, república y guerra civil. Debemos aprender de los errores del pasado y no negar la realidad: que es menester un cambio profundo a todos los niveles, con nuevos modos, nuevas formas y nuevas caras.
El monarca ha cedido el paso a una generación más joven; el principal partido de la oposición busca un líder entre las nuevas generaciones, y una formación política que ha irrumpido con fuerza tras las últimas elecciones europeas se ha articulado en torno a la juventud, si orillamos la presencia anecdótica del inefable Carlos Jiménez Villarejo, que formó parte del Ministerio fiscal en la época franquista (el diario entonces denominado Vanguardia Española publicaba en la página 32 de su edición del día 1 de abril de 1962 un breve anuncio: “Por órdenes del Ministerio de Justicia que publica el Boletín Oficial del Estado se destinan a la audiencia Territorial de Barcelona con los cargos de abogados fiscales a don Carlos Jiménez Villarejo y don José Barrenechea de Castro”) y fue nombrado fiscal anticorrupción en los noventa por un gobierno socialista ahogado por escándalos de tal carácter (lo cual, por cierto, determina lo injusto de quienes le acusan de “antisistema”, pues cual nuevo Manolo Vivar de Alda parece acomodarse a cualquiera). Parece ser que el único que ha decidido no sólo no renovarse, sino continuar impasible el ademán es el Presidente del Gobierno, encantado de haberse conocido.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Política

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