EL CONTROL PRESIDENCIAL Y JUDICIAL DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN ESTADOS UNIDOS: LA ACTUACIÓN TENDENTE A MINIMIZAR LOS RIESGOS DE UNA REVOCACIÓN VÍA IMPUGNATORIA.

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Hace justo un año la benemérita Harvard Law Review publicaba un largo pero interesantísimo artículo de Jennifer Nou que lleva por título Agency self-insulation under Presidential review, y en el que analizaba la potestad reglamentaria (rulemaking) de las agencias y las facultades revisoras que el sistema ofrece frente a la misma y que (ahí radica precisamente la peculiaridad del sistema norteamericano) no se limitan única y exclusivamente a la impugnación judicial, sino a la mucho más frecuente potestad revisora que ostenta el Presidente de los Estados Unidos. Es un artículo que desde la primera línea, ha de sonar extraño al jurista hispano, acostumbrado no sólo a otro sistema, sino a otras formas (utilizando la palabra “forma” en su más amplio sentido).
La primera frase muestra ya la diferencia de talante que preside la actuación administrativa y judicial al otro lado del océano: “A las Agencias administrativas, igual que los jueces de instancia cuando ven sus decisiones apeladas, no les gusta ver revocadas sus decisiones. Las revocaciones son costosas. Pueden dar al traste con meses (frecuentemente años) de trabajo de búsqueda de datos, traslado a partes así como analizar y dar respuesta a alegaciones presentadas por el público”. La primera en la frente. Es un hecho público y notorio que nuestra Administración no sólo no le disgusta ver sus resoluciones desautorizadas por los jueces, sino que incluso presume de ello, dado que, al fin y al cabo, juega con pólvora ajena; no es la primera ni desgraciadamente será la última vez que se remite al interesado “al contencioso” si está disconforme pese a estar el procedimiento viciado de irregularidades formales sangrantes (caducidades que saltan a simple vista, por ejemplo). Pero también es cierto que en nuestro país, en aras a una mal entendida idea de la independencia judicial, el juez español no se encuentra vinculado por resoluciones judiciales precedentes, de manera que incluso las resoluciones de sus más inmediatos superiores e incluso del Tribunal Supremo pueden sonarle a música celestial, no faltando personas de la judicatura que incluso tienen a gala el que sus resoluciones se aparten claramente de la doctrina consolidada de los órganos que tendrán que revisar sus resoluciones. Continúa la autora del meritorio trabajo anteriormente indicado reconociendo que “Por ello no es una novedad el hecho que las agencias pueden actuar de forma estratégica para evitar costosas revocaciones […] La agencia, ante la posibilidad de un acción judicial, actuará para minimizar los riesgos de una revocación judicial de su actuación”. Nueva sorpresa para el público español. ¿Una Administración preocupada por el hecho de que sus actuaciones puedan ser revocadas? Inaudito! ¿Estamos en el país de las maravillas o en el mundo mágico de Oz? Acostumbrados a ver cómo las Administraciones no sólo no atienden a las resoluciones de órganos judiciales, sino que reproducen una y otra vez los mismos vicios (con la generosa complacencia de las autoridades judiciales, bien es cierto), esto no puede ser más que un ejercicio de utopía al más puro estilo de Tomás Moro. Administraciones que vuelven a nombrar para un mismo puesto a personas cuyo nombramiento ha sido anulado con anterioridad, utilizar el nombramiento de libre designación cuando los Tribunales han desautorizado esa práctica o no ejecutar sentencias son ejemplos cotidianos del quehacer al que se enfrenta cualquier jurista familiarizado en la práctica con el Derecho público español.
Bien, ya hemos visto la primera diferencia esencial que es interna o subjetiva, es decir, que afecta a la propia actitud administrativa en su actuar. Pero existe otra externa u objetiva, cuales son los controles que sobre la actividad de las agencias administrativas realizan los distintos poderes del Estado. Y aquí existe otra diferencia radical respecto a nuestro sistema español: la importancia del control o supervisión presidencial sobre la vía judicial. “El control judicial de la actividad administrativa únicamente es posible cuando una parte interesada con los recursos necesarios disponibles ejercita una acción judicial. Dicha parte no sólo debe demostrar que ha acudido en tiempo y forma (es decir, cuando la resolución es definitiva en vía administrativa), pero también que la vía judicial no se encuentre excluida por una disposición de rango legal ni remitida a la discrecionalidad de la agencia. La revisión presidencial de la potestad reglamentaria, por el contrario, abarca todas las disposiciones administrativas regulatorias que las agencias han de remitir directamente para su control”. Continúa el artículo indicando que, en el caso del control judicial, “los Tribunales con plena consciencia son deferentes a las decisiones interpretativas y políticas de las agencias. El control presidencial, por el contrario, opera con un autocontrol menos rígido”. La conclusión, que adelanta en la introducción y a la que dedica todo el trabajo, es que “El control presidencial opera con criterios más amplios que la judicial”. En definitiva, que en las ochenta y tres páginas de este denso trabajo se detalla de forma exhaustiva y erudita cómo el sistema de control presidencial de las agencias ofrece mayores posibilidades en el sistema americano que el control judicial. Pero que, en todo caso, las propias agencias administrativas se toman muy en serio su labor y actúan de forma tal que tienden a minimizar las posibilidades que su actuación sea revocada bien sea por los Tribunales o por el Presidente. Existe, aunque no es el objetivo del artículo y, por tanto, no es de extrañar su omisión, un tercer control de la actividad de las agencias, que es el realizado por el Congreso, a través de las comparecencias de los directores de aquéllas ante los respectivos comités, comparecencias muy largas, rigurosas y exhaustivas.
Con todo, y pese a la diferencia evidente entre ambos sistemas, una idea central sí que me quedó grabada al leer este artículo: la idea de que una agencia administrativa siempre actúa intentando evitar que por cualquier mecanismo impugnatorio no vea desautorizadas sus interpretaciones, sus reglamentos o sus actos. Mentalidad que quizá debería trasplantarse a nuestro país, donde la idea central que preside todo el actuar administrativo es el ver cómo se puede pisotear más los derechos ciudadanos a la vez que se restrinja lo más posible las facultades impugnatorias (con tasas o costas disuasorias). Por cierto, que en los Estados Unidos opera la “american rule”, es decir, que en un proceso no existe el concepto de costas procesales dado que cada parte abona sus gastos.

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