LA LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE MANDATOS DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO: REFLEXIONES SOBRE EL DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO AL RESPECTO.

Junta General del Principado

En ocasiones los principales cargos realizan actuaciones que demuestran o bien un acopio de prudencia tan elogiable como inusual o bien un exceso de celo burocrático tan característico de nuestro país. Y es que don Javier Fernández, Presidente del Principado de Asturias (denominación harto contradictoria, como decía muy acertadamente Joaquín Varela Suanzes-Carpegna hace ya casi treinta años en un trabajo dedicado al entonces recién aprobado Estatuto de Autonomía para Asturias) solicitó del Consejo Consultivo del Principado de Asturias un dictamen acerca de la posibilidad de limitar a dos los mandatos del Presidente en los siguientes términos: “viabilidad jurídica de la limitación legal del periodo de duración del mandato del Presidente del Principado de Asturias” . Lo cierto es que desde el punto de vista tanto gramatical como jurídico la redacción de la solicitud es penosa, pues una interpretación literal de la misma lleva a la conclusión de lo que se solicita es reducir la duración del mandato presidencial (fijado estatutariamente en cuatro años salvo disolución anticipada de la Junta General) y no limitar la posibilidad de reelección de una misma persona para dicho cargo, siendo así que el objetivo último de la reforma no trataría de limitar la “duración” de mandatos, sino el “número”. No obstante, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, tan estricto, puntilloso y en ocasiones picajoso en sus resoluciones, en su Dictamen número 45/2014 de 13 de marzo pasó por alto dicho particular (se limita en el segundo párrafo de la consideración primera a dar un leve y casi inadvertido pescozón al consultante, quizá en un excesivo ejercicio de genuflexión institucional) realizando en cambio unas disquisiciones filosóficas y unas consideraciones muy entretenidas en un informe de 16 folios que en puridad debieran quedar reducidos a tres, las que dedica a resolver el fondo del asunto planteado.

Con anterioridad a que el Consejo Consultivo del Principado hiciese públicas sus conclusiones, el redactor de estas líneas y uno de sus íntimos amigos (funcionario en la misma autonomía presidida por el solicitante del dictamen) llegaron ambos a un consenso jurídico en virtud del cual únicamente cabían sobre dicho particular dos posibilidades, siendo así que ambas tenían una ventaja y un inconveniente:

1.- Introducir la limitación del número de mandatos a través de una modificación del artículo 32 del Estatuto de Autonomía, bastando introducir en el cuarto punto (que remite a la ley el estatuto personal, el procedimiento de elección y cese y las atribuciones del Presidente) un simple aditamento cuyo tenor literal podría ser el siguiente: “En cualquier caso, ninguna persona podrá ostentar la condición de Presidente del Principado durante más de dos mandatos consecutivos”. Esta posibilidad tiene un pequeño inconveniente, pero es un escollo fácilmente superable si existe, como es el caso, consenso entre todas las fuerzas políticas: que ha de seguirse el procedimiento de la reforma estatutaria previsto en el artículo 56 del Estatuto y elevarse a las Cortes para su tramitación y aprobación como Ley Orgánica. Pero ese pequeño inconveniente se salva con creces dado que tras la aprobación, al figurar la limitación en el Estatuto, quedaría “blindado” de tal forma que la ley autonómica habría siempre de quedar sujeta por ese límite estatutario.

2.- Limitar el número de mandatos mediante una simple modificación del articulado de la Ley 6/1984 de 5 de julio del Presidente y del Consejo de Gobierno. Esta opción tiene una enorme ventaja, cual es la flexibilidad dado que puede realizarse a través del procedimiento legislativo ordinario. El inconveniente es que una ley ulterior podría eliminar esa limitación. Un ejemplo típico las fragilidades de esta opción la tenemos en las sucesivas reformas del artículo 8 de la Ley 8/1991 de 30 de julio, de Organización de la Administración, que inicialmente establecía el número y denominación de las Consejerías y que actualmente, tras modificación operada por el artículo único de la Ley 4/2008 de 24 de noviembre ha dejado al arbitrio presidencial el número y denominación de las mismas al establecer que “La creación, modificación y supresión de las Consejerías se establecerán [síc] por Decreto del Presidente del Principado de Asturias”.

Como puede observarse, la respuesta a la consulta presidencial puede evacuarse de forma clara, jurídicamente rigurosa y didáctica en apenas un folio. Pero lo que un abogado en ejercicio y un funcionario del cuerpo superior lograron poner en común en apenas cinco minutos el Consejo Consultivo precisó más tiempo y más derroche de recursos hasta elevar a dieciséis folios las consideraciones. Eso sí, contiene una entretenidísima consideración segunda donde se hace un recorrido sobre la idea de limitar el número de mandatos tanto en nuestro país (extensa referencia a las limitaciones ya introducidas en algunos estatutos de autonomía) como en el derecho comparado no ya en los cargos meramente representativos, sino en la propia Jefatura del Estado (donde la referencia a las repúblicas latinoamericanas o africanas no puede dejar de sorprender). La consideración tercera se dedica a justificar que dicha limitación no supone en modo alguno vulnerar el derecho constitucional consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución. Y así, burla burlando llegamos a la consideración cuarta, que es la que se dedica a dar oportuna respuesta a la consulta planteada, por lo cual hemos transitado ya por doce folios de sutiles consideraciones sobre el sexo de los ángeles. Y ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega el Consejo Consultivo? Pues las mismas a las que habíamos llegado dos humildes y anónimos juristas, a saber:

1.- Es posible introducir la limitación por reforma estatutaria, pero no de forma obligatoria (“…no cabe reservar su regulación al Estatuto de Autonomía, de modo que introducirla en el ordenamiento autonómico no requiere de reforma estatutaria –sin perjuicio de la garantía que, de hacerlo, ello pudiera suponer- estando el legislador autonómico facultado para su incorporación”).

2.- La limitación de mandatos afecta de lleno al estatuto del Presidente, por lo que “en buena técnica normativa, debe conectarse con el campo material de la citada Ley 6/1984 de 5 de julio”. Con ello, el Consejo Consultivo se inclina por introducir tal limitación a través de una modificación de dicho texto legal, y no por hacerlo en una disposición adicional del anteproyecto autonómico de buen gobierno y régimen de incompatibilidades “que elabora la Consejería y cuyo texto no conoce de modo específico este Consejo”. Siendo así, además, que existe otra diferencia adicional, cual es que la Ley de Buen Gobierno únicamente exige mayoría simple para su aprobación, mientras que la modificación de la Ley 6/1984 requiere mayoría absoluta por exigencia del artículo 32.4 del Estatuto.

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