SENTENCIA DE 13 DE MAYO DE 2014 LA AUDIENCIA NACIONAL: UNA CURIOSA MANERA DE VER LA PROTECCIÓN DE DATOS CUANDO HAY ÓRGANOS JUDICIALES DE POR MEDIO.

Protección datos

Hoy, al igual que hiciera el personaje que asume el papel de narrador en el Enrique V de Shakespeare, solicitaré de los lectores del blog un pequeño esfuerzo de imaginación que permita hacerse idea de una situación. Imagínense que un procurador solicita, sin ser parte en un pleito, un testimonio de determinadas actuaciones del mismo y que el órgano judicial se las expide. Ensanchemos más la imaginación y que ese mismo profesional aporta el testimonio como prueba documental en otro pleito en el que sí es parte. Dilatemos aún más nuestra capacidad imaginativa y contemplemos cómo los que fueron interesados en el primer asunto traban conocimiento del actuar del procurador e interponen una denuncia frente al mismo ante la Agencia de Protección de Datos. Por último, para acabar con este agotador esfuerzo imaginativo, visualicemos cómo la Agencia Española de Protección de Datos, ese organismo pulcro y que vela por la protección de los datos personales con un titánico esfuerzo digno de tan noble causa (ah, la ironía) acuerda no incoar el procedimiento sancionador. ¿Es todo lo anterior una mera fabulación que el redactor de las presentes líneas ha logrado idear con la ayuda cómplice del imaginarium de los amables lectores? La respuesta es negativa, dado que esos hechos son los presupuestos fácticos a los que ha tenido que enfrentarse la reciente Sentencia de 13 de mayo de 2014 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada en recurso número 163/2012. Tras una atenta lectura de la misma, a uno le queda una situación que oscila entre la perplejidad y la sospecha de que el corporativismo innato existente en los órganos judiciales ha jugado un papel decisivo a la hora de resolver, más incluso que la propia fundamentación jurídica. Veámoslo.
Primero, conviene tener muy en cuenta la resolución administrativa impugnada, algo que la Sala hace en el fundamento jurídico primero: “El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto contra la resolución de fecha 31 de enero de 2012, dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución del mismo órgano de 30 de septiembre de 2011, que acuerda no iniciar procedimiento sancionador, en relación con la denuncia formulada por doña Violeta contra la Procuradora de los Tribunales doña Clara”. Llamo la atención del lector sobre una circunstancia decisiva para la resolución del asunto: la persona frente a la cual se dirigió la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, quién fue la parte denunciada, que es “la Procuradora de los Tribunales doña Clara”; retengan, por favor, este dato fundamental.
Segundo, llega la hora de articular jurídicamente la pretensión. Así, la parte actora fundamenta su tesis de la siguiente manera (párrafo segundo del fundamento jurídico primero de la Sentencia): “la Procuradora de los Tribunales denunciada obtuvo irregularmente, sin ostentar interés legítimo para ello y careciendo de la representación de aquella persona a la que afirmaba representar, determinada documentación obrante en un procedimiento judicial -juicio de menor cuantía nº 57/1991, seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Balmaseda-, mediante la solicitud de testimonio de actuaciones judiciales, que contenía datos personales del padre fallecido de la denunciante, y la incorporó a otro procedimiento judicial -juicio ordinario sobre deslinde nº 234/2008, seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Balmaseda-, donde intervenía como parte demandante, traficando con sus datos ilegítimamente”.
Tercero. La Administración demandada, por medio de la siempre nunca bien poderada pluma de la Abogacía del Estado, solicita la desestimación amparándose en una cuestión estrictamente competencial, si bien incluso en la redacción no deja de intuirse que el funcionario de dicho Cuerpo encargado de la defensa de los intereses públicos no las tiene todas consigo en el caso concreto: “los documentos judiciales que contenían los datos personales fueron obtenidos, regular o irregularmente, de un Juzgado, mediante el testimonio solicitado y facilitado a la denunciante con arreglo al artículo 141 LEC , sin que la AEPD ostente competencias para enjuiciar la actuación del órgano judicial; y la documentación así obtenida por la denunciada fue entregada en otro órgano judicial junto con su escrito de demanda en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, quedando relevada de la obligación de contar con el consentimiento del afectado en aplicación del artículo 11 LOPD

Y la Sala tiene que resolver y lo hace acogiendo expresamente las tesis de la abogacía del Estado. No obstante, la sentencia tiene un curioso discurso que en puridad no puede considerarse más que un obiter dicta difícilmente explicable en términos jurídicos: “lo cierto es que fue obtenida a través de cauce legalmente previsto a tal fin, previa presentación del correspondiente escrito, en aplicación del artículo 141 LEC. No obstante, en principio, hemos de presumir que tenía interés legítimo para obtener el testimonio de actuaciones que obtuvo, y que actuaba legítimamente en representación de quien decía hacerlo, como hubo de justificar con su solicitud de testimonio de actuaciones, pues el mismo fue expedido por el órgano judicial sin que conste reparo alguno, no siendo esta Sala la sede ni este cauce procesal el procedimiento adecuado para enjuiciar la regularidad de la expedición por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Balmaseda del testimonio de actuaciones expresado”, a lo que también añade que “En este sentido, resulta también relevante que el órgano judicial destinatario del tal documentación no rechazara su admisión, ante el que la aquí denunciante, parte demandada en el juicio ordinario sobre deslinde nº 234/2008, podía alegar la ilicitud de la prueba aportada a los efectos previstos en el artículo 287 LEC , para el caso de estimar que había sido obtenida ilegalmente”. Este último aspecto es interesante dado que enlaza con el contenido material de nuestro próxima entrada (la exclusionary rule o principio de expulsión de pruebas ilícitas)

José Martínez Ruiz, “Azorín”, nunca ocultó su admiración por don Angel Saavedra Fajardo, tercer duque de Rivas, a quien consideró como el mejor “pintor de ambientes”, dado que nadie como este romántico poeta cordobés era capaz de hacer evocar en el lector con unas simples pinceladas de su pluma todo un paisaje y sus gentes. Esa admiración no le impidió al autor de Monóvar, sin embargo, hacer una de las críticas más severas a dos de las obras más representativas del duque de Rivas, el Don Álvaro o la Fuerza del Sino y el Cuento de un veterano, incluido este último en sus Romances históricos. Así, en la primera parte de su imprescindible Rivas y Larra, el maestro Azorín muestra de forma descarnada las contradicciones, inexactitudes y los sinsentidos que pueblan ambas obras del cordobés. Pues bien, dentro del respeto profundo a las resoluciones judiciales, pero imbuidos de ese espíritu crítico azoriniano, no tengo más que compartir con los lectores los motivos de mi perplejidad en cuanto a los razonamientos de la sentencia.

1.- Indica que la Agencia de Protección de Datos carece de facultades para enjuiciar la labor del órgano jurisdiccional. Razonamiento impecable pero extraño por inplicable al caso, dado que la denuncia archivada por dicho ente público no se dirigía frente al órgano judicial, sino frente a la Procuradora, (como la propia Sala indica a la hora de indicar cual es la actividad administrativa impugnada), y contra la cual sí que ostentaba competencias dicho organismo. ¿Por qué ha tenido la Sala la necesidad de mutar los hechos de una manera tan clamorosa y, además, tan burda?

2.- Aun asumiendo a efectos dialécticos que la denuncia se dirigiese frente al órgano judicial y no frente a la Procuradora….¿Por qué la sentencia va “más allá” de lo permitido? Lo lógico es que el razonamiento jurídico se detuviese ahí, es decir, que indicase que dado que la Agencia de Protección de Datos no es competente para enjuiciar la labor de los órganos judiciales conlleva de forma necesaria la desestimación del recurso sin necesidad de ulteriores pronunciamientos. Pero no, la Sala pese a todo se sintió compelida a dar un paso más.

3.- Excusatio non petita, acusatio manifiesta. Parece que los magistrados firmantes de la sentencia desconocían este viejo aforismo, pues cuando se adentran en el proceloso mundo de los hechos secundarios parece que su intención es más disculpar la labor del órgano judicial que expidió el testimonio a alguien que no era parte en un pleito que en otra cosa. Porque de otra forma es inexplicable ese extrañísimo aserto en el sentido de afirmar: “en principio, hemos de presumir que tenía interés legítimo para obtener el testimonio de actuaciones que obtuvo, y que actuaba legítimamente en representación de quien decía hacerlo”. ¿Es que acaso no ha dicho la Sala que no es competente la Agencia de Protección de Datos –Administración demandada- para enjuiciar la labor de los órganos judiciales? ¿A qué viene entonces esta frase? ¿Por qué entonces la Sala se apresura a “presumir” -y además “en principio”- que la actuación del órgano judicial fue correcta? ¿Acaso los Secretarios Judiciales gozan del dogma de infalibilidad que les permite ser inmunes a todo error o equivocación? ¿Acaso no puede “presumirse” igualmente y con un grado aún mayor de certeza que si alguien no es parte en un pleito, solicita un testimonio y se le expide lo más lógico es pensar que el Secretario, en lenguaje coloquial, “metió la pata”? ¿Acaso esta entrada de la Sala en corral ajeno no revela un subconsciente deseo de exculpar a un órgano inferior frente a una posible actuación inspectora bien del Consejo General del Poder Judicial –frente al Juzgado- o del Ministerio de Justicia –frente al Secretario-? Personalmente me resulta muy difícil no “presumir” que la Sala tenía in mente ese particular y, teniendo en cuenta que la Sentencia únicamente es susceptible de recurso de casación para lo cual la Procuradora tendrá que abonar religiosamente mil quinientos euros de tasa, tanto ésta como las costas tendrán la fuerza disuasoria suficiente para evitar un recurso, con lo cual la sentencia quedará firme y el Secretario y el órgano judicial inferior “blindados” de toda actuación inspectora gracias a la generosa “presunción” favorable de la Sala.

En definitiva, que en mi humilde y falible criterio, la Sala ha querido blindar una actuación cuando menos cuestionable de un órgano judicial disculpando su actuación cuando no era ni el momento ni el lugar de hacerlo. Y ello, más que ayudar, lo que ha hecho es inducir en el lector de la presente sentencia serias dudas sobre la corrección del juzgado al que se pretendía disculpar

 

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