EL SECRETARIO JUDICIAL DE UN JUZGADO DE LO CONTENCIOSO NIEGA VIRTUALIDAD AL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.

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Que una autoridad se niegue a reconocer los efectos jurídicos al silencio positivo es algo que ya de por sí es, cuando menos y utlizando el más generoso de los calificativos, peculiar. Si esa autoridad tiene además la condición de Secretario Judicial la situación adquiere cotas preocupantes. Pero si además el Secretario Judicial lo es de un Juzgado de lo contencioso-administrativo (es decir, el órgano encargado de velar por la legalidad de la actuación administrativa) sería necesario utilizar la técnica valleinclanesca de los esperpentos s o de la jocosidad de los astracanes debidos a Muñoz Seca para describir la situación tal y como la situación lo merece. Explicaremos la situación al lector para que éste pueda comprobar personalmente en qué manos se encuentra la tramitación ordinaria de asuntos en algunos órganos jurisdiccionales.

1.- Un ciudadano solicita ante el Colegio de Abogados de una ciudad capitalina el derecho a litigar con justicia gratuita, renunciando expresamente a la designación de profesionales encargados de su representación y defensa. El Colegio estima con carácter provisional la solicitud, si bien se le informa expresamente sobre dicho particular y que ese reconocimiento provisional queda pendiente de confirmación por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.- Con la solicitud provisional, el ciudadano interpone la correspondiente demanda ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, pues el demandado era una Administración pública. La demanda es turnada a uno de los juzgados impares de la localidad y el Secretario del órgano judicial en cuestión (después de una pequeña equivocación sin importancia, como fue otorgarle al pleito la numeración de un asunto ya en marcha) admite a trámite la demanda, pero en el mismo Decreto de admisión acuerda suspender el curso de las actuaciones “hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente”, lo que hace en base a la siguiente argumentación: “Aunque el art. 16 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita perceptúa que la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, también prevé que a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite, se podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación a litigar gratuitamente”. Bien, es harto discutible la interpretación y aplicación que se hace de dicho precepto, pero hasta ahora, la cosa puede tener su razón de ser.

3.- El artículo 17 párrafo segundo de la Ley 1/1996 de 10 de enero establece que “La Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictará resolución, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y, en el caso contemplado en el artículo 5, determinando cuáles de los beneficios son de aplicación a la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”; es decir, que la Ley 1/1996 establece lo que claramente es un supuesto de silencio positivo, remitiéndose a los efectos de la ley 30/1992, cuyo artículo 43.1 establece que “La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento”, mientras que el artículo 43.3.a dispone a su vez que “En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.” Pues bien, sobre la base de estos preceptos el interesado solicitó la certificación acreditativa del silencio a que hace referencia el artículo 44 de la Ley 30/1992.

4.- El demandante solicita el levantamiento de la suspensión al haber sido confirmada por silencio administrativo positivo la designación provisional, adjuntando como prueba el certificado acreditativo del silencio. Pues bien, se encuentra con que el Secretario en cuestión le responde con una diligencia de seis líneas denegando dicho particular con la siguiente motivación, por decir algo: “no ha lugar al levantamiento de la suspensión acordada que se interesa por cuanto no existe la confirmación por silencio positivo del beneficio de asistencia jurídica gratuita que se alega al haber dictado resolución el Colegio de Abogados” (sic).
Esta resolución es incomprensible desde el punto de vista no ya jurídico, sino meramente estilístico, constituyendo toda una afrenta a la lógica más elemental, lo que sorprende en demasía, pues que quien firma tal resolución, por razones estrictamente temporales, no se encuentra ni entre las víctimas de la LOGSE y ni tan siquiera entre quienes ya cursaron la benemérita EGB. ¿No hay silencio positivo porque ya hay resolución del Colegio de Abogados? ¿Entonces por qué se mantiene la suspensión? ¿O es que acaso lo que se niega es la propia virtualidad de la figura del silencio administrativo? En este último caso el Secretario judicial estaría pura, lisa y llanamente incumpliendo la ley al negar voluntaria y conscientemente pues hemos de presumir que dicho empleado público, dado que tan empleado público ha superado un proceso selectivo, posee unos conocimientos siquiera rudimentarios (la alternativa sería, lisa, pura y llanamente el desconocimiento de normativa básica) de las disposiciones de la Ley 30/1992 entre las cuales se encuentran precisamente los efectos del silencio administrativo, institución ésta al alcance cualquier alumno de primer curso de Derecho Administrativo

5.- Visto tal estado de cosas, a la parte ninguneada por el fedatario público judicial no le queda otra opción que impugnar la anterior Diligencia de Ordenación a través del correspondiente recurso de reposición, aun siendo plenamente consciente de la escasa posibilidad de que prospere un recurso que ha de ser resuelto por la misma autoridad que dictó la resolución impugnada. Curiosamente, el Secretario da traslado no sólo del recurso, sino del escrito de demanda y de sus documentos (hasta entonces no lo había hecho) a la Administración para que alegue lo que proceda, dejando ésta transcurrir el plazo sin decir esta boca es mía. Pues bien, en el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, se argumentaba jurídicamente de la siguiente forma:

El artículo 43.1 de la Ley 30/1992 establece que “En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo”; el párrafo segundo del mismo precepto indica que “La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento”. Por su parte, el artículo 17 párrafo segundo de la Ley 1/1996 de 10 de enero establece de forma indubitada que “La Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictará resolución, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y, en el caso contemplado en el artículo 5, determinando cuáles de los beneficios son de aplicación a la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”; ha de tenerse en cuenta, además, que por mor de lo dispuesto en el artículo 43.3.a de la Ley 30/192 de 26 de noviembre en los casos de silencio administrativo positivo la resolución ulterior está vinculada al sentido del silencio, al disponer tal precepto que “En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.” Así lo establecen entre otras, la Sentencia 2/2013 de 12 de febrero la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca dictada en recurso número 359/2012.

6.- Pues bien, mediante Decreto, el Secretario Judicial persiste impasible el ademán, desestimando el recurso con el siguiente razonamiento digno de los mármoles: “En cuanto a que ya no tiene razón de ser dicha suspensión que incluso podría vulnerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas por entender, como hace el demandante, que ya ha obtenido el derecho a la justicia gratuita por la institución del silencio positivo, no se comparte tal interpretación por cuanto el derecho a la asistencia jurídica gratuita acreditándose que se cumplen los requisitos que para su concesión exige su normativa reguladora, según la propia Ley 1/1996, sólo puede ser declarado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita o por el Juez que conozca del proceso iniciado o por iniciar a petición del interesado (último párrafo del art. 17 ó art. 20) no siendo suficiente la estimación provisional efectuada por el colegio de Abogados por ser contraria a la letra de la Ley”.

Ahora bien, el redactor material del meritado Decreto ha caído en su propia trampa. En primer lugar, utiliza el cada vez más en auge método de las “cabras dialécticas” (es decir, imputarle a un interlocutor una afirmación que éste no ha realizado para refutar la misma), porque, en efecto, el demandante no negaba que el órgano administrativo competente para otorgar el beneficio de justicia gratuita es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En segundo lugar, pone de manifiesto con toda su crudeza el desconocimiento absoluto de los preceptos de una normativa básica como es la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y algo tan elemental como que una resolución administrativa puede ser expresa o por silencio (siendo así que al Secretario judicial de un juzgado de lo contencioso-administrativo se debe presuponer cuando menos una familiaridad con dicha figura). Por último, y lo que ya es de traca, revela que desconoce incluso la normativa que cita en su propia resolución, pues el “último párrafo del artículo 17” de la Ley 1/1996 hace referencia a supuestos en los que el Colegio no hubiese dictado ninguna resolución expresa, supuesto no aplicable al caso, pero es que se da la curiosa circunstancia de que además también establece para estos casos el silencio positivo (“Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado ninguna resolución, el silencio de la Comisión será positivo”), y la referencia al artículo 20 del mismo texto legal está totalmente fuera de lugar, porque hace referencia a la impugnación judicial de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Qué es, por tanto, lo más contrario a la “letra de la Ley” sino la propia interpretación del Secretario?

Dado que frente al Decreto del Secretario judicial no cabe recurso alguno, pónganse en lugar del letrado que ha de comunicar tan disparatada resolución a su cliente. ¿Qué se le aconseja? ¿Solicitar testimonio de las actuaciones para proceder contra el Secretario mediante la correspondiente denuncia ante el Ministerio de Justicia? Es lo que quizá demanda la fogosidad que sigue al enojo tras la lectura de tan impresionante documento. No obstante, una vez sosegados los ánimos y haciendo caso del sabio consejo del sabio y añorado Máximo Angulo (“tranquilidad, mente fría”), lo más aconsejable es dejar correr el asunto, no porque la denuncia fuese inadecuada o desacertada, sino por motivos estrictamente pragmáticos.

De todas formas, lo que pone de relieve con toda su crudeza este acontecimiento es que en determinados órganos judiciales cuya misión es enjuiciar la legalidad de la Administración, quienes en los mismos tienen encomendada la fe pública judicial desconocen los más elementales rudimentos del Derecho administrativo. Y lo que es más grave aún, el Secretario ha echado un capote consciente, clara y deliberadamente a la Administración demandada. Al trasladarle junto con el recurso de revisión la demanda con sus documentos y mantener la suspensión de las actuaciones, el Secretario judicial le ha otorgado de facto a la Administración demandada una ampliación con creces el plazo para contestar a la demanda, pues permite que el ente público demandado tenga más tiempo para cocinar su defensa.

Se demandará comprensión para el Secretario en cuestión, y lógicamente habrá de otorgarse de mejor o peor grado la misma. Pero que no extrañe si algún día se le responda con el mismo rigor que el esgrimido por tan puntilloso fedatario.

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