UNITED STATES v CLARKE: UNA ADMINISTRACIÓN FISCAL SIN AUTOTUTELA.

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Los contribuyentes españoles que sufran en sus carnes las actuaciones gestoras, recaudatorias o inspectoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria seguramente se llevarán una sorpresa si echan un vistazo a los hechos y fundamentos jurídicos del caso United States v. Clark, cuya sentencia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública el pasado día 19 de junio de 2014. Y no porque el caso en sí sea novedoso, sino porque nos sirve para hacer una comparación por vía de contraste con las potestades que ostentan los organismos encargados de ejecutar la normativa tributaria en una y otra orilla del Atlántico.
En los Estados Unidos de América, el equivalente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es el Internal Revenue Service, organismo englobado en el Departamento del Tesoro. Eso sí, dicho ente goza de una veteranía bastante mayor que la de su equivalente hispano, pues si la Agencia Estatal de Administración Tributaria fue creada a través del artículo 103 de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 1991, la creación del Internal Revenue Service se remonta al 1 de julio de 1862, cuando en plena Guerra de Secesión se aprueba la Act to provide Internal Revenue to support the Government and to pay Interest on the Public Debt (cuya denominación abreviada es Revenue Act of 1862). Según parece, el entonces responsable de la Hacienda española, don José Borrell, según confesión propia se inspiró para crearla en Los Intocables, sin aclarar si se refería a la veterana serie de los cincuenta o a su penosa adaptación cinematográfica, y sin precisar si al crearla estaba pensando en ella como un émulo de Ness o de su némesis.
Pero, en fin, volvamos al tema. El Internal Revenue Service está legalmente facultado para la gestión, recaudación e investigación de impuestos federales (por cierto, si uno consulta su página web podrá comprobar que en la portada aparece el Taxpayer Bill of Rights, es decir, los derechos del contribuyente, derechos que aparecen no sólo en inglés, sino incluso en lengua castellana). Pues bien, para ejercer esas facultades el organismo puede enviar citaciones a los contribuyentes para que estos comparezcan ante dicho ente administrativo para prestar declaración o para facilitar documentos precisos para que la entidad pueda ejercitar sus potestades. Ahora bien, si el contribuyente hace caso omiso a dicha citación, y esto es lo relevante y lo que puede sonar extraño a oídos españoles, el Internal Revenue Service no puede ejercer sin más sus facultades de autotutela o continuar la tramitación del procedimiento haciendo constar la negativa del contribuyente, sino que ha de acudir a los tribunales de justicia para que éstos fuercen al particular a cumplir con dicha citación; pero, lo que es todavía más extraño a oídos continentales, el particular demandado puede oponerse cuestionando los motivos en base a los cuales se expide la citación. Claro está que la jurisprudencia norteamericana ha determinado que ni la citación administrativa ni la oposición del particular deben ser genéricas o indeterminadas.
1.- ¿Qué se exige al Internal Revenue Service para recabar la información de un contribuyente? La legislación fiscal norteamericana habla de “good faith”, y la jurisprudencia exige que a la agencia administrativa le basta invocar únicamente ese “good faith” para expedir la citación. Ahora bien, en la sentencia United States v. Powell (379 US 48 [1963]) hecha pública el 23 de noviembre de 1964, y de la que fue ponente John Marshall Harlan II contando con el apoyo unánime de todos los magistrados, se especificó qué debía entenderse por “buena fe” a efectos administrativos, y así en el apartado III de dicha resolución judicial se estipula que para expedir la citación: “que la investigación ha de conducir a un propósito legítimo, que ha de ser relevante para el mismo, que la información solicitada no se encuentre en esos momentos en posesión de la agencia y que se han seguido los procedimientos exigidos por la normativa interna del ente”. Eso es lo que ha de hacer valer el organismo administrativo para obtener el respaldo judicial.
2.- ¿Qué facultades tiene el contribuyente en el seno del proceso judicial? Pues impugnar la citación sobre la base de que el propósito para el que se expide la misma ni es legítimo ni, en su caso, lo solicitado goza de relevancia.

En el caso en concreto, un contribuyente había recibido una notificación que rehusó cumplir, la Administración acude a los Tribunales, y un juzgado federal estima la pretensión administrativa y ordena al interesado cumplir con lo interesado por el ente público, pero apelada la sentencia la misma es revocada por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito judicial.
Pues bien, el párrafo con el que se inicia el apartado II de esta breve pero interesantísima sentencia es revelador: “Como hemos venido indicando, la persona que recibe una orden del Internal Revenue Service, tiene derecho a impugnarla en el seno de un procedimiento […] Las autoridades fiscales, como cualquier autoridad, pueden cometer abusos. En previsión de tal posibilidad, el Congreso ha establecido que las órdenes del IRS precisen la aprobación judicial. Y hemos tenido tiempo de indicar y recordamos que el proceso judicial necesario no es ex parte, sino entre antagonistas. El sujeto pasivo de la orden debe ser notificado para que pueda impugnar los motivos y cuestionar la validez de la orden. No obstante, también hemos puesto énfasis en que tales procesos judiciales son sumarios por naturaleza. El propósito de los mismos no es “acusar” ni mucho menos adjudicar, sino “cuestionar”. Y tal instrumento de investigación lo hemos calificado como paso crucial en un sistema impositivo basado en las autoliquidaciones”. Como es obvio, no basta una mera alegación genérica o gratuita de oposición por parte del contribuyente: “No son suficientes alegaciones genéricas acerca de lo impropio de la solicitud. El contribuyente debe ofrecer alguna prueba creible que apoye su tesis, bastando no obstante meras pruebas circunstanciales para alcanzar dicho umbral, dado que rara vez estarán a su disposición pruebas fehacientes que acrediten la mala fe de una persona”.

Con todo, conviene tener en cuenta la diferencia radical entre el ordenamiento americano y el español: en aquél el organismo administrativo carece de la prerrogativa de autotutela y ha de recabar la autoridad judicial para llevar a cabo una resolución dictada en el seno de un procedimiento de recaudación o investigación, precisamente porque “las autoridades fiscales, como cualquier autoridad, pueden cometer abusos”, y precisamente la intervención judicial está pensada para que el particular pueda oponer tales abusos y que sean los órganos judiciales quienes diluciden si los motivos esgrimidos por los organismos fiscales son coherentes, adecuados y proporcionales a la finalidad perseguida.

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